Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, Juez imparcial y valoración de la prueba; y, al principio de presunción de inocencia, toda vez que: i) La Jueza demandada, determinó su detención preventiva, al dar por acreditada la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y “4” -lo correcto es 6-; y, 235.1 y 2 del CPP, incurriendo en una errónea valoración de la prueba, omitiendo fundamentar y motivar; ignorando el análisis de medidas menos gravosas y el carácter excepcional de la detención preventiva; y, ii) La Vocal codemandada, mantuvo su detención preventiva, sin efectuar ninguna fundamentación de hecho y de derecho. Por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada, se deje sin efecto el Autos Interlocutorio de 27 de abril de 2023 y el Auto de Vista de 19 de mayo del mismo año; consecuentemente, se emita nueva Resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 7/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 35 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia, Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba, y el principio de presunción de inocencia, únicamente respecto al agravio del Fundamento Jurídico III.2.2, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 19 de mayo de 2023, emitido por Zullma Raíza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba; y, b) La autoridad judicial demandada; o la que, se encuentre a cargo de la Sala Penal referida, emita una nueva Resolución únicamente respecto al agravio referido en el punto dispositivo primero; es decir el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación al derecho al Juez imparcial; y, respecto a los agravios referidos en el Fundamento Jurídico, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1489/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56185-2023-113-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 7/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 35 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sara Ninoska Vargas Camacho en representación sin mandato de Alan Méndez Vargas contra Zullma Raíza García Basuado, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del citado departamento.
Por memorial presentado el 1 de junio de 2023, cursante de fs. 14 a 18, el accionante a través de su representante sin mandato, señaló que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa, con agravación en caso de víctimas múltiples, el 27 de abril de 2023, se celebró en audiencia de consideración de medidas cautelares; la Jueza a quo -codemandada- dictó Auto Interlocutorio de 27 de abril de 2023, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, incurriendo en una incorrecta valoración de la prueba al dar por acreditada la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y “4” -lo correcto es 6-; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, esta Resolución carece de una debida fundamentación y motivación, pues se omitió realizar un análisis ponderado y una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; ignorando la aplicación de medidas menos gravosas y el principio constitucional de que la libertad es la regla y la detención preventiva es la excepción.
Ante esta determinación, interpuso Recurso de apelación incidental el cual en alzada fue confirmado -mediante el Auto de Vista de 19 de mayo de 2023-, que mantuvo su detención preventiva, sin efectuar ninguna fundamentación de hecho y de derecho.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de la prueba y al Juez imparcial; y, al principio de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 22, 23, 116, 117.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto los Autos Interlocutorios de 27 de abril de 2023 y el Auto de Vista de 19 de mayo de igual año; y, b) Se emita una nueva Resolución.
Celebrada la audiencia pública el 2 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 34, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) Las Resoluciones recurridas, específicamente el Auto Interlocutorio de 27 de abril de 2023 y el Auto de Vista de 19 de mayo del mismo año; no dieron cumplimiento a lo dispuesto por el art. 224 del CPP, careciendo de una debida fundamentación de hecho y de derecho; 2) Durante la audiencia de medidas cautelares, la Jueza a quo no realizó una adecuada valoración de la relación de la prueba ni ejerció el control jurisdiccional de manera efectiva, omitiendo considerar las observaciones realizadas por la defensa respecto a los elementos presentados por el Ministerio Público, dictando Resolución de manera directa y vulnerando así el debido proceso; y, 3) La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se limitó a reiterar lo establecido por la Juez cautelar, incumpliendo su deber normativo de realizar una revisión integral de todos los agravios fundamentados por la parte recurrente.
Zullma Raíza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 2 de junio de 2023, cursante de fs. 30 a 32; solicitó se deniegue la tutela impetrada bajo los siguientes puntos: i) No se ha vulnerado el derecho a la libertad física ni al debido proceso, ya que el Auto de Vista de 19 de mayo de 2023 se encuentra debidamente fundamentado; ii) La Resolución cumple con la exigencia de motivación prevista en el art. 124 del CPP, habiendo escuchado los fundamentos de las partes y valorado correctamente los antecedentes conforme a la competencia limitada del art. 398 del CPP; iii) Basándose en jurisprudencia constitucional -SC 0165/2011-R de 21 de febrero y SC 0662/2010-R de 19 de julio-, advierte que la valoración de la prueba es facultad exclusiva de la jurisdicción ordinaria y que el Tribunal de garantías no puede sustituir este análisis a menos que exista un apartamiento arbitrario de la legalidad, lo cual no ocurrió en este caso; iv) El accionante se limitó a realizar una descripción de antecedentes y transcripción de sentencias, sin identificar de manera precisa cómo se vulneraron sus derechos fundamentales, basando su demanda en criterios subjetivos que no reflejan la realidad de lo resuelto en audiencia; v) Según la SCP 0077/2012 de 16 de abril, el Tribunal de alzada debe circunscribir su actuación estrictamente a los agravios expresados en la apelación; marco legal en el cual, se mantuvo su decisión; y, vi) Las Resoluciones de medidas cautelares son instrumentales y variables, permitiendo al imputado solicitar su modificación en cualquier momento si acredita nuevos elementos de convicción bajo el art. 239 del CPP. María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, presentó informe escrito el 2 de junio de 2022, cursante a fs. 25 y vta., solicitando se deniegue la tutela solicitada; sustentada en lo siguiente: a) El Auto interlocutorio de medidas cautelares de 27 de abril de 2023, que determinó la detención preventiva de Alan Méndez Vargas; se encuentra debidamente fundamentado y motivado; la Resolución cumple con todos los requisitos legales del art. 233 numerales 1, 2 y 3 del CPP; y, se ajusta a los lineamientos de la jurisprudencia de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio; b) No se ha violado ningún derecho fundamental ni garantía constitucional del imputado; debido que, se siguió el trámite correspondiente establecido en el procedimiento penal; y, c) Ante la inconformidad de la defensa con la Resolución de medidas cautelares, se otorgó el Recurso de apelación correspondiente, el cual fue remitido a la autoridad superior -Tribunal de Alzada- para su revisión.
El Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 7/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 35 a 39 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Respecto al Auto Interlocutorio de 27 de abril de 2023: 1.a) La Resolución que dispuso la detención preventiva no fue arbitraria, ya que contiene una fundamentación clara tanto en el presupuesto material como en el procesal; 1.b) Se fundamentó la concurrencia del riesgo de fuga estipulado en el art. 234.2 del CPP, basándose en el reporte de flujo migratorio del imputado, el cual demuestra que salió del país hacia Chile en varias oportunidades, evidenciando facilidades para abandonar el territorio nacional; 1.c) La Resolución judicial se sustentó la actividad delictiva reiterada del art. 234.6 del CPP, en información objetiva del Sistema de Justicia Libre (JL) del Ministerio Público, que registra denuncias previas y abiertas contra el accionante por delitos similares de estafa y falsificación de documento privado; 1.d) Respecto al Riesgo de obstaculización por destrucción o falsificación de pruebas -art. 235.1 del CPP-; al ser el imputado abogado, los testimonios de las víctimas -Lizeth Estrada y Daniel Villarroel-; lo señalan como el "autor intelectual" del ardid, con capacidad técnica para elaborar minutas e instructivas de poder falsas sobre terrenos ajenos, lo que demuestra su facilidad para falsear la verdad y modificar elementos de prueba; 1.e) Con relación al riesgo de influencia negativa sobre partícipes y víctimas -art. 235.2 del CPP-; el fallo se basó en declaraciones de las víctimas que identifican al accionante como quien las convenció para realizar la compra de los bienes inmuebles, estableciendo que su libertad representa un riesgo de influencia para que los testigos informen falsamente o se comporten de manera reticente; 2) En cuanto al Auto de Vista de 19 de mayo de 2023: 2.a) Respecto al riesgo de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP; establece que, la Resolución impugnada cuenta con el sustento fáctico suficiente toda vez que, el flujo migratorio presentado por el Ministerio Público acredita que el imputado posee facilidades materiales para abandonar el país, extremo que no fue desvirtuado objetivamente por la defensa técnica durante la audiencia cautelar; 2.b) En relación a la reiteración delictiva -art. 234.6 del CPP-; se advierte que, la autoridad judicial valoró correctamente la existencia de otras denuncias por estafa y falsificación; en ese entendido, correspondía a la parte accionante acreditar mediante documentación idónea si dichos procesos fueron rechazados o desestimados, carga probatoria que no fue satisfecha en el momento procesal oportuno; 2.c) Sobre la probabilidad de autoría, se tiene que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; realizó una valoración integral de los elementos de convicción, validando la participación del imputado a través del reconocimiento directo de las víctimas y su vinculación objetiva con los documentos cuestionados, cumpliendo así con el estándar de motivación exigido para la restricción del derecho a la libertad; 2.d) En cuanto a los riesgos de obstaculización -art. 235.1 y 2 del CPP-, se identifica que, se ha justificado la necesidad de proteger la averiguación de la verdad, ante la existencia de víctimas y testigos plenamente identificados que podrían ser influenciados por el imputado dada su condición de profesional abogado y su rol en el hecho investigado; 2.e) Respecto a la denuncia de vulneración al debido proceso, se evidenció que el Auto de Vista de 19 de mayo de 2023 contiene una exposición clara de los aspectos fácticos, una valoración individualizada de la prueba y establece de forma expresa el nexo de causalidad entre los riesgos procesales y la necesidad de la medida cautelar, conforme a los alcances del art. 221 del CPP; 2.f) La labor de interpretación de la legalidad ordinaria es facultad exclusiva de la jurisdicción ordinaria en tal sentido, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a revisar la valoración probatoria efectuada por la Sala Penal, salvo que se demuestre una arbitrariedad manifiesta o error evidente, situación que no fue acreditada por el accionante; y, 2.g) El accionante incurrió en una insuficiencia argumentativa; toda vez que, se limitó a realizar un relato de los hechos sin identificar con precisión qué reglas de interpretación fueron omitidas o por qué la fundamentación de las autoridades demandadas resultaría insuficiente o absurda; lo que, impidió a realizar un análisis de fondo sobre la problemática planteada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelson Flores Claros y otros, contra Alan Méndez Vargas y otros, por la presunta comisión del delito de estafa, con agravación en caso de víctimas múltiples y otros, en audiencia pública de aplicación de medidas cautelares personales de 27 de abril de 2023, por Auto Interlocutorio de la misma fecha, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -codemandada-, dispuso la detención preventiva de Alan Méndez Vargas -accionante-, a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; además, programó audiencia de control de plazo de duración de la detención preventiva para el 27 de octubre de 2023 (fs. 3 a 9 vta.). II.2. En audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 19 de mayo de 2023, mediante Auto Vista de la misma fecha; emitido por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-; declaró improcedente al Recurso de apelación incidental, manteniendo en todas sus partes el Auto Interlocutorio objeto de apelación (fs. 10 a 13 vta.).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, Juez imparcial y valoración de la prueba; y, al principio de presunción de inocencia, toda vez que: i) La Jueza demandada, determinó su detención preventiva, al dar por acreditada la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y “4” -lo correcto es 6-; y, 235.1 y 2 del CPP, incurriendo en una errónea valoración de la prueba, omitiendo fundamentar y motivar; ignorando el análisis de medidas menos gravosas y el carácter excepcional de la detención preventiva; y, ii) La Vocal codemandada, mantuvo su detención preventiva, sin efectuar ninguna fundamentación de hecho y de derecho. Por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada, se deje sin efecto el Autos Interlocutorio de 27 de abril de 2023 y el Auto de Vista de 19 de mayo del mismo año; consecuentemente, se emita nueva Resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las Resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234; y, 235 del CPP, cuyos extractos pertinentes se desglosan a continuación: así al respecto señala que: «[…] el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las Resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la Resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la Resolución; por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver Recursos de apelación de la Resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del Juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la Resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las Resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal; sino que, explique por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora».
Previamente a delimitar la problemática planteada por el accionante, quien también denuncia como acto lesivo al Auto Interlocutorio de 27 de abril de 2023, dictado por la Jueza de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; Resolución que, en instancia de apelación fue resuelta por la Vocal de la Sala Penal Primera del mismo Tribunal; corresponde precisar que, el presente análisis se desarrollará en función a la actuación desarrollada por la Vocal codemandada, quien emitió el último fallo dictado en la jurisdicción ordinaria y que, en aplicación del principio de subsidiariedad; es la autoridad competente que, en su caso pudo subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto a la Jueza a quo; y, que definió la situación jurídica del imputado. Al efecto, el impetrante en relación a la Vocal codemandada, denunció que mantuvo su detención preventiva, sin efectuar ninguna fundamentación de hecho y de derecho. De la revisión de antecedentes procesales que hacen a la presente causa, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, mediante Auto Interlocutorio de 27 de abril de 2023, la Jueza a quo determinó su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; además, programó audiencia de control de plazo de duración de la detención preventiva para el 27 de octubre de 2023; decisión que apeló en la vía incidental. En instancia de apelación, la Vocal -ahora demandada-, resolvió el Recurso opuesto mediante Auto de Vista de 19 de mayo de 2023, declarando improcedente el Recurso, manteniendo en todas sus partes el Auto Interlocutorio objeto de apelación. En ese contexto, del Auto de Vista cuestionado; se advierte que, entre los agravios, el accionante denunció que: a) La Jueza a quo vulneró los arts. 233.3 y 124 del CPP; debido a que, en ningún momento hizo una valoración correcta de la prueba alegando que, el Ministerio Público no realizó una correcta calificación del delito toda vez que, presentó dos documentos para acreditar los indicios del presunto delito de estafa agravada; el primero de 20 de enero de 2023 en el cual no intervino; y, el segundo, de 24 de febrero del mencionado año; se adujo que, la minuta se realizó con un poder falso, empero no fue presentado; su intervención fue como abogado de la Sra. Rocha para redactar el compromiso de venta no el de venta definitiva como señalaron las víctimas; por otra parte, inicialmente fue citado por el delito de estafa y terminó imputado por delitos de estafa agravada, falsedad material y uso de instrumento falsificado; sin que, en la imputación se haya realizado una relación fáctica, ni de los elementos constitutivos de estos; b) La parte adversa no acreditó la concurrencia del art. 234.2 del CPP, solo acompañaron un flujo migratorio señalando que, salió el año 2018; c) Respecto al art. 234.6 del CPP presentaron un certificado JL del Ministerio Público que señala que existen dos denuncias contra el imputado, empero estas fueron desestimadas, no existe sentencia condenatoria ni se presentó el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), y el único proceso vigente es el que está abierto; y, d) Respecto al art. 235.1 y 2 del CPP, realizaron meras suposiciones sobre la “conducta de la relación fáctica” (sic),; considerando que, se debió presentar prueba objetiva que los acredite. Identificados los agravios opuestos por el accionante en el Recurso de apelación; a continuación, revisaremos los planteamientos del impetrante, contrastando estos con la Resolución cuestionada. Sobre el deber de fundamentación y motivación que tienen las autoridades judiciales cuando emiten una decisión a través de la que disponen detención preventiva, se encuentra vinculado a las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, conforme se ha expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; obligación que también atinge a los tribunales de apelación. III.2.1.Iniciaremos el análisis en relación a la alegada valoración probatoria sobre la autoría; la autoridad ahora demandada, tomando en cuenta además lo señalado por los abogados de las víctimas; estableció que, conforme a lo prescrito en el art. 301 del CPP, la imputación, es una facultad privativa del Ministerio Público, sobre los elementos de prueba que se hubiesen puesto a su conocimiento para iniciar la investigación; en este caso, referidos a la existencia de víctimas múltiples que hubieran sido estafadas por Edelmira Segunda Rocha y el accionante, quienes en conjunto habrían procedido a sonsacar dineros con el compromiso de otorgar en venta un bien inmueble de propiedad de Crescencia Rocha Vda. de Rodríguez, utilizando un sinfín de documentos que acreditarían su falsedad; elementos que dan cuenta de la existencia de suficientes indicios; sobre los cuales la Jueza a quo hizo una valoración acertada. Al respecto, este Tribunal, tras el examen del Auto de Vista cuestionado; considera que, los fundamentos expuestos por la Vocal demandada son constitucionalmente suficientes; toda vez que, indicó que la calificación del hecho atribuido, se basó en los indicios presentados sobre la participación directa del accionante, que dan cuenta que al sonsacar dineros con el compromiso de otorgar en venta un bien inmueble de propiedad de un tercero, acreditaría la existencia de indicios suficientes para sostener los delitos por los cuales fue imputado vinculados a estafa con víctimas múltiples y falsedades, que constituiría una calificación provisional, en aplicación del art. 301 del CPP; prueba que, adquiere un valor esencial que permitió a la autoridad judicial demandada previa valoración que, se corrobora del Auto Interlocutorio apelado, sustentar suficientemente la probabilidad de autoría. En relación a este agravio la Vocal demandada efectuó una debida fundamentación y motivación respecto a la calificación provisional por la supuesta comisión de los delitos endilgados al accionante, que se sustenta en indicios de su participación directa en el uso de documentos falsos para captar dineros ilícitamente; toda vez que, revisó de forma integral lo resuelto por la Jueza a quo, y realizó un análisis lógico y razonable en relación a los elementos de prueba valorados debatidos en la audiencia cautelar, que le generó la convicción suficiente para fundamentar la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el ahora impetrante de tutela es con probabilidad, autor o partícipe del hecho punible imputado; este razonamiento, basado en las reglas de la lógica y la experiencia, constituye una labor intelectiva que no se aparta de los cánones de razonabilidad. En cuanto al peligro de fuga previsto en el art. 234.2 del CPP, relacionado a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, el Tribunal de Alzada consideró la concurrencia de este riesgo fundamentando su decisión en base a la prueba presentada en audiencia cautelar; la cual demostró que, el accionante registraba flujo migratorio.
De lo expuesto, si bien la fundamentación de la demandada es concisa, empero, es suficiente para comprender porque mantuvo latente el peligro de fuga, acreditado con una prueba objetiva materialmente verificable que denota el peligro de fuga, que no fue cuestionado por el accionante en su veracidad, sino únicamente en su fecha; por lo que resulta apta al basarse en un hecho material no desvirtuado. Con relación al peligro de obstaculización que prevé el art. 235.1 y 2 del CPP; no obstante que, el apelante cuestionó que se fundó en meras suposiciones y extrañó prueba objetiva que los acredite, la demandada justificó su vigencia en las múltiples víctimas y testigos que identificaron plenamente al imputado, así como de otras personas contra quienes se solicitó su investigación. Sobre el particular; aun cuando se alegue que no existió un pronunciamiento sobre elementos específicos, la decisión se fundamentó en la identificación de las víctimas y testigos, y otros partícipes, lo que llevó a la autoridad judicial demandada a sostener que genera un riesgo latente de que el imputado, pueda influir sobre estos, criterio que emerge del razonamiento del Auto apelado en el cual se explicó cómo el imputado con su conducta entorpecería la averiguación de la verdad; aspecto que, denota una fundamentación enmarcada en la protección del proceso penal y el derecho de las víctimas, a que no se obstaculice la justicia. El Auto de Vista cuestionado, en este punto, basó su determinación de forma razonable en los elementos aportados al proceso; no se advierte que sus conclusiones sean contrarias a lo establecido en el código adjetivo que rige la producción de medios de prueba; como la testifical, en el procedimiento penal. De los reclamos examinados precedentemente, se puede corroborar que la autoridad judicial demandada, al emitir el Auto de Vista impugnado, no lesionó la garantía al debido proceso ni el derecho a la libertad del accionante; toda vez que, la decisión refleja una congruencia entre el aspecto fáctico, relativo a los hechos vinculados a los delitos de estafa y falsedad, y el aspecto jurídico, como es la aplicación de los arts. 233, 234 y 235 del CPP. Tal como se desarrolla en la doctrina constitucional citada, la fundamentación de las medidas cautelares es suficiente cuando permite comprender las razones del juzgador por las cuales determinó la aplicación de medidas cautelares personales; como en este caso la Vocal demandada confirmó la Resolución de primera instancia al verificar la concurrencia de los indicios de autoría y los riesgos de fuga y obstaculización, cumpliendo así con los estándares de fundamentación y motivación exigidos por el bloque de constitucionalidad; razón por la cual, en relación a estos agravios corresponde denegar la tutela solicitada.
III.2.2.Por otra parte, respecto a la actividad delictiva reiterada o anterior prevista en el art. 234.6 del CPP; la Vocal demandada sostuvo que, correspondía al imputado acompañar documentación para establecer si las otras denuncias fueron desestimadas o rechazadas, para desvirtuar este numeral; en este hecho corresponde realizar una valoración integral de los elementos de juicio que hacen también a los hechos investigados, como los documentos falsos, alterados y utilizados. La autoridad judicial omitió explicar por qué la sola mención de una denuncia es suficiente para concluir una actividad delictiva reiterada o anterior, que no es equivalente a una declaración de culpabilidad ni de habitualidad si no se informa con precisión el estado actual de la misma; en este caso, la Jueza a quo tenía el deber de constatar la acreditación del estado de cada causa; toda vez que, si estas fueron desestimadas, rechazadas o sobreseídas, carecen de idoneidad para activar el riesgo procesal; más aún cuando el accionante en audiencia de apelación hizo conocer que tales denuncias ya fueron desestimadas; refutación que obligaba a la autoridad de alzada a fundamentar su decisión considerando tales extremos y no limitarse a una validación automática de los registros. Al validar automáticamente el reporte administrativo del Sistema JL del Ministerio Público genérico, sin control jurisdiccional de su vigencia, coloca al imputado en una situación de indefensión que convierte la detención preventiva en una pena anticipada; de mantenerse este criterio, el accionante se vería imposibilitado de acceder a una futura cesación a la detención preventiva, pues se le obligaría a cargar con procesos aun rechazados, convirtiendo la medida cautelar en una pena anticipada. La simple identificación de víctimas en otros hechos, como afirmó la autoridad judicial demandada, no suple la obligación de fundamentar la vigencia y relevancia jurídica de esos antecedentes. Lo argüido por la demandada, revela una deficiencia sustancial en la fundamentación que no puede ser soslayada por esta jurisdicción; toda vez que, dio por acreditado este peligro procesal basándose únicamente en la existencia de denuncias registradas en el reporte JL, exigiendo que sea el imputado quien demuestre si las mismas fueron desestimadas o rechazadas; aspecto que, no puede ser atribuido al accionante de probar un hecho negativo o la inexistencia de vigencia de denuncias cuando en el momento de la imposición de una medida cautelar, la carga de la prueba para demostrar la concurrencia de los riesgos procesales recae exclusivamente en la parte acusadora; en efecto, compelía a la demandada verificar la idoneidad y vigencia de dichos antecedentes, pues las denuncias desestimadas, rechazadas o sobreseídas carecen de fuerza jurídica para restringir la libertad, en lo cual notoriamente evidencia que el tribunal de alzada incurrió en una motivación arbitraria, vulnerando así en este agravio los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria, y el principio de presunción de inocencia; por consecuencia, respecto de este agravio corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, en relación al derecho al Juez imparcial, invocado por el accionante; este Tribunal no evidencia la forma en la que, el mismo fue lesionado a efectos de su consideración y tutela; por consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 7/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 35 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia, Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba, y el principio de presunción de inocencia, únicamente respecto al agravio del Fundamento Jurídico III.2.2, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 19 de mayo de 2023, emitido por Zullma Raíza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba; y, b) La autoridad judicial demandada; o la que, se encuentre a cargo de la Sala Penal referida, emita una nueva Resolución únicamente respecto al agravio referido en el punto dispositivo primero; es decir el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación al derecho al Juez imparcial; y, respecto a los agravios referidos en el Fundamento Jurídico, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual
deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1489_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8137be7f23c183f31d77a9635f8cca6a4c789301bcd992ea50497b2728de43e6
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