Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso; puesto que, por una parte, la solicitud de señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, no fue fijada dentro del término legal establecido; y, por otro lado, el argumento de la autoridad demandada, para no dar curso a dicho pedido fue que, ante la existencia de requerimiento conclusivo de acusación, la remisión de la causa al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, ya se encontraba ordenada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 40 a 42 pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías y conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1488/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56161-2023-113-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 27/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 40 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado y Jhony Ramos Choque en representación sin mandato de Iván Jesús Quispe Pérez contra William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 6 de junio de 2023, cursante de fs. 6 a 10, el accionante a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:
El 19 de mayo de 2023, sus representantes solicitaron audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, solicitud que no fue atendida por parte de la autoridad ahora demandada, de acuerdo al marco legal establecido, al haberse señalado para el 25 de igual mes y año, en la que, a su vez, se fijó nueva audiencia para el 29 de mayo de 2023; existiendo una demora excesiva para tal fin. En la misma fecha, se efectuó una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, que fue respondida mediante decreto de 30 de mayo de 2023, y no obstante de contar con plena competencia, ya que la causa no había sido remitida aun, rechazó su petición, arguyendo que “…SE ENCUENTRA ORDENADO LA REMISIÓN POR ACUSACIÓN A TRAVÉS DE PROVIDENCIA DE 13 DE ABRIL EN ESE MÉRITO REMÍTASE EL CUADERNO DE CONTROL JURISDICCIONAL Y PLIEGO ACUSATORIO EN EL DÍA…” (sic).
Contra dicho proveído, se formuló recurso de reposición, que no se dio lugar y que, sin resolver el fondo, fue notificado el 6 de junio de 2023 a horas 16:00, minutos antes de la presentación de esta acción de defensa; impidiendo que su representado acceda a una audiencia de cesación de la detención preventiva, vulnerando de esa manera su derecho a la libertad, vinculada al debido proceso, sumando a ello el incumplimiento de plazos procesales.
Denunció la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso; citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicito se restablezcan las formalidades del debido proceso y se disponga que el demandado aplique la ley y en el marco de sus funciones desarrolle la audiencia de cesación de detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 7 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 39, se produjeron los siguientes actuados:
Los representantes del accionante, sin mandato, precisaron que: a) El cuaderno procesal fue enviado al Tribunal Segundo de Sentencia, siendo devuelto porque no correspondía su remisión; procediendo a un nuevo sorteo fue enviado al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, que refiere en atención a la interposición de la acción de libertad y para no entorpecer la misma, con carácter previo a la radicatoria del expediente, cumpla con resolver actuaciones pendientes y una vez realizadas estas, se devuelvan antecedentes; y; b) Existe jurisprudencia constitucional así como resoluciones en esa sede que señalan que a veces no se adopta el principio de subsidiariedad excepcional; no obstante, en el caso tomando en cuenta el delito, tenían que agotar la vía ordinaria, por lo que plantearon recurso de reposición, que fue resuelta por otro decreto cuando correspondía se dicte una resolución.
William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia informó: 1) En el presente caso existe una acusación y en el transcurso de su remisión fueron planteadas dos o tres solicitudes de cesación a la detención preventiva; en la última audiencia la audiencia fue suspendida a solicitud de la parte accionante, por lo que no puede argüir negligencia, falta a la ley o incumplimiento de plazos procesales; y, 2) La parte accionante cita la SC 217/2014 de 5 de febrero, para señalar que el derecho a la libertad debe estar en relación directa con el hecho, pero la mencionada Resolución está referida a otras situaciones, pretendiendo forzar su entendimiento.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 27/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 40 a 42, concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas de su notificación, la autoridad demandada desarrolle la audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre que el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, no hubiere dictado la radicatoria de la causa; determinación que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de antecedentes se tiene que, el 3 de febrero de 2023, fue presentada la acusación del Ministerio Público contra el accionante, providenciándose en la misma fecha la remisión del cuaderno de control jurisdiccional más la acusación; el 19 de mayo de ese año, la defensa del acusado solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, por decreto de 22 de igual mes y año se señaló audiencia para el 29 de mayo de 2023; en la celebración de dicha acto procesal, la defensa del acusado manifestó que le faltaban certificaciones por lo que solicitó nuevo día y hora de audiencia, ante lo cual la autoridad judicial determinó la suspensión simple y llanamente refiriendo la carga procesal y que la misma podía realizarse en juicio oral. Ante la negativa de nueva fecha de audiencia, el 29 de mayo de 2023, el acusado presentó nueva solicitud de cesación de la detención preventiva y por decreto de 30 de igual mes y año, la misma fue rechazada, ordenando la remisión de la acusación; impugnando el mencionado decreto, a través del recurso de reposición, que fue resuelto mediante proveído de 2 de junio de 2023, rechazando el mismo, aduciendo haberse remitido la acusación; y, ii) Lo referido demuestra que el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, teniendo plena competencia para llevar adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva, rechazó la solicitud bajo el argumento de excesiva carga procesal y que se habría presentado acusación, cuya remisión fue dispuesta el 13 de abril de 2023; empero, si la mencionada autoridad consideraba que no tenía competencia por haber remitido el caso al Tribunal de Sentencia, correspondía que una vez recibida la acusación, inmediatamente remitirla ante el juzgado de turno correspondiente; sin embargo, habría dispuesto su remisión por decreto de 13 de abril de 2023 y hasta el mes de mayo la misma no se concretó, no siendo congruente su proceder.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Resolución 27/2023 de 7 de junio, en el que consta en el Considerando II, que la Jueza de garantías “…de la revisión de antecedentes…” habría advertido que el 19 de mayo de 2023, el ahora impetrante de tutela, habría solicitado señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva y que el Juez de la causa por decreto de 22 de ese mes y año habría señalado audiencia para las 15:30 del 29 de mayo de 2023 (fs. 41). II.2. Memorial de 29 de mayo de 2023, por el que Iván Jesús Quispe Pérez solicita al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, la cesación de la detención preventiva (fs. 2 y vta.); mismo que mereció el Proveído de 30 de mayo de 2023, suscrito por la autoridad ahora demandada, que determinó no ha lugar a lo solicitado, al estar dispuesta la remisión de la acusación, mediante decreto de 13 de abril; ordenando el envío del cuaderno de control jurisdiccional y pliego acusatorio en el día (fs. 3). II.3. Cursa memorial de interposición del recurso de reposición contra el Decreto de 30 de mayo de 2023; planteado por el hoy accionante el 6 de junio de 2023 (fs. 4 y vta.). II.4. Consta Nota de 7 de junio de 2023, por la que la autoridad demandada informa a la Jueza de garantías, que la causa seguida por el Ministerio Público contra Iván Jesús Quispe Pérez por el delito de abuso sexual con agravante, inicialmente se encontraba en Tribunal Segundo de Sentencia Penal, pero por razones de competencia fue devuelto y actualmente se encuentra radicado en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro (fs. 18).
II.5. Fotocopia simple de constancia de remisión al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, del cuaderno de control jurisdiccional y pliego acusatorio correspondientes al Número de Registro Judicial (NUREJ) 401502012202149 proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Iván Jesús Quispe Pérez y otro por la presunta comisión del delito de abuso sexual con agravante (fs. 19).
II.6. Cursa en fotocopia simple el sello de recepción del Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, del pliego acusatorio y cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal (NUREJ 401502012202149) seguido por el Ministerio Público contra Iván Jesús Quispe Pérez y otro por la presunta comisión del delito de abuso sexual con agravante (fs. 19).
II.7. Consta Nota de 7 de junio de 2023, suscrita por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, refiriendo que el cuaderno con NUREJ 401502012202149 fue devuelto al Juzgado de origen (fs. 22).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso; puesto que, por una parte, la solicitud de señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, no fue fijada dentro del término legal establecido; y, por otro lado, el argumento de la autoridad demandada, para no dar curso a dicho pedido fue que, ante la existencia de requerimiento conclusivo de acusación, la remisión de la causa al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, ya se encontraba ordenada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sistematizadora de línea, respecto al desarrollo jurisprudencial de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho referido a los casos de solicitudes de medidas cautelares, expuso el siguiente entendimiento:
«El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio[1] señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo[2] establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, 2 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:
En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
La SCP 1821/2014 de 19 de septiembre se ha pronunciado sobre la competencia del juez cautelar en el ejercicio del control jurisdiccional durante la etapa preparatoria, estableciendo lo siguiente:
Durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional se encuentra a cargo del juez cautelar, instancia judicial encargada del control de todas las actividades de la investigación. Asumiendo un rol de juez de garantías, con la facultad de resolver los conflictos emergentes de la actividad investigativa del Ministerio Público, los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales.
El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración. (…)
Por lo que, el Legislador entendió que, dentro de un proceso penal, éste no puede quedarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, lo contrario se constituye en una dilación innecesaria e injustificada, contrario al principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación en esta vía ordinaria, más aun tratándose de privados de libertad -aprehendidos o detenidos preventivos−, cuya resolución de sus situación jurídica no puede ser postergada por cuestiones meramente formales y dilatorias.
Por otro lado, este Tribunal Constitucional Plurinacional también se ha referido sobre la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes relacionadas con medidas cautelares, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal. Así la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:
Toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica (el añadido es nuestro).
En dicho orden, la citada Sentencia, precisó las siguientes subreglas:
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
Ahora bien, siguiendo la línea de entendimiento expresada, la SCP 0887/2021-S4 de 25 de noviembre, a tiempo de ratificar la competencia que tienen los jueces de instrucción de conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia, pese a la presentación de la acusación fiscal, entendió que el Juez de Instrucción Cautelar debe resolver la situación jurídica del imputado, ante el vencimiento de la duración de la detención preventiva aun cuando ya hubiere sido presentada la acusación formal, pues mientras no sea radicada la causa penal ante el juez o tribunal de sentencia, el Juez de instrucción, se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional. La citada Sentencia expresó el siguiente precedente constitucional:
Entendimiento jurisprudencial que también es aplicable al control jurisdiccional que debe efectuar el Juez de Instrucción Penal respecto al vencimiento del plazo de la detención preventiva establecido en el marco de lo dispuesto por el art. 233.3 del CPP -de acuerdo a las modificaciones asumidas en la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 [Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres]–, a cuya conclusión, el Juez de instrucción penal debe definir la situación jurídica del imputado, aun cuando ya hubiera sido presentada la acusación formal, pues mientras que no sea radicada la causa penal ante el juez correspondiente, lo que inevitablemente incluye al control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva (el añadido es nuestro).o tribunal de sentencia, el juez de instrucción penal se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional.
El impetrante de tutela a través de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado con la libertad; puesto que, el 19 de mayo de 2023, pidió audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva que fue señalada para el 25 de ese mes y año; en la que a su vez, se fijó nueva audiencia para el 29 de mayo de 2023; en la misma fecha, se efectuó una nueva solicitud con el mismo objetivo, que fue rechazada por decreto de 30 de mayo de 2023, bajo el fundamento de haberse ordenado la remisión por acusación; por lo que planteó recurso de reposición que no se dio curso, con lo cual la autoridad demanda imposibilitó que acceda a una audiencia de cesación de la detención preventiva e incumplió plazos.
Conforme el contexto señalado en líneas superiores, el accionante denuncia la presunta comisión de dos actos lesivos: uno referido a la dilación en el señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; y, el otro consistente en el rechazo de la autoridad demandada de resolver la mencionada solicitud, bajo el fundamento de que, al existir requerimiento conclusivo de acusación, el expediente se encontraba en trámite de remisión.
En atención a ello corresponde dilucidar ambos cuestionamientos, así respecto al primero cabe señalar que, ante la inexistencia de documentación referida a los antecedes pertinentes, corresponde remitirnos a los datos consignados en el memorial de demanda, lo manifestado por ambas partes en la celebración de audiencia de acción de libertad y lo señalado por la Jueza de garantías que en atención al principio de inmediación se asume, tuvo acceso a los actuados (Conclusión II.1); de lo cual, se tiene que el 19 de mayo de 2023, el ahora accionante habría solicitado audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, señalándose como fecha para tal fin el 29 de ese mes y año.
De la relación efectuada, se advierte que, si bien es evidente que el accionante no precisa bajo cuál de las causales instituidas por el art. 239 de la norma adjetiva penal, pidió la cesación de la detención preventiva, no es menos veraz que el mencionado precepto normativo establece plazos máximos para el señalamiento de la audiencia respectiva, sin que ninguno abarque los diez días, como ocurre en el caso de autos; consecuentemente, habiéndose presentado la solicitud de consideración de cesación de la detención preventiva el 19 de mayo de 2023 y fijado audiencia para el 29 de ese mes y año, el mencionado señalamiento se produjo al décimo día de haber sido impetrado; lo cual, denota indubitablemente que la autoridad demandada inobservó la previsión legal contenida en el art. 239 del CPP e incurrió en dilación indebida, conforme el razonamiento asumido en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.
En cuanto concierne a la segunda problemática, referida a no haber dado curso al señalamiento de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, aduciendo que el caso contaba con requerimiento conclusivo de acusación y que se encontraba para su remisión al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, corresponde manifestar que conforme la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.3 la competencia de los jueces de instrucción penal durante la etapa preparatoria, para resolver solicitudes relacionadas con medidas cautelares, entre ellas la de cesación de la detención preventiva, perdura en tanto no exista el proveído de radicatoria emitido por el Juez o Tribunal de Sentencia Penal, ello con la finalidad de evitar inseguridad jurídica, respecto a la detención preventiva.
Bajo el razonamiento precedentemente señalado, aplicado al caso de análisis se tiene que, el Juez demandado no atendió favorablemente la solicitud de consideración de cesación de la detención preventiva y en lugar de señalar día y hora para la celebración de la audiencia correspondiente, optó por emitir el decreto de 30 de mayo de 2023, señalando que se habría dispuesto la remisión de la acusación a través del proveído de 13 de abril de ese año, ordenando que el cuaderno de control jurisdiccional y pliego acusatorio sean remitidos en el día (Conclusión II.2); y ante el recurso de reposición planteada contra el mencionado decreto, mediante proveído de 2 de junio de 2023, dispuso no ha lugar, ante la remisión del proceso con acusación (Conclusión II.3); sin embargo, al haber sido observada la remisión de los antecedentes procesales por parte del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, esté habría remitido al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del referido departamento (Conclusión II.4), mismo que habría devuelto los antecedentes (Conclusión II.7); consiguientemente, el justificativo de la autoridad judicial demandada, para no señalar audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, no resulta ser válida, más aún cuando el 29 de mayo de 2023, no existía decreto de radicatoria por parte del Tribunal de Sentencia Penal Segundo; toda vez que, acorde lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en tanto no exista radicatoria del proceso ante el juez competente, la autoridad judicial demandada, aún era competente para conocer y resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, conforme sus atribuciones establecidas por el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 1173.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 40 a 42 pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías y conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1488_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): a9b97fa17df902af3d1679e99d9076beb5d39eed3c81e14a2c8767559ab03cd9
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