B.IA.LEGAL

SCP 1486/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56135-2023-113-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en relación al procesamiento indebido y al principio de celeridad; puesto que, en audiencia de cesación de detención preventiva llevada a efecto el 10 de mayo de 2023, su solicitud fue rechazada, ante lo cual presentó recurso de apelación que, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, no fue remitido ante el Tribunal de alzada, no obstante habiendo transcurrido veintiséis días. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 18 a 22; pronunciada por la Jueza de Partido, del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela en su modalidad innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a la autoridad demandada, que en el futuro verifique las actuaciones del personal dependiente de su despacho, en la remisión de los recursos de apelación de los procesos que se encuentren con privados de libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa con relación a la sustracción de la materia
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. El rol del juez como Director del proceso judicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1486/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56135-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 004/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 18 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Vaquero Mendoza contra Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 5 de junio de 2023, cursante de fs. 3 a 5, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; el 10 de mayo de 2023, después de injustificadas suspensiones, se llevó adelante la audiencia de cesación de detención preventiva, en la que se determinó rechazar la solicitud formulada, por lo que en atención al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) concordante con el art. 403 y siguientes del mismo texto normativo, interpuso recurso de apelación. No obstante que el art. 405 del CPP establece el plazo de veinticuatro horas para la remisión del recurso de apelación, desde la presentación del mismo el 10 de mayo de 2023, a la fecha de presentación de esta acción de defensa, transcurrieron veintiséis días, sin que el mencionado recurso haya sido elevado ante el Tribunal superior, a efectos de la emisión de la resolución correspondiente.

De donde se tiene que, la Jueza demandada, incumplió plazos procesales que contraviene el debido proceso en relación al principio de celeridad, estando pendiente la resolución de un recurso que puede o no otorgar la libertad de una persona. Por otra parte, a la fecha no se tiene en físico el Acta de Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva, ya que la Jueza no transcribió la resolución, por lo que no habría que alegarse abandono del proceso, ante la existencia de prueba del incumplimiento, que es el memorial presentado, y que hace conocer la irregularidad.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, al debido proceso en relación al procesamiento indebido y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga ordenar la inmediata remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada; así como copia al Consejo de la Magistratura, a efectos de su procesamiento con la respectiva llamada de atención.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por medio de su abogado, ratificó in extenso en el contenido del memorial de su acción tutelar, precisando haber acudido al juzgado en distintas oportunidades; sin embargo, el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva no estaba disponible a efecto para sacar las copias y solicitar su remisión.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en audiencia informó: a) El 10 de mayo se realizó la audiencia de cesación a la detención preventiva, rechazando la solicitud por no haberse enervado los riesgos procesales; haciendo notar que la fecha de audiencia, fue el primer día de trabajo de la Secretaria del mencionado Juzgado; b) Debe tenerse en cuenta que el art. 180 de la CPE, establece que la verdad material va más allá que la verdad formal y estando expresado por el abogado del accionante que, se apersonó a Secretaría para sacar fotocopias y suministrar los recaudos, reconociendo el accionante que, nunca proporcionó fotocopias para la remisión al Tribunal de alzada; sin embargo, existen sentencias constitucionales, que obvian este aspecto; c) En cuanto a la remisión de la apelación en veinticuatro horas, el Juez y el Secretario tienen que hacer “malabares” para cumplir el art. 251 del CPP y las diferentes sentencias constitucionales; por tanto, es una verdad material que la parte proporcione fotocopias legalizadas, lo cual no aconteció, siendo una falta de responsabilidad del abogado, haciendo creer que es la Jueza la que vulnera el derecho y que por ello se encuentra detenido; d) Es de conocimiento general que la resolución es dictada en audiencia y la transcripción del acta y el fallo corren por parte de la Secretaria, no existiendo vulneración al debido proceso, al no estar indebidamente procesado; y, f) El cuaderno procesal fue remitido y el costo adicional de las copias fue abonado por la Secretaria sin ser parte del proceso, ya que ningún abogado se apersonó a sacar copias, habiéndose trasladado la misma, con recursos propios, a la ciudad de Santa Cruz, a objeto de cumplir con la remisión del recurso de apelación, radicando la causa en Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Partido, del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 004/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 18 a 22, concedió la tutela solicitada, no obstante ya no existie el objeto de la acción, al haberse remitido el recurso de apelación; exhortando a la Jueza demandada, cumplir con los plazos procesales, más aun cuando se trata de procesos con detenidos preventivos; determinación que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Se evidencia que, habiéndose apelado la resolución de rechazo a la cesación a la detención preventiva de 10 de mayo de 2023, la autoridad demandada, no ordenó la remisión del recurso conforme establece el art. 251 del CPP, aplicando erróneamente el art. 403 del mismo texto normativo, advirtiendo a la parte que proporcione fotocopias de las piezas principales del expediente, remitiendo el recurso recién el 6 de junio de 2023, después de veintisiete días de haberse concedido la apelación; 2) El 15 de mayo de 2023, el accionante presentó memorial “solicitando oficios”, mismo que fue atendido en el día, pero la autoridad demandada no da el impulso procesal reiterando la orden de remisión al superior en grado, cuando existía un recurso de apelación pendiente, habiendo transcurrido hasta entonces cinco días, cuando a la Jueza demandada le corresponde velar por la diligencia y celeridad que debe primar en las funciones del personal a su cargo, y no como en el presente caso en el que la Secretaria obró con displicencia al no cumplir con la orden judicial y que la alzada se cumpla en los casos señalados por ley; y 3) Al haber transcurrido al menos veintisiete días desde la concesión de la apelación hasta la remisión de antecedentes al tribunal de alzada, tanto la Jueza demandad como la Secretaria de Juzgado incurrieron en demora que constituye un acto dilatorio contrario a los principios de celeridad y gratuidad procesal consagrados en los arts. 178.I y 180 de la CPE.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota 161/2023 de 5 de junio, dirigida al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la que remite el recurso de apelación planteado por Ángel Vaquero Mendoza dentro del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; teniendo como fecha de recepción el 6 de junio de 2023 (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en relación al procesamiento indebido y al principio de celeridad; puesto que, en audiencia de cesación de detención preventiva llevada a efecto el 10 de mayo de 2023, su solicitud fue rechazada, ante lo cual presentó recurso de apelación que, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, no fue remitido ante el Tribunal de alzada, no obstante habiendo transcurrido veintiséis días. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa con relación a la sustracción de la materia

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

De acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio[1], sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales (el resaltado es añadido).

Por otro lado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolló por un lado la doctrina de la acción de libertad innovativa y por otro la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal como causal de improcedencia. Con relación a esta causal y su aplicación en la acción de libertad. Al respecto la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, efectuó el siguiente razonamiento:

El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que en relación la acción de amparo constitucional, señala que no procederá: “Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado” (las negrillas nos pertenecen); asimismo a lo establecido en el art. 49.6 de la misma norma, que sobre el procedimiento de la acción de libertad precisa: “Aún habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (el subrayado y resaltado son nuestros).

De las indicadas normas legales se extrae, que el legislador ordinario estableció expresamente como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, la cesación del acto reclamado, en mérito a lo cual la jurisdicción constitucional, se encuentra impedida de ingresar a conocer y resolver el fondo de lo demandado cuando se haya superado el acto vulneratorio de derechos; no obstante, en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, no se advierte mandato expreso ni implícito que establezca como causal de improcedencia de la acción de libertad, a la sustracción de materia, sino más al contrario se observa que el art. 49.6 del CPCo, a tiempo de establecer el procedimiento para la tramitación de dicha acción tutelar, indica claramente que aún hayan cesado las causas que dieron lugar a la interposición de la mencionada acción de defensa, deberá realizarse la audiencia de garantías con la finalidad de establecer responsabilidades contra los demandados; lo que quiere decir, que esta disposición normativa, reconoció de forma expresa a la acción de libertad en su modalidad innovativa, en virtud a la cual deberá llevarse adelante la audiencia de garantías y emitirse resolución de fondo, con la finalidad de disponer que los demandados -cuando se conceda la tutela-no incurran nuevamente en actos lesivos de derechos y además se establezcan responsabilidades en su contra[2].

Consiguientemente, en aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento “…en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (SCP 2233/2013 de 16 de diciembre); se comprenderá que no corresponde asumir en la acción de libertad, una causal de improcedencia prevista expresamente para la acción de amparo constitucional, más aún si no existe un marco normativo constitucional y legal que lo respalde; además que de la interpretación teleológica del art. 49.6 del CPCo, se entiende que la acción de libertad en modalidad innovativa, se encuentra expresamente reconocida y por ende proscrita la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la misma acción tutelar, por ser un instituto propio de la acción de amparo constitucional que no condice con la naturaleza jurídica de la primera; un entendimiento contrario implicaría desconocer un mandato legal y final previsto en la disposición indicada, además que significaría una regresión en la protección de derechos fundamentalísimos como la vida y la libertad en franca vulneración a lo dispuesto en los arts. 13.I y 22 de la CPE, al asumir un razonamiento restrictivo a través de la cual se permita a las personas demandadas subsanar las lesiones cometidas antes de la audiencia de garantías y por ende dejar sin tutela las vulneraciones cometidas antes de la misma, cuando lo que corresponde en todo caso es asumir una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y no dejar en desamparo a los peticionantes de tutela.

En tal sentido, corresponde reconducir y reasumir el entendimiento desarrollado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en el sentido que procederá la acción de libertad aún hayan cesado las causas que originaron la misma, como establece el art. 46.9 del CPCo y por ende superar el precedente desarrollado por la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, en torno a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, por no corresponder su aplicación en la acción de libertad (las negrillas son añadidas).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental de medida cautelar, la SCP 0281/2012[3] de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

En ese entendido, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas relativas a la obligación de remitir los antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, conforme al siguiente entendimiento:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio).

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte[4].

III.3. El rol del juez como Director del proceso judicial

El rol del juez en cualquier proceso judicial es fundamental para la administración de justicia, su función se centra en garantizar que el proceso judicial se desarrolle de manera justa, eficiente y conforme a la ley, al respecto la SCP 0015/2012[5] de 16 de marzo, refiriéndose al principio de dirección del proceso, concluyó lo siguiente:

[A]l respecto, se afirma el deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales de dirección, que guardan armonía con el principio de dirección judicial, que se complementa con el de impulso procesal o impulso de oficio, que -a su vez- se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad de petición de parte y sin que ello signifique coartar el derecho de los sujetos procesales a dinamizar y ser los propulsores naturales del proceso.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denuncia la vulneración sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en relación al procesamiento indebido y al principio de celeridad; puesto que, el 10 de mayo de 2023 interpuso recurso de apelación contra el rechazo a su solicitud de cesación da la detención preventiva, no obstante habiendo transcurrido veintiséis días desde entonces hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la autoridad demandada no remitió el 4 La sistematización de los precedentes constitucionales referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado. 5 La citada Sentencia en su fundamentación jurídica establece que “Mediante el principio de dirección judicial del proceso, se infiere que la autoridad judicial queda compelida a impulsar de oficio -cuando corresponda- el trámite de la causa, adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso, interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales, expedir sentencia cumpliendo los requisitos que la misma debe contener y, en el caso de la expedición estimativa de medidas cautelares, exigir apariencia de buen derecho (Bonus fumus iures), evitando el peligro en la demora (periculum in mora). Siguiendo la tendencia moderna, el principio de la dirección judicial, convierte hoy en día al juez en una autoridad dinámica y no en un simple ‘convidado de piedra’’. Recogiendo este postulado, la Constitución Política del Estado, en su art. 115, haciendo armonía con la doctrina, precisa: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art. 8, referido a las garantías judiciales, dispone: ‘1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella...’. Por otra parte, el art. 168 del CPP: señala: ‘…el juez o tribunal, de oficio a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido; así, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio de dirección procesal, de tal suerte que de oficio puede dar celeridad y adoptar las diligencias para mejor proveer, más aún cuando está de por medio la libertad.

recurso planteado ante el Tribunal de alzada, incurriendo en incumplimiento de plazos.

Con carácter previo al análisis de la problemática planteada; resulta pertinente mencionar que, si bien la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en audiencia refirió que los actuados fueron remitidos al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y que el caso estaría radicando en Presidencia del mismo, por lo que el acto lesivo desapareció. Corresponde reparar en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que sostiene que la acción de libertad innovativa, opera aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo, toda vez que, lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con la finalidad de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales, como aconteció en el caso de autos, por lo que corresponde ingresar al análisis de fondo de lo demandado.

De la revisión de antecedentes en la Conclusión II.1., se advierte que, mediante nota de 5 de junio de 2023, la autoridad demandada remitió a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el recurso de apelación planteado por el hoy accionante contra la Resolución de 10 de mayo de 2023, que rechazó la cesación de su detención preventiva.

Al respecto conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta esta Sentencia Constitucional Plurinacional, interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelve medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas concordante con lo previsto en el art. 251 del CPP; por lo que se advierte que la autoridad judicial demandada inobservó lo establecido en la jurisprudencia constitucional precedentemente detallada, al haber remitido el recurso de apelación después de veintiocho días desde su interposición; generando dilación indebida contra el solicitante de tutela.

Finalmente, debe tenerse presente que si bien la autoridad judicial demandada en su informe presentado en la audiencia de esta acción tutelar, trató de justificar su accionar alegando que la fecha en que se celebró la audiencia, fue el primer día de trabajo de la Secretaria del Juzgado y es a quien le correspondía transcribir el Acta y Resolución de la audiencia, cabe aclarar que conforme el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, al ser el Juez el director del proceso, le concierne como autoridad judicial realizar el control y supervisión del cumplimiento de las atribuciones y deberes que el personal de apoyo jurisdiccionales debe cumplir, aspectos que no fueron cumplidos por la autoridad judicial demandada.

En consecuencia, corresponde conceder la tutela en su modalidad de acción de libertad innovativa, pues si bien la Jueza demandada ya remitió el Testimonio de apelación del impetrante de tutela, el acto lesivo existió, por la demora injustificada detectada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 18 a 22; pronunciada por la Jueza de Partido, del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela en su modalidad innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a la autoridad demandada, que en el futuro verifique las actuaciones del personal dependiente de su despacho, en la remisión de los recursos de apelación de los procesos que se encuentren con privados de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa, sistematización que también fue recogida por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

2 De conformidad con la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre “entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias”.

3 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1486_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 76fc4f09e10f38ee5061c299482c5feb4c39512d67fd3ae77d5c86b4b1593cfe

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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