B.IA.LEGAL

SCP 1482/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56073-2023-113-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal de allanamiento de domicilio y sus dependencias, la Fiscal de Materia demandada ejecutó un mandamiento de allanamiento emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, sin aviso previo ni notificación de inicio de proceso; lo que derivó en su arresto y que sean conducidos a dependencias de la FELCC; además de haberles iniciado un proceso penal por el supuesto delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 153/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía boliviana
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1482/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56073-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 153/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Wilfredo Bustos Gutiérrez, en representación sin mandato de Josefath Betty Ibañez Miranda y Aurora Elena Calle Choque contra Rocio Lizeth Quipildor Ramírez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de junio de 2023, cursante de fs. 14 a 16 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de junio de 2023, a horas 11:00, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), junto con la Fiscal de Materia, ahora demandada, se constituyeron en el inmueble de la zona Bajo Mariscal Santa Cruz av. Kollasuyo esq. Manuripi 1711, con la finalidad de ejecutar un mandamiento de allanamiento, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; allanamiento que pretendieron realizar sin aviso previo ni notificación de inicio de proceso; motivo por el cual, Aurora Elena Calle Choque junto a sus familiares llamaron a su abogado, quien asumió defensa y solicitó a los funcionarios policiales y Fiscal que le enseñen la orden de allanamiento, el cual contenía inconsistencias, tales como que, la orden no señalaba el número del inmueble siendo que el número de puerta estaba totalmente “legible” y describía un edificio de cuatro pisos, cuando el inmueble es de cinco pisos; asimismo, se presentó un video que mostraba que, días antes, un policía investigador uniformado y el asistente fiscal de la autoridad ahora demandada, quienes sin tocar la puerta ni pegar notificación alguna, se toman una foto y se retiraron del lugar, generando un actuado notificatorio falso, colocando así en indefensión a Aurora Elena Calle Choque y sus familiares. Si bien intentaron demostrar la notificación inexistente a la Fiscal y a los policías, a tiempo de solicitar se suspenda el allanamiento para ejercer adecuadamente el derecho a la defensa; la autoridad demandada rechazó su solicitud y ordenó continuar con el allanamiento; por lo que, ante la insistencia en ser escuchados, su abogado, la asistente legal, Aurora Elena Calle Choque así como su familia fueron arrestados y conducidos a la comisaría de la av. Pando y luego a la FELCC de la av. Sucre, llegando la policía a enmanillar al abogado y a ejercer la “fuerza bruta” contra las mujeres. Mientras los detenidos eran llevados a dependencias policiales, la Fiscal de Materia demandada realizó el allanamiento sin contratiempos a horas 12:15, actuado que se desarrolló de forma dolosa e ilegal, y contraviniendo el debido proceso. En la FELCC, los arrestados permanecieron privados de libertad hasta cerca de las 20:00, siendo fotografiados, registrados y con acceso limitado a comunicación con sus defensores; llegando incluso a privarles de hacer sus necesidades fisiológicas; actualmente, las personas arrestadas enfrentan un proceso penal por el supuesto delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, proceso identificado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201103042301541.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de su derecho a la libertad, a la dignidad, a la defensa y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 21, 22, 23.I, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) El cese de la persecución indebida en el caso abierto el mismo día del arresto por el supuesto delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones; b) Declare la nulidad de todo lo obrado en el allanamiento ocurrido el 1 de junio de 2023 a horas 11:00 y restitución de la posesión; c) Devolución de todos los objetos “recolectados” por la Fiscal demandada el día y lugar del allanamiento; d) Disponer la remisión de antecedentes disciplinarios al régimen disciplinario de la Fiscalía; e) Cancelación de todos los antecedentes policiales generados por la ilegalidad del arresto; y, f) Reparación del daño y perjuicio ocasionado a ser cuantificado en un juzgado competente.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 44, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, refirieron que: 1) El 26 de mayo de 2023, el investigador asignado al caso junto con el auxiliar de Fiscal de Materia ahora demandada -de quien su nombre se desconoce-, se presentaron en la casa de Aurora Elena Calle Choque; y gracias a las cámaras de vigilancia, se pudo observar cómo se acercaron al inmueble, vigilaron que no hubiera nadie, miraron por la puerta semiabierta e incluso metieron la cabeza para fingir una notificación; sin embargo, no realizaron ninguna notificación formal ni se pegó cédula alguna, y se retiraron realizando una notificación falsa para justificar el allanamiento; 2) El 1 de junio de igual año, fecha en la que pretendieron allanar su propiedad, la prenombrada llamó a su abogado, quien al llegar al lugar, solicitó ver el Mandamiento de Allanamiento, en el que encontró varios defectos, como la descripción incorrecta de la propiedad; por lo que, solicitó que dicho allanamiento se suspenda una semana; empero, la Fiscal demandada y el investigador no lo escucharon y procedieron con el mismo; y, 3) Finalmente fueron arrestados su abogado, su asistente, Aurora Elena Calle Choque y su familia, a quienes se los traslado a la FELCC bajo un uso desmedido de la fuerza, pese a que no habían cometido ningún delito, lesionándose así varios derechos constitucionales, como la libertad de circulación, la dignidad, a la defensa y al ejercicio de su labor profesional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rocio Lizeth Quipildor Ramírez, Fiscal de Materia, en audiencia, señaló que: i) La SCP 0009/2019-S1, establece que cualquier denuncia sobre irregularidades o actos ilegales cometidos por fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso debe presentarse ante el Juez cautelar; en el presente caso, no se cumplió dicho principio; ii) La parte accionante no fundamento de manera clara y precisa que derecho se habrían vulnerado; pues si bien, realizaron una relación de los hecho este fue confuso; refiriendo que se habría ejecutado un mandamiento de allanamiento sin que el mismo haya sido notificado, siendo que, en el cuaderno de investigaciones cursa acta de notificación de 1 de junio de 2023 a horas 11:00 a través del cual se puso en conocimiento de Aurora Elena Calle Choque el lugar a objeto de ejecutar el mandamiento de allanamiento, notificación que está firmada por puño y letra de la prenombrada; iii) El abogado del caso obstaculizó el cumplimiento del Mandamiento de Allanamiento emitido por autoridad jurisdiccional competente, quien usando un megáfono provocó un escándalo en plena vía pública; lo que provocó que los funcionarios policiales mediante una acción directa procedan a arrestarlos por el delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones; iv) La Fiscal de Materia, lo que hizo es dar cumplimiento al mandamiento de allanamiento emitido por autoridad jurisdiccional competente, esto a fin de colectar indicios que sirvan a la investigación; y que los informes de los investigadores asignados al caso respaldaban su actuación; v) No es clara la pretensión de la parte accionante a través de la presente acción de defensa, siendo la misma confusa, pues si bien se indicó que su persona habría emitido u ordenado arrestos, los mismos estaban fuera de sus atribuciones, lo mismo sucede con las notificaciones alegadas por la parte impetrante de tutela; puesto que, las mismas de igual forma están fuera de sus funciones; y, vi) Por lo antes manifestado, solicita se rechace la presente acción de defensa; toda vez que, no se habría cumplido con el principio de subsidiariedad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 153/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 45 a 47 vta., denegó la tutela solicitada con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) En el caso presente la problemática versa sobre el cuestionamiento que realiza la parte accionante respecto a la labor de la Fiscal de Materia ahora demandada en cuanto a la ejecución de un mandamiento de allanamiento ordenado por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento; b) La SCP 0482/2013, establece que la acción de libertad debe ser subsidiaria cuando existan medios de defensa eficaces y oportunos previstos en la norma procesal ordinaria; y solo cuando estos medios no sean idóneos o no reparen de manera urgente y eficaz el derecho vulnerado, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional; asimismo, dicha jurisprudencia estableció que, en caso de arbitrariedades cometidas por la Policía o la Fiscalía antes de la imputación formal, estas deben ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno; y en caso de existir un aviso de inicio de investigación y una autoridad jurisdiccional identificada, debe acudirse ante ella para reclamar la reparación de los derechos vulnerados; c) En el caso presente, de los antecedentes del caso se tiene que, se ha aperturado un proceso penal por el delito de allanamiento de domicilio y sus dependencias, seguido por Frida Andrea Siñani Balboa contra autores, causa que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Cautelar Sexto de la Capital del citado departamento, autoridad que emitió el mandamiento de allanamiento de 31 de mayo de 2023; de lo cual se colige que, el proceso penal en su etapa preliminar ya contaba con un aviso de inicio de investigaciones y un Juez identificado; por lo que, la parte accionante debía acudir ante dicha autoridad para resolver sus reclamos antes de recurrir a la justicia constitucional; d) La justicia constitucional no es una instancia supletoria, no pudiéndose acudir de manera directa a la justicia constitucional sin previamente haber agotado las vías que el ordenamiento jurídico penal ha establecido; en este caso, la parte accionante si consideraba vulnerados sus derechos respecto a las actuaciones desarrolladas en el proceso de allanamiento de domicilio debió haber agotado las vías ordinarias antes de presentar la presente acción de libertad; e) Respecto al caso aperturado contra José Carlos Huanca Condori, Josefath Betty Ibañez Miranda, Frans Wilfredo Bustos Gutiérrez, Ángel Choque Quisbert, Aurora Eliana Calle Choque y Pamela Briseida choque Calle, por la presunta comisión del delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, de antecedentes se tiene que la autoridad fiscal a cargo de la investigación es Breandy Mostajo Balderrama; por lo que, la Fiscal de Materia ahora demandada no tenía legitimación pasiva para ser demandada, ya que no participó directamente en la ejecución del mandamiento de allanamiento ni en las acciones que vulneraron los derechos de los accionantes; a partir de ello y dado que existe un Fiscal plenamente identificado, quien ha determinado la realización de actos investigativos y quien junto a los efectivos policiales ha realizado actuaciones, tales como el arresto de los accionantes, correspondía dirigir la presente acción contra las personas que directamente realizaron las actuaciones; y en caso de existir un aviso de inicio de investigaciones y un Juez a cargo del control de la investigación, se debe acudir ante éste en primera instancia a realizar el reclamo, y en caso de subsistir la vulneración de derechos, recién acudir a la justicia constitucional; y, f) En consecuencia, no se puede ingresar al análisis de fondo de la presente acción de defensa debido a la falta de legitimación pasiva y al incumplimiento del principio de subsidiariedad; debiendo el caso ser resuelto en primera instancia por el Juez de Instrucción Cautelar, y solo si no se reparaban los derechos de los accionantes, podrían acudir a la justicia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 31 de mayo de 2023, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, emitió mandamiento de allanamiento con facultad de ruptura de chapas y candados, registro, requisa de todo los ambientes del inmueble, aprehensión de personas y colección de indicios materiales que sean necesarios y estén relacionados a la comisión del delito de allanamiento de domicilio y sus dependencias, que pudieran encontrarse en el inmueble ubicado en la zona el Tejar, av. Kollasuyo esq. Manuripi, inmueble en construcción de cuatro pisos, con puertas metálicas y cubierta de láminas de techo metálico tipo cortinas (fs. 10). II.2. La Fiscal de Materia Bready Mostajo Balderrama, mediante Auto de 1 de junio de 2023, dispuso el inicio de las diligencias preliminares dentro del proceso penal de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, y que los arrestados Jose Carlos Huanca Condori, Josefat Betty Ibañez Miranda, Franz Wilfredo Bustos Gutiérrez, Ángel choque Quisbert, aurora Elena Calle Choque y Pamela Briseyda Choque Calle, una vez cumplidas las ocho horas de arresto, se disponga su libertad, previa suscripción de un acta de garantía de presentación con un garante (fs. 9 y vta.).

II.3. Cursa fotografías en las que se evidencia a una persona enmanillada, y otras en las que se ve a dos personas en vía pública y que llevan el rotulo de “POLICIA Y ASISTENE DEL FISCAL LLEGANDO A FINGIR UNA NOTIFICACIÓN” (sic [fs. 5 a 8]). II.4. Rocio Lizeth Quipildor Ramírez, Fiscal de Materia por memorial presentado el 2 de junio de 2023, informó al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento, sobre la ejecución de la orden de allanamiento emitida el 1 de igual mes y año (fs. 34 y vta.). II.5. Por memorial presentado el 2 de junio de 2023, la Fiscal de Materia ahora demandada informó al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, que se amplió la investigación por el delito de allanamiento de domicilio y sus dependencias contra Aurora Elena Calle Choque, Pamela “Beseida” Choque, Ángel Choque Quisbert y José Carlos Huanca (fs. 35 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal de allanamiento de domicilio y sus dependencias, la Fiscal de Materia demandada ejecutó un mandamiento de allanamiento emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, sin aviso previo ni notificación de inicio de proceso; lo que derivó en su arresto y que sean conducidos a dependencias de la FELCC; además de haberles iniciado un proceso penal por el supuesto delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía boliviana

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0077/2018-S2 de 23 de marzo, complementada por el Voto Disidente de la SCP 0262/2018-S2 de 18 de junio y la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro). 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 5El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de liberta”. 6El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 7El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”. 8El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.

presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional 9El FJ III.4, determina:

“Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas). 10El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...)

Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.

en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. Por lo que, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías- lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso de allanamiento de su domicilio y sus dependencias, la Fiscal de Materia demandada ejecutó un mandamiento de allanamiento emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, sin aviso previo ni notificación de inicio de proceso; lo que derivó en su arresto y que sean conducidos a dependencias de la FELCC; además de habérseles iniciado un proceso penal por el supuesto delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones

De los antecedentes del caso tenemos que, a horas 11:00 del 1 de junio de 2023, la Fiscal de Materia ahora demandada junto a personal de la FELCC se constituyeron en el inmueble de la zona Bajo Mariscal Santa Cruz av. Kollasuyo esq. Manuripi 1711 con la finalidad de ejecutar un mandamiento de allanamiento emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; ante lo acontecido Aurora Elena Calle Choque llamó a su abogado, quien a momento de hacerse presente en el lugar, solicitó le enseñen la orden de allanamiento, el cual contenía inconsistencias. Si bien dicho abogado intentó frenar dicho allanamiento señalando que hubo una notificación fraudulenta, la autoridad demandada rechazó su solicitud y ordenó continuar con el allanamiento; y al insistir ser escuchados el abogado, la asistente legal, Aurora Elena Calle Choque así como su familia fueron arrestados y conducidos a dependencias de la FELCC donde permanecieron hasta casi las 20:00; contra quienes además se inició un proceso penal por el supuesto delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, proceso identificado como el CUD 201103042301541.

Ahora bien, la acción de libertad se configura en un mecanismo extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como el de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; asimismo, tutela el derecho a la vida cuando se halle en peligro; naturaleza jurídica en base a la cual, esta acción de defensa podrá ser activada por toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal o de locomoción.

Conforme se tiene de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, todas aquellas denuncias por actos ilegales, irregularidades u omisiones por parte de los representantes del Ministerio Público o de los funcionarios policiales durante la tramitación de la etapa preparatoria del proceso a cuya consecuencia se produzca vulneración de derechos, deben ser puestas en conocimiento del juez cautelar que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, conforme la previsión contenida en los arts. 54.1) y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no siendo correcto acudir a la jurisdicción constitucional si con anterioridad no se hizo la denuncia ante la autoridad jurisdiccional contralora de derechos en la etapa investigativa del proceso y solamente ante la eventualidad de que el Juez no restituya los derechos vulnerados, podrá activarse la acción de libertad.

En ese contexto, se tiene que al momento de la realización de la audiencia de la presente acción de defensa el caso se encontraba en conocimiento de la autoridad jurisdiccional -Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz- y que por tanto la causa se encontraba bajo control jurisdiccional; sin embargo, la parte accionante no acudió ante dicha autoridad jurisdiccional para formular sus reclamos sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Ministerio Público; habiendo acudido de manera directa ante la jurisdicción constitucional, misma que se ve impedida de emitir un pronunciamiento de fondo que resuelva la problemática planteada, ante la inobservancia del principio de subsidiariedad, correspondiendo que la parte impetrante de tutela recurra ante la autoridad jurisdiccional a cargo del control jurisdiccional de la causa y en caso de que dicha autoridad no restablezca sus derechos vulnerados recién deberá acudir a la instancia constitucional; razón por la cual, corresponde denegar la tutela por incumplimiento a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 153/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

11 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1482_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 019c54ad6144451746f5d4ad865c94f87fd641d6d2a110aa0fc6e78ac0b9eada

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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