Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a vivir una vida libre de violencia; a la integridad física, psicológica y sexual, causada por la omisión indebida el Juez demandado, quien, si bien emitió mandamiento de condena en contra de Vidal Cáceres Mamani por el delito de violencia familiar o doméstica, encargo su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, autoridad que no tenía conocimiento del mismo, por lo que incurrió en una falta de diligencia eficaz en la ejecución de la Sentencia condenatoria; consecuentemente; el sentenciado se encuentra libre, lo cual pone en riesgo su vida e integridad dada la posibilidad latente de que su agresor vuelva a agredirla. Por lo que, solicita que se conceda la tutela, y, se disponga la remisión del mandamiento de condena al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, para su inmediata ejecución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 25/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 111 a 113 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° ORDENAR al Juez demandado que, de manera inmediata, proceda a la ejecución efectiva del mandamiento de condena emitido contra Vidal Cáceres Mamani, encargando su ejecución al Ministerio Público y a la Policía Boliviana, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera ejecutado, o la situación jurídica del sentenciado hubiera cambiado.
3° Llamar la atención a Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por inobservar estrictamente los estándares constitucionales y convencionales en materia de violencia contra la mujer, exhortándole, a que en el futuro, a tiempo de resolver las acciones tutelares que involucre a víctimas de violencia encuadre su actuación a la debida diligencia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1480/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56041-2023-113-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 25/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 111 a 113 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Torrico Salinas en representación sin mandato de Sonia Choque Callizaya contra Waldo Cotjiri Ibarra, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Partido del Trabajo y Seguridad Social; de Sentencia Penal Segundo de Corque del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 30 de mayo de 2023, cursante a fs. 44 y 46 vta., la accionante a través de su representante, expresó que:
Inició un proceso penal contra Vidal Cáceres Mamani por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el cual concluyó con la Sentencia 019/2022 de 29 de abril. Dicha Sentencia fue apelada y posteriormente confirmada mediante Auto de Vista 110/2022 de 17 de octubre. Finalmente, el 30 de noviembre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 1687/2022-RA; por el cual, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el condenado, quedando firme la decisión judicial. Recibidas las actuaciones procesales, el Juez –demandado- emitió mandamiento de condena el 19 de mayo de 2023, encomendando de manera expresa su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro. Empero, el mencionado Director no tenía conocimiento de su existencia debido a la inacción del prenombrado Juez; por lo que, hasta la formulación de esta acción tutelar, no se procedió a su ejecución; en consecuencia, su vida e integridad se encuentran en peligro, toda vez que su agresor, pese a contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia física, continúa en libertad, con la posibilidad latente de volver a agredirla; existiendo además una asimetría objetiva, debido a que mientras el condenado ejerce plenamente su libertad ambulatoria como si no existiera sanción alguna en su contra, pese a contar con un mandamiento de condena, ella debe cuidarse en todo momento y orar para no volver a ser agredida. Es obligación del Juez disponer la ejecución inmediata del mandamiento de condena, de manera pronta y diligente; toda vez que, ello se encuentre directamente vinculado al cumplimiento efectivo de la sanción penal y a la protección reforzada de la mujer en situación de violencia; más aún, cuando el órgano judicial tiene conocimiento de que las medidas cautelares impuestas previamente han perdido su razón de ser ante la existencia de una condena ejecutoriada; por lo que, no existirían mecanismos reales para su protección, quedando ésta en un estado de absoluta indefensión, limitándose únicamente a esperar no ser nuevamente agredida.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a vivir una vida libre de violencia; a la integridad física, psicológica y sexual; citando al efecto el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, y, en consecuencia, se disponga: a) En el orden de protección del derecho a la vida de una mujer; b) La remisión del mandamiento de condena al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, para su inmediata ejecución.
Celebrada la audiencia el 31 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 108 a 110, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, se ratificó in extenso en el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo señaló que: 1) Conforme a la SCP 0734/2023-S3, la jurisdicción constitucional ha reconocido el derecho a vivir una vida libre de violencia, en consecuencia, la acción de libertad constituye el medio idóneo para su protección cuando se encuentran en peligro la vida, la integridad física y la integridad psicológica de la persona afectada; 2) Aún en el supuesto de que se hubiera producido un error en la vía constitucional escogida, la jurisprudencia constitucional es uniforme al señalar que, tratándose de mujeres en situación de violencia, la autoridad judicial se encuentra obligada a reconducir la acción hacia el mecanismo constitucional correspondiente; en consecuencia, por cualquiera de estas vías, la presente acción amerita un pronunciamiento de fondo; 3) En el caso en concreto, el Juez ahora demandado libró el mandamiento de condena, encomendando de manera expresa su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, a fin de que proceda a su estricto cumplimiento; sin embargo, dicho mandamiento nunca fue remitido a la autoridad encargada de su ejecución, generándose una inejecución material de la sentencia condenatoria; y, 4) Dentro del proceso penal ni siquiera se dispusieron medidas de protección en favor de la víctima, pese a encontrarse ésta en un estado de violencia latente, situación que agrava el riesgo a sus derechos fundamentales y evidencia una insuficiente tutela judicial efectiva.
Waldo Cotjiri Ibarra, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Partido del Trabajo y Seguridad Social, y de Sentencia Penal Segundo de Corque del departamento de Oruro, a través de informe escrito de 31 de mayo de 2023, cursante de fs. 53 a 54 vta., pidió se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) La accionante debió interponer la acción de amparo constitucional, toda vez que, reclama que el mandamiento de condena, no fue remitido a ninguna instancia para su ejecución, extremo que no se encuentra directamente vinculado a la tutela de su libertad personal; ii) El tipo penal de violencia familiar o doméstica tiene como bien jurídico protegido la integridad personal de las víctimas, en sus componentes físico, psicológico y sexual; en consecuencia, se advierte que la presente acción constitucional no se adecua a la naturaleza del hecho denunciado, puesto que, Vidal Cáceres Mamani, fue condenado a tres años de privación de libertad por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, conforme se desprende de la Sentencia 019/2022 de 29 de abril; por tal razón, la impetrante de tutela debió activar la acción de amparo constitucional y no la acción de libertad, considerando que esta última tutela exclusivamente los derechos a la vida y a la libertad personal que no fueron vulnerados; iii) Por nota de 17 de mayo de 2023, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro devolvió antecedentes del proceso penal; en mérito a ello y en cumplimiento de la Sentencia 019/2022, mediante Auto de 18 de mayo de 2023, dispuso la emisión del mandamiento de condena contra Vidal Cáceres Mamani, así como la remisión de antecedentes al Juez de Ejecución Penal y al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), resolución que fue puesta en conocimiento de los sujetos procesales conforme consta en el formulario de notificaciones cursante en obrados; iv) El 19 de mayo de 2023 se emitió el correspondiente mandamiento de condena, el cual fue debidamente notificado al Juez de Ejecución Penal Primero del mencionado departamento y al REJAP; además, el 24 de mayo de 2023 dicho mandamiento fue entregado a la autoridad fiscal a cargo de la acción penal, conforme se evidencia de la literal saliente del cuaderno de juicio oral, a efectos de que se proceda a su ejecución; por lo que, no resultan ciertos ni evidentes los extremos manifestados por la accionante; v) Debe precisarse que Vidal Cáceres Mamani asumió defensa en el presente proceso penal en estado de libertad, conforme consta en la nota de 20 de mayo de 2022, emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Tercero del prenombrado departamento; en tal sentido, carece de sustento la afirmación relativa a la falta de notificación al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro; toda vez que, no existe norma alguna que obligue a la autoridad judicial a disponer dicha notificación cuando el condenado se encuentra en libertad; vi) Del mismo modo, la accionante omite señalar que el 24 de mayo de 2023 el mandamiento de condena fue entregado al Fiscal de Materia, para que proceda -conforme a ley- a su ejecución, extremo que desvirtúa sus aseveraciones; vii) El procesado Vidal Cáceres Mamani fue notificado con la Sentencia 019/2022 en su domicilio real conocido, aspecto que era de conocimiento de la víctima; y, viii) La accionante no identifica de manera precisa a la autoridad responsable de la ejecución del mandamiento de condena, limitándose a afirmar que el Juez habría decidido no sancionar al procesado; empero, conforme se ha expuesto, el mandamiento fue oportunamente emitido y entregado a la autoridad fiscal, por lo que, resulta infundado e irresponsable sostener que el suscrito Juez no dispuso la sanción correspondiente. En vía de aclaración, la accionante, a través de su representante, solicitó se precise que, habiéndose advertido irregularidades -como el mandamiento erróneamente elaborado-, no se otorgue la tutela, al menos se disponga que el Juez corrija dichas irregularidades. Ante lo impetrado, la precitada Jueza aclaró que no puede disponer que el Gobernador del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, ejecute dicho mandamiento de condena, por cuanto ello no se encuentra dentro de sus atribuciones; además, el condenado no se encontraba recluido en el citado centro penitenciario.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 25/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 111 a 113 vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) En virtud al carácter fundamental del derecho a la vida, su protección puede ser activada mediante la acción de libertad cuando se advierta una lesión, amenaza o peligro cierto e inminente; no obstante, la sola enunciación de dicho derecho no habilita de manera automática el análisis de fondo de la acción tutelar, puesto que las particularidades que rodean la protección de este derecho no eximen a la parte accionante de la carga de demostrar los hechos denunciados, ni de acreditar la relevancia constitucional del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se solicita; b) El Juez ahora demandado emitió el mandamiento de condena, disponiendo que el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, lo ejecute; sin embargo, dicha autoridad no tiene competencia legal para ejecutar mandamientos de condena, puesto que esa atribución corresponde al Ministerio Público o las autoridades policiales competentes, conforme al marco normativo vigente; en consecuencia, el mandamiento debió ser notificado y entregado al Fiscal de Materia, a efectos de su ejecución conforme a ley; sin embargo, debe considerarse también la solicitud de medida cautelar -lo correcto es salidas alternativas-, formulada por el condenado el 22 de mayo de 2023 y puesta a conocimiento de las partes el 23 de igual mes y año; y, c) En el caso concreto, no se evidencia elemento alguno que demuestre que el ahora condenado, se encuentre privando o amenazando actualmente la vida de la accionante; tampoco se cuenta con prueba idónea que permita concluir que la vida de la misma se encuentre en riesgo real, cierto e inminente, no siendo suficiente la mera afirmación o presunción.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 019/2022 de 29 de abril, por la cual el Juez de Sentencia Penal Primero de la capital del departamento de Oruro, en procedimiento abreviado, sentenció a Vidal Cáceres Mamani a la pena privativa de libertad de tres años, a cumplir en el Penal de San Pedro (fs. 59 a 61). II.2. Se tiene Auto Supremo 1687/2022-RA de 30 de noviembre, por el cual la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesta por Vidal Cáceres Mamani (fs. 13 a 15 vta.). II.3. Consta el Auto de 18 de mayo de 2023, por el cual el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social; ,y de Sentencia Penal Segundo de Corque del departamento de Oruro en suplencia legal del Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital de referido departamento, declaró expresamente ejecutoriada la Sentencia 019/2022 de 29 de abril de 2022, disponiendo se libre el mandamiento de condena contra Vidal Cáceres Mamani, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, y se remitan antecedentes ante el Juez de Ejecución Penal de esa capital y al REJAP (fs. 25). De igual forma, cursan las notificaciones, realizadas con este actuado procesal, vía buzón judicial a Vidal Cáceres Mamani a través de su abogado (fs. 26 y 27), al abogado representante legal de Sonia Choque Calizaya (fs. 28) y al Fiscal de Materia (fs. 29). II.4. Cursa mandamiento de condena de 19 de mayo de 2023, emitido contra de Vidal Cáceres Mamani, en cumplimiento de la Sentencia 019/2022 de 29 de abril y del Auto de 18 de mayo de 2023, emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Partido del Trabajo y Seguridad Social, del Segundo Juzgado de Sentencia Penal de Corque, del departamento de Oruro, y, ordena al Director de la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro su cumplimiento (fs. 30). De igual forma, constan las notificaciones al Juez del Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Oruro y al REJAP, con la Sentencia de 29 de abril de 2022, el Auto de 18 de mayo de 2023 y el mandamiento de condena de 19 de mayo de 2023 (fs. 31 y 32); y, el 24 de ese mismo mes y año al Fiscal de Materia, con el Auto de 18 de mayo de 2023 y el mandamiento de condena de 19 de mayo de 2023. (fs. 33). II.5. Vidal Cáceres Mamani, mediante memorial de 22 de mayo de 2023 solicito se señale día y hora de audiencia para la aplicación de salidas alternativas (fs. 34); el cual mereció el Decreto de 23 del señalado mes y año, por el cual el Juez -ahora demandado- previo a resolver la solicitud dispuso que éste señale específicamente qué salida alternativa impetró (fs. 35). Por memorial presentado por Vidal Cáceres Mamani, el 24 de igual mes y año, interpuso recurso de reposición, señalando que, conforme establece el art. 76, parágrafo I, de la Ley 348, solicitó audiencia de aplicación de sanciones alternativas (fs. 39); en respuesta, el mencionado Juez programó audiencia para el 1 de junio de 2023 a horas 17:30 (fs. 40).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a vivir una vida libre de violencia; a la integridad física, psicológica y sexual, causada por la omisión indebida el Juez demandado, quien, si bien emitió mandamiento de condena en contra de Vidal Cáceres Mamani por el delito de violencia familiar o doméstica, encargo su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, autoridad que no tenía conocimiento del mismo, por lo que incurrió en una falta de diligencia eficaz en la ejecución de la Sentencia condenatoria; consecuentemente; el sentenciado se encuentra libre, lo cual pone en riesgo su vida e integridad dada la posibilidad latente de que su agresor vuelva a agredirla. Por lo que, solicita que se conceda la tutela, y, se disponga la remisión del mandamiento de condena al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, para su inmediata ejecución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar. Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas nos corresponden). Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo1, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de construir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional. En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aún, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata. Éste entendimiento fue establecido en la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero.
Boliviano
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal realizando control de convencionalidad estableció que la debida diligencia obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción ordinaria un caso en el que se denuncie violencia de género; por lo que, en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Así, quedó determinado en la SCP 0017/2019-S2, que estableció el siguiente precedente constitucional:
[e]n el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
En dicho contexto, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a normas especiales de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, resalta que la citada norma, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, los numerales: 3. “El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia…”; 7. “La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho”; 8. “La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia”. La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la investigación, señalando en el art. 59, que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, conforme ha concluido la SCP 0017/2019-S2:
[a]ún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia, y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, destacó las medidas esenciales establecidas en la Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, a partir de los cuales las y los fiscales de materia deben regirse cuando ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, conforme lo establecido por su art. 61, en la que se ha señalado que deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).
En el marco de la debida diligencia, la señalada SCP 0017/2019-S2, también destacó la necesidad de direccionar las causas de violencia de género, bajo los principios rectores que se encuentran en la Ley 348, destacando lo siguiente:
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro). Otro de los aspectos inherentes a la debida diligencia, son las directrices de procedimiento que fueron recogidos de la Ley 348, al respecto la citada SCP 0017/2019-S2, recordó los siguientes:
[E]n el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres”.
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo.
De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348. En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, asimismo, utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: 1) Las relaciones asimétricas de poder; y, 2) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia.
El art. 251 de la CPE: "La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado" (las negrillas son nuestras); al efecto, el art. 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN) -Ley 0734 de 8 de abril de 1985-, establece entre otras que: “Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes:
c) Prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales. (…) i) Practicar diligencias de Policía Judicial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. (…) s) Cumplir y ejecutar las disposiciones y órdenes del Supremo Gobierno y de las autoridades competentes, con arreglo a la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales” (las negrillas nos pertenecen). Sobre el particular, la SCP 0277/2024-S4 de 2 de julio, señaló:
En ese contexto, y dada cada situación particular, conjuntamente a los representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional, podrán ejecutar los diferentes mandamientos emitidos por las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso penal, entre ellos se encuentra los mandamientos de restricción de la libertad como lo son: el Mandamiento de Aprehensión, en caso de desobediencia o resistencia a órdenes judiciales; el Mandamiento de detención preventiva; el Mandamiento de condena; y el mandamiento de arresto, conforme a lo establecido en el art. 129 del CPP; tratándose de menores infractores, los jueces especializados en materia de Niñez y Adolescencia, además podrán emitir, entre otros, el Mandamiento de Internamiento, que conforme el art. 331 de la Ley 548 de 17 de julio de 2014 – Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA)–, tienen la finalidad del cumplimiento de la medida socioeducativa de internación respecto a menores con responsabilidad penal, la misma que: “consiste en la privación de libertad de la persona adolescente en el tiempo en el que deberá durar la sanción y se cumplirá en régimen de cerrado en un centro especializado”. (Las negrillas nos corresponden).
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a vivir una vida libre de violencia; y, a la integridad física, psicológica y sexual, causada por la omisión indebida el Juez demandado, quien, si bien emitió mandamiento de condena en contra de Vidal Cáceres Mamani por el delito de violencia familiar o doméstica, encargo su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro, autoridad que no tenía conocimiento del mismo, por lo que, incurrió en una falta de diligencia eficaz en la ejecución de la Sentencia condenatoria; consecuentemente; el sentenciado se encuentra libre, lo cual pone en riesgo su vida e integridad dada la posibilidad latente de que su agresor vuelva a agredirla. Por lo que, solicita que se conceda la tutela, y, se disponga la remisión del mandamiento de condena al Director del Centro Penitenciario de San Pedro para su inmediata ejecución. Con carácter previo, corresponde remitirse a los fundamentos que uso el Juez de Garantías para denegar la tutela, quien sostuvo que, la sola enunciación del derecho a la vida no habilita de manera automática el análisis de fondo a través de una acción de libertad, enfatizando que, la accionante no demostró la existencia de hechos que evidencien una amenaza actual o inminente al mencionado derecho, en consecuencia, no se encontraba acreditado que el condenado esté privando o amenazando directamente la vida de la accionante. No obstante, esta Sala Considera que dicho razonamiento resulta insuficiente, y restrictivo conforme a la jurisprudencia constitucional y a los estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia; pues, conforme a la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional, en los casos de violencia en razón de género, en lo que se hallen involucradas mujeres en situación de riesgo, que ponga en peligro su vida, es posible acudir directamente a la jurisdiccional constitucional, la cual deberá analizar el caso con perspectiva de género, que permita comprender el contexto de desigualdad estructural, la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima y la obligación reforzada que pesa sobre las autoridades estatales (judiciales, administrativas) de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conforme a la Constitución Política del Estado, la Ley 348 y los Tratados Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, obligación que reata tanto a la jurisdicción constitucional, como a los operadores de justicia y a las autoridades administrativas.
En este marco jurisprudencial debe analizarse la problemática jurídica de este caso, dado que, el análisis de la justicia constitucional no puede ser abordado de manera fragmentada o meramente formal, sino exige se actúe con especial diligencia, valorando el proceso del cual emerge la acción tutelar y la situación especial de la víctima; y, en este caso concreto que, la inejecución de una sentencia condenatoria por violencia constituye, en sí misma en una forma de revictimización y desprotección estatal para la víctima, dado que, los actos denunciados por la accionante no constituyen un aspecto meramente formal o administrativo, más tienen una incidencia directa y relevante en los derechos fundamentales de la impetrante de tutela, particularmente en su derecho a la vida, a la integridad y a vivir una vida libre de violencia. Ello, en razón a que su agresor, pese a contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada, permanece en libertad, generando una situación de riesgo real, actual y latente, atribuible a una omisión judicial, lo cual descarta que se trate de una simple enunciación abstracta de derechos y activa el deber de protección reforzada por parte del Estado. Con esa aclaración y habiéndose identificado el acto lesivo corresponde remitirse a los antecedentes de este caso, donde se ha verificado que, la accionante es una mujer, que fue víctima de violencia familiar o doméstica; por lo que, siguió un proceso penal contra Vidal Cáceres Mamani, que concluyó con la emisión de la Sentencia 019/2022 de 29 de abril, dictada en proceso abreviado que fue confirmada en apelación mediante Auto de Vista 110/2022 de 17 de octubre, que adquirió firmeza tras la emisión del Auto Supremo 1687/2022-RA de 30 de noviembre, por el cual, se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el condenado (Conclusiones II.1 y II.2). Posteriormente, por Auto de 18 de mayo de 2023, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Corque en suplencia Juez de Sentencia Penal Primero de la capital del departamento de Oruro, ejecutorió la Sentencia 19/2022 (Conclusión II.3) y el 19 del citado mes y año, emitió el correspondiente mandamiento de condena, disponiendo su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, empero, no cursa la notificación a esta autoridad con el referido mandamiento (Conclusión II.4). Ahora bien, se constata que el Juez demandado emitió el mandamiento de condena, ordenando su ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, empero, no le notificó con esa actuación. Al respecto, cabe señalar en primero lugar, que dicha autoridad no es la competente por ley para ejecutar el mandamiento de condena, pues, tal como se inscribió en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional, el Ministerio Público y la Policía Nacional, dentro de un proceso penal, son competentes para ejecutar un mandamiento de condena, más aún en casos como éste en el cual el sentenciado se encontraba en libertad; la falta de notificación a estas instituciones, constituye un incumplimiento del deber legal de asegurar la ejecución material de las resoluciones judiciales; y, en segundo lugar, cabe señalar que, si bien, se ordenó la ejecución al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, no supervisó su respectiva notificación, la cual conforme denunció la accionante no se concretó hasta la formulación de esta acción tutelar, a pesar de su deber de supervisar las actuaciones del personal subalterno y por ende supervisar que sus órdenes sean ejecutadas; ambas, situaciones evidencian que el Juez demandado no adoptó las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución de la Sentencia condenatoria y por ende del mandamiento de condena. Se corrobora que, el mandamiento de condena fue emitido el 19 de mayo de 2023 y que la acción de libertad se presentó el 30 de igual mes y año, es decir, once días después de su emisión, tiempo en el cual el Juez demandado no adoptó medida alguna para ejecutar su propia resolución modificarla o dejarla sin efecto. Esta omisión vulnera el deber reforzado de protección que recae sobre el Estado en contextos de violencia estructural contra las mujeres, tal como se anotó en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, pues irrumpe con el deber de la debida diligencia que es inherente del Estado boliviano y que se intensifica en casos de violencia contra mujeres, deber que no se limita a la investigación y juzgamiento del delito, sino que se extiende a la fase de ejecución de la sentencia, pues solo mediante el cumplimiento efectivo de la sanción penal se garantiza la protección real de los derechos de la víctima. En este sentido, la omisión del Juez demandado quien incurrió en una falta de diligencia eficaz en la ejecución de la sentencia condenatoria, generando una asimetría objetiva entre la víctima, que sigue en un estado de temor y vulnerabilidad, y el agresor, que ejerce plenamente su libertad, pese a contar con una sentencia ejecutoriada. La jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales son claros, al señalar que, la inacción, la demora u omisión de las autoridades jurisdiccionales o administrativas, puede constituir una forma de tolerancia institucional e incluso violencia institucional sumada a la violencia física o doméstica que sufren las víctimas; cuando están obligadas a cumplir con el deber reforzado que debe brindar el Estado Boliviano para proteger y prevenir los hechos de violencia contra las mujeres; por ello, la inejecución del mandamiento de condena no puede considerarse un hecho neutro, sino que representa un riesgo concreto y actual para la víctima, privándola de los efectos protectores que debía garantizar la sentencia penal condenatoria y ejecutoriada. Por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada y ordenar al Juez demandado disponga la ejecución del mandamiento de condena encargando a una autoridad llamada por ley como se refirió anteriormente. En ese contexto debe considerarse que si bien el sentenciado presentó una solicitud de sanciones alternativas el 22 de mayo de 2023, sin embargo, este argumento no puede constituir un obstáculo ni eximir la ejecución del mandamiento de condena; toda vez que, la autoridad judicial no puede esperar indefinidamente, sin hacer cumplir la Sentencia o estar a las resultados de la audiencia señalada, para el 1 de junio del citado año; es decir, dejo transcurrir, trece días desde la emisión del mandamiento de condena, en los que la víctima se encontraba sin ningún tipo de protección ni resguardo. El cumplimiento de las resoluciones judiciales debe ser estricto y efectivo, especialmente en casos de violencia contra la mujer, donde el Estado boliviano tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar protección reforzada a la víctima y prevenir cualquier forma de revictimización, más aun tratándose de casos vinculado a hechos de violencia, como el presente donde la inacción judicial ha permitido que la accionante, se encuentre en situación de vulnerabilidad, por la inejecución de la Sentencia Condenatoria ejecutoriada, no requiriendo la consumación de una nueva agresión o atentado a su vida, para asumir medidas eficaces para la mujer que ha sido víctima de violencia; para asumir medidas eficaces de protección, y, en este caso, la ejecución oportuna de la sanción impuesta, omisión del juez demandado que lesiono los derechos alegados por la impetrante de tutela, por cuanto el cumplimiento de la resolución en materia de violencia de género debe ser riguroso y diligente lo contrario implicaría cohonestar la asimetría de poder y revictimizar a la víctima, finalmente, la actuación del juez de garantía, no responde a la debida diligencia con la que están obligados a actuar los administradores de justicia, por lo que, corresponde exhortar a la mencionada autoridad a fin de que emita sus resoluciones en el marco de la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal en relación a la debida diligencia como deber inherente del Estado. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 25/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 111 a 113 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° ORDENAR al Juez demandado que, de manera inmediata, proceda a la ejecución efectiva del mandamiento de condena emitido contra Vidal Cáceres Mamani, encargando su ejecución al Ministerio Público y a la Policía Boliviana, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera ejecutado, o la situación jurídica del sentenciado hubiera cambiado.
3° Llamar la atención a Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por inobservar estrictamente los estándares constitucionales y convencionales en materia de violencia contra la mujer, exhortándole, a que en el futuro, a tiempo de resolver las acciones tutelares que involucre a víctimas de violencia encuadre su actuación a la debida diligencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).
2 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial de Bolivia.
3 SCP 0753/2025-S3 de 11 de julio.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1480_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 879d3a957a6d368d90393641173ec7d67370178006987ebd88c4ce97745225f9
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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