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SCP 1479/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56012-2023-113-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa, al acceso a la justicia, a la igualdad de las partes, y al principio de celeridad; toda vez que, en su calidad de víctima interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 109/2023, que declaró fundada la excepción de extinción penal por prescripción opuesta por uno de los imputados, empero, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, los funcionarios demandados, no remitieron los antecedentes del citado medio de impugnación al Tribunal de alzada; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo en el día, envíen los mismos para su consideración. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por la Jueza de Sentencia y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1479/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56012-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ruth Ibonne Valeriano Ticona contra Richard Sumi Poma, Secretario; y, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 3 a 5 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se instauró proceso penal contra Henry Cruz Aduviri, Franz Selaez Helguero, Figue Ronnie Gutiérrez Gironda y Margarita Rosario Cruz Aduviri, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, proceso que se encuentra radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz. El 19 de abril de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de la excepción de extinción penal por prescripción planteada por uno de los imputados, una vez emitido el Auto Interlocutorio -109/2023- por la autoridad jurisdiccional, en el mismo acto procesal, formuló recurso de apelación incidental contra la referida determinación. Sin embargo, pese a que, su persona como sus abogados patrocinantes, se apersonaron en varias oportunidades al despacho del indicado Juzgado a objeto de proporcionar las fotocopias correspondientes, para que sean remitidos al Tribunal de alzada; empero, se les indicó que el referido Auto Interlocutorio no salió de despacho, habiendo transcurrido quince días desde que interpuso el medio de impugnación, y hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar, no se los envió a la Sala Penal de turno, existiendo una clara dilación por parte del personal del Juzgado señalado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa, al acceso a la justicia, a la igualdad de las partes, y al principio de celeridad, sin citar normal constitucional que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga, en el día se remita la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 109/2023 de 19 de abril de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 8 -siendo lo correcto 5- de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación, cursante a fs. 9.

I.2.2. Informe de los demandados

Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 5 de mayo de 2023, cursante a fs. 10 y vta., solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: a) El legajo de apelación incidental en originales, ya fue remitido en horas de la mañana del 5 de mayo de 2023, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento; b) En la parte dispositiva del Auto Interlocutorio 109/2023, de conformidad al art. 12 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la parte accionante, señaló en audiencia que proporcionaría las copias necesarias para su remisión, lo que generó dudas al personal de apoyo a la hora de remitir el referido recurso de impugnación, en el sentido, si correspondía que lo hagan en originales o aguardar las copias para su envío; c) En el presente caso tutelar, ninguna de las partes esta privada de su libertad; d) Su persona se encontraba supliendo otro despacho judicial, lo que generará que tenga bastante carga procesal; y, e) La presente acción de libertad, es contradictoria, ya que, los obrados del expediente demuestran todo lo contrario, siendo que, ese mecanismo tutelar no es subsidiario. El Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de el Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación, cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 37/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 17 a 18, denegó la tutela solicitada, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad tiene dos fines esenciales, de precautelar bienes jurídicos como son la vida y la libertad de las personas, siempre que éstas se encuentren indebidamente procesadas y privadas de libertad; 2) Si bien, existió dilación en cuanto a la entrega de los antecedente ante el Tribunal de alzada, no es menos cierto, que deben concurrir esos dos presupuestos; 3) La accionante no estableció cuál de esos dos derechos se encuentra vulnerado y si esa remisión de forma extemporánea, generaría indebido procesamiento con afectación a la libertad o a la vida de la accionante, a objeto de considerar el presente mecanismo de defensa; y, 4) Al desconocer esos dos extremos básicos para dictar una resolución coherente, los cuales no son aspectos que puedan ser subsanados de oficio, puesto que, la acción constitucional, es procedente una vez agotada la vía ordinaria, y ante esa dilación debió acudir ante el juez de la causa, quien es el responsable de vigilar las labores del personal subalterno, así como, conminarlos en caso que se haya generado retardación en sus actos, porque a criterio de la Jueza de garantías al no haberse observado sus reclamos ante la autoridad jurisdiccional, no concurre la subsidiariedad, aspecto que le impidió ingresar al fondo de la problemática planteada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 109/2023 de 19 abril, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Ruth Ibonne Valeriano Ticona -accionante- contra Henry Cruz Aduviri, Franz Selaez Helguero, Figue Ronnie Gutiérrez Gironda y Margarita Rosario Cruz Aduviri, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica; por el que, declaró fundada la excepción de extinción penal por prescripción opuesta por uno de los imputados (fs. 11 vta. a 13 vta.)

II.2. Concluida la emisión del Auto Interlocutorio 109/2023, la impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra esa decisión denunciando una motivación arbitraria, insuficiente e incongruente externa e interna y una ausencia de valoración integral de la prueba (fs. 13 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa, al acceso a la justicia, a la igualdad de las partes, y al principio de celeridad; toda vez que, en su calidad de víctima interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 109/2023, que declaró fundada la excepción de extinción penal por prescripción opuesta por uno de los imputados, empero, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, los funcionarios demandados, no remitieron los antecedentes del citado medio de impugnación al Tribunal de alzada; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo en el día, envíen los mismos para su consideración. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

A partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

Razonamientos extraídos de la sistematización desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.

De otro lado, sobre la misma temática, la SCP 0327/2024-S2 de 9 de julio, precisó el entendimiento en cuanto al alcance y presupuestos de activación de la acción de libertad en su modalidad de acción traslativa de pronto despacho ante solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, señalando:

[Al] respecto, es necesario realizar una consideración previa y aclarativa, sobre la procedencia de la acción de libertad cuando se invoca presuntas irregularidades del debido proceso en ejecución de sentencia, vinculado ello a beneficios extracarcelarios, casos en los cuales -con anterioridad- esta Relatoría inicialmente consideraba que para poder analizar vía acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, las denuncias de procesamiento indebido, en dichas situaciones fácticas, se requería como presupuesto que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, debían estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, (en esa línea, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0357/2021-S3, 0721/2021-S3, 0781/2021-S3, 0971/2021-S3 y 0797/2022-S3, entre otras); sin embargo, es el actual criterio de esta Relatoría, que tomando en cuenta que las mencionadas solicitudes presentadas por los accionantes siempre estarán destinadas a obtener un beneficio penitenciario, y por ende a mejorar su situación jurídica de privado de libertad; en consecuencia, en un nuevo razonamiento, se concluye que dichas situaciones que involucren un eventual pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, sí tienen vinculación con el derecho a la libertad; por cuanto, su finalidad es la modificación de la situación jurídico procesal del condenado, tomando en cuenta que es obligación del Estado boliviano atender con mayor prontitud las solicitudes que tengan por finalidad materializar la reinserción social del privado de libertad; siendo este un entendimiento razonable, dadas las particularidades de este tipo de casos, por lo que, la vía idónea para tutelar la vulneración al principio de celeridad que importe un indebido procesamiento es la acción de libertad, que tiene como finalidad precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica del privado de libertad. (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad.

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante refiere que, en su calidad de víctima, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, los funcionarios demandados no remitieron al Tribunal de alzada, los antecedentes correspondientes al recurso de apelación incidental, que formuló contra la decisión pronunciada en el Auto Interlocutorio 109/2023, que declaró fundada la excepción de extinción penal por prescripción interpuesta por uno de los imputados. Respecto a la mencionada denuncia, cabe puntualizar que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al momento de resolverse o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con ese derecho. En el caso que se examina, la peticionante de tutela tiene la calidad de víctima dentro del proceso penal iniciado por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica, que motiva esta acción de tutela, tal como lo señala en su memorial de acción de libertad; por lo cual, evidentemente no se halla privada de su libertad personal; y, el acto dilatorio que denuncia referido a la demora en la remisión de su apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 109/2023, que resolvió favorablemente el incidente de extinción penal por prescripción, no tiene ninguna incidencia directa o indirecta sobre su señalado derecho, razón por la cual, este mecanismo de defensa en su modalidad de pronto despacho no es la vía idónea para la protección de sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso, en cuyo mérito corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por la Jueza de Sentencia y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que, en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1479_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): b7eef02b456c4ab6f160301f0a95f5dbf55f784723334c51ab2456ee81df696d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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