B.IA.LEGAL

SCP 1477/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55906-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la petición, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y al principio de celeridad; toda vez que, pese a que en audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, solicitó suspensión condicional de la pena, que fue concedida por la autoridad jurisdiccional; sin embargo, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no remitió el mandamiento de libertad al Centro Penitenciario de San Pedro de ese departamento, donde se encuentra recluido; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo en el día se remita el mandamiento de libertad ante el referido Centro Penitenciario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 39/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad traslativa e innovativa respecto a Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto ya se remitió el mandamiento de libertad en favor del accionante. 2º Llamar la atención a Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -funcionario demandado-, a tramitar con la máxima celeridad posible, la remisión de los mandamientos de libertad, cuando se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3º Exhortar a Rocío Greys Salazar Villanueva, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, a observar los fundamentos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1477/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55906-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 39/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karina Matta Choque en representación sin mandato de Héctor Luis Medrano Layme contra Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de mayo de 2023, cursante de fs. 4 a 7, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado -previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP)-, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; en audiencia de consideración de procedimiento abreviado desarrollada el 19 de mayo de 2023, se emitió Sentencia condenatoria que le impuso la pena de tres años de privación de libertad; por lo que, en el mismo acto procesal, en aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la suspensión condicional de la pena, que fue concedida por el Juez de la causa. Posteriormente, el 22 de mayo del mismo año, su abogada patrocinante se comunicó con Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto -ahora demandado-, a objeto de conocer, si ya se habría emitido el mandamiento de libertad en su favor, quién le manifestó que, todavía no se habría mandado el mismo, por la recargada laboral y que estaba solicitando fotocopias de remisión, por lo que su defensa técnica hizo conocer al referido funcionario que cooperarían con una legajo de fotocopias, comprendiendo dicho extremo. Sin embargo, el 23 de idéntico mes y año, nuevamente se apersonó ante el referido Juzgado, donde al encontrarse en secretario en audiencia, la auxiliar le señaló, que no se habría remitido el mandamiento de libertad, acto que considera vulneró sus derechos.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la petición, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I., 24, 115, y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la emisión del correspondiente mandamiento de libertad al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, y sea en el día.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 25 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe del demandado

Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a través del informe escrito, presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de a fs. 15 y vta., solicitó se deniegue la tutela, señalando que: a) El impetrante de tutela se sometió a procedimiento abreviado y posterior beneficio de suspensión condicional de la pena; b) Dentro de ese trámite, se tiene que emitir Sentencia, para su posterior remisión ante un Juzgado de Ejecución Penal y ante la oficina de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), trámite por el que los mandamientos tanto de condena, como de libertad, no puedan ser remitidos en el día; c) La oficina Gestora de Procesos asignado a ese Juzgado, solo recepciona los mandamientos de libertad, hasta las 10:00; d) Los mandamientos de condena como de libertad del solicitante de tutela, ya fueron remitidos para su cumplimiento ante la señalada oficina Gestora, a horas 9:30 del 25 de mayo de 2023, y que su persona emitió en horas de la tarde del referido día, la certificación de mandamiento de libertad, para el personal del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, considerando que lo solicitado por el demandante de tutela ya fue cumplida con anterioridad a la celebración de la audiencia de consideración de la acción tutelar.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 39/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 17 a 18, denegó la tutela solicitada, con base al siguiente fundamento; los hechos denunciados dentro de la acción tutelar por el impetrante de tutela, ya fueron atendidos, por lo que a criterio de la referida autoridad no correspondía ingresar a otros aspectos de fondo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de interposición de la presente acción de libertad, donde Héctor Luis Medrano Laime -ahora peticionante de tutela-, acusa estar detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a consecuencia de la Sentencia dictada en procedimiento abreviado de 19 de mayo de 2023, donde se le condenó a la pena de tres años de privación de libertad; por lo que, en el mismo acto procesal en aplicación del art. 366 del CPP, solicitó la suspensión condicional de la pena, que fue concedida por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, Richard Sumi Poma, secretario del citado despacho jurisdiccional -ahora demandado-, no remitió el mandamiento de libertad al referido Centro Penitenciario (fs. 4 a 7 vta.). II.2. Cursa mandamiento de libertad por suspensión condicional de la pena en favor del ahora accionante, con sello de recepción del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, de 25 de mayo de 2023 a horas 11:30 (fs. 14). II.3. Mediante informe de 25 de mayo de 2023, el secretario del citado despacho -ahora demandado-, hizo conocer que deben cumplirse trámites previos para la emisión del mandamiento de libertad, que las recargadas labores, la suplencia legal del Juzgado, así como los horarios de recepción de mandamientos de libertad por la oficina gestora, dieron lugar a que no se remita el mismo; sin embargo, antes de la realización de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ya se habría ejecutado el mismo (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la petición, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y al principio de celeridad; toda vez que, pese a que en audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, solicitó suspensión condicional de la pena, que fue concedida por la autoridad jurisdiccional; sin embargo, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no remitió el mandamiento de libertad al Centro Penitenciario de San Pedro de ese departamento, donde se encuentra recluido; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo en el día se remita el mandamiento de libertad ante el referido Centro Penitenciario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1., de la citada Sentencia establece:

De acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional2. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

II. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud 3El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

4El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que. establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la petición, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y al principio de celeridad; toda vez que, Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo del El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, no remitió el mandamiento de libertad en su favor por suspensión condicional de la pena al Centro Penitenciario de San Pedro de ese departamento, hasta la interposición de la presente acción tutelar, prologando indebidamente su privación de libertad. Con carácter previo a ingresar a analizar el fondo de la presente causa, es necesario referirse a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que prevé la activación de la acción de libertad en su modalidad innovativa, aún hubiera cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; toda vez que, lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con la finalidad de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales. No obstante, de que el mandamiento de libertad por suspensión condicional de la pena, fue remitido el 25 de mayo de 2023, al Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz (Conclusión II.2.); se ingresa al análisis de fondo de lo denunciado, a efectos de determinar si existió la dilación indebida alegada por el ahora accionante.

De acuerdo a los datos consignados en el presente fallo constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Héctor Luis Medrano Layme -ahora impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz; el 19 de mayo de 2023, se llevó a cabo audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado, donde el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, emitió Sentencia condenatoria de igual fecha, condenándolo a la pena de de tres años de privación de libertad; por lo que, en el mismo acto procesal, en aplicación del art. 366 del CPP, el demandante de tutela, solicitó la suspensión condicional de la pena; que, fue concedida por el Juez de la causa; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, el Secretario de ese despacho jurisdiccional, no remitió el mandamiento de libertad al referido Centro Penitenciario (Conclusión II.1.). En ese contexto, se tiene que, evidentemente el Secretario demandado, desde el 19 de mayo de 2023, hasta la remisión del mandamiento de libertad en favor del impetrante de tutela -25 de mayo del mismo año-(Conclusión II.2.), dejó transcurrir seis días, inobservando lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, por el que señala que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existan dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, situación que acontece en el presente caso, considerando que el ahora solicitante de tutela se encontraba privado de su libertad; y sin bien el funcionario demandado, de acuerdo a informe presentado pretendió justiciar la demora en la remisión, por las recargadas labores, suplencias legales entre otros (Conclusión II.3.); la misma no puede ser consentida por este Tribunal, considerando de que por medio se encuentra la libertad física del peticionante de tutela; en ese sentido, el referido funcionario tenía el deber de tramitar dicho actuado -mandamiento de libertad- con la mayor celeridad posible. En efecto, si bien la jurisprudencia constitucional ha sostenido en principio que el personal subalterno del Órgano Judicial no tiene legitimación pasiva en acciones de libertad por carecer de potestad jurisdiccional, dicha regla admite una excepción importante, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, en sentido de que el personal subalterno jurisdiccional cuenta con legitimación pasiva cuando, sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales, situación que se advierte aconteció en el presente caso, puesto que el Secretario ahora demandado al no emitir el mandamiento de libertad, con la debida celeridad posible, no siendo una justificación razonable o legal, el informe presentado para la demora que incurrió en el desarrollo de sus funciones; la misma, se configura en una omisión indebida que produjo una afectación directa al derecho a la libertad del accionante. En consecuencia, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad innovativa, respecto al funcionario demandado. Finalmente, respecto al derecho de petición alegado como lesionado, corresponde aclarar al solicitante de tutela, que dada la naturaleza jurídica de la acción de libertad, el mencionado derecho no puede ser tutelado a través de este mecanismo de defensa, debiendo acudir a la vía correspondiente, de considerar vulnerado el mencionado derecho. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 39/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad traslativa e innovativa respecto a Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto ya se remitió el mandamiento de libertad en favor del accionante. 2º Llamar la atención a Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -funcionario demandado-, a tramitar con la máxima celeridad posible, la remisión de los mandamientos de libertad, cuando se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3º Exhortar a Rocío Greys Salazar Villanueva, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, a observar los fundamentos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre. 2El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1477_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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