B.IA.LEGAL

SCP 1475/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56862-2023-114-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y del principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Omar Ramos Gemio, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de revocatoria de medidas cautelares, celebrada el 6 de julio de 2023, ante la inasistencia del acusado, la autoridad demandada le concedió veinticuatro horas para que acredite su incomparecencia -pese a que su abogado no justificó la ausencia de su defendido con documento alguno-, señalando una nueva para el 14 de igual mes y año, a horas 18:00, contraviniendo el principio de celeridad; puesto que, las audiencias no pueden suspenderse por más de cuarenta y ocho horas, conforme a lo previsto en el art. 113.II del CPP, poniéndole en riesgo al tratarse de una menor de edad víctima. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 33 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el aludido Juez de garantías, y los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en caso de grupos de atención prioritaria: niñas, niños y adolescentes
  2. III.2. El principio del interés superior del niño, niña o adolescente.
  3. III.3. Del acceso a una justicia pronta y sin dilaciones en casos que involucran violencia de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1475/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56862-2023-114-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 31/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 33 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emma Gabriela Calizaya Gemio en representación sin mandato de la menor AA contra Verónica Fátima Echalar Barrientos, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de julio de 2023, cursante de fs. 5 a 7 vta., la accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Omar Ramos Gemio, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, tipificado y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares celebrada el 6 de julio de 2023, no se hizo presente el acusado sino simplemente su abogado, quien manifestó que su cliente se hallaba con un resfrío fuerte, sin adjuntar ningún documento. En mérito a ello, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada-, concedió al prenombrado el plazo de setenta y dos horas para justificar su estado de salud, señalando una nueva audiencia, para el 14 del mismo mes y año, a horas 18:00, argumentando que ‘no tenía otro espacio’ (sic). No obstante, al diferir el citado actuado procesal a pedido de la defensa técnica del acusado, y fijar otra para varios días después, contraviene el principio de celeridad; puesto que, las audiencias no pueden suspenderse por más de cuarenta y ocho horas, conforme previene el art. 113.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), no pudiendo ser asumido el concepto de carga procesal bajo ninguna dimensión, en los casos en los que menores de edad hayan sido víctimas de agresión sexual; evidenciándose que la dilación en la tramitación de la causa es objetiva, lesionando el derecho fundamental de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, poniéndole en permanente riesgo, al tratarse de una menor víctima; máxime cuando su madre falleció, debiendo concederse la tutela impetrada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho como menor de edad a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 60, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela en protección del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y el restablecimiento de las formalidades, y que la autoridad demandada, señale audiencia de revocatoria de medidas cautelares para las próximas cuarenta y ocho horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 29 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante y ésta a su vez mediante su abogado, reiteró los términos de su acción tutelar, y ampliándolos expresó que: a) Lo que se busca a través de este mecanismo de defensa, es resguardar el derecho fundamental de todo menor, en el sistema de administración de justicia, al existir un peligro inminente, al tratarse de una niña huérfana y abusada sexualmente, encontrándose en libertad su agresor; tomando en cuenta que, la perspectiva de género alcanza una dimensión especial, porque se está hablando de una acción de libertad protectiva y restauradora de los derechos de una menor; b) No puede esperar hasta el 14 de julio de 2025, para que la escuchen en una audiencia que tiene su agresor cerca, el mismo que tiene una Sentencia condenatoria por violencia psicológica a su madre quien falleció y por abuso sexual de menores, fallo que fue confirmado por el Auto de Vista 014/2023 de 30 de marzo; y, c) La Jueza demandada justificó el señalamiento de audiencia, indicando que no tenía espacio; empero, “…la víctima en su condición de menor no está sujeta a espacios, sino a un lugar que por derecho le corresponde tener acceso a una Justicia Pronta, Oportuna y sin Dilación…” (sic); máxime, tratándose de una víctima que sufrió una agresión sexual por parte de su progenitor, a los dos años de edad; por lo cual, solicitó se declare procedente la presente acción tutelar.

I.2.2. Informe de la demandada

Verónica Fátima Echalar Barrientos, Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 7 de julio de 2023, cursante de fs. 27 a 28 vta., manifestando que: 1) A la audiencia de revocatoria de medidas cautelares de carácter personal, celebrada el 6 de igual mes y año, no asistió el acusado, debido a un resfrío fuerte -según alegó su defensa técnica-, encontrándose postrado en cama; ante esa eventualidad, la parte denunciante, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, solicitaron la declaratoria de rebeldía del prenombrado; 2) Mediante Auto Interlocutorio rechazó dicha solicitud, otorgando un plazo de veinticuatro horas hábiles para que el acusado justifique su inasistencia, señalando nuevo acto procesal para el 14 de igual mes y año, a horas 18:00; 3) Se planteó esta acción tutelar; empero, no se refirió las causales que se habrían vulnerado por parte de su autoridad, conforme establecen los arts. 125 de la CPE y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); criterio sustentado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2023-S4 de 31 de mayo, y 0911/2013 de 20 de junio; 4) De donde se infiere que este mecanismo de defensa, tutela ciertos derechos y garantías constitucionales; sin embargo, no contempla la protección del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, 5) Tanto la Norma Suprema, el indicado Código, así como la jurisprudencia constitucional, señalan de manera clara y taxativa la naturaleza de la acción de libertad, así como las causales en las que procede; por lo que, al no estar enmarcada la misma en ninguna de estas, corresponde denegar la tutela impetrada; ya que de otorgarla, se estaría distorsionando la normativa constitucional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 31/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 33 a 37, “ACEPTA Y DISPONE A LUGAR” a la tutela solicitada, disponiendo que en el orden de protección de los derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilación, y el establecimiento de las formalidades, la Jueza demandada señale audiencia de revocatoria de medidas cautelares, conforme establece el art. 247 última parte del CPP; es decir, dentro del plazo de veinticuatro horas de tener conocimiento de la presente Resolución. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad demandada no observó lo previsto en el art. 247 in fine del citado Código, al indicar que la audiencia de revocatoria se fijará dentro de las veinticuatro horas de presentada la solicitud; así como la prioridad que conlleva en el presente proceso penal, al tratarse de un delito de abuso sexual a una menor de edad; ii) Debió extremarse recursos, en cuanto al señalamiento de dicho actuado procesal, habilitándose horas extraordinarias inclusive, según previene el art. 113 del Código Adjetivo Penal; dejando presente que, esta acción de defensa no estaría inmersa dentro lo determinado por los fallos constitucionales que se dieron lectura en la audiencia de garantías; iii) De acuerdo a los antecedentes de la causa, el supuesto agresor sería el padre de la víctima; por lo que, estaría contemplado dentro de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, cuyos arts. 86.2 y 4.11, hacen a alusión a los principios procesales de celeridad e informalismo, los cuales deben ser observados por los operadores de la administración de justicia, en consideración al grado de vulnerabilidad que presentaría la víctima menor de edad; y, iv) En ese marco, esta acción tutelar se encontraría inmersa dentro la modalidad de traslativa o de pronto despacho; al respecto, se tiene la SC 0465/2010-R de 5 de julio.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Omar Ramos Gemio, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante memorial presentado el 22 de junio de 2023, la representante de la menor AA -ahora accionante-, solicitó se señale día y hora de audiencia pública para considerar la revocatoria de las medidas cautelares de carácter personal, dispuestas a favor del prenombrado (fs. 13 y vta.). II.2. En la citada audiencia, celebrada el 6 de julio del citado año, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro -hoy demandada-, ante la inasistencia del acusado, a través del Auto Interlocutorio 174/2023 de la indicada fecha, otorgó un plazo de veinticuatro horas hábiles a partir de su notificación, a objeto que justifique su incomparecencia a ese actuado procesal, bajo alternativa de aplicar lo establecido en los arts. 87 y 89 del CPP; a tal efecto, señaló audiencia a efectos de considerar su situación jurídica, para el 19 de igual mes y año, a horas 18:00. Sin embargo, ante los recursos de reposición formulados por la víctima y el Ministerio Público, la referida autoridad jurisdiccional emitió el Auto Interlocutorio 174 “A”/2023 de 6 de julio, mediante el cual rechazó las impugnaciones planteadas; no obstante, fijó nueva audiencia al indicado fin, para el 14 del citado mes y año, considerando la sobre carga procesal con la que contaba ese órgano jurisdiccional (fs. 22 a 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y del principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Omar Ramos Gemio, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de revocatoria de medidas cautelares, celebrada el 6 de julio de 2023, ante la inasistencia del acusado, la autoridad demandada le concedió veinticuatro horas para que acredite su incomparecencia -pese a que su abogado no justificó la ausencia de su defendido con documento alguno-, señalando una nueva para el 14 de igual mes y año, a horas 18:00, contraviniendo el principio de celeridad; puesto que, las audiencias no pueden suspenderse por más de cuarenta y ocho horas, conforme a lo previsto en el art. 113.II del CPP, poniéndole en riesgo al tratarse de una menor de edad víctima. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en caso de grupos de atención prioritaria: niñas, niños y adolescentes

Sobre este tema, la SCP 2453/2012 de 22 de noviembre, señaló que: “…la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se encuentra limitada no sólo por el cumplimiento de los supuestos que le rigen, sino también por determinadas circunstancias donde se constate que el agraviado y/o accionante, está frente a un daño irreparable; ya sea por la naturaleza de los derechos que se denuncian vulnerados (como es el derecho a la vida que no admite restricciones en su ejercicio); por el grado de indefensión del agraviado y/o accionante (evidente negligencia o dilación de autoridades que rigen la actividad procesal penal, falta de defensa idónea, etc.); o por la vulnerabilidad del agraviado -y/o accionante- (menores de edad, mujeres embarazas o con hijos lactantes, personas de la tercera edad, enfermos graves o personas que merezcan protección especial del Estado). Circunstancias en la cuales, aun concurriendo los supuestos de aplicación de la subsidiariedad excepcional, corresponde ingresar al análisis del fondo, sea concediendo o negando la tutela” (énfasis añadido). Por su parte, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, concluyó que: “…en consideración a la protección especial a la que están sujetas las niñas, niños y adolescentes, en pos de garantizar el ejercicio de la tutela judicial efectiva, siempre en observancia del principio rector que rige la materia de niñez y adolescencia, referido a su interés superior no es aplicable la excepcional subsidiariedad de la actual acción de libertad en estudio” (el resaltado nos pertenece). Con el mismo razonamiento, la SCP 0439/2018-S2 de 29 de agosto, sostuvo lo siguiente: “…tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa…” (las negrillas son propias).

III.2. El principio del interés superior del niño, niña o adolescente.

Jurisprudencia reiterada

Sobre este tema, el art. 60 de la CPE, establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (énfasis agregado); norma constitucional que guarda relación con el art. 61.I constitucional, que prevé: “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad” (el resaltado es nuestro). La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: “…los niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.

En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’ En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…” (el resaltado es propio). En ese marco, la SCP 0023/2019-S2 de 15 de marzo, haciendo alusión a la Convención sobre los Derechos del Niño, sostuvo que: “…es el instrumento jurídico internacional más importante respecto al resguardo de los derechos de menores, se halla sustentada sobre cuatro pilares fundamentales que son: ‘…el derecho a la subsistencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. El primero implica un reconocimiento de niveles de vida adecuados y acceso a los servicios básicos; el segundo, que los niños deben desarrollarse de manera armoniosa, con respecto, afecto y dignidad, desenvolviéndose en todos los ámbitos como la educación, el juego, actividades culturales, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; el derecho a la protección, comprende la tutela contra las formas de explotación y crueldad y la separación arbitraria de la familia, y, por último, el derecho a la participación, implica la libertad de expresar opiniones y manifestarse respecto a cuestiones que afectan su propia vida, lo que significa que ningún proceso pueda desarrollarse sin escuchar la opinión del niño (Sandra de Kolle, Carlos Tiffer, Justicia Juvenil en Bolivia)’ (SC 0223/2007-R de 3 de abril). Norma internacional que conforme se desarrolló en la citada Resolución constitucional está regida por los siguientes principios: ‘El principio de la no discriminación, en el entendido que los derechos incluidos en ella son aplicables a los niños con independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento u otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (art. 2 de la Convención). El principio de interés superior (art. 3), que tiene que guiar todas las decisiones que tomen las instituciones públicas o privadas, en sentido que los derechos del niño deben prevalecer sobre los demás, favoreciendo su desarrollo físico, psicológico, moral y social (…)’

En consecuencia, de acuerdo a lo desarrollado precedentemente, el principio de interés superior de la niña, niño o adolescente es comprendido como ‘…las acciones y procesos tendentes a garantizar a niños, niñas y adolescentes un desarrollo y protección integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible…’; por lo que, tiene un alcance amplio, cuyo contenido comprende la protección física psicológica y social del menor, que debe ser determinado en cada caso concreto por las autoridades, con el fin de hacer prevalecer los derechos de los menores sobre los derechos de sus progenitores” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Del acceso a una justicia pronta y sin dilaciones en casos que involucran violencia de género

Al respecto, la SCP 1539/2022-S3 de 28 de noviembre, haciendo referencia a la Ley 348, sostuvo que: “…dado el grupo de protección reforzada que es objeto de esta Ley, impele a la observancia de principios procesales propios para las causas que involucren violencia de género, disponiendo a fin de materializar el derecho del acceso a la justicia, entre otros, el principio de celeridad, que en su art. 86.2, exige: ‘Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento’. Aquello, conforme se asumió por la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, en el entendido que: ‘El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación.

En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia, el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal. Ahora bien, conforme se ha indicado, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia” (el resaltado es propio).

III.4. Análisis del caso concreto

La menor AA -ahora accionante- a través de su representante, alega que en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares que solicitó, debido a la inasistencia del acusado, la autoridad demandada le concedió veinticuatro horas para que acredite su ausencia -pese a que su abogado no justificó la misma con ningún documento-, señalando una nueva para el 14 de igual mes y año, contraviniendo con ello el principio de celeridad; ya que, las audiencias no pueden suspenderse por más de cuarenta y ocho horas, al tenor de lo previsto en el art. 113.II del CPP.

Con carácter previo, resulta necesario aclarar que, si bien en este caso es la víctima quien formuló la presente acción de libertad, lo que, a prima facie daría lugar a entender que la problemática no se encontraría dentro de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, no existiendo amenaza o restricción a la libertad, procesamiento o persecución indebida; destaca que, la acción de defensa fue interpuesta invocando la dilación en la resolución de la revocatoria de las medidas cautelares de carácter personal impuestas en favor del imputado -quien sería su progenitor-, lo que, tanto en la demanda tutelar como en audiencia de garantías, invocó, la puso en un permanente riesgo respecto a su vida, tratándose de una menor víctima de la presunta comisión del delito de abuso sexual sufrido a sus dos años de edad, quedando huérfana además por el fallecimiento de su madre -quien también fue víctima de la comisión del delito de violencia psicológica por igual procesado, probado aquello en Sentencia condenatoria-; cuestiones que, en el marco de la protección reforzada y el interés superior del que goza la impetrante de tutela, merecen un pronunciamiento. En dicho marco, corresponde resaltar, asimismo, que conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los casos relacionados con grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, no es posible aplicar la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; es decir, que la misma puede ser activada, sin necesidad de agotar previamente los medios de impugnación intraprocesales de defensa; en consecuencia, corresponde ingresar al análisis de fondo de lo denunciado, a efectos de verificar la veracidad o no de las lesiones demandadas, labor que será desarrollada a continuación.

Identificada la problemática planteada y la pretensión de la peticionante de tutela mediante su representante, de la documentación cursante en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Omar Ramos Gemio, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia pública de revocatoria de medidas cautelares, celebrada el 6 de julio de 2023, la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro -hoy demandada-, ante la inasistencia del acusado, por Auto Interlocutorio 174 /2023, le otorgó un plazo de veinticuatro horas hábiles a partir de su notificación, a objeto que justifique su incomparecencia a dicho actuado procesal, bajo alternativa de aplicar lo establecido en los arts. 87 y 89 del CPP. Posteriormente, a través del Auto Interlocutorio 174 “A”/2023, rechazó los recursos de reposición planteados, y alternativamente señaló audiencia a fin de considerar la situación jurídica del nombrado, para el 14 de igual mes y año, a horas 18:00, tomando en cuenta la sobre carga procesal con la que cuenta ese órgano jurisdiccional. Ahora bien, dado el contexto procesal de la causa de la que emerge esta acción tutelar; vale decir, un proceso penal por abuso sexual, cuya víctima al tratarse de una menor de edad, se encuentra dentro de un grupo de protección reforzada, siendo de aplicación preferente la Ley 348, se entiende que los plazos procesales para su sustanciación son de estricto cumplimiento sin dilación, bajo apercibimiento, según se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; lo que implica que, en ninguna circunstancia éstos pueden ampliarse discrecionalmente; máxime, si se toma en cuenta que, de acuerdo a lo previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente, el Estado asume una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Bajo esa óptica, se advierte que en el presente caso, la Jueza demandada, al disponer la suspensión de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares celebrada el 6 de julio de 2023, para el 14 de igual mes y año; es decir, ocho días después -sin la existencia de prueba alguna por parte de la defensa técnica del acusado a ser compulsada-, no consideró los razonamientos fácticos y procesales precedentes, no siendo válido el justificativo referido por la indicada autoridad, respecto a la sobre carga procesal de su despacho judicial; ya que, si bien ese aspecto puede constituir una condición sujeta a valoración, a objeto de determinar la existencia o no de un acto dilatorio; sin embargo, para las causas que sustancian la presunta comisión de delitos previstos en la Ley 348, resulta inadmisible ponderar aquello; pues, además del mandato legal expreso sobre el cumplimiento estricto de los plazos procesales -conforme se tiene anotado líneas arriba-, el procesamiento y sanción de los hechos constitutivos de violencia de género se traducen en un fin en sí mismo en el nuevo orden constitucional. Máxime, si se toma en cuenta que, de acuerdo a lo previsto en el art. 113.II del CPP, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles; extremos que; sin embargo, no fueron observados, menos cumplidos por parte de la Jueza demandada, en la tramitación de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, incoada por la representante de la víctima menor AA, al haber diferido la realización de ese actuado procesal, al margen de lo dispuesto por la indicada normativa procesal penal; evidenciándose además, la inobservancia de lo previsto en el art. 247 último párrafo del citado Código, en el señalamiento de dicha audiencia. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas vigentes en nuestro país, y desde una perspectiva de género, correspondía en el presente caso, que la referida autoridad judicial, al momento de fijar el referido actuado procesal, considere además la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encontraba la víctima menor AA, respecto al acusado, así como las características del delito.

En esa línea de análisis, es menester acotar además que, las niñas, niños y adolescentes, al ser un grupo de vulnerabilidad, tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; situación que obliga a que, todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior, comprendido como las acciones y procesos tendentes a asegurar a este grupo de atención prioritaria, un desarrollo y protección integral y una vida digna, y la adopción de mecanismos tendentes a lograr la efectividad de sus derechos, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, con el fin de hacer prevalecer los derechos de los menores sobre los derechos de sus progenitores, según se halla glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Por los argumentos esgrimidos, se evidenció la vulneración del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, relacionado con el principio de celeridad, ante el permanente riesgo en su vida invocado por la accionante a través de su representante; lo que fue considerado en esta acción tutelar, considerando las particularidades del caso, siendo la impetrante de tutela menor de edad y víctima de un delito sexual que habría sufrido a sus dos años de edad; correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al “ACEPTAR Y DISPONE A LUGAR” la tutela impetrada, aunque con otra terminología, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2023 de 7 de julio, cursante de fs. 33 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el aludido Juez de garantías, y los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1475_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): fc8d6a78153351fdac90750f318a136c2b2fbad26b1e9f8056aecfb2ab13c68f

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