B.IA.LEGAL

SCP 1470/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56805-2023-114-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa y a la libertad de locomoción; toda vez que, el Juez codemandado emitió Auto Interlocutorio 300/2023 de 4 de mayo, ordenando su privación de libertad por dos meses, de forma arbitraria y sin fundamentación alguna, apartándose de lo solicitado en la imputación formal, agravando su situación; motivo por el que, interpuso apelación incidental, sin embargo, el Vocal demandado, al resolver el recurso emitió el Auto de Vista 365/2023 de 12 de igual mes, cometiendo los mismos agravios y bajo argumentos confusos declaró la improcedencia del recurso, confirmando la resolución recurrida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 181/2023 de 2 de julio, cursante de fs. 75 a 83, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela en relación César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

2° DENEGAR la tutela solicitada en relación Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

3° Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo subsistentes los efectos de la Resolución 181/2023 de 2 de julio, dictada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en medidas cautelares y su protección a través de la acción de libertad
  2. III.2. Exigencia de fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares, se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Dimensionamiento de efectos

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1470/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56805-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 181/2023 de 2 de julio, cursante de fs. 75 a 83, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Christian René Arcani Fernández contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia y Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de julio de 2023, cursante de fs. 64 a 67 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica en su vertiente de violencia psicológica a instancia de Beatriz María Mamani Quispe en su contra, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, se emitió el 10 de enero de 2023 la Resolución de Imputación Formal 3/2023 solicitando la aplicación de medidas de carácter personal conforme el art. 231.I Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), con base al cual el Juez demandado desarrolló la audiencia de consideración de medidas cautelares el 4 de mayo de la misma gestión pero de forma oficiosa e informal agravó su situación, emitiendo el Auto Interlocutorio 300/2023 de la misma data que disponía su detención preventiva por el plazo de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento.

Por lo que, interpuso recurso de apelación incidental contra el mencionado Auto Interlocutorio 300/2023 argumentando la vulneración al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación de requisitos para la detención preventiva porque el Juez demandado no cumplió ninguno de los presupuestos del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) referente a: a) La existencia de elementos de convicción suficientes de que es el autor o participe del hecho punible; puesto que, señaló que realizó agresiones psicológicas y físicas a la víctima, siendo la base de la denuncia supuestos mensajes de texto por redes sociales enviados a las exparejas de la denunciante, con intervalos de dos a tres años y en la gestión 2022, que en libertad podría influir negativamente en la víctima y testigos, lo cual no fue probado de forma objetiva, basándose en simples presunciones; b) La existencia de elementos de convicción suficientes de que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, ya que el Juez demandado señaló “…la supuesta existencia de agresiones constantes, amenazas y hostigamiento, sin precisar en base a qué elementos o indicios se respalda…” (sic) para tales afirmaciones y tampoco realizó una correcta valoración de las pruebas presentadas para desvirtuar el riesgo procesal, sin demostrarse la concurrencia del peligro efectivo para la víctima; c) El peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP, señalando la autoridad jurisdiccional que están pendientes actos de pericia, declaración de testigos y que en libertad él podría influir de forma negativa en la víctima y su familia, siendo meras presunciones; y, d) La fundamentación de la duración de la detención preventiva y los actos investigativos a realizarse en ese tiempo, el Ministerio Público solicitó aplicación de medidas cautelares de carácter personal, como la presentación cada quince días, prohibición de concurrir, comunicarse y salir del país, sin solicitar la detención preventiva. Así también, el Juez demandado no estableció que las medidas cautelares eran insuficientes para asegurar su presencia y cómo entorpecería la averiguación de los hechos, no aplicó el test de proporcionalidad; por lo que, al no existir suficientes elementos que sustenten que es el autor de los hechos investigados, se solicitó se revoque el Auto Interlocutorio 300/2023 y se aplique una medida menos gravosa. El 12 de mayo de 2023, se emitió el Auto de Vista 365/2023, que realizó una relación de hechos y fechas que no están fundamentadas en la imputación formal, ni en el Auto Interlocutorio 300/2023 apelado, solo señaló el art. 234.7 del CPP sin establecer el nexo causal con el presente caso, incurriendo en el mismo agravio que la autoridad inferior. Señaló que existen personas identificadas y que hay actos de investigación pendientes, dando un argumento confuso sobre las supuestas lesiones físicas, carente de lógica, congruencia, fundamentación y motivación sin responder a los agravios expuestos en la apelación y declarando la improcedencia del recurso y confirmando el acto impugnado.

Respecto a la complementación y enmienda que solicitó, el Vocal demandado señaló que “…el Juez es autónomo en sus decisiones, y que si vio por conveniente apartarse del requerimiento fiscal y disponer la detención preventiva esto solo incumbe al juez y no esta sujeto a lo que dice el Ministerio Público” (sic)

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; a la defensa y a la libertad de locomoción, sin citar normativa constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga: a) La revocatoria del Auto Interlocutorio 300/2023 y Auto de Vista 365/2023, a objeto de evitar la persecución ilegal, remediar los procesos indebidos y restablecer la libertad de locomoción de forma inmediata y oportuna; y, b) Señalar nueva audiencia de medidas cautelares en la que se considere una resolución debidamente motivada y fundamentada en el marco de la Ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 72 a 74 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad y amplió en los siguientes términos: 1) La denuncia indicaría que hostigaba por mensajes a las exparejas de la víctima, sin precisar fechas, horas, remitentes o emisores, los cuales no le fueron enviados a ella, pero causaron la ruptura con sus parejas y le ocasionaron violencia psicológica; 2) Se dispuso de forma discrecional y arbitraria su detención preventiva por dos meses, por lo que se formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 300/2023, por la falta de fundamentación y motivación al incumplirse con los presupuestos del art. 233 del CPP; 3) No señaló por qué las otras medidas cautelares eran insuficientes para asegurar su presencia o como entorpecería la averiguación de la verdad; 4) El Vocal demandado emitió el Auto de Vista 365/2023, señalando el art. 234.7 del CPP, sin establecer el nexo causal con el presente caso e incurre en el mismo error; e) Refiere el art. 235.2 del CPP, que hubieran actos de investigación pendientes, no habiendo agravio, sin tomar en cuenta la prueba y que no hay testigos por declarar, generando nuevamente la ofensa; f) Respecto a la probable autoría sobre las lesiones físicas que sufrió la víctima estableció un argumento confuso, cuando el caso es de un delito de violencia psicológica; y, g) El Vocal demandado en el Auto de Vista 365/2023 que emitió no respondió los agravios de la apelación, declarando improcedente las cuestiones de fondo planteadas y respecto a la complementación y enmienda solicitada respondió que el Juez inferior es autónomo en sus decisiones.

I.2.2. Informe de los demandados

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 2 de julio de 2023 cursante a fs. 70 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Christian René Arcani Fernández por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, que radicó en la Sala Penal Primera, por la apelación incidental de medida cautelar de carácter personal contra el Auto Interlocutorio 300/2023 emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-; ii) Señalándose audiencia de consideración de recurso de apelación incidental el 12 de mayo de 2023, se emitió el Auto de Vista 365/2023, que admitió la impugnación y declaró improcedente las cuestiones planteadas, confirmando el Auto Interlocutorio 300/2023; iii) A partir del Considerando II del mencionado Auto de Vista, todos los agravios fueron fundamentados y respondidos, sin incumplir el art. 124 del CPP; iv) Respecto a los riesgos procesales se respondió a cada uno de los agravios, señalando por qué deberían mantenerse; v) El accionante pretende que la jurisdicción constitucional actúe como un tribunal de tercera instancia, confundiendo los fundamentos concernientes a un acción de libertad con un recurso de apelación; vi) El Auto de Vista 365/2023 se encuentra fundamentado y motivado, sin vulnerar derechos y garantías; por lo que, no corresponde conceder la tutela, además que el impetrante de tutela no fundamentó su acción de libertad; vii) Las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas conforme el art. 250 del CPP; y, viii) La jurisdicción constitucional tiene la finalidad de revisar o constatar la violación derechos y garantías constitucionales, no es otra instancia más. Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a su legal citación cursante a fs. 69.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal, Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido como Juez de garantías, mediante Resolución 181/2023 de 2 de julio, cursante de fs. 75 a 83, concedió la tutela impetrada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 300/2023 y el Auto de Vista 365/2023, emitidos por las autoridades demandadas; 2) Dejar sin efecto el mandamiento de detención preventiva librado por la autoridad demandada; y, 3) Que el Juez accionado convoque audiencia de medidas cautelares en un plazo no mayor a tres días desde su legal notificación con la presente resolución, debiendo velar porque la resolución esté debidamente fundamentada y motivada, con un análisis integrado de los elementos de convicción velando por la igualdad de las partes; todo ello con base en los siguientes fundamentos: i) La SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, realizó un examen respecto a la fundamentación de las disposiciones judiciales, criterios debidamente sustentados porque de lo contrario sería una resolución discrecional y arbitraria que vulnera derechos; ii) El juez debe expresar los motivos de hecho y de derecho en los que basa su decisión, así como la prueba en la que fundamentó su decisión, correspondiendo expresar los presupuestos jurídicos que motivaron la medida, velando por los derechos de las partes; iii) Existe la presunción de veracidad por inconcurrencia del demandado a la audiencia y por no presentar informe, que se dio en el presente caso respecto al Juez demandado, por lo que no desvirtuó lo expuesto por el accionante; iv) En relación al Vocal demandado, cuando emitió el Auto de Vista 365/2023, debió estar fundamentado y motivado, dando certidumbre a lo cuestionado considerando los agravios del Juez inferior; v) Esta autoridad demandada generó incertidumbre en el impetrante de tutela, al incorporar el elemento de agresión física en el Auto de Vista 365/2023, siendo que la denuncia es por violencia psicológica, causándole indefensión; vi) Al apartarse del art. 235 ter del CPP, incurrió en una discrecionalidad y arbitrariedad, el Juez para aplicar la detención preventiva debe justificar y garantizar la presunción de inocencia, al apartarse de la petición fiscal agravó la situación del solicitante de tutela; y, vii) Se estableció una ilegalidad de persecución y un indebido procesamiento, con una medida cautelar gravosa sin fundamentar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 12 de enero de 2023 se presentó Resolución de Imputación Formal 3/2023, emitida por el Fiscal de Materia, imputando formalmente a Christian René Arcani Fernández -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitando se disponga la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistente en “Numeral 2) obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe cada 15 días. Numeral 4) Prohibición de concurrir a determinados lugares. Numeral 5) Prohibición de comunicarse con personas determinadas. Numeral 8) Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes” (sic), ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado- (fs. 36 a 39). II.2. Según Auto Interlocutorio 300/2023 de 4 de mayo, el Juez codemandado determinó aplicar la medida cautelar de detención preventiva del imputado Christian René Arcani Fernández -ahora accionante- por el tiempo de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el cual fue apelado por el impetrante de tutela en la misma audiencia de conformidad al art. 251 del CPP (fs. 48 a 50 vta.). II.3. Cursa Auto de Vista 365/2023 de 12 de mayo, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, que dispuso la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el solicitante de tutela y declaró improcedente “…las cuestiones planteadas y en el fondo CONFIRMA la Resolución N° 300/2023 de 04 de mayo de 2023…” (sic [fs. 53 a 56]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa y a la libertad de locomoción; toda vez que, el Juez codemandado emitió Auto Interlocutorio 300/2023 de 4 de mayo, ordenando su privación de libertad por dos meses, de forma arbitraria y sin fundamentación alguna, apartándose de lo solicitado en la imputación formal, agravando su situación; motivo por el que, interpuso apelación incidental, sin embargo, el Vocal demandado, al resolver el recurso emitió el Auto de Vista 365/2023 de 12 de igual mes, cometiendo los mismos agravios y bajo argumentos confusos declaró la improcedencia del recurso, confirmando la resolución recurrida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso en medidas cautelares y su protección a través de la acción de libertad

La SCP 0395/2025-S3 de 20 de mayo, sobre el debido proceso expresó que: “En supuestos en los que el debido proceso es impugnado de transgredido como consecuencia de una cuestión relativa a medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional determinó que: ‘Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. (…) En consecuencia, la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación, salvo que al actor se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, caso en el que no resulta razonable la exigencia de la observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, precisamente por su imposibilidad de activar los medios de reclamación… (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)” (las negrillas son nuestras).

III.2. Exigencia de fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares, se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP

Sobre el particular la SCP 0395/2025-S3 de 20 de mayo precisó que: «La exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva.

En ese sentido, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, indica que: “…resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla”; añadiendo la SC 0782/2005-R de 13 de julio, que: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva”. Finalmente, es necesario aludir a lo dispuesto por la SC 0077/2012 de 16 de abril, que dispone: “Extractada la línea jurisprudencial sobre la importancia de la exigencia de fundamentar las decisiones y su relevancia aún mayor en lo que respecta a medidas cautelares, cabe referirse a lo previsto en el art. 398 del CPP, sobre los límites establecidos a los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes en el marco de la aplicación de medidas cautelares. En ese cometido, la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’. De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’. (…), cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: ‘3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables’. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”. Conforme a lo anotado, resulta evidente que, los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva.» (las negrillas y el subrayado es nuestro)

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa y a la libertad de locomoción; toda vez que, el Juez codemandado emitió Auto Interlocutorio 300/2023 de 4 de mayo, ordenando su privación de libertad por dos meses, de forma arbitraria y sin fundamentación alguna, apartándose de lo solicitado en la imputación formal, agravando su situación; motivo por el que, interpuso apelación incidental, sin embargo, el Vocal demandado, al resolver el recurso emitió el Auto de Vista 365/2023 de 12 de igual mes, cometiendo los mismos agravios y bajo argumentos confusos declaró la improcedencia del recurso, confirmando la resolución recurrida. De la revisión de antecedentes que motivaron la interposición de esta acción de defensa, se tiene que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Beatriz María Mamani Quispe contra Christian René Arcani Fernández -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 4 de mayo de 2023, en audiencia de aplicación de medidas cautelares el Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-, sin tomar en cuenta los fundamentos expuestos en la Resolución de Imputación Formal presentada el 12 de enero de 2023 por el Fiscal de Materia (Conclusión II.1) dispuso su detención preventiva por dos meses de investigación complementaria en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz al considerar que concurrían riesgos procesales emitiendo el Auto Interlocutorio 300/2023 de 4 de mayo, el cual fue impugnado por el impetrante de tutela en la misma audiencia de conformidad al art. 251 del CPP (Conclusión II.2); resultado del recurso de apelación incidental, el Vocal demandado, emitió el Auto de Vista 365/2023, disponiendo la admisibilidad del recurso de apelación, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmando el Auto Interlocutorio 300/2023 emitido por el Juez a quo, manteniendo la privación de libertad impuesta (Conclusión II.3). En ese marco, debe considerarse que, el accionante interpuso la presente acción de libertad invocando la transgresión de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, vinculado con su derecho a la libertad, impugnando la decisión asumida respecto a la apelación de la decisión que impuso en su contra la detención preventiva por dos meses; siendo viable conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, determinándose que tratándose de medidas cautelares de carácter personal esta acción de defensa puede ser activada por procesamiento indebido cuando se encuentre relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física y locomoción y se hubieran agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación; lo que se cumplió en el presente caso en revisión. Así también, previo a ingresar a la problemática planteada, corresponde expresar que la revisión de las resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria, se efectúa a partir de la última decisión pronunciada; en razón a que, mediante la misma se tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía -SCP 0037/2012 de 26 de marzo-; en ese entendido, se procederá al análisis de la presunta lesión de derechos a partir del Auto de Vista 365/2023, debiendo denegarse la tutela respecto al Juez codemandado. En este contexto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, y a efecto de verificar si las denuncias formuladas son evidentes o no, corresponde realizar la contrastación entre los agravios postulados en el recurso de apelación y los argumentos que sustentan el Auto de Vista 365/2023 hoy cuestionado; labor que será desarrollada a continuación; aclarando que, siendo que la carga de la prueba corre a cuenta de quien acude a la justicia constitucional, se advierte del cuaderno procesal que el recurso de apelación expuesto en audiencia consta en el acta de audiencia digital, la cual no se adjuntó a la presente acción tutelar; empero, dicha omisión no constituye óbice a los efectos de análisis de la Resolución emitida por la autoridad hoy demandada, siendo que los agravios expuestos por el accionante serán extraídos del Auto de Vista 365/2023, puntualizando los siguientes: a) Respecto a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad el autor o partícipe del hecho El impetrante de tutela sustentó como agravio que no corresponde el riesgo de probabilidad de autoría, porque el Juez a quo se basó en capturas de mensajes enviados por redes sociales que datan del año 2015, sin precisar fechas, ni determinar quién fue el remitente o emisor, al no registrar su nombre en ninguna de las capturas; que solamente por suposiciones de la víctima se presumió su autoría. El Vocal demandado en el Auto de Vista 365/2023, expresó que: “…este análisis no corresponde a la autoridad jurisdiccional menos a un tribunal de alzada…” (sic) por ser actividades del Director Funcional de las Investigaciones, según el art. 279 del CPP. Por ello, se concluye que la autoridad demandada no respondió a la lesión expuesta por el demandante de tutela, no fundamentó la existencia de suficientes elementos de convicción, para sostener que el imputado es el autor o partícipe del hecho punible; además que, el proceso es por el supuesto delito de violencia psicológica y no por agresión física, lo cual fue agregado por dicha autoridad, generando incertidumbre en el accionante.

b) Respecto a los riesgos procesales de obstaculización para la averiguación de la verdad El accionante sostuvo que, para aplicar una medida cautelar deben concurrir elementos de convicción suficientes de que el imputado no asistirá al proceso y entorpecerá la investigación; el Ministerio Público solamente refirió que los hechos ocurridos en contra de la denunciante la perturbaron emocionalmente; sin una correcta valoración de las pruebas aportadas por el impetrante de tutela, simplemente lo consideró un peligro efectivo que podría influir en familiares y en los actos pendientes de pericia psicológica y declaración de testigos. En relación a este agravio, el Vocal demandado, señaló que la víctima al ser mujer pertenece a un grupo vulnerable, debiendo juzgarse con perspectiva de género; y, aludió el art. 235.2 del CPP, mencionando que los jueces no deben adoptar decisiones sobre presunciones y que la resolución impugnada identificó a las personas en las que puede influir el ahora accionante, así como los actos investigativos como pericia psicológica y declaraciones de testigos. Estableciéndose, que no se respondió concretamente a la lesión expuesta por el demandante de tutela. Efectuadas dichas precisiones, este Tribunal evidencia que, el Vocal demandado, no efectuó una adecuada fundamentación y motivación respecto a los agravios expuestos en la apelación del Auto Interlocutorio 365/2023, no conteniendo una explicación clara, motivada y fundamentada; compeliendo resaltar que, la observancia del debido proceso, no exige una motivación abundante, sino que sea concisa y coherente, otorgando certeza sobre lo decidido, lo que no fue cumplido según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, estableciendo que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.

III.4. Dimensionamiento de efectos

En atención a la concesión de la tutela efectuada y el cumplimiento inmediato de la resolución del Tribunal de garantías, se realizó nuevamente la audiencia de consideración de medidas cautelares y un eventual recurso de apelación; por lo que, considerando el tiempo transcurrido es previsible que la situación jurídica del accionante ya hubiese sido resuelta, siendo que la concesión de la tutela solo tiene alcance respecto a las medidas cautelares, estas son eminentemente instrumentales, provisionales y temporales; motivo por el cual corresponderá mantener subsistentes los efectos de la Resolución del Juez de garantías. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 181/2023 de 2 de julio, cursante de fs. 75 a 83, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela en relación César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

2° DENEGAR la tutela solicitada en relación Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

3° Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo subsistentes los efectos de la Resolución 181/2023 de 2 de julio, dictada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1470_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2bfd3f86781bae4dbe9f97f6bc31b5886dda581562ffb45bd24a614acb9497e7

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