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SCP 1469/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56802-2023-114-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su abogado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la protección judicial, a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, encontrándose detenido preventivamente, el Fiscal de Materia, en actos conclusivos, en virtud del art. 323 inc. 3) del CPP, presentó ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, Resolución de sobreseimiento a su favor, razón por la cual solicitó en diferentes oportunidades el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, sin que hasta la interposición de la presente acción tutelar se lleve a cabo la misma. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de junio de 2023, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El sobreseimiento y su configuración procesal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1469/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56802-2023-114-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 21 de junio de 2023, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Godoy Duchen contra Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de junio de 2023, cursante de fs. 4 a 9, el accionante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, cursa proceso penal iniciado en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, en el cual el Fiscal de Materia presentó resolución de sobreseimiento a su favor; por lo que, amparado en el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP) solicitó la modificación de medidas cautelares ante el Juez demandado, quien decretó “CARÁCTER PREVIO ACOMPÁÑESE LA RESOLUCIÓN JERÁRQUICA” (sic); por esta razón, el 30 de mayo de 2023, solicitó cesación a la detención preventiva, y después de varios reclamos se fijó audiencia para el 7 de junio del mismo año, siendo suspendida por la autoridad jurisdiccional demandada sin esperar ni escuchar a nadie. Por consiguiente, el mismo día presentó nuevamente solicitud de cesación, siendo notificado el 13 de igual mes y año, con audiencia para el día siguiente, asistiendo al acto en el que hubo una espera de cuarenta minutos para después ser aplazada ante la ausencia de la Secretaria del despacho, para el 21 del referido mes y año, data que coincide con un feriado; misma que también se postergó para el 23 de ese mes y año, incumpliendo con el art. 239 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Su defensa técnica le manifestó al Juez demandado que se estaba tornando en una detención ilegal, pero dicha autoridad indicó que debía “…solicitar conminatorias contra la Fiscalía para reclamar la resolución jerárquica…” (sic); pero el Fiscal de Materia señaló que faltaba la notificación de otro coimputado con rechazo de denuncia, de manera que solicitó orden para que se resuelva separadamente su sobreseimiento, siendo negado por el demandado, dejándolo detenido injustamente y en completa indefensión; debiendo considerar, que el denunciante y la víctima desistieron del caso, sin presentar objeción contra el sobreseimiento.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la protección judicial, a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 117 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 11.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.I y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela en la modalidad reparadora, disponiendo que: a) Que el Juez demandado modifique las medidas cautelares disponiendo su inmediata libertad, restableciendo su derecho a la locomoción; b) Responsabilidad penal, civil y administrativa para la autoridad jurisdiccional demandada; y, c) Sea con reparación de daños y perjuicios, costas y costos a su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 30 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, no presentó informe escrito y en audiencia de garantías, señaló que: 1) El 7 de junio de 2023, se suspendió la audiencia por inasistencia del abogado de la defensa; 2) Ante la solicitud de la misma data se señaló audiencia para el 14 del mismo mes y año, y al no haber personal de apoyo en su juzgado, se suspendió para el 20 de igual mes y año, acto que también se pospuso para el 23 del señalado mes y año; y, 3) En relación al sobreseimiento, se solicitó al accionante que adjunte la resolución jerárquica porque la Fiscalía no remitió dicho actuado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 21 de junio de 2023, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela impetrada; empero, conminó al Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandado-a que lleve a cabo la audiencia programada, debiendo ejercer sus facultades de dirección; recomendando al Ministerio Público que existiendo sobreseimiento, las próximas actuaciones sean remitidas inmediatamente ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba; basándose en los siguientes fundamentos: i) La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, refirió que el recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- “…no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria” (sic); ii) Según normativa cuando el Ministerio Público emite sobreseimiento y no hay querellante, de oficio debe remitirse al Fiscal Departamental y si la resolución es confirmada por la mencionada autoridad, adquiere calidad de cosa juzgada y se debe liberar de inmediato al sobreseído; iii) La SCP 0103/2020-S4 de 14 de julio, sobre los efectos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento, asumiendo la SCP 0950/2019-S4 de 15 de noviembre, estableció lo que sigue: “Al respecto, la SCP 1625/2014 de 9 de agosto, desarrolló el procedimiento que se imprime luego del pronunciamiento del requerimiento conclusivo de sobreseimiento emanado por los fiscales de materia, señalando al efecto que: ‘En lo referente a los efectos del sobreseimiento y la posibilidad de que un detenido preventivo recupere su libertad se tiene que la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, estableció: ‘…sintetizando lo anteriormente desarrollado, corresponde precisar lo siguiente: 1) Una vez que el Fiscal inferior presenta el sobreseimiento al juez, ya sea como efecto de una impugnación o de oficio, deberá remitir dicho actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión, y el Fiscal Departamental, o superior jerárquico, una vez recibido el sobreseimiento deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, indefectiblemente dentro de los cinco días siguientes; y, 2) Una vez transcurrido el lapso señalado, sin que el Fiscal Departamental se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído. Entendimiento que implica una superación de la SCP 0068/2012 de 12 de abril’…” (sic); y, iv) Conforme el art. 324 del CPP, cuando el Ministerio Público emite sobreseimiento y no hay querellante, de oficio debe remitirse al Fiscal Departamental y si la resolución es confirmada por la mencionada autoridad, adquiere calidad de cosa juzgada y se puede liberar de inmediato al sobreseído.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de Sobreseimiento de 26 de mayo de 2023, Ramiro Altamirano Sejas, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal a denuncia de Rafael Limbert Camacho Vidal contra José Godoy Duchen -ahora accionante- y Luis Javier Aguayo, por la presunta comisión del delito de robo agravado, en mérito a los arts. 72, 278 y 323 inc. 3) del CPP, requirió el sobreseimiento del impetrante de tutela, por concluir que la investigación no ha consolidado la versión de la imputación y porque los elementos de prueba eran insuficientes para fundamentar la acusación, tal como establece el art. 323 del CPP. Debiendo notificarse a las partes con la presente Resolución a fin de que en el plazo de cinco días puedan formular impugnación, que se encuentra prevista en el art. 324 del CPP (fs. 20 a 23 vta.). II.2. Por providencia de 31 de mayo de 2023, se señaló audiencia de cesación de detención preventiva para el 7 de junio del mismo año (fs. 18); así también, el 9 de igual mes y año, nuevamente se fijó audiencia para el 14 del mencionado mes y año (fs. 19). II.3. Cursa acta de suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva de 14 de junio de 2023, emitida por el Juez demandado, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de robo agravado (fs. 25). II.4. A través de decreto de 15 de junio de 2023, Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, de oficio advirtió que existiendo una resolución de sobreseimiento, el Ministerio Público no presentó la resolución jerárquica solicitada por proveído de 29 de mayo del mismo año, conminando por segunda vez a que dicha autoridad acompañe lo solicitado (fs. 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su abogado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la protección judicial, a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, encontrándose detenido preventivamente, el Fiscal de Materia, en actos conclusivos, en virtud del art. 323 inc. 3) del CPP, presentó ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, Resolución de sobreseimiento a su favor, razón por la cual solicitó en diferentes oportunidades el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, sin que hasta la interposición de la presente acción tutelar se lleve a cabo la misma. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El sobreseimiento y su configuración procesal

Con relación al sobreseimiento, la SCP 1338/2013 de 15 de agosto, señaló: “En un entendimiento doctrinal respecto al sobreseimiento, Guillermo Cabanellas, precisó que ésta se constituye en: ‘…la suspensión del sumario o del plenario en el procedimiento penal, por desaparecer los cargos o desvanecerse contra los sospechosos, o no revestir carácter punitivo los hechos…’; en ese sentido, a través del sobreseimiento se suspende el proceso penal a favor de quien se otorgó, por falta de alguno de los elementos del tipo penal. Por otro lado, siguiendo un mismo tópico señaló que el sobreseimiento constituye la: ‘…suspensión del procedimiento por insuficiencia o falta de pruebas contra un acusado o al no aparecer cometido el delito supuesto; lo cual determina la liberación del posible detenido y el levantamiento de todas las restricciones existentes contra los encausados…’, en consecuencia su presentación genera un resultado lógico, cual es la cesación de todas las medidas restrictivas que pesan contra el imputado detenido. Por su parte, ‘En la legislación boliviana, esta figura jurídica constituye uno de los actos conclusivos de la etapa preparatoria, por la cual el fiscal en uso de sus facultades suspende el procedimiento penal o dicho en otros términos decreta el cese de la persecución penal iniciada contra el presunto autor (es), en tres circunstancias: La primera cuando resulte evidente que el hecho no existió (inexistencia del hecho punible); la segunda, cuando el hecho no constituya delito (falta de tipicidad), o que el imputado no haya participado en él (no participación en el hecho punible); y, tercera, cuando estime que los elementos de prueba, sean insuficientes para fundamentar la acusación (insuficiencia de elementos de convicción). Así, el art. 323 del CPP, señala que el fiscal podrá emitir requerimiento conclusivo fundamentado de sobreseimiento «cuando resulta evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación». En cuanto a su procedimiento, el fiscal juega un rol preponderante a momento de emitir requerimiento de sobreseimiento, pues si decide por este acto conclusivo, debe seguir el procedimiento establecido en el art. 324 del CPP, el cual establece la «Impugnación del Sobreseimiento», y señala que: «El fiscal pondrá en conocimiento de las partes el sobreseimiento decretado, el que podrá ser impugnado dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Recibida la impugnación, o de oficio en el caso de no existir querellante, el fiscal remitirá los antecedentes dentro de las veinticuatro horas siguientes, al fiscal superior jerárquico para que se pronuncie en el plazo de cinco días. Si el fiscal superior jerárquico revoca el sobreseimiento, intimará al fiscal inferior o a cualquier otro para que en el plazo máximo de diez días acuse ante el juez o tribunal de sentencia. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó, la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales…». Es decir, están regulado, las notificaciones y plazos para impugnar, remitir obrados, y dictar resolución, como también los efectos. Ello significa que, el sobreseimiento es sujeto de revisión por parte del Fiscal del Distrito, -previa impugnación o no dependiendo del caso, como se tiene explicado- lo cual significa que en base al principio de Unidad que rige al Ministerio Público, es la misma entidad la que se encarga de revisar esta decisión, que independientemente de la jerarquía corresponde a similar instancia fiscal a fin de resguardar la certeza y seguridad jurídica en la decisión adoptada’ (SC 1084/2011-R de 16 de agosto)” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su abogado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la protección judicial, a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, encontrándose detenido preventivamente, el Fiscal de Materia, en actos conclusivos, en virtud del art. 323 inc. 3) del CPP, presentó ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, Resolución de sobreseimiento a su favor, por la cual solicitó en diferentes oportunidades el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, sin que hasta la interposición de esta acción tutelar se lleve a cabo la misma. De la revisión de antecedentes, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rafael Limbert Camacho Vidal contra el accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Fiscal de Materia, el 26 de mayo de 2023 dictó Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a favor del imputado -ahora accionante-(Conclusión II.1); motivo por el cual, solicitó al Juez demandado, señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; inicialmente, por decreto de 31 de igual mes y año, se fijó audiencia para el 7 de junio del mismo año y posteriormente, el 9 de igual mes y año, nuevamente se programó audiencia para el 14 del señalado mes y año (Conclusión II.2); suspendiéndose las mismas por diferentes motivos, siendo la última por falta de personal de apoyo en el Juzgado (Conclusión II.3); por cuanto, se advierte en el caso de autos, dilación en el señalamiento de las audiencias solicitadas por el impetrante de tutela, siendo que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, las peticiones vinculadas al derecho a la libertad, deben ser tramitadas con la mayor celeridad. Pero, de lo expuesto, el origen de las solicitudes de cesación a la detención preventiva se encuentra en la Resolución de Sobreseimiento emitida por la autoridad fiscal; Resolución sin la cual, el solicitante de tutela no hubiera realizado dichas peticiones; consecuentemente, es indispensable analizar este acto. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que la Resolución de Sobreseimiento a favor del imputado, constituye un acto conclusivo de la etapa preparatoria, mediante la cual el Fiscal de Materia, de acuerdo a la norma, cesa la persecución penal iniciada contra el presunto autor; en el caso presente, al haberse emitido la resolución de sobreseimiento, correspondía que la misma sea remitida de forma inmediata ante el Fiscal Departamental, a fin que la confirme o revoque en el plazo de cinco días; según la jurisprudencia citada supra, el presupuesto para considerar la cesación a la detención preventiva del imputado con sobreseimiento es que la autoridad jerárquica no haya pronunciado su resolución dentro de los cinco días que prevé la norma; este supuesto no concurre en la presente causa, pues no se tiene constancia de la remisión de dicha resolución ante el Fiscal Departamental, lo que conduce a la conclusión de que dicha autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse, haciendo inviable temporalmente, la consideración de la cesación de la detención preventiva impetrada y que constituye la pretensión principal de la presente acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de junio de 2023, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1469_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): b2816ba690140d09b80222eb8ba4e3ce1c442dd912e685aff695fac1a33babe2

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