Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculados a la libertad y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, la Vocal demandada, al resolver la apelación (a través del Auto de Vista de 1 de junio de 2023), incurrió en una fundamentación contradictoria y vulneratoria de derechos por dos razones: i) Agregó nuevos fundamentos para mantener el riesgo del art. 234.7 del CPP, a pesar de que no era apelante y ninguna parte lo solicitó; y, ii) Basó el riesgo procesal en las circunstancias del hecho investigado y no en la peligrosidad demostrable de la personalidad del imputado, contraviniendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, que exige criterios objetivos, materialmente demostrables y enfocados en el agente para determinar el peligro para la sociedad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 26 de junio -lo correcto es 27-, cursante de fs. 106 a 111, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la precitada Jueza de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1467/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56775-2023-114-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 04/2023 de 26 de junio -lo correcto es 27-, cursante de fs. 106 a 111, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Cristóbal Yucra Catari contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursante de fs. 77 a 81 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó lo siguiente:
Se encuentra con detención preventiva determinada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, desde el 23 de mayo de 2023, por la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2, 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). La Jueza Pública Civil y Comercial, de Familia e instrucción Penal de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba fundó el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, relativo al peligro para la sociedad con el argumento central de la naturaleza del delito de tráfico de sustancias controladas, que afecta a jóvenes y estudiantes, citando la SCP 0969/2017-S3 de 25 de septiembre. Señalando también que a pesar que la defensa presentó la SCP 0702/2020-S3 de 3 de noviembre, que exige considerar antecedentes y proclividad, ante la falta de documentación idónea como el certificado de antecedentes penales, existiendo duda razonable, el imputado sería un peligro para la sociedad hasta que se demuestre lo contrario. En consecuencia, formuló una apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, alegando vulneración al art. 115 de la Norma Suprema, por la inadecuada motivación y fundamentación del art. 234.7 del citado Código adjetivo, ya que la Jueza se basó de manera inadecuada en la gravedad y naturaleza del delito citando la SCP 0969/2017-S3. Recurso resuelto por la Vocal hoy demandada, a través del Auto de Vista el 1 de junio de 2023, que denegó la apelación y modificó la fundamentación del riesgo procesal del señalado artículo de la norma procesal penal, arguyendo que la SCP 0220/2020-S2 -no señala fecha-exige una valoración integral de los hechos objetivos como: La aprehensión en flagrancia del imputado, la incautación de sustancias controladas ocultas en guantes, la cantidad de la sustancia incautada y el hecho de que el proceso aún se encuentra en la etapa de investigación; elementos que justificaron mantener la figura del peligro para la sociedad, declarando en consecuencia “PROCEDENTE EN PARTE” la apelación formulada, específicamente en relación al hecho de haber acreditado el presupuesto de domicilio y haber desvirtuado el presupuesto de obstaculización, manteniéndose por lo demás firme la Resolución de 23 de mayo de 2023, con la modificación efectuada al numeral 7 del art. 234 del CPP. La fundamentación de la Vocal demandada resulta contradictoria a la jurisprudencia constitucional y vulneratoria de sus derechos, ya que aumentó fundamentos, como la flagrancia y la cantidad de sustancia, para mantener vigente el riesgo procesal del art. 234.7 del citado Código, a pesar que dicha autoridad no era apelante y ninguna de las partes solicitó la introducción de nuevos fundamentos. Por otro lado, el Tribunal Constitucional Plurinacional exige que el riesgo procesal de “peligro para la sociedad” se fundamente en criterios objetivos materialmente demostrables, enfocándose en la personalidad del imputado y no en las características del hecho investigado. En su caso, su detención preventiva es indebida, porque la fundamentación del riesgo del art. 234.7 del CPP, se basó en un criterio subjetivo de la autoridad demandada, al tomar en cuenta las circunstancias del hecho en lugar de la personalidad del imputado, sin existir un elemento objetivo que pruebe el riesgo conforme a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, constituyéndose una vulneración al principio de presunción de inocencia y al debido proceso que afecta su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados a la libertad y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 23, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la Vocal demandada emita un nuevo auto de vista, en el plazo de veinticuatro horas, tomando en cuenta la amplia jurisprudencia constitucional en relación a la valoración y fundamentación del riesgo procesal establecido en el art. 234 “inc. 10” del CPP.
Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 104 a 105, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus representantes sin mandato, en audiencia de garantías, ratificó íntegramente los fundamentos de su demanda de acción de libertad.
Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe presentado el 27 de junio de 2023, cursante de fs. 99 a 103 vta., señaló que: a) El impetrante de tutela, en su escrito, solo hizo una descripción de antecedentes procesales y citó sentencias constitucionales de forma textual, con argumentos escuetos y subjetivos sobre la detención preventiva -art. 234.7 del CPP-. Estos argumentos no reflejan los fundamentos del Auto de Vista de 1 de junio de 2023, el cual fue emitido por tras escuchar a las partes, bajo una correcta valoración y con fundamentos claros, precisos y motivados conforme al art. 124 del CPP; b) El aludido Auto de Vista, no vulneró los derechos invocados, ya que fue emitido conforme a la competencia limitada del art. 398 del CPP y la jurisprudencia constitucional; es claro, congruente y responde de forma fundamentada a los datos del proceso; c) En la audiencia del 1 de junio de 2023, en relación al art. 234.7 del CPP, se aplicó la SCP 0220/2020-S2, que exige una valoración integral de antecedentes y hechos objetivos. Como hecho objetivo se demostró la aprehensión en flagrancia del imputado con sustancias controladas -evidenciado por muestrario y el Informe policial-, además de tomar en cuenta que el proceso está en plena etapa de investigación; d) Tomando en cuenta lo señalado por la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas -Ley 913 de 16 de marzo de 2017- en sus arts. 1 y 5, si bien la Juez a quo mencionó elementos de la SCP 0969/2017-S3,como la afectación del narcotráfico a grupos vulnerables, corresponde mantener la determinación y fundamentarla en la naturaleza y gravedad del delito, realizando una valoración integral de las circunstancias del hecho, el estado del proceso y la cantidad de sustancia incautada, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0969/2017-S3 y 0220/2020-S2; e) Con referencia a las Sentencias Constitucionales citadas y transcritas de manera textual en la presente acción de libertad, el accionante no establece ser vinculantes tomando en cuentas las circunstancias del hecho con referencia al caso en concreto; f) La Resolución fue clara al explicar por qué no correspondía el reclamo cuestionado en la apelación; por lo que, no se provocó agravio ni se vulneró el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, legalidad o seguridad jurídica; g) Los reclamos efectuados en la acción de libertad son razonamientos subjetivos del accionante. Esta vía constitucional no puede suplir a la jurisdicción ordinaria, que declaró la procedencia en parte de la apelación bajo una resolución que respeta las normas penales procesales, la jurisprudencia constitucional vinculante -arts. 398, 124 y 236 del CPP- y cuya determinación es de carácter provisional e instrumental; y, h) Habiendo actuado dentro de sus competencias y conforme a la jurisprudencia (SCP 0077/2012 de 16 de abril), debe considerarse que las resoluciones de medidas cautelares, bajo los principios de instrumentalidad y variabilidad, pueden ser modificadas en cualquier momento a solicitud de parte, con la acreditación de nuevos elementos de convicción, según el art. 239 del CPP.
El representante del Ministerio Público no presentó memorial alguno ni se hizo presente en audiencia de garantías, pese a su legal citación cursante a fs. 86.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2023 de 26 de junio -lo correcto es 27-, cursante de fs. 106 a 111, concedió la tutela disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 1 de junio de 2023, debiendo la autoridad demandada, emitir uno nuevo, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación personal. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) De la lectura del Auto de Vista de 1 de junio de 2023, dictado por la autoridad ahora demandada, sólo referente a lo reclamado en la presente acción de defensa, en relación al art. 234.7 del CPP, de manera puntual, invocó la SCP 0220/2020-S2, que exige una valoración integral de antecedentes para establecer hechos objetivos, señalando la aprehensión en flagrancia del imputado con sustancias controladas hábilmente minimizadas -según muestrario e informe-, el hecho de que el proceso está en etapa de investigación, y lo dispuesto en los arts. 1 y 5 de la Ley 913; 2) Si bien la Jueza a quo citó la SC 0969/2017-S3 para construir el peligro para la sociedad, esa sentencia también exige tomar en cuenta elementos objetivos; 3) La jurisprudencia mencionada -como la SCP 0056/2014 de 3 de enero-establece que la valoración integral del riesgo del art. 234.7 del CPP, debe analizar la conducta y antecedentes del imputado. Este riesgo se construye sobre la acreditación de que la libertad irrestricta del imputado -que haya sido procesado o condenado previamente- conlleve un peligro efectivo, real o verdadero para la sociedad, la víctima o el denunciante; peligro que debe ser presente, real o materialmente verificable, y basarse en las características personales del imputado, no solo en el hecho que se juzga, superando cualquier criterio subjetivo; 4) La fundamentación de la autoridad demandada carece de los aspectos jurisprudenciales señalados; toda vez que, se limitó a mencionar la flagrancia, las sustancias controladas, el estado investigativo del proceso y la Ley 913; y, 5) No existe una fundamentación clara que explique de qué manera los hechos objetivos de flagrancia, las sustancias minimizadas, la etapa de investigación o la cantidad de la sustancia construyen el riesgo procesal de fuga referente al peligro efectivo para la víctima o la sociedad, conforme a la línea jurisprudencial. En consecuencia, se evidencia una falta de fundamentación en la construcción del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cristóbal Yucra Catari -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, emitió el Auto Interlocutorio de 23 de mayo de 2023, disponiendo la detención preventiva del peticionante de tutela por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del aludido departamento. Decisión apelada en ese mismo actuado por la defensa (fs. 2 a 10). II.2. Mediante Auto de Vista de 1 de junio de 2023, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, declaró procedente en parte la apelación formulada por el hoy solicitante de tutela, “…específicamente en relación al hecho de haberse acreditado el presupuesto de domicilio y haberse desvirtuado el presupuesto de obstaculización, manteniéndose por lo demás firme la resolución de fecha 23 de mayo de 2023, con la modificación efectuada al numeral 7) del Art. 234 del CPP” (sic [el resaltado es ilustrativo] [fs.11 a 14]).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculados a la libertad y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, la Vocal demandada, al resolver la apelación (a través del Auto de Vista de 1 de junio de 2023), incurrió en una fundamentación contradictoria y vulneratoria de derechos por dos razones: i) Agregó nuevos fundamentos para mantener el riesgo del art. 234.7 del CPP, a pesar de que no era apelante y ninguna parte lo solicitó; y, ii) Basó el riesgo procesal en las circunstancias del hecho investigado y no en la peligrosidad demostrable de la personalidad del imputado, contraviniendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, que exige criterios objetivos, materialmente demostrables y enfocados en el agente para determinar el peligro para la sociedad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
jurisprudencia reiterada La SCP 0808/2025-S3 de 24 de julio, señaló que: “Sobre el particular, el art. 124 del CPP establece: ‘...(Fundamentación). Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba’. Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional fortalecida que la fundamentación y motivación que realiza todo juez o tribunal a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese marco, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, precisó que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juez lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha accionado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juez, eliminando cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…). Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos exigidos, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Asimismo, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, promovió que: ‘ …la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva , sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)…’” (el resaltado es añadido).
Al respecto, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señaló: “Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia .
En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como 'el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta' -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juez debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; Pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras” (las negrillas son nuestras).
De la presente acción de defensa, se puede entender que el principal problema radica en que si la detención preventiva es indebida; toda vez que, en alzada, el riesgo procesal de “peligro para la sociedad” configurado en el art. 234.7 del CPP, fue fundamentado con base en criterios subjetivos y en las características del hecho, y por haber sido modificado con nuevos fundamentos por la Vocal demandada sin que se hubiere solicitado. De los antecedentes venidos en revisión, plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional, se extrae que mediante Auto de Vista de 1 de junio de 2023, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, declaró procedente en parte la apelación formulada por el hoy solicitante de tutela, “…específicamente en relación al hecho de haberse acreditado el presupuesto de domicilio y haberse desvirtuado el presupuesto de obstaculización, manteniéndose por lo demás firme la resolución de fecha 23 de mayo de 2023, con la modificación efectuada al numeral 7) del Art. 234 del CPP” (sic [el resaltado es ilustrativo]). Ahora bien, considerando la problemática expuesta precedentemente, conviene precisar que, en este caso concreto, el análisis de la resolución observada se centrará a revisar los argumentos o fundamentos expresados para mantener vigente el riesgo procesal de peligro para la sociedad, descrito en el art. 234.7 del CPP, en el entendido que es éste el que estaría manteniendo subsistente la medida de última ratio contra el impetrante de tutela. En esa línea de análisis, en atención a los antecedentes expuestos, corresponde considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece la obligatoriedad que tienen los operadores de justicia, en el marco de un debido proceso, de dictar fallos debidamente motivados y fundamentados y que cumplen con la exigencia de valoración integral de los medios probatorios en medidas cautelares. Por otro lado, en cuanto al problema que nos ocupa, el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, remarca que la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia. Bajo el marco de los precisado en líneas precedentes, al respecto de la concurrencia del art. 234.7 del CPP, la Jueza a quo, estableció que: “Con relación al núm. 7 Del Art. 234 del CPP. respecto a la naturaleza del proceso y el ilícito cometido, debe considerarse que la sociedad está integrada por la juventud, victimas alas que están destinadas las sustancias controladas, se tiene también la SC 0969/2017-S3 de 25 de septiembre, ha señalado que el delito de tráfico de sustancias controladas afecta a grupos vulnerables como son los jóvenes y estudiantes, por lo que el indicado riesgo procesal está vinculado a la naturaleza del delito, habiéndose también adjuntado sentencia constitucional S/C 0702/2020-S3 por la parte de la defensa respecto a que debe considerarse la proclividad y los antecedentes del imputado para ser considerado un peligro para la sociedad, al no contarse con mayor documentación en este entendido, no se ha adjuntado un certificado de antecedentes penales y otra documentación que acredite estos extremos por parte del Ministerio Publico ni por parte de la defensa, al existir duda razonable sobre el mismo se establece que en tanto y en cuento no se demuestre los antecedentes del imputado con documentación idónea se establece que el imputado es un peligro para la sociedad” (sic). Siendo ese el argumento que dio lugar a determinar que estaría latente el peligro para la sociedad, a efecto de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, la defensa del hoy accionante apeló este riesgo procesal argumentando en audiencia de apelación incidental que: a) No existe una debida motivación y fundamentación que establezca de qué manera concurre el peligro para la sociedad; por cuanto, la fundamentación se basa en una Sentencia Constitucional que fue modulada por la “SC 1050/2017”, la cual establece que la naturaleza del delito no tiene asidero legal para la construcción de este riesgo, siendo una fundamentación sesgada; b) No se cumple con la carga argumentativa que exige la demostración material del riesgo, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 116 de la CPE; c) La Jueza a quo exigió la presentación de un Certificado de Antecedentes Penales u otra documentación a la defensa para desvirtuar el riesgo; exigencia que es ilógica e irracional y vulnera el principio de congruencia; puesto que, el numeral 5 del art. “231 bis” del CPP, establece claramente que la carga de la prueba para acreditar los riesgos de fuga y obstaculización corresponde a la parte acusadora y al no haber cumplido el Ministerio Público con su carga, la Jueza concluyó incorrectamente que el riesgo persistía por la falta de documentación de la defensa; d) La Jueza a quo mencionó la existencia de duda razonable -lo cual debería favorecer al imputado-, pero ignoró este aspecto; y, e) Se vulneró la presunción de inocencia al tomar en cuenta aspectos relacionados al mismo hecho investigado, contraviniendo la SCP 0975/2016-S3 de 16 de septiembre. En ese estado de cosas, la Vocal hoy demandada, en el Auto de Vista de 1 de junio de 2023, ahora observado, se pronunció al respecto de este riesgo procesal señalando que: “…en relación al num. 7) del CPP., lo señalado por el abogado de la defensa en relación a las circunstancias de que no se puede sostener este presupuesto, bajo el argumento de que el delito de tráfico de sustancias controladas afecta a la población más vulnerable y otros aspectos que fueron considerados por la Juez A quo, al respecto corresponde señalar que conforme la SC 220/2020-S2, se tiene que para la concurrencia de este numeral, debe realizarse una valoración integral de los antecedentes del caso, a efectos de establecerse hechos objetivos, en ese entendido se entiende que como hecho objetivo la circunstancia de que el imputado ha sido aprehendido en flagrancia, así también ha sido aprendido con sustancias controladas hábilmente minimizadas en unos guantes conforme al muestrario fotográfico y el Informe emitido por el Asignado al Caso, se tiene también que tomar en cuenta las circunstancias de que este proceso se encuentra en plena etapa de investigación, recopilándose elementos de juicio a los fines de establecerse la verdad material de los hechos. En ese sentido, tomando en cuenta lo señalado por la Ley 913 en sus Arts. 1 y 5, si bien es cierto que la Juez Aquo hace mención a la construcción a esas circunstancias que se encuentran establecidas en la SC 969/2017 que ha sido mencionada por la Juez A quo a tiempo de la construcción del presupuesto procesal de peligro para la sociedad, empero también esta Sentencia Constitucional mencionada es clara a efectos de tomarse en cuenta elementos objetivos, toda vez que lo sostenido en este caso respecto a el delito de narcotráfico afecta a grupos vulnerables que son los jóvenes estudiantes, este hecho resulta un aspecto muy general, tomando en cuenta los alcances de esta sentencia, que incluso es de conocimiento del abogado del imputado resuelve que el núm. 7 en este momento corresponde mantener, por cuanto los elementos objetivos respecto inclusive a la cantidad de sustancia controlada incautada debe también considerarse como un elemento objetivo” (sic). De lo expuesto por la Vocal demandada, se pueden advertir los siguientes extremos: 1) Se descartó el argumento genérico de la naturaleza del delito y sustituye el argumento por “hechos objetivos” vinculados a la ejecución del delito y el estado del proceso; 2) Modificó la fundamentación, citando la SCP 0220/2020-S2, relativa a la valoración integral de los antecedentes del caso, para introducir los “hechos objetivos”, como son: la flagrancia, el ocultamiento, el estado de investigación y la cantidad de sustancia; y, 3) Intentó demostrar la peligrosidad materialmente con la flagrancia y el ocultamiento, pero omitió explicar cómo estos hechos concretos, que son parte del hecho del delito, se traducen en una peligrosidad efectiva, real o verdadera para la sociedad que solo cesaría con la detención preventiva del imputado -hoy peticionate de tutela-. Es decir que, el Auto de Vista confutado, aunque corrige la fundamentación genérica e introduce los “hechos objetivos” del caso, su motivación resulta insuficiente porque no establece el nexo causal entre los hechos de flagrancia, cantidad de sustancia y ocultamiento, con la peligrosidad efectiva y personal del imputado. Además, al introducir estos nuevos fundamentos sin que la parte apelante -impetrante de tutela- las hubiese solicitado, la Resolución peca de incongruente, lo que constituye una forma de motivación arbitraria. Consiguientemente, la determinación observada no cuenta con una adecuada motivación y fundamentación, aspecto que permite la concesión de la tutela en ese sentido. Por lo expuesto, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 26 de junio -lo correcto es 27-, cursante de fs. 106 a 111, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la precitada Jueza de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1467_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1fefa188ff0212aaa9c24b11bc68f4e21b23b182977c54f5d512cf9f1ed4c2b8
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