B.IA.LEGAL

SCP 1462/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56691-2023-114-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho, a la libertad, a una debida motivación y fundamentación, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual el Vocal demandado a través del Auto de Vista 637, a fin de mantener su detención preventiva, respecto del riesgo procesal de peligro de fuga art. 234.7 del CPP, no consideró las conclusiones del informe psicológico emitido por la Psicóloga de la Dirección de Régimen Penitenciario. Respecto del peligro de obstaculización del proceso contenido en el art. 235.2 del CPP, le quitó validez al informe del investigador asignado al caso sobre los actuados de investigación, señaló que aún falta desarrollar la entrevista en Cámara Gesell de la víctima, informes psicológicos, que los testigos son familiares, siendo su actitud reiterada, sin tomar en cuenta que la entrevista en Cámara Gesell de la víctima se realizó mientras aún guardaba detención preventiva y que no existe norma que determine que cuando hay prueba de cargo pendiente de diligenciamiento, no procedería la cesación de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 71 a 72, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia determina DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar en los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1462/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56691-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 71 a 72, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maria Esther Flores Palenque, en representación sin mandato de Rumareo Chambi Quispe, contra Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de junio de 2023, cursante de fs. 55 a 62 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público y denuncia de Elizabeth Guzmán Cuellar por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Auto de Vista 637 de 30 de septiembre de 2022, revocó el Auto interlocutorio del juez a quo, manteniendo su detención preventiva. En tal sentido refirió que el Auto de Vista, respecto del riesgo procesal de peligro de fuga art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no consideró las conclusiones del informe psicológico emitido por la Dirección de Régimen Penitenciario, se negó la pericia psicológica ante el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (ITCUP) e indicó que se debió realizar un informe psiquiátrico a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Respecto del peligro de obstaculización del proceso art. 235.2 del CPP le quitó validez al informe del policía asignado al caso sobre los actuados de investigación, señaló que aún falta desarrollar la entrevista en Cámara Gesell de la víctima, informes psicológicos, que los testigos son familiares, siendo su actitud reiterada, sin tomar en cuenta que la referida entrevista en Cámara Gesell se realizó mientras aun guardaba detención preventiva, no existe norma que determine que cuando hay prueba de cargo pendiente de diligenciamiento, no procede la cesación de la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, a una debida motivación y fundamentación, valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 22, 23.I, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 637/2022 de 30 de septiembre, dictando uno nuevo debidamente fundamentado y motivado valorando la prueba presentada de manera integral.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 71, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción y ampliación

El accionante, a través de su representante sin mandato, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 65.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 10/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 71 a 72, denegó la tutela solicitada, argumentando que: No es posible acudir a la acción tutelar interpuesta cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y actos para restituir el derecho a la libertad de manera inmediata, siendo el caso de que el accionante no realizó el reclamo de forma oportuna de las supuestas vulneraciones de derechos que manifiesta en su acción tutelar. En vía de aclaración, el accionante a través de su abogado solicitó que: se aclare cuál es el recurso o medio pendiente al que se debe acudir.

En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Jueza de garantías, con respecto al punto señaló que la resolución fue dictada y que la parte a través de su defensa debió plantear el recurso legal que correspondía.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto interlocutorio de 15 de agosto de 2022 emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del Departamento de Santa Cruz, por el que acepta la solicitud de cesación de la detención preventiva del ahora accionante, disponiendo tanto medidas sustitutivas, así como medidas de protección especial. (fs. 41 a 46 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 637 de 30 de septiembre de 2022, emitido por Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora demandado se revocó el citado Auto interlocutorio, disponiendo mantener la detención preventiva impuesta (fs. 51 vta. a 54 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho, a la libertad, a una debida motivación y fundamentación, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual el Vocal demandado a través del Auto de Vista 637, a fin de mantener su detención preventiva, respecto del riesgo procesal de peligro de fuga art. 234.7 del CPP, no consideró las conclusiones del informe psicológico emitido por la Psicóloga de la Dirección de Régimen Penitenciario. Respecto del peligro de obstaculización del proceso contenido en el art. 235.2 del CPP, le quitó validez al informe del investigador asignado al caso sobre los actuados de investigación, señaló que aún falta desarrollar la entrevista en Cámara Gesell de la víctima, informes psicológicos, que los testigos son familiares, siendo su actitud reiterada, sin tomar en cuenta que la entrevista en Cámara Gesell de la víctima se realizó mientras aún guardaba detención preventiva y que no existe norma que determine que cuando hay prueba de cargo pendiente de diligenciamiento, no procedería la cesación de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar en los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP

La jurisprudencia constitucional ha establecido de manera uniforme, la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” .

El deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al señalar que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” .

Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.

Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

(…)

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…” .

Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: “…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración.

Según la jurisprudencia glosada precedentemente, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, no sólo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal de alzada que conozca en apelación el fallo que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, ejerciendo sus facultades que tiene para revisar y en su caso modificar la determinación impugnada remitida a su conocimiento por la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debiendo asimismo dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación.” (las negrillas corresponden al texto original)

III.2. Análisis del caso concreto

Establecida la problemática jurídica, debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el cual es taxativo al señalar, la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva, las cuales no sólo alcanzan al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. En tal sentido el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del mismo compilado legal, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del citado Código. En este entendido, el Auto de Vista 637 (Conclusión II.2) emitido por Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora demandado, que revocó el Auto interlocutorio de 15 de agosto de 2022, (Conclusión II.1) disponiendo mantener la detención preventiva del ahora accionante, en el apartado “III ANALISIS DEL CASO CONCRETO” (Sic.) respecto del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP peligro efectivo para la víctima señaló que la autoridad Jurisdiccional se amparó en el informe psicológico emitido por la Psicóloga de la Dirección de Régimen Penitenciario; sin embargo, no realizó una ponderación y un análisis integral con el informe psicológico realizado por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) a la menor, el cual estableció que se encuentra afecta por lo sucedido, las amenazas del denunciado a la víctima respecto de que, si cuenta a alguien le va pasar lo mismo a su hermana, identificándose que el denunciado intentó llevarla a un motel el 2018, pidiéndole que mienta sobre su edad, no siendo la primera vez que trato de agredirla. Continúa señalando el referido Auto de Vista 637, que el Estado obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a poner en una balanza la ponderación de los riesgos procesales, debiendo dar una protección reforzada ya que no solo se habla de una mujer sino de una persona menor de edad, señalando que la autoridad jurisdiccional omitió hacer este tipo de valoración integral incumpliendo el mandato del art. 60 y 61 de la CPE referida a la protección reforzada a la niña y conforme el entendimiento del peligro efectivo para la victima debe ser materialmente verificable como en el caso presente, lo cual no fue contemplado por la autoridad jurisdiccional, recayendo sobre el imputado además una doble obligación al ser mayor de edad y parte del entorno familiar lo cual fue utilizado para inducir a la menor a subir al vehículo y de esa forma consumar la agresión, por lo que concluyó que el riesgo de peligro efectivo para la víctima se encuentra latente. De lo manifestado se puede evidenciar que, en el referido Auto de Vista, la autoridad demandada resalta que el a quo omitió desarrollar una valoración integral de la prueba aportada y sobre todo no realizó la ponderación entre ambos informes psicológicos, del imputado y de la víctima, señalado que, existió una amenaza establecida en contra de la misma, consistente en pretender con anterioridad conducirla a un motel, pedirle que mienta sobre su edad, es decir que ya intentó desplegar la agresión sexual y que dicho informe da cuenta de que se encuentra afectada, señaló que la autoridad judicial no aplicó la protección reforzada que debe existir en su favor al pertenecer a un grupo vulnerable en su condición de mujer y adolescente, frente a un informe psicológico del imputado en el cual si bien concluye que el interno a momento de la evaluación no muestra ninguna psicopatología grave, en el desarrollo del informe indicó que presenta características de trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo, lo cual es considerado por el Auto de Vista cuestionado, al hacer referencia a la falta de valoración conjunta y ponderación de la prueba aportada por las partes llegando a concluir también que no se aplicó la protección reforzada que merece la víctima establecida en el art. 60 y 61 de la CPE, por lo que se puede evidenciar la valoración integral de la prueba aportada y la suficiencia en la motivación y fundamentación del referido Auto de Vista para establecer que dicho riesgo continúa latente. En relación al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP el Auto de Vista 637, el Vocal demandado señaló que, el informe del Policía no enerva este riesgo procesal, pues el que realiza la investigación es el Ministerio Público en calidad de Director funcional de la investigación, quedando pendiente la entrevista en Cámara Gesell, los informes psicológicos, la entrevista de testigos que son familiares del entorno de la víctima y del imputado, considerando dicho Auto de Vista la conducta reiterada del imputado por los antecedentes del hecho, determinando que por tales razones dicho riesgo procesal continúa latente. De lo expuesto se evidencia que el mencionado Auto de Vista consideró que el riesgo procesal continúa, al estar pendiente informes psicológicos de emitir y sobre todo la entrevista de testigos al respecto consideró que dichos testigos merecen la protección al pertenecer al entorno de la víctima como del imputado, tomando en cuenta la conducta reiterada del imputado con la víctima, en tal sentido si bien el ahora accionante manifiesta que la entrevista de Cámara Gesell ya fue realizada mientras se encontraba detenido y que sería falso lo argumentado en el Auto de vista al indicar que la misma está pendiente, dicho argumento no resulta determinante para enervar el riesgo procesal ya que aún haciendo abstracción del mismo, el Auto de Vista señaló también otros actos investigativos pendientes de diligenciamiento, siendo una motivación suficiente vertida por el Auto de Vista en análisis para establecer que el riesgo procesal continúa latente. Consiguientemente, se puede evidenciar que el Auto de Vista 637, contiene una fundamentación concisa y razonable, que permite conocer de forma indubitable los motivos que llevaron a tomar la decisión, sustentado en la valoración de los medios de prueba aportados, otorgando a las partes la certeza de conocer en que se fundamentó la resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; justificando la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP respecto del riesgo del art. 234.7 peligro efectivo para la víctima y el art. 235.2 peligro de obstaculización del proceso, del mismo cuerpo legal, conforme se establece en el señalado Fundamento Jurídico III.1, por lo que, la decisión asumida no vulnera el derecho a la libertad, existiendo la suficiencia en la fundamentación y motivación para la decisión asumida, sustentado en la valoración de los medios de prueba descritos en el señalado Auto de Vista, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 71 a 72, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia determina DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1462_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): b735b53f3e57723aea2bf0602ceda71683cdf628d766ff19f8737d34ee7fccbb

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →