Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato denunciaron la lesión de su derecho a la libertad y de los principios de celeridad y economía procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rolando Choque Ignacio y Nicasio Checo Toco -hoy accionantes, por la presunta comisión del delito previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, suspendió en tres oportunidades las audiencias de cesación de la detención preventiva que solicitaron con base en el art. 239.1 del CPP, alegando solamente la inasistencia del Secretario del Juzgado, cuando conforme al art. 74.6 de la LOJ, dicha autoridad judicial debe dirigir las audiencias de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e incidentes planteados en la misma.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 23 de junio de 2023, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el precitado Tribunal de garantías. 2º Se llama la atención a Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, para que en actuaciones futuras no incurra en dilaciones indebidas cuando se halle comprometida la libertad de las personas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1457/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56615-2023-114-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 23 de junio de 2023, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Roberto Pérez Ninavia en representación sin mandato de Rolando Choque Ignacio y Nicasio Checo Toco contra Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 22 de junio de 2023, cursante de fs. 3 a 4 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato, expresaron lo siguiente:
Se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario de Sacaba de Cochabamba, medida dispuesta a través de Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2023; sin embargo, “hasta la fecha”, sus solicitudes de cesación de la detención preventiva, impetradas conforme al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del citado departamento -ahora demandado-, efectuadas el 7, 13 y 20 de junio de igual año, fueron suspendidas por la indicada autoridad judicial, en virtud a la inasistencia del Secretario del Juzgado, siendo ese el único argumento del juzgador, quien, conforme al art. 74.6 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, debe dirigir las audiencias de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e incidentes planteados en la misma.
Denunciaron la lesión de su derecho a la libertad y de los principios de celeridad y economía procesal; citando al efecto los arts. 23.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene al Juez demandado “…asegure la conexión en sala virtual de un funcionario judicial de su despacho o suplente o en su defecto pueda llevar adelante la audiencia programada (…) otro juzgado de instrucción” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 23 de junio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 20 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, en audiencia de garantías, ratificaron íntegramente los fundamentos de su demanda de acción de libertad, añadiendo que: a) Solicitaron que se conmine a los Secretarios suplentes para que se pueda desarrollar la audiencia programada “para el 28” -se entiende de junio de 2023-; empero, no obtuvieron alguna providencia para gestionar la presencia de un Secretario abogado y efectivizar la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, b) La SCP “1608/2022-S4” establece que debe darse plena prioridad a las audiencias de cesación de la detención preventiva, más aun, cuando se trata de detenidos.
Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a través de informe presentado el 23 de junio de 2023, cursante de fs. 18 a 19, señaló que: 1) Es evidente que se suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva de los accionantes en tres oportunidades, no siendo atribución suya; por cuanto, su despacho judicial no cuenta con Secretario abogado, ya que se encuentra con vacación judicial; 2) A efecto de poder llevar las audiencias programas se convocó a los secretarios abogados siguientes en número conforme a la Ley del Órgano Judicial; empero, pese a su legal notificación, no se hicieron presentes, no sólo al proceso de los impetrantes de tutela sino a los que tienen señalamiento de audiencia; y en ese mérito se puso en conocimiento del Consejo de la Magistratura y Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ya que se tratan de detenidos preventivos; 3) Se debe considerar que al no contar con Secretario Abogado no se puede sustanciar ningún tipo de audiencia, ya que no habría quien de fe de ese acto procesal, más aun si con la aplicación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- se le restó a su Oficial de Diligencias, quedando solo el secretario abogado como único personal de apoyo jurisdiccional, ya que no cuenta ni con pasante para que coadyuve en la tareas propias del despacho, teniendo que hacerlas por cuenta propia, además de sus funciones como autoridad jurisdiccional; y, 4) En el presente caso no está demostrado ninguno de los presupuestos de procedencia de la acción de libertad; es decir, que no se demostró que la vida de los accionantes esté en peligro, que estén ilegalmente perseguidos o indebidamente procesados o privados de libertad; por lo que pidió se deniegue la tutela.
Amalia Cruz Vera, representante el Ministerio Público, en audiencia de garantías refirió que: i) En el presente caso se debe considerar el informe del Juez demandado; puesto que, manifestó que no cuenta con personal de apoyo jurisdiccional; ii) Es cierto e innegable que en los Tribunales existe sobrecarga laboral y esta tiene mayor incremento ante la vacación del personal judicial; y, iii) Es evidente que se suspendieron las audiencias; pero también, que el Juez demandado requirió la concurrencia del Secretario de Colomi; asimismo, pidió apoyo al personal de Sacaba, aspecto que debe ser tomado en cuenta y escapa a la voluntad de dicha autoridad; por lo que, solicitó que se deniegue la tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 23 de junio de 2023, cursante de fs. 21 a 24, concedió la tutela disponiendo que: a) Habiendo señalado el Juez demandado nueva audiencia de cesación de la detención preventiva para el 28 de mencionado mes y año, éste deberá efectivizar los diligenciamientos necesarios para que un secretario o personal jurisdiccional asista a aquel acto y de fe del mismo; y, b) Se notifique al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para que en coordinación con el Consejo de la Magistratura asuman las medidas y determinaciones correspondientes a fin que la determinación jurisdiccional sea cumplida y permitan la efectivización de la audiencia de cesación de la detención preventiva ya programada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La documentación remitida por la autoridad demandada resulta insuficiente para poder verificar que efectivamente se convocó a los secretarios de su jurisdicción y si se cumplieron con las debidas diligencias que garanticen la concurrencia de alguno de ellos; toda vez que no se cuenta con el decreto de señalamiento de audiencia ni los actos de 7 y 13 de junio de 2023; 2) El segundo párrafo del art. 239 del CPP, establece que la autoridad judicial debe señalar audiencia en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; asimismo, el art. 93 de la LOJ, prevé que: “I. En caso de impedimento o cesación de una secretaria o secretario de sala, tribunal de sentencia o juzgado, será suplido por la secretaria o secretario siguiente en número. II. Tratándose de tribunales de sentencia o juzgados públicos alejados de otros tribunales y juzgados, el juez habilitará temporalmente a un funcionario de su despacho para que cumpla las labores de secretaría”; 3) En la Resolución de 20 de junio de 2023, únicamente se extraña la ausencia del secretario siguiente en número y posteriormente hace constar la inasistencia de tres secretarios abogados, dos de Sacaba y uno de Colomi, cuando es de conocimiento general que, en aquella jurisdicción existen más de dos juzgados y tratándose de un juzgado de provincia, inclusive era viable la convocatoria de secretarios, auxiliares e incluso oficiales de diligencias de otras materias; toda vez que, la autoridad demandada, teniendo la dirección del proceso a su cargo y tratándose de privados de libertad, le correspondía cumplir con el deber de resolver la situación jurídica de los imputados, a través de la emisión de resolución que garanticen la efectivización de la audiencia de cesación de detención preventiva, tomando las medidas para asegurar el desarrollo de aquella audiencia; 4) Correspondía a la autoridad demandada programar la audiencia de forma inmediata y disponer la notificación, no solo del secretario siguiente número, sino también de todo el personal jurisdiccional de aquel asiento jurisdiccional para garantizar el ejercicio de la suplencia legal mediante resolución expresa en grado infinito; es decir, sin límites a la intervención del secretario siguiente en número, observando por ello una pasividad omisiva, que por lógica consecuencia afectó el desarrollo de la audiencia de cesación de detención preventiva impetrada por los hoy accionantes, aspecto que provocó la afectación directa de su derecho a la libertad, en lo referente a la consideración de su situación jurídica; 5) Bajo los principios procesales de eficacia y eficiencia y los componentes de la seguridad jurídica y principalmente del principio de celeridad, los administradores de justicia están facultados a convocar a los secretarios en grado infinito, a fin de que estos ejerzan la suplencia legal y se desarrolle la actuación judicial y no como ocurrió en el caso de autos que inicialmente se convocó al Secretario siguiente número y posteriormente se habilitó únicamente a algunos de los secretarios de las otras materias; 6) La autoridad demandada incurrió en una dilación indebida al suspender las audiencias de 13 y 20 de junio de 2023; puesto que, no imprimió el trámite necesario y prioritario para resolver la cesación de la detención preventiva solicitada por los accionantes; por cuanto, las deficiencias del sistema judicial que comprenden la falta de personal, recarga laboral y otros, no son atribuibles al justiciable y no pueden ser motivo de demora o alguna forma de perjuicio o afectación de derechos de los sujetos procesales; y, 7) No obstante lo precedentemente referido no siendo únicamente responsabilidad de la autoridad jurisdiccional el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de los justiciables, corresponde que la autoridades del Tribunal Departamental de Justicia así como la Delegada Distrital del Consejo de la Magistratura, asuman las determinaciones correspondientes para que el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba cuente con personal que dé cumplimiento a lo establecido en el art. 94 de la LOJ, ya que la omisión de disposiciones administrativas también genera que el juez se vea impedido de cumplir no solo sus propias labores, sino, es humanamente imposible que solo pueda realizar todas las labores de su Juzgado, mostrando ser imperioso la dotación de personal auxiliar en provincia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rolando Choque Ignacio y Nicasio Checo Toco -hoy accionantes, por la presunta comisión del delito previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, cursa el Acta de suspensión de audiencia de cesación de la detención preventiva de 20 de junio de 2023, en la cual Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, emitió un “DECRETO” indicando que se esperó al secretario abogado “siguiente en número” más de veinticinco minutos y ante su ausencia, no se pudo llevar adelante la misma, señalando nueva fecha con el mismo fin, para el miércoles 28 de indicado mes y año. De igual forma, ordenó la notificación al Consejo de la Magistratura para que proceda conforme a procedimiento con relación al incumplimiento al llamado judicial a fin de instalar esa audiencia, de los secretarios de los Juzgados de Instrucción Mixto Primero de Colomi, de Instrucción de Violencia contra la Mujer Primero y Público Civil Primero de Sacaba, todos del citado departamento; disponiendo a su vez su notificación con el nuevo señalamiento de audiencia. Finalmente, al amparo del art. 130 del CPP, suspendió los plazos procesales (fs. 17).
Los accionantes a través de su representante sin mandato denunciaron la lesión de su derecho a la libertad y de los principios de celeridad y economía procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rolando Choque Ignacio y Nicasio Checo Toco -hoy accionantes, por la presunta comisión del delito previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, suspendió en tres oportunidades las audiencias de cesación de la detención preventiva que solicitaron con base en el art. 239.1 del CPP, alegando solamente la inasistencia del Secretario del Juzgado, cuando conforme al art. 74.6 de la LOJ, dicha autoridad judicial debe dirigir las audiencias de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e incidentes planteados en la misma.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes o no, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre, señaló que: «Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. Por otro lado, es preciso tomar en cuenta el siguiente razonamiento específicamente desarrollado en cuanto a las solicitudes de cesación a la detención preventiva, tomando como base la Sentencia Constitucional previamente citada. En este caso vía jurisprudencia constitucional, respecto a la dilación procesal, se asumió: “Es cierto que en la mayoría de los juzgados cautelares de nuestro Estado, existe sobrecarga procesal que impide que las labores efectuadas por los jueces puedan desarrollarse con total normalidad; sin embargo, este problema estructural de la administración de justicia no puede ser asumido como argumento válido para justificar la falta de pronunciamiento o tratamiento de la situación jurídica de los detenidos preventivos dentro los procesos penales, ya que de ser así se estaría sobreponiendo las falencias de la administración de justicia a los derechos de las personas privadas de libertad, cuando por ningún motivo éstos deberían soportar esas consecuencias. Por lo que, todo juez que conozca de una solicitud de cesación de detención preventiva, deberá resolver la misma en los plazos establecidos por ley sin excusa alguna, y los problemas estructurales de la administración de justicia deberán ser resueltos por el Órgano Judicial mediante acciones pertinentes e idóneas, con la finalidad de que se obtenga una justicia pronta y oportuna no solo en materia penal, sino en todo el sistema de justicia de nuestro Estado Plurinacional” (SCP 0210/2017-S2 de 13 de marzo).
Si bien dicha postura jurisprudencial fue específicamente elaborada para casos de personas con detención preventiva, su finalidad fue la de asegurar la resolución de las solicitudes de los privados de libertad dentro de los plazos establecidos en la ley y, de no existir estos, dentro de plazos razonables, lo que posibilita que la misma sea aplicable a cualquier circunstancia en la que esté en discusión el derecho a la libertad personal o de locomoción. Por su parte, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En este desarrollo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada por los administradores de justicia, caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones» (las negrillas son agregadas).
De la presente acción de defensa se puede entender que el principal problema radica en la suspensión reiterada e injustificada de las audiencias de cesación de la detención preventiva, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rolando Choque Ignacio y Nicasio Checo Toco -hoy accionantes-, por la presunta comisión del delito previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, solicitadas con base en el art. 239.1 del CPP, por los prenombrados -detenidos preventivamente-, siendo el único argumento para la suspensión de las audiencias de 7, 13 y 20 de junio de 2023, la inasistencia del Secretario del Juzgado a dicho actuado procesal para que de fe del mismo. Contraviniendo, este proceder, el deber del juez de garantizar la celebración de las audiencias y la pronta resolución de las solicitudes que afectan el derecho fundamental a la libertad. Ahora bien, de los antecedentes venidos en revisión, consta el Acta de suspensión de audiencia de cesación de la detención preventiva de 20 de junio de 2023, en la cual Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, emitió un “DECRETO” indicando que se esperó al secretario abogado “siguiente en número” más de veinticinco minutos y ante su ausencia, no se pudo llevar adelante la misma, señalando nueva fecha con el mismo fin para el miércoles 28 de indicado mes y año. Convocando a su vez a los Secretarios de los Juzgados de Instrucción Mixto Primero de Colomi, de Instrucción de Violencia contra la Mujer Primero y Público Civil Primero de Sacaba, todos del citado departamento, a efecto que el actuado pueda ser llevado adelante (Conclusión II.1). En esa línea de análisis, en atención a los antecedentes expuestos, corresponde considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Suprema y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada por los administradores de justicia; caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones, abriéndose la protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho al efecto. Entonces, bajo la premisa que la detención preventiva es una medida provisional y excepcional, la demora en resolver las solicitudes de su cesación, prolonga indebidamente la privación de libertad, lo que potencialmente viola ese derecho y a ser juzgado en un plazo razonable. En tal razón, el Juez demandado al suspender las audiencias por un motivo que es responsabilidad administrativa de éste, como es la presencia del personal, impidió el ejercicio de un recurso legal previsto en el Código adjetivo de la materia, afectando el derecho de los peticionantes de tutela; puesto que, la suspensión de audiencias por inasistencia de un subalterno, siendo el Juez el director, constituye un acto dilatorio, que amerita la concesión de la tutela en ese sentido, bajo la modalidad de pronto despacho. De acuerdo a lo precedentemente anotado, es menester asimismo, tener en cuenta, que la autoridad demandada señaló una nueva audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva para el 28 de junio de 2023; es decir, ocho días después de la suspensión de audiencia acontecida el 20 de ese mes y año, incumpliendo el plazo establecido en el segundo párrafo del art. 239, que indica que ante la solicitud de cesación de la detención preventiva “…el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”, incurriendo también en una dilación injustificada sobre el particular; aspectos que ameritan la concesión de la tutela respecto del Juez demandado. Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 23 de junio de 2023, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el precitado Tribunal de garantías. 2º Se llama la atención a Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, para que en actuaciones futuras no incurra en dilaciones indebidas cuando se halle comprometida la libertad de las personas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1457_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1c72d6fdd263c9c11c1796c33bbe6b496f2121b52bd68ebee67e89a2e653e42f
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