B.IA.LEGAL

SCP 1452/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56475-2023-113-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de concusión y hurto; el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia, contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, pese a que otorgaron los recaudos necesarios para las copias del testimonio de apelación contra la Resolución 190/2023 -no se consigna fecha- para su remisión al Tribunal de alzada, no se efectivizó dicho extremo; lo cual ocasionó una indebida dilación dentro del proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 42/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad innovativa, sin disponer ninguna actuación; y, 2º Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia, contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El recurso de apelación incidental contra resoluciones que resuelven incidentes y excepciones
  2. III.2. De la acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1452/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56475-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 42/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricia Farfán López en representación sin mandato de René Wilfredo Santos Mamani, Daniel Omar Gudiño Rueda y Denis Miguel Quispe Blanco contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia, contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 10 a 12 vta., los accionantes a través de su representante, expresaron:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de concusión y hurto, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; el 4 de febrero de 2023, en horas de la tarde, procedieron a realizar su patrullaje rutinario con el Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA) perteneciente a la Aduana Nacional, correspondiente a la lucha contra el contrabando; durante su recorrido se percataron de un vehículo sospechoso con placa 2161GNL, conducido por José Luis Bacarreza Costa, quien fue sorprendido consumando “…delitos contra el fisco -contrabando y evasión de impuestos…” (sic); por lo que, aplicando el procedimiento establecido por dicha institución, procedieron a interceptarlo; en el acto evidenciaron que, la placa del motorizado era clonada; no obstante, José Luis Bacarreza Costa -conductor del vehículo- procedió a llamar a la Policía; y, una vez constituidos los funcionarios del orden, procedió a denunciarlos por la presunta comisión de los delitos de concusión, hurto y robo agravado. El 5 de febrero de 2023, el Fiscal de Materia formuló imputación formal por la supuesta comisión de los delitos de concusión, hurto y robo agravado; en virtud a ello, se efectuó audiencia de consideración de medidas cautelares -no se consigna fecha, tampoco número de resolución-, disponiendo su detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; contra dicha Resolución plantearon recurso de apelación, el cual recayó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien emitió la Resolución 188/2023 de 15 de febrero de 2023, concediendo medidas sustitutivas a la medida restrictiva de su libertad, otorgando su detención domiciliaria -entre otras disposiciones-. Posteriormente, el 17 del mismo mes y año, plantearon incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa; dicha audiencia fue realizada el 27 de abril del referido año, donde el Juez -ahora demandado- emitió Resolución 190/2023, declarando infundado el citado incidente; contra dicha resolución, plantearon recurso de apelación, que fue concedido por la autoridad judicial; para coadyuvar con la elaboración del testimonio de impugnación, proporcionaron los recaudos necesarios; no obstante, cuando realizaron seguimiento a la remisión del legajo al Tribunal de alzada, mediante el Auxiliar del citado Juzgado, les informaron que la resolución aun no fue firmada por el Juez -demandado-; por ende, el testimonio de apelación no fue remitido dentro del plazo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Desde que se concedió el recurso de apelación incidental -27 de abril de 2023-, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no se remitió el expediente de apelación al Tribunal de alzada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, sin citar al efecto norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo la remisión del testimonio de apelación a la Sala Penal de turno de manera inmediata y se impongan multas propuestas por obra de incumplimiento; así como la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de mayo de 2023, conforme el acta de audiencia, cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestaron que: a) El 6 de febrero de 2023, fueron detenidos por funcionarios policiales; posteriormente, fueron remitidos al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que cumplan con la detención preventiva de tres meses; contra aquella resolución, se interpuso recurso de apelación, que fue remitido a conocimiento de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que dispuso medidas sustitutivas a la medida cautelar impuesta; b) El 27 de abril de igual año, se efectuó la audiencia de consideración de incidentes de la imputación formal; no obstante, pese a que se dejaron los recaudos necesarios para el testimonio de apelación, el Juez demandado emitió Resolución 190/2023, declarando improcedente el recurso incidental de nulidad de actividad procesal defectuosa en aplicación a los arts. 403.2 y 405 del CPP; y, c) Solicitaron se conceda tutela, disponiendo que la autoridad judicial demandada remita el recurso de apelación a la Sala Penal de turno, se imponga la multa respectiva y se remita antecedentes al Consejo de la Magistratura.

I.2.2. Informe del demandado

Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia, contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 16 a 17, expresó: 1) De acuerdo a la nota de remisión, se estableció que el recurso de apelación ya fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, de lo cual emerge “…la Improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal…” (sic), conforme dispuso la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, entre muchas otros fallos constitucionales que hacen referencia al extremo citado; 2) En cuanto a la vulneración del derecho a la libertad y del principio de celeridad, se advirtió que el acto procesal -remisión del testimonio de apelación-, fue efectivizado antes que sea planteada la acción tutelar; y, 3) No se agotó el presupuesto de subsidiariedad y los medios idóneos legales para interponer el reclamo respectivo en la vía ordinaria.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 42/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 19 a 21 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: De acuerdo al informe de la autoridad judicial demandada, se establece que, la remisión del testimonio de apelación en grado de alzada ya fue efectivizada; por lo que, resulta innecesario que se ingrese al análisis de fondo de la problemática planteada; toda vez que, la lesión al derecho impetrado ha cesado y no hay vulneración vigente a los derechos y garantías fundamentales; en virtud a ello, se aplicó la SCP 0744/2015-S3, referida a “…La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. La presente acción de libertad fue interpuesta el 25 de mayo de 2023, a horas 8:43 (fs. 1). II.2. Mediante Oficio 263/2023 de 25 de mayo, Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia, contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, remitió el expediente original del proceso penal de referencia, ante la Sala Penal de turno; cursando asimismo cargo de recepción de esa misma fecha a horas 11:10 (fs. 15 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de concusión y hurto; el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia, contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, pese a que otorgaron los recaudos necesarios para las copias del testimonio de apelación contra la Resolución 190/2023 -no se consigna fecha- para su remisión al Tribunal de alzada, no se efectivizó dicho extremo; lo cual ocasionó una indebida dilación dentro del proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El recurso de apelación incidental contra resoluciones que resuelven incidentes y excepciones

La SCP 0433/2017-S1 de 24 de mayo, estableció que: [La SCP 0238/2016-S1 de 18 de febrero, reiterando el entendimiento de la SCP 1542/2013 de 10 de septiembre, refirió que: «En cuanto a la apelación de los incidentes en materia penal, resulta pertinente, aclarar que el anterior Tribunal Constitucional a través de la SC 0636/2010-R de 19 de julio, ampliando un entendimiento asumido anteriormente en la SC 0522/2005-R de 12 de mayo, señaló que: “De otro lado el Capítulo IV del Título I del Libro Primero de la Segunda Parte del Código de Procedimiento Penal, tiene como nomen juris ‘Excepciones e incidentes’, cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss. del CPP, precisando: ‘Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…’, por ello dentro un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del mismo cuerpo legal, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia Constitución. Este razonamiento implica un cambio de la línea asumida al respecto por las SSCC 0731/2005-R, 0265/2006-R, 0537/2006-R y 0721/2007-R, entre otras”. Corroborando este razonamiento la SC 1523/2011-R de 11 de octubre, concluyo lo siguiente: “En consecuencia si los incidentes y excepciones tienen similar significado, por cuanto ambas son cuestiones accesorias que se interponen dentro del proceso o con motivo de él, se llega a la conclusión de que también pueden ser objeto de apelación, un entendimiento contrario sería coartar al litigante de los medios de impugnación que actualmente se encuentra reconocido como principio fundamental en el art. 180.II de la actual Constitución Política del Estado, cuando señala que: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’, garantía que no solo puede circunscribirse a algunos actos del Juez, sino a todos sus actos, sea en materia civil, penal, familiar y otros; lo contrario significaría, dejar indefenso al litigante frente a un eventual abuso y exceso de los jueces”. “En suma si bien el art. 403 del CPP, no incluye en su enumeración a los incidentes, dada que su tramitación es la misma de las excepciones, en virtud al derecho de impugnación conforme lo anotado, es posible tal cual fijo la jurisprudencia constitucional plantear recurso de apelación respecto de los incidentes”. De lo anterior podemos puntualizar, que todo litigante por mandato constitucional tiene garantizado su derecho a impugnar determinada resolución judicial que considera vulneratoria a sus intereses; lo contrario implicaría desconocer los alcances del art. 180.II de la CPE; consiguientemente, la resolución que resuelve una excepción u incidente, es susceptible de apelación incidental conforme establece el art. 403.2 del CPP»] (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. De la acción de libertad innovativa

La SCP 0482/2025-S3 de 2 de mayo, estableció que: «La SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, sobre la acción de libertad innovativa estableció que: “…la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. …la SCP 241/2012 de 3 de diciembre… sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. (…) Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco… la SCP 2491/2012... establece: …de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes, se advierte que, el 27 de abril de 2023, se efectuó la audiencia de consideración del incidente de actividad procesal defectuosa, en la que se emitió Resolución 190/2023 -no se consigna fecha-, declarando infundado el citado incidente; debido a ello, los impetrantes de tutela plantearon recurso de apelación; no obstante, para impulsar la elaboración del testimonio de impugnación, proporcionaron los recaudos necesarios; posteriormente, cuando se apersonaron ante el Juzgado de origen para verificar la remisión del testimonio al Tribunal de alzada, se percataron que no fue efectivizado dicho actuado; desde que se concedió el recurso de apelación, hasta la fecha que se interpuso la acción tutelar no se cumplió con la remisión conforme dispone el art. 251 del CPP.

De las Conclusiones citadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que: La acción de libertad planteada por René Wilfredo Santos Mamani, Daniel Omar Gudiño Rueda y Denis Miguel Quispe Blanco, fue presentada en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 25 de mayo de 2023, a horas 8:43; mientras tanto que, la remisión del testimonio de apelación por parte de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia, contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue realizada esa misma fecha, a horas 11:10 (Conclusiones II.1 y 2). Con respecto a los razonamientos jurisprudenciales citados supra, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que, contra la resolución que resolvió un incidente de actividad procesal defectuosa, procederá el recurso de apelación incidental, el cual constituye el medio idóneo para objetar cualquier agravio o la vulneración de derechos y garantías fundamentales. En cuanto al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se establece que, la acción de libertad innovativa procede cuando ha cesado el acto ilegal o la omisión incurrida por la autoridad judicial, con la finalidad de evitar que en futuros actuados se incurra nuevamente en transgresiones al ordenamiento jurídico establecido. Bajo ese contexto, es evidente el incumplimiento en la remisión del testimonio de apelación a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; toda vez que, conforme obrados, se estableció que la acción de libertad fue planteada el 25 de mayo de 2023, a horas 8:43, y posteriormente a ello, esa misma fecha a horas 11:10, recién se remitió el recurso de apelación formulado el 27 de abril del mismo año al Tribunal de alzada; no obstante, es evidente que no se cumplió con el plazo dispuesto en el art. 405 del CPP -veinticuatro horas-, vale decir, que la remisión se efectivizó veintisiete días después del plazo establecido. En ese entendido, no se brindó la debida celeridad al actuado procesal; más aún cuando se encontraba comprometida la situación jurídica de personas privadas de libertad; por lo que, es evidente la transgresión a lo previsto en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, relacionado con el principio de celeridad. Por consiguiente, debido a la actitud dilatoria e indebida del Juez demandado, asimismo, la falta de control del cumplimiento a sus disposiciones por parte de los funcionarios de apoyo judicial que tiene a su cargo, corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 42/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad innovativa, sin disponer ninguna actuación; y, 2º Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia, contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1452_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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