Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso vinculado a la fundamentación y motivación, a los principios de legalidad, seguridad jurídica, y la garantía de presunción de inocencia; alegando que la Vocal demandada agravó su situación procesal al revocar la medida cautelar que dispuso su detención domiciliaria; puesto que, dentro el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, inicialmente mediante el Auto Interlocutorio 230/2020 de 8 de septiembre, obtuvo detención domiciliaria confirmada y complementada con otras medidas a través del Auto de Vista 305/2020 de 16 de igual mes; posteriormente, al haber sido autorizadas a su favor, salidas laborales por Auto Interlocutorio 456/2022 de 23 de diciembre, trabajó entre el 29 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023, fecha en que su empleadora informó el cese de actividades, lo que explicó su ausencia en las verificaciones realizadas el 17, 19 y 25 de enero de 2023; posteriormente la autoridad jurisdiccional, mediante Auto Interlocutorio 172/23 de 26 de mayo de 2023, valorando objetivamente estos elementos, decidió revocar únicamente las salidas laborales manteniendo la detención domiciliaria, decisión que fue apelada por la víctima, a cuya consecuencia la Vocal demandada dictó el Auto de Vista 448/2023 de 12 de junio, dejando sin efecto el mencionado Auto Interlocutorio y disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, fundamentando su decisión en un criterio de “logicidad” s…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 48/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 34 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, sin disponer la libertad del accionante. 2º Se ordena que la autoridad judicial demandada emita nuevo fallo debidamente fundamentado, asegurando la plena observancia de los principios de motivación, fundamentación, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiere variado de manera material y objetiva, considerando correctamente los antecedentes procesales pertinentes. 3° DENEGAR la tutela, con relación al derecho a la defensa y a los principios de legalidad, seguridad jurídica y la garantía de presunción de inocencia.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 17 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1451/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56418-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 48/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 34 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Quispe Ramírez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 13 de junio de 2023, cursante de fs. 21 a 22 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato, por Auto Interlocutorio 230/2020 de 8 de septiembre, emitida por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, se declaró fundada su solicitud de cesación a la detención preventiva, decisión que fue apelada; en ese contexto, se emitió el Auto de Vista 305/2020 de 16 de igual mes, que en lo pertinente confirmó el referido Auto Interlocutorio, además impuso otras dos medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ante la necesidad de procurar el sustento familiar, solicitó salidas laborales, que fueron autorizadas por Auto Interlocutorio 456/2022 de 23 de diciembre; iniciando funciones en un lavado de autos el 29 de diciembre de 2022; posteriormente le comunicaron que por motivos de mantenimiento de la empresa, dejaría de trabajar el 10 de enero de 2023, situación que fue corroborada por su empleadora, mediante memorial presentado a la autoridad jurisdiccional, haciendo conocer que su persona trabajó del 29 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023, a partir de esa fecha continuó con su detención domiciliaria. De igual forma manifestó que el 17, 19 y 25 de enero de 2023, el investigador asignado al proceso penal, realizó una verificación y no lo encontró en su fuente laboral debido a las razones expuestas en el párrafo anterior; ahora bien, por Auto Interlocutorio 172/23 de 26 de mayo del citado año, atendiendo elementos de prueba y haciendo una valoración objetiva, dispuso revocar sus salidas laborales y en lo pertinente mantener su detención domiciliaria; determinación que fue apelada por la víctima; a cuya consecuencia, mediante el Auto de Vista 448/2023 de 12 de junio, emitido por la Vocal ahora demandada, se dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 172/23, por ende su detención domiciliaria, estipulando que cumpla detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, bajo el siguiente razonamiento: “…atendiendo al término de logicidad que lo expreso el Abogado de las víctimas…” (sic), obviando los criterios emitidos en el Auto Interlocutorio 172/23, que mantuvo subsistente su detención domiciliaria.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso vinculado a los principios de legalidad, seguridad jurídica, y la garantía de presunción de inocencia, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, “…dispongan en lo pertinente dejar sin efectos la detención preventiva ordenada y se mantenga [su] detención domiciliaria bajo las seis (6) condiciones impuesta” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 32 a 33 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola manifestó que: a) La autoridad demandada no hizo una valoración de los elementos de prueba que presentaron, “…cuando somos notificados con la audiencia de revocatoria de detención domiciliaria…” (sic); no actuó con base a la legalidad, simplemente sobre la base del término de “logicidad” dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz -a petición de las víctimas-, sin valorar los elementos con los que hubieran respondido ante el incidente de revocatoria de libertad; y, b) Añadió que, ya se encontraba detenido, obtuvo el beneficio de una salida a su situación jurídica establecida en la “Ley 1173”, debido a la acumulación de años que estaba detenido preventivamente, se le concedió la detención domiciliaria, razón por la cual, solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista 448/2023.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 14 de junio de 2023, solicitando se deniegue la tutela informó: 1) Con relación a lo manifestado por la parte accionante, se tiene que solo presenta una relación de hechos, no identifica agravio que pueda ser tutelado por el Juez de garantías; 2) Determinó revocar el Auto Interlocutorio 172/23, sobre la base de la “confrontación” de la resolución apelada con el art. 247 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que determina “…las medidas cautelares podrán ser revocadas a solicitud del fiscal o de la parte víctima (…) cuando se acredita (…) que el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas…” (sic); 3) En ese entendido efectuó una relación de las actuaciones procesales, conforme a las resoluciones emitidas, en el transcurso del proceso; exponiendo que el imputado -hoy accionante- habría sido beneficiado con detención domiciliaria y posteriormente con autorización para salida laboral; sin embargo, al momento de conocer la apelación, ya no acreditaba relación laboral; 4) Razón por la cual consideró que el Juez de origen no actuó con suficiente logicidad jurídica, tomando en cuenta que el art. 247.1 del CPP, establece que procederá a la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, si el imputado incumple las reglas impuestas; en ese sentido, tomando en cuenta que el ahora accionante no puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional que el lugar donde señaló que iba a trabajar ya no se encontraba funcionando, incumplió la obligación impuesta por dicha autoridad; 5) Concluyó que el Auto Interlocutorio atendido en grado de apelación carecía de logicidad jurídica, siendo que vulneró el principio al debido proceso en su vertiente de seguridad e igualdad de partes procesales, por lo que consideró “…el incumplimiento del art. 124 y 173 de la Norma Adjetiva Penal…” (sic); 6) Tomando en cuenta el informe del investigador asignado al caso, consideró la necesidad que el solicitante de tutela guarde detención preventiva; además hizo notar que el nombrado tenía la posibilidad de requerir una complementación o enmienda al amparo del art. 125 del CPP, debiendo agotar esa instancia en apego al principio de subsidiariedad; y, 7) Adicionó que las medidas cautelares tienen las características de temporalidad y variabilidad, de tal forma que las resoluciones dictadas por el Juez a quo y los Tribunales de alzada, no causan estado, pueden variar conforme las circunstancias.
El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 48/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 34 a 35 vta, denegó la tutela solicitada; decisión asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Conforme a los antecedentes del proceso, destacó el Auto Interlocutorio 456/2022 que modificó el Auto Interlocutorio 230/2020, respecto a la detención domiciliaria autorizando salidas laborales, bajo la advertencia que en caso de no estar cumpliendo las medidas impuestas, incluso se pueden revocar las medidas cautelares disponiendo la detención preventiva si correspondiera; ii) De igual forma se refirió al Auto de Vista 448/2023 que dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en relación a dicha determinación el nombrado denunció que la Vocal demandada “…habría solo aplicado la logicidad jurídica…” (sic), para determinar la señalada detención preventiva; y, iii) Concluyó que el peticionante de tutela solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista 448/2023 que determinó su detención preventiva en el citado Centro Penitenciario y se disponga mantener la detención domiciliaria; al respecto, señaló: “…que la autoridad constitucional no puede ingresar a aspecto que son inherentes a la jurisdicción ordinaria…” (sic); es decir, determinar que se mantenga o no la detención domiciliaria, en razón que dicho trámite debe realizarse en la vía ordinaria bajo la solicitud de cesación a la detención preventiva o modificación de medidas cautelares conforme establece el Código de Procedimiento Penal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe emitido por el investigador asignado al caso, Carlos Quelca Mamani, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Zona Sur de 27 de enero de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 456/2022 de 23 de diciembre, emitido por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, que otorgó salidas laborales al imputado -hoy accionante-, modificando el Auto Interlocutorio 230/2022, bajo la previsión del art. 54 del CPP, disponiendo además verificaciones sin previo aviso tanto del personal del despacho judicial como del investigador asignado, advirtiendo que, ante el incumplimiento de la actividad laboral acreditada, podría convocarse a audiencia de revocatoria de medidas cautelares, inclusive imponiendo detención preventiva conforme a las previsiones del art. 247 del CPP. En ese contexto, Daniela Maly García Asbún se presentó en dependencias de la FELCC de la Zona Sur, exhibiendo el contrato de trabajo del imputado y el referido Auto Interlocutorio, coordinándose la realización de inspecciones a la supuesta fuente laboral ubicada en Av. Julián Apaza 8065-B, zona Villa Ingenio de El Alto del departamento de La Paz. El investigador informó que efectuó verificaciones el 17, 19 y 25 de enero de 2023, todas con resultado negativo respecto a la constatación de una actividad laboral real: a) El 17 de ese mes y año, a horas 9:00, el investigador no encontró en funcionamiento el lugar identificado en el contrato como “Lavado de Automotores Automático Manual”, hallando únicamente un inmueble con numeración 8065-B donde funcionaba un lavado de autos con el rótulo “Lavado de Autos”, no encontrándose a ninguna persona en el lugar. Un vecino -cerrajero- refirió que el lavado solo funcionaba esporádicamente desde la pandemia; b) El 19 de enero de 2023, a horas 15:00, nuevamente el lugar se encontraba cerrado, sin presencia del supuesto empleador ni actividad laboral alguna; y, c) Posteriormente, el 25 del indicado mes y año, a horas 15:00, el investigador fue atendido por Rolando Pilco Callisaya, quien manifestó que el inmueble pertenecía a su padre, que el lavado de autos denominado “RES” no funcionaba desde la pandemia, que nunca contrató personal y que no conocía al imputado. Refirió además que la denominación del negocio y el número de identificación tributaria (NIT) consignado en el contrato de trabajo no correspondían al establecimiento real, anunciando incluso la posibilidad de iniciar acciones legales por el uso no autorizado de su dirección. Este testigo proporcionó su número de contacto y señaló que ninguna persona de su familia habría contratado al imputado. Acompañó el investigador registro fotográfico de todas las diligencias practicadas. (fs. 17 y vta.). II.2. Se tiene Auto Interlocutorio 172/23 de 26 de mayo de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual resolvió la solicitud de revocatoria de medidas cautelares presentada por los querellantes Juan Carlos Antonio Abrego y Mary Fance Antonio Abrego. Tras la valoración integral de antecedentes y con base en los arts. 54, 250 y 247 del CPP, la autoridad judicial estableció que la salida laboral otorgada al imputado mediante Auto Interlocutorio 456/2022 habría sido obtenida en base a documentación irregular, dado que la empresa empleadora -presuntamente administrada por Sonia Pilco Calizaya- no se encontraba en funcionamiento al momento de las verificaciones policiales y que el contrato presentado no acreditaba una fuente laboral real. Específicamente, los razonamientos que sustentan la determinación son los siguientes: 1) La salida laboral concedida mediante Auto Interlocutorio 456/2022 se habría otorgado sobre la base de un contrato de trabajo presentado ante el despacho judicial; 2) Las diligencias de verificación ordenadas (17, 19 y 25 de enero de 2023) por el investigador asignado a la causa no acreditaron la existencia de una fuente laboral operativa en la dirección consignada; 3) La documentación aportada por la parte querellante y las declaraciones recabadas daban cuenta de la posible irregularidad o falsedad del contrato que habilitó la salida laboral; 4) La documentación aportada por la supuesta empleadora no desvirtuó la constatación policial de la falta de funcionamiento de la empresa al momento de las verificaciones; y, 5) Por tanto, a la luz de los principios de instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y proporcionalidad que regulan las medidas cautelares, resultaba procedente suprimir la salida laboral; habiendo anunciado la interposición del recurso de apelación incidental tanto la parte querellante como la víctima. Asimismo, se constató que el imputado únicamente habría desarrollado actividad en el referido negocio del 29 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023, siendo que posteriormente el establecimiento cerró, extremo reconocido por la propia supuesta empleadora mediante memorial. En consecuencia, el Juez concluyó que el imputado ya no contaba con una fuente laboral, hecho que hacía improcedente mantener la salida laboral, conforme a los principios de instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares. Por ello, declaró fundada en parte la revocatoria y dispuso la detención domiciliaria sin salida laboral, manteniendo vigentes las demás medidas cautelares (fs. 11 a 16). II.3. Consta Auto de Vista 448/2023 de 12 de junio, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, por el cual respondiendo al recurso de apelación interpuesto por las víctimas contra Auto Interlocutorio 172/23, mediante el cual el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz había mantenido la detención domiciliaria del hoy accionante. Tras escuchar los fundamentos orales de ambas partes y revisar los antecedentes, la autoridad demandada recordó que las medidas cautelares tienen naturaleza instrumental y deben analizarse bajo los principios de proporcionalidad, variabilidad y razonabilidad, verificando además si la decisión del juez de instancia cumplía con la logicidad exigida por los arts. 124 y 173 del CPP. En dicho contexto, determinó que los informes del investigador asignado al caso demostraban que el supuesto lugar de trabajo del imputado -base de la autorización de salidas laborales otorgada previamente- no funcionaba desde el 10 de enero de 2023, pues en las verificaciones del 17, 19 y 25 de ese mes y año, se evidenció que el establecimiento estaba cerrado e incluso un ocupante del inmueble afirmó desconocer al imputado y señaló el uso indebido de documentos.
Aunque la presunta empleadora Sonia Pillco Callisaya declaró haberle dado trabajo desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 10 de enero de 2023, la Vocal demandada observó que la empresa no tenía actividad formal, no emitía facturas desde 2022 y no acreditó documentación válida para respaldar un contrato real, lo que reforzaba la irregularidad en la obtención de las salidas laborales. En ese marco, concluyó que el imputado -ahora accionante- incumplió la obligación impuesta en el Auto Interlocutorio 230/2020 de contar con actividad lícita, configurando la causal prevista en el art. 247.1 del CPP; por lo que, los fundamentos del Juez de primera instancia -que mantuvo la detención domiciliaria sin salidas- carecían de coherencia jurídica y vulneraban el debido proceso y la igualdad de partes. Asimismo, estableció que persistían los riesgos procesales de fuga y obstaculización conforme a los arts. 234.1, 2 y 6, y 235.1 y 2, lo que hacía necesaria la aplicación de una medida más gravosa. Por todo ello, el Tribunal de alzada declaró procedente la apelación, revocó el Auto Interlocutorio 172/23 y dispuso la detención preventiva de Edwin Quispe Ramírez -hoy peticionante de tutela- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ordenando al Juez de origen emitir el correspondiente mandamiento (fs. 29 a 31). II.4. Cursa fotocopia de memorial presentado por Sonya Pillco Callisaya, bajo el tenor de comunica y pone en conocimiento, la firmante se identificó como propietaria de un lavado de automotores con NIT 4894766016, ubicado en la zona Villa Ingenio de El Alto del departamento de La Paz, y afirmó haber contratado los servicios de Edwin Quispe Ramírez -ahora accionante-; no obstante, la misma comunicó que, por motivos de mantenimiento y cambio de equipos, procedió a cerrar definitivamente su empresa a partir del 10 de enero de 2023; por lo que, el referido imputado habría trabajado en dicho establecimiento desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 10 de enero de 2023, fecha a partir de la cual cesó toda actividad laboral en el lugar (fs. 20).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso vinculado a la fundamentación y motivación, a los principios de legalidad, seguridad jurídica, y la garantía de presunción de inocencia; alegando que la Vocal demandada agravó su situación procesal al revocar la medida cautelar que dispuso su detención domiciliaria; puesto que, dentro el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, inicialmente mediante el Auto Interlocutorio 230/2020 de 8 de septiembre, obtuvo detención domiciliaria confirmada y complementada con otras medidas a través del Auto de Vista 305/2020 de 16 de igual mes; posteriormente, al haber sido autorizadas a su favor, salidas laborales por Auto Interlocutorio 456/2022 de 23 de diciembre, trabajó entre el 29 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023, fecha en que su empleadora informó el cese de actividades, lo que explicó su ausencia en las verificaciones realizadas el 17, 19 y 25 de enero de 2023; posteriormente la autoridad jurisdiccional, mediante Auto Interlocutorio 172/23 de 26 de mayo de 2023, valorando objetivamente estos elementos, decidió revocar únicamente las salidas laborales manteniendo la detención domiciliaria, decisión que fue apelada por la víctima, a cuya consecuencia la Vocal demandada dictó el Auto de Vista 448/2023 de 12 de junio, dejando sin efecto el mencionado Auto Interlocutorio y disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, fundamentando su decisión en un criterio de “logicidad” soslayando el razonamiento previo que había ratificado la medida de detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.
La SCP 0339/2012 de 18 de junio, concluyó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0795/2014 de 25 de abril, sobre este punto expresó que: «Si bien el art. 233.1 del CPP, exige la acreditación de que: “…el imputado es, con probabilidad autor y partícipe de un hecho punible”, dicha norma debe ser interpretada y comprendida desde y conforme a la garantía de la presunción de inocencia, habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del sujeto; por lo tanto, a más de que la aplicación de medidas cautelares de carácter personal surja de la acreditación de una presunta participación o autoría, dicho concepto (probable autoría o participación) debe emerger de una valoración armónica e integral de elementos de juicio que sean objetivos y concretos, y no el resultado de la mera imaginación del juzgador ni de la parte acusadora. Entonces, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación de las resoluciones que la disponen en ese sentido, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras conjeturas o presunciones. En ese sentido, la simple suposición debe ser entendida como la creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas, sin estar completamente seguro de ello; es decir, aquella idea que surge directamente de la imaginación del sujeto sin estar debidamente comprobado. Por lo tanto, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, de ninguna manera debe estar sustentada en simples o meras posibilidades, sino que, debe ser una decisión producto de la seguridad y certeza que adquirió la autoridad judicial luego de haber efectuado la compulsa de los antecedentes del caso y la valoración integral de los elementos de juicio que fueron llevados a su consideración, para definir la situación jurídica del imputado. Pues bien, en el marco de las consideraciones referidas precedentemente, es menester establecer las condiciones de fundamentación relativa a los riesgos procesales de fuga, de obstaculización y reincidencia. En ese sentido, los presupuestos referidos al peligro de fuga, establecidos en el art. 234 del CPP, indefectiblemente deben ser demostrados con elementos de juicio que generen seguridad y certidumbre en el Juez; asimismo, los postulados del peligro de obstaculización, contemplados en el art. 235 del Código antes citado, también se exige que sean acreditados con elementos de convicción que generen convicción en el juzgador; y, finalmente, el peligro de reincidencia que debe ser demostrado con el cumplimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada. En ese contexto, ningún peligro procesal debe estar fundada en meras suposiciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ser: que “el imputado en libertad 'podría' asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación, ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida de cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es, que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el Juez conjeture sobre la base de las probabilidades (podría o no podría). En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras presunciones de concurrencia o no de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado. La jurisprudencia constitucional, respecto a la prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares en meras suposiciones, precisó que: “…si bien el juzgador está facultado para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral, no es menos evidente que debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad” (1635/2004-R de 11 de octubre). El entendimiento anterior, fue reiterado en las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R, entre otras» (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso vinculado a la fundamentación y motivación, a los principios de legalidad, seguridad jurídica y la garantía de presunción de inocencia; alegando que la Vocal ahora demandada agravó su situación procesal al revocar la medida cautelar que dispuso su detención domiciliaria; puesto que, dentro el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, inicialmente mediante la Auto Interlocutorio 230/2020 de 8 de septiembre, obtuvo detención domiciliaria confirmada y complementada con otras medidas a través del Auto de Vista 305/2020 de 16 de igual mes; posteriormente, al haber sido autorizadas a su favor, salidas laborales por Auto Interlocutorio 456/2022 de 23 de diciembre, trabajó entre el 29 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023, fecha en que su empleadora informó el cese de actividades, lo que explicó su ausencia en las verificaciones realizadas el 17, 19 y 25 de enero de 2023; posteriormente la autoridad jurisdiccional, mediante Auto Interlocutorio 172/23 de 26 de mayo de 2023, valorando objetivamente estos elementos, decidió revocar únicamente las salidas laborales manteniendo la detención domiciliaria, decisión que fue apelada por la víctima, a cuya consecuencia la Vocal demandada dictó el Auto de Vista 448/2023 de 12 de junio, dejando sin efecto el mencionado Auto Interlocutorio y disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, fundamentando su decisión en un criterio de “logicidad” soslayando el razonamiento previo que había ratificado la medida de detención domiciliaria. Identificado el objeto procesal que motivó la interposición de la presente acción tutelar corresponde a efectos de una adecuada contextualización, referir los antecedentes que dieron origen al reclamo constitucional y que se encuentran en el apartado II del presente fallo; en ese sentido, se tiene el Informe de 27 de enero de 2023, emitido por el investigador de la FELCC de la Zona Sur, por el cual dio a conocer que en atención al Auto Interlocutorio 456/2022, procedió a verificar si el imputado se encontraba cumpliendo el contrato de trabajo acreditado para obtener salidas laborales dentro de la medida cautelar de detención domiciliaria, dictada a su favor; en ese sentido, el 17, 19 y 25 de enero de 2023, se constituyó en el lavado de autos donde debía estar trabajando el ahora accionante; sin embargo, el lugar estaba cerrado, fuera de funcionamiento; aclarando que, en la última fecha señalada se entrevistó con Rolando Pilco Callisaya, quien le manifestó que el inmueble pertenecía a su padre y que no conocía al imputado -hoy impetrante de tutela- (Conclusión II.1). Posteriormente, el 26 de mayo de 2023, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz emitió el Auto Interlocutorio 172/23, por el cual resolvió la solicitud de revocatoria de medidas cautelares presentada por los querellantes Juan Carlos Antonio Abrego y Mary Fance Antonio Abrego, declarándola fundada; en consecuencia, disponiendo la modificación del Auto Interlocutorio 456/2022, determinando la detención domiciliaria sin salida laboral del ahora accionante, manteniendo vigentes las demás medidas cautelares (Conclusión II.2). Dicha determinación fue apelada por las víctimas; en ese sentido la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de la autoridad ahora demandada, emitió el Auto de Vista 448/2023 determinando “…la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación, PROCEDENTE las cuestiones planteadas, en el fondo REVOCA la Resolución N°172/2023 (…) por el cual se determina la Detención Preventiva de Edwin Quispe Ramírez y sea en el Penal de San Pedro, debiendo emitirse el correspondiente mandamiento de detención preventiva por parte del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal, previa coordinación con el Ministerio Público” (sic) (Conclusión II.3). Finalmente, se cuenta en autos con un memorial que refiere de manera específica la situación laboral invocada por la defensa del imputado dando a conocer que el mismo trabajó desde el 29 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023, fecha a partir de la cual cesó toda actividad laboral en el lugar, debido a mantenimiento y cambio de equipos de la empresa (Conclusión II.4). En ese marco y conforme a la doctrina constitucional reiterada, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda resolución que disponga, modifique o agrave medidas cautelares personales debe satisfacer los estándares de motivación, fundamentación y razonabilidad en cumplimiento de los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), así como de los arts. 124 y 173 del CPP. Ello implica que la autoridad jurisdiccional, al restringir derechos fundamentales como la libertad personal, debe articular de manera expresa: i) La exposición clara de los hechos relevantes; ii) Valoración lógica y no contradictoria de los elementos de convicción; y, iii) La subsunción coherente de dichos elementos en las normas aplicables, especialmente en lo relacionado con la verificación de riesgos procesales previstos en los arts. 234 (peligro de fuga) y 235 (peligro de obstaculización) del CPP. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional señaló -Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional- mediante la SCP 0795/2014 de 25 de abril, que la imposición de la detención preventiva no puede fundarse en meras suposiciones, conjeturas o interpretaciones subjetivas de la autoridad judicial. Dicha Sentencia Constitucional Plurinacional enfatizó que la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales deben surgir de una valoración integral, objetiva y verificable de los antecedentes del caso, siendo inadmisible que se establezcan riesgos sobre la base de expresiones potenciales como “podría fugar” o “podría obstaculizar”. La motivación debe generar seguridad y convicción en el juzgador, nunca simples presunciones. Al subsumir tales parámetros al Auto de Vista 448/2023, emerge que la Vocal demandada fundamentó la revocatoria del Auto Interlocutorio 172/23 esencialmente sobre dos premisas: a) Que el imputado habría incumplido obligaciones impuestas, configurando la causal del art. 247.1 del CPP; y, b) En consecuencia, habrían vuelto a activarse los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2 y 6, y 235.1 y 2 del CPP. Asimismo, el Tribunal sostuvo que el lugar de trabajo informado por el imputado no funcionaba desde el 10 de enero de 2023, concluyendo que aquello demostraba incumplimiento a una obligación impuesta por el Juez de Instrucción Penal de la causa. No obstante, del análisis de los antecedentes del proceso penal se evidenció que la salida laboral nunca fue una obligación impuesta por la autoridad jurisdiccional como carga procesal destinada a asegurar la sujeción al proceso, sino un beneficio solicitado voluntariamente por el procesado, otorgado en virtud del Auto Interlocutorio 230/2020. Esto significa que la actividad laboral no constituía un elemento estructural de la medida sustitutiva, y su pérdida posterior -por cierre del establecimiento- tampoco podía interpretarse como incumplimiento de una obligación cautelar impuesta por el Juez de la causa. Asimismo, la Vocal demandada tampoco realizó una lectura completa del Auto Interlocutorio 230/2020, mediante la cual se sustituyó la detención preventiva por detención domiciliaria sin salidas laborales, posteriormente ampliada a salidas laborales por gestión del propio imputado. La finalidad de esa sustitución no estuvo vinculada a la existencia o continuidad de una actividad laboral específica, sino a la valoración de los riesgos procesales realizada en ese momento, que determinó que la detención domiciliaria era suficiente y proporcional a las circunstancias que hacían en ese momento al proceso penal. Así también, de la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, se tiene que cursa en antecedentes el memorial presentado por Sonia Pillco Callisaya, ciudadana que no es parte en el proceso penal, sino la persona que otorgó el certificado laboral al imputado -hoy accionante- Edwin Quispe Ramírez, documento que fue utilizado para sustentar su solicitud de salida laboral dentro de la medida de detención domiciliaria que cumplía. En dicho escrito, la mencionada ciudadana aclaró las circunstancias en las que se emitió el certificado de trabajo y explicó que, al momento de la presentación de dicho documento, la actividad económica desarrollada por ella y el nombrado se encontraba en funcionamiento, precisando que el cierre del puesto laboral ocurrió posteriormente, el 10 de enero de 2023, extremo que coincidía con la documentación antes presentada por la defensa. En base a todos estos elementos, este Tribunal advierte que, de la lectura del Auto de Vista 448/2023, se evidencia que la Vocal demandada se limitó a afirmar que no correspondía evaluar si Sonia Pillco Callisaya habría incurrido en falsedad, y que ello no era objeto ni competencia de la segunda instancia; sin embargo, pese a reconocer que no existía elemento alguno que cuestione el documento laboral, decidió imponer la detención preventiva con base en una conjetura relacionada con un eventual incumplimiento de obligaciones laborales por parte del imputado -hoy solicitante de tutela-. En ese sentido, dicho razonamiento constituye una suposición carente de sustento, pues ni en el Auto Interlocutorio 230/2020, ni en el Auto Interlocutorio 172/23, se estableció que la fuente laboral del procesado generara un riesgo procesal, ni que este extremo sea un elemento relevante para acceder al beneficio de detención domiciliaria; empero, pese a ello, la Vocal demandada -sin hecho nuevo vinculado al proceso penal y sin revisión integral del cuaderno procesal-sostuvo que podría existir un riesgo procesal respecto al ámbito laboral del imputado, reconstruyendo una hipótesis de incumplimiento que no fue discutida, demostrada ni valorada en ninguna de las resoluciones previas, configurándose así una determinación basada exclusivamente en presunciones y no en elementos objetivos, con lo cual se habría afectado el debido proceso, la motivación y el principio de razonabilidad en la restricción de derechos fundamentales. Por todos los antecedentes expuestos, se concluye que el Auto de Vista 448/2023 adolece de una debida fundamentación y motivación, pues la Vocal demandada sustentó su decisión en razonamientos incompletos, supuestos no demostrados y apreciaciones ajenas al contenido real de los antecedentes procesales. En efecto, la valoración efectuada incumplió el principio de logicidad, entendido como aquel que exige que toda decisión jurisdiccional se construya a partir de una cadena de argumentos coherentes, racionales y compatibles con las reglas básicas de la lógica, evitando contradicciones internas, saltos inferenciales o conclusiones arbitrarias. La logicidad -como principio rector de la valoración de la prueba- obliga a que la autoridad explique de manera clara cómo los elementos de convicción conducen necesariamente a la conclusión adoptada; sin embargo, en el caso concreto, al afirmar que “volvía a estar subsistente el riesgo procesal referido al trabajo”, la Vocal arribó a una conclusión arbitraria que no emergió de las Resoluciones emitidas con anterioridad ni guardó correspondencia con los antecedentes de la causa; puesto que, la supuesta obligación laboral nunca fue impuesta por el Juez de instancia y, además, los Autos Interlocutorios 230/2020 y 172/23 demostraron que la salida laboral provenía únicamente de un pedido expreso del procesado. Esta construcción argumentativa, al no apoyarse en elementos objetivos ni en un razonamiento lógico, evidenció que la decisión de segunda instancia se dictó prescindiendo de la debida motivación exigida por el debido proceso, configurándose una vulneración directa a la garantía de fundamentación que debe caracterizar todo fallo judicial.
Resuelto el reclamo principal, corresponde referirse a los otros derechos invocados como vulnerados; en ese sentido, se tiene que no se encuentra lesión al derecho a la defensa; puesto que, el accionante contó con la posibilidad de interponer su reclamo frente a los derechos lesionados. Respecto a la denuncia de la vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica y garantía de presunción de inocencia, se tiene que por la naturaleza de la acción de libertad establecida en el art. 125 de la CPE, no son tutelables a través de este mecanismo de defensa constitucional, siempre y cuando no se encuentren vinculados de manera directa a un derecho. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 48/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 34 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, sin disponer la libertad del accionante. 2º Se ordena que la autoridad judicial demandada emita nuevo fallo debidamente fundamentado, asegurando la plena observancia de los principios de motivación, fundamentación, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiere variado de manera material y objetiva, considerando correctamente los antecedentes procesales pertinentes. 3° DENEGAR la tutela, con relación al derecho a la defensa y a los principios de legalidad, seguridad jurídica y la garantía de presunción de inocencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1451_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9b6c4377dd5934fd66662e5c910625c0a0c4500b864951505bc0f50134e9296f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →