B.IA.LEGAL

SCP 1449/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56395-2023-113-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y a la impugnación; alegando que, el Juez y el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba -demandados-, no remitieron el testimonio de apelación al Tribunal de alzada de turno, dentro del plazo que dispone el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAL-02/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 96 a 106, pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Sentencia Tercero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías, a menos que la misma ya hubiese sido efectivizada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Del plazo de remisión de la apelación incidental contra medidas cautelares
  4. III.4. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1449/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56395-2023-113-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAL-02/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 96 a 106, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noemi Callizaya Quispe en representación sin mandato de Fidiael Callizaya Quispe contra Efraín Golden Fernández Ramos, Juez y Mamerto Pastor Palluca Mendo, Secretario, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 86 a 87, el accionante a través de su representante, expresó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba; el 4 de abril de 2023, se efectuó la audiencia de consideración de medidas cautelares, donde el Juez demandado indicó que Mamerto Pastor Palluca Mendo, Secretario del citado Juzgado -codemandado-, sería suplido por Mirko Fernández Choque, Oficial de Diligencias del mismo despacho; iniciado el acto procesal dicha autoridad judicial realizó una deficiente valoración de la prueba, transgrediendo el debido proceso; debido a ello, dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses. Contra dicha disposición, planteó recurso de apelación incidental al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Pese a apersonarse en reiteradas ocasiones para coordinar las copias del cuaderno procesal, el Secretario -codemandado- le mencionó que el expediente estaba en despacho y que debía aguardar. El 16 de mayo del mismo año, nuevamente se apersonó por ese despacho judicial, ante la denegatoria a su petición, le entregó Bs100.-(cien bolivianos) al Secretario de ese despacho, a efecto que le proporcionen las copias del testimonio de apelación, fue así que esa misma jornada, le entregó las copias del expediente; no obstante, no fue posible que el funcionario remita el recurso de apelación, debido a su carga procesal. Desde que se efectuó la audiencia de consideración de medidas cautelares -4 de abril de 2023-, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad -19 de mayo de 2023-, el testimonio de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; vale decir, que transcurrieron cuarenta y cinco días; este acontecimiento impidió que no se lleve a cabo la audiencia de apelación y se emita resolución al recurso planteado; lo cual, vulneró su derecho a la defensa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y a la impugnación, citando al efecto los arts. 23 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la remisión del testimonio de apelación al Tribunal de alzada de turno, de manera inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 95 a 96, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Efraín Golden Fernández Ramos, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 92 a 93, solicitó se deniegue la tutela, manifestando lo siguiente: a) El 4 de abril de 2023, la abogada de la parte accionante asistió a la audiencia de imputación formal; no obstante, a la otra audiencia -procedimiento abreviado- de 20 de igual mes y año, el impetrante de tutela fue asistido por otra defensa técnica -Aníbal Villarroel Romero-, quien no hizo ningún reclamo, tampoco presentó memorial de queja o solicitud de control jurisdiccional; más al contrario, actuó de manera dilatoria tras habérsele negado el procedimiento abreviado; debido a ello, interpuso la presente acción de libertad; puesto que, el Secretario del citado Juzgado, no remitió el testimonio de apelación; b) No está a cargo de la remisión de expedientes y cualquier queja contra el Secretario de su Juzgado, debió haberse puesto a su conocimiento mediante llamada telefónica o por mensaje de texto, tampoco se solicitó audiencia para ponerle a conocimiento de la irregularidad del funcionario público; y, c) El solicitante de tutela previamente debió agotar las instancias idóneas en la vía ordinaria para exigir el control jurisdiccional; no obstante, prefirió acudir a la vía constitucional. Mamerto Pastor Palluca Mendo, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 19 de mayo de 2023, cursante a fs. 94 y vta., impetró se deniegue la tutela requerida, manifestando lo siguiente: 1) El accionante refirió que, transcurrió más de un mes desde que se concedió su apelación; empero, no toma en cuenta que el 20 de abril de 2023, se efectuó su audiencia de procedimiento abreviado; como también que el citado Juzgado está con recarga procesal debido a los constantes casos, que inclusive el suscrito es funcionario nuevo que recién asume conocimiento de las causas; 2) Para hacer seguimiento de la causa penal en el citado Juzgado, en un inicio concurrió “una señora por parte de Fidiael”; del mismo modo, desde que se apersonó la abogada -Celinda Maire Romero- en la audiencia de medidas cautelares, no volvió para hacer la averiguación respectiva del caso, menos aún coordinó -las copias para el testimonio de apelación- otros actuados; posteriormente, Noemí Callizaya Quispe se apersonó al Juzgado, a la cual se le indicó que “…esta parte no recibe para nada a cambio de otra cosa…” (sic), que la demora se debe a la recarga procesal y a la distancia que existe entre la localidad de Entre Ríos con la ciudad de Cochabamba; 3) Noemí Callizaya Quispe únicamente pidió copias del acta; con respecto a Celinda Maire Romero, en ningún momento coordinó la remisión del recurso de apelación, pese a que tiene su número telefónico -correspondiente al Secretario codemandado-; y, 4) Reiteró que existe una recarga procesal en el citado Juzgado y no cuenta con los medios necesarios para remitir el recurso de apelación a la ciudad de Cochabamba; no obstante, aseveró que dicha remisión se realizará el 22 de mayo de 2023.

I.2.3. Resolución

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Sentencia Tercero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, mediante Resolución RAL-02/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 96 a 106, concedió la tutela impetrada, disponiendo “…la remisión del legajo procesal cautelar dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Fidiael Calizaya Quispe y otros por el delito de Robo Agravado en el PLAZO DE 24 HRS. a la Sala Penal de Turno” (sic), con base en los siguientes fundamentos: i) No se remitió el testimonio de apelación incidental planteada en la audiencia de consideración de medidas cautelares; vale decir, desde el 4 de abril del 2023 hasta la fecha en que se planteó la acción de libertad -19 de mayo de 2023-, lo que repercutió en la transgresión por parte del Juez y del Secretario -codemandados- al principio de celeridad regido por los arts. 178.I y 180 de la CPE; toda vez que, el control jurisdiccional y el cumplimiento del debido proceso recayó en responsabilidad de la autoridad judicial, como también, la realización de los actuados procesales -remisión de los recursos de apelación- y el acatamiento de las funciones de su personal de apoyo judicial; y, ii) En el caso de existir dificultades en los funcionarios de apoyo judicial del despacho, debió poner a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, a efecto que adopten las medidas respectivas para viabilizar y subsanar las carencias.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de audiencia y Auto -no consigna número- de 4 de abril de 2023, correspondiente a la audiencia de aplicación de medidas cautelares, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba; en la misma se advierte que, la abogada de Fidiael Callizaya Quispe -ahora accionante-, en aplicación al art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha resolución; a lo cual la autoridad judicial -ahora demandada- dispuso la remisión del testimonio a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 76 a 79). II.2. En el Informe de 19 de mayo de 2023, Mamerto Pastor Palluca Mendo, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba -codemandado-, expresó “…esta autoridad remitirá la apelación a primera hora el día lunes 22 de Mayo de 2023…” (sic [fs. 94 y vta.]). II.3. La acción de libertad se planteó el 19 de mayo de 2023, a horas 17:05 (fs.

1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y a la impugnación; alegando que, el Juez y el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba -demandados-, no remitieron el testimonio de apelación al Tribunal de alzada de turno, dentro del plazo que dispone el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0115/2024-S3 de 29 de abril, estableció que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

La SCP 0476/2021-S1 de 21 de septiembre, estableció que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; A su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que:

‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’; Disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia” (las negrillas son nuestras).

III.3. Del plazo de remisión de la apelación incidental contra medidas cautelares

La SCP 0106/2025-S3 de 18 de marzo, estableció que: «Al respecto, se cita el art. 403.3 del CPP que establece: “El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: (…)

3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución”.

Por su parte el art. 251 del CPP prevé. ‘La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad’.

Asimismo, la SCP 0026/2018-S2 de 28 de febrero -citada a su vez por la SCP 060/2024-S1 de 17 de abril- dispuso: ‘De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[2] de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.

(…)

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

(…)

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (…) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

(…)

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte’” (las negrillas corresponden al texto original).

III.4. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial

La SCP 0817/2025-S3 de 29 de julio, estableció que: «La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ‘…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”» (las negrillas y subrayado corresponden al texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

De los antecedentes del presente caso, se tiene que, el 4 de abril de 2023, en audiencia de consideración de medidas cautelares, el accionante interpuso recurso de apelación incidental conforme dispone el art. 251 del CPP; pese a las gestiones realizadas por Noemí Callizaya Quispe y por su defensa técnica, el testimonio de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impidiendo la realización de la audiencia de impugnación. Ahora bien, de acuerdo al informe emitido por el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, el mismo expresó que el testimonio de apelación, se remitiría a primera hora del 22 de mayo de 2023; por consiguiente, desde que se planteó el citado recurso hasta la fecha que se interpuso la acción de libertad -19 de mayo de 2023-, no se remitió el expediente al referido Tribunal de alzada (Conclusiones II.1, 2 y 3). Con respecto a los razonamientos jurisprudenciales citados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en el Fundamento Jurídico III.1 refiere que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es el recurso procesal idóneo para que las partes procesales adquieran celeridad en sus trámites judiciales o administrativos cuando se incurre en dilaciones indebidas e innecesarias; por consiguiente, todo administrador de justicia al ejercer sus funciones, está sujeto a la aplicación de los principios previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE. Con relación al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, referido al principio de celeridad en las actuaciones procesales, establece que, conforme a los artículos citados supra, la facultad de impartir justicia proviene del pueblo boliviano y se sustenta en los principios que son aplicados en la jurisdicción ordinaria; para el presente caso, es aplicable el principio de celeridad que, conforme el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- establece que: “3. CELERIDAD. Comprende en la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia”. En cuanto al Fundamento Jurídico III.3 de este veredicto constitucional, establece que, los testimonios de apelación contra resoluciones concernientes a medidas cautelares, deberán remitirse al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas; por lo que, una vez transcurrido el plazo dispuesto en el art. 251 del CPP, se incurre en una dilación indebida a la tramitación del citado recurso de apelación; mientras tanto, el Fundamento Jurídico III.4 referente a la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial, establece que, los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales; por lo que, están supeditados a cumplir las instrucciones de la autoridad judicial; empero, dicho funcionario público adquiere la legitimación pasiva, cuando existe incumplimiento o inobservancia en las disposiciones u órdenes del superior en grado; en esos casos resulta procedente ser pasibles a ser demandados en una acción tutelar, a efecto de determinar su responsabilidad. Con relación al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba -demandado- El Juez demandado habiendo concedido el recurso de apelación el 4 de abril de 2023, debió supervigilar el cumplimiento de la remisión del respectivo testimonio al Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas conforme dispone el art. 251 del CPP; no obstante, es evidente que se transgredió el principio de celeridad; puesto que, la remisión del recurso de apelación no se efectivizó hasta la realización de la audiencia de garantías; por lo que, transcurrió un tiempo exorbitante sin cumplirse ese extremo; por consiguiente, corresponde conceder la tutela, siendo que, la autoridad judicial -codemandada- en su calidad de autoridad jurisdiccional del mencionado despacho, es el responsable de supervisar el cumplimiento de las funciones y disposiciones encomendadas a su personal de apoyo judicial. Respecto al Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba -codemandado- El Secretario del citado despacho, al constituirse en funcionario subalterno, a la vez, carente de facultades jurisdiccionales, se encuentra supeditado a las disposiciones de la autoridad judicial; no obstante, en el caso de incumplimiento e inobservancia de las funciones y deberes encomendados en su calidad de personal de apoyo judicial, conllevan a ser pasible de legitimación pasiva; toda vez que, se evidenció el incumplimiento en la remisión del testimonio de apelación; puesto que, desde que se efectuó la audiencia de consideración de situación jurídica -4 de abril de 2023-, en la cual se interpuso el recurso de apelación incidental, hasta la fecha que se planteó la acción de libertad -19 de mayo de 2023-, no se cumplió con este extremo, tal como fue aseverado en su informe, donde expresó que “…esta autoridad remitirá la apelación a primera hora el día lunes 22 de Mayo de 2023” (sic); por consiguiente, siendo evidente la existencia de una dilación, que inclusive no se efectuó hasta el momento de la realización de la audiencia de garantías, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAL-02/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 96 a 106, pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Sentencia Tercero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías, a menos que la misma ya hubiese sido efectivizada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1449_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1c6f1e91219beba00c0e75bd5098cc424e526aabd66f92faf48782547cd32655

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