B.IA.LEGAL

SCP 1447/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56377-2023-113-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida; alegando que: a) Dentro del proceso penal seguido contra Luis Condori Menacho -ahora demandado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el citado imputado incumplió las medidas de protección dispuestas por el Ministerio Público en su favor; y, b) El mencionado imputado, conjuntamente con Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho -codemandados-, al destruir la cañería de suministro de agua potable de la vivienda y al cambiar la chapa de ingreso a la vivienda, atentaron contra su vida y la de sus hijos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución V-115/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en forma provisional respecto a la vulneración del derecho a la vida;

2° Disponer lo siguiente:

a) El cese de las vías de hecho contra Sinthia Pamela Quispe Marca por parte de Luis Condori Menacho, Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho; y, b) Los aspectos de orden civil, con conexitud al bien inmueble en conflicto, sean resueltos en la jurisdicción ordinaria.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Procedencia de la acción de libertad directa frente a denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho de particulares
  2. III.2. Sobre la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1447/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56377-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución V-115/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sinthia Pamela Quispe Marca contra Luis Condori Menacho, Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 32, la accionante expresó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de octubre de 2020, conjuntamente con su cónyuge, Juan Pablo Condori, realizaron la compra de un bien inmueble ubicado en la Calle 133, número 55, Zona Villa Bolívar “D”, en la carretera a Viacha de El Alto del departamento de La Paz; que fue adquirido de los encargados del Banco Mercantil Santa Cruz, y Pablo Rodrigo Reyes Melean y Diego Martín Jiménez Arauco, conforme consta en la Escritura Pública 1412/2020 de 7 de octubre; no obstante, en la propiedad habitaba Luis Condori Menacho -codemandado-, en calidad de cuidador. El 22 de julio de 2022, acudió al citado bien inmueble, donde fue agredida físicamente por Luis Condori Menacho -codemandado-, debido a ese acontecimiento interpuso un proceso penal en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; dentro esta causa penal, se dispusieron medidas de protección a su favor; empero, las mismas fueron incumplidas por parte del ahora codemandado. No obstante, de esos actos el citado codemandado, optó por hacer ingresar al bien inmueble y otorgar un ambiente a Olimpia Villarroel Camacho y Eleuterio Mayta Andia -codemandados-, quienes posteriormente, se rehusaron abandonar la propiedad. El 10 de abril de 2023, aproximadamente a horas 10:00, fue a su vivienda y en el afán de ingresar al mismo, se percató que las chapas fueron cambiadas; motivo por el cual, se comunicó con su inquilina que habita en el bien inmueble, la cual le abrió la puerta; una vez dentro la vivienda, advirtió que la cañería de agua y el ambiente que correspondía a un baño habrían sido destruidos, a lo cual la inquilina mencionó que los causantes del mismo fueron Luis Condori Menacho, Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho -codemandados-; debido a ello, llamó a la Policía y a su abogado para que le brinden ayuda; tras haber arribado los funcionarios policiales únicamente procedieron al arresto de Luis Condori Menacho -codemandado-, puesto que, los otros codemandados se habrían escondido dentro la propiedad. Los codemandados al afectar el suministro de agua en la vivienda por la destrucción ocasionada, atentaron contra su vida y la de sus hijos; asimismo, se sintió agraviada por el cambio de las chapas de la puerta principal de su bien inmueble.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la vida, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo se “…RESTABLEZCAN LAS CONCULCACIONES, CON RELACIÓN A LA RECONE[X]IÓN DEL AGUA Y LA ENTREGA DE LA LLAVE DE LA PUERTA Y CALLE, ASI MISMO, (…) SE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR EL ACTO DOLOSO POR ATENTAR CONTRA LA SALUD TIPIFICADO EN EL ART. 216 EN SU NUM 9 DEL CODIGO PENAL, TODA VEZ QUE SE… [COARTÓ] EL DERECHO A EL AGUA ATENTANDO CONTRA [SU] VIDA Y LAS DE [SUS] HIJOS (…) SE REMITA OBRADOS AL MINISTERIO PÚBLICO, SE PROCEDA CON LA REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 64 a 65 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: a) Luis Condori Menacho -codemandado-, la agredió enfrente de sus hijos, inclusive cursa imputación formal en su contra, donde el Ministerio Público le solicitó que abandone voluntariamente el bien inmueble, lo cual no hizo; inclusive indicó que es su vivienda y que nunca abandonará la propiedad; motivo por el cual cortó el suministro de agua y realizó el cambio de la chapa de la puerta principal, sin autorización de los propietarios; b) El Ministerio Público asumió conocimiento de estos acontecimientos e incluso el abogado del mencionado, refirió que los otros codemandados están habitando la propiedad en calidad de inquilinos; y, c) Solicitó que los destrozos ocasionados sean refaccionados por los codemandados; asimismo, se haga entrega de la llave de la puerta de ingreso y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, a objeto que se inicien las investigaciones correspondientes.

I.2.2. Informe del demandado

Luis Condori Menacho, por informe escrito cursante de fs. 38 a 42 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) Sinthia Pamela Quispe Marca -ahora accionante-, es la esposa de su hijo Juan Pablo Condori Quispe -ambos propietarios del citado bien inmueble-; 2) Los citados “supuestos” propietarios, pretendieron desalojarlo bajo agresiones físicas, verbales y amenazas de muerte; 3) Describió de manera detallada los distintos asientos establecidos en el Folio Real con Matrícula 2.01.4.01.0016078, correspondiente al citado bien inmueble; 4) El 22 de julio de 2022, la impetrante de tutela y Juan Pablo Condori Quispe, aperturaron el proceso penal en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, donde existe la Resolución de sobreseimiento 1/2023; 5) La ahora accionante tiene su -otro- domicilio en la Avenida 1º de Mayo 746, zona Villa Mercedes de El Alto; por lo que, no se vulneraron sus derechos, ni mucho menos se suspendió el suministro de agua potable; 6) El 1 de abril de 2023, aprovechando su ausencia, la accionante acompañada de sus dos abogados allanó el bien inmueble, donde procedieron a irrumpir violentamente en las habitaciones; 7) El 10 de abril de igual año, cambió la chapa de la puerta principal del bien inmueble, debido a los acontecimientos violentos suscitados; ese mismo día, la peticionante de tutela y sus abogados ingresaron a la propiedad e intentaron cambiar la chapa de la puerta, agrediéndolo física y psicológicamente; y, 8) La inquilina de la ahora solicitante de tutela, deberá cancelar del consumo de los servicios básicos. Olimpia Villarroel Camacho y Eleuterio Mayta Andia, no presentaron informe, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, pese a su notificación cursante de fs. 35 a 36.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución V-115/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 66 a 68, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Existe un proceso penal instaurado por la accionante contra Luis Condori Menacho -codemandado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento; por lo que, existe una autoridad jurisdiccional que conoce y dirige la tramitación de la causa penal; y, ii) La impetrante de tutela alegó que las medidas de protección fueron transgredidas por el señalado codemandado; no obstante, debió acudir a la instancia penal aperturada, a objeto de procurar su cumplimiento; por lo que, previamente, la solicitante de tutela debió acudir a la jurisdicción ordinaria y no recurrir a la vía constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Requerimiento de Medidas de Protección de 27 de julio de 2022, Lorena Vargas Quisbert, Fiscal de Materia perteneciente a la Fiscalía Especializada de Delitos por razón de género y juvenil de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Sinthia Pamela Quispe Marca -ahora accionante- contra Luis Condori Menacho -hoy demandado-, conforme sus atribuciones instituidas en el art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dispuso: “4.- Prohibir al agresor, acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la víctima que se encuentra en situación de violencia 5.- Prohibir al agresor, comunicarse, o intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la víctima que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia. 6.- Prohibir al agresor, acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. 14.- Prohibir al agresor transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima. 15.- Someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes la modificación de conductas violentas o delictuales En caso de subsistir posteriores agresiones se adoptarán otras medidas más gravosas e inclusive como riesgo de obstaculización” (sic [fs. 26]).

II.2. Por providencia de Ampliación de Medidas de Protección de 9 de agosto de 2022, Lorena Vargas Quisbert, Fiscal de Materia, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Delitos por razón de género y juvenil de El Alto del departamento de La Paz, en base a sus atribuciones previstas en el art. 35 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, ordenó:

“1. …LA INMEDIATA SALIDA, DESOCUPACION Y RESTRICCION DEL SEÑOR LUIS CONDORI MENACHO DEL LOTE 7, MANZANA 160, URBANIZACION BOLIVAR D, SUPERFICIE 406 MTS2, EN LA CALLE 133, CON NRO. 55 DE LA CIUDAD DE EL ALTO…” (sic [fs. 25]). II.3. Consta Imputación formal -con timbre de recepción de 10 de mayo de 2023, a horas 18:10:19-, emitida por la Fiscalía Especializada en delitos en razón de género y juvenil de El Alto del departamento de La Paz, correspondiente al proceso penal interpuesto por el Ministerio Público a instancia de Sinthia Pamela Quispe Marca -accionante- contra Luis Condori Menacho -codemandado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz (fs. 21 a 24 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida; alegando que: a) Dentro del proceso penal seguido contra Luis Condori Menacho -ahora demandado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el citado imputado incumplió las medidas de protección dispuestas por el Ministerio Público en su favor; y, b) El mencionado imputado, conjuntamente con Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho -codemandados-, al destruir la cañería de suministro de agua potable de la vivienda y al cambiar la chapa de ingreso a la vivienda, atentaron contra su vida y la de sus hijos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Procedencia de la acción de libertad directa frente a denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho de particulares

La SCP 0670/2018-S2 de 17 de octubre, estableció que: “1) Fundamento y formas de resolución en la justicia constitucional, vía amparo constitucional: Distinción entre la tutela definitiva y la tutela provisional Conforme razonó la SCP 0119/2018-S2 de 11 de abril, el fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia cometidos por particulares o servidores públicos, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido, respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto, nótese que si el particular o el servidor público, en lugar de acudir a la pluralidad de jurisdicciones, esto es a la jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, a las jurisdicciones especializadas, jurisdicción indígena originaria campesina, a la justicia constitucional o a otros medios alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, la mediación, el arbitraje, todos reconocidos por el orden constitucional y legal que gestionan el conflicto; y contrariamente, decide hacerse justicia por mano propia, incurre en actos o medidas de hecho reprochables por el orden constitucional, porque en lugar de llevar el conflicto ante los jueces o instituciones para la tutela de sus intereses o derechos, suprime de manera unilateral el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional, impidiendo que sean uno de los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, el que decida el mejor derecho. En ese sentido, se pronunció la referida SCP 0119/2018-S2, en una acción de amparo constitucional, sobre las consecuencias jurídicas que acarrea la constatación de actos vinculados a justicia por mano propia provenientes de particulares o servidores públicos. Así señaló resumidamente que: i) El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia, consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), es suprimido a una persona, cuando otra ejerce justicia por mano propia para resolver sus conflictos o dirimir sus intereses o derechos, no obstante existir órganos que tienen la potestad de impartir justicia para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, situación que además acarrea la lesión a otros derechos sustantivos conexos, como la propiedad, la vivienda, los servicios básicos, entre otras; asimismo, añadió que ante su constatación: ii) La justicia constitucional debe otorgar una tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio y la inobservancia y fractura del principio de Estado Constitucional de Derecho; y, una tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores- con relación al derecho sustantivo en cuestión -derecho a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme su titularidad. 2) Cuando particulares vulneran los derechos tutelados en la acción de libertad con actos vinculados a medidas o vías de hecho, o justicia por mano propia, procede una tutela definitiva en todos los casos Ahora bien, si se analiza cada uno los derechos tutelados por la acción de libertad, como son: la libertad personal o física, la libertad de locomoción, la vida, la integridad física o personal que da concreción a la garantía de prohibición de torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes, y otros derechos que se fueron protegiendo a través de esta acción de defensa a partir de la característica de interdependencia de los derechos, previsto en el art. 13.I de la CPE, como son la vida, la digna, la salud y otros derechos conexos; es posible concluir, que ante la constatación que un particular incurrió en justicia por mano propia, o lo que es lo mismo, actos vinculados a medidas o vías de hecho, la justicia constitucional a través de la acción de libertad, debe otorgar en todos los casos una tutela definitiva, tanto respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en sentido amplio, así como con relación a los derechos sustantivos involucrados, sin que pueda pensarse en una tutela transitoria o provisional hasta que la jurisdicción ordinaria penal defina. Esto, es coherente con el razonamiento contenido en la SCP 0292/2012, que entendió que procede la acción de libertad de manera directa frente a los actos vinculados a vías o medidas de hecho de particulares, cuando la vulneración o amenaza de restricción a los derechos tutelados por esta acción sea manifiesta, tratándose de grupos de atención que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin hacer una distinción entre la tutela provisional y la tutela definitiva, debido precisamente, a la naturaleza jurídica de los derechos involucrados, objeto de protección en la acción de libertad. En este escenario, es evidente que la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, impiden sostener una tutela provisional; pues, no podría disponerse, por ejemplo, que se tutele el derecho a la libertad -vulnerado por particulares mediante vías de hecho- hasta que en el proceso penal se defina la legalidad o ilegalidad de la privación de la libertad; pues ello implicaría, por una parte, dar validez a una privación de libertad que no fue dispuesta por autoridad competente, sino por particulares, cuando ello no es permisible, a partir de lo previsto en el art. 23 de la CPE; y por otra, considerar que es posible la existencia de controversia sobre el derecho a la libertad, o en su caso, los derechos a la vida, a la integridad física o personal, que previamente debe ser definida en la vía ordinaria, lo que evidentemente no es viable.

De lo anotado se concluye que en las denuncias de vulneración a los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, por vías de hecho cometidas por particulares, la tutela siempre será definitiva, salvo que se trate de derechos conexos, en los que podría existir controversia, como por ejemplo, un conflicto derivado de la controversia sobre el derecho a la propiedad; pues en este caso, si bien se podrá tutelar de manera definitiva el derecho a la vida, a la integridad física o la libertad; no sucede lo mismo con el derecho a la propiedad, que solo podrá ser tutelado de manera provisional, hasta que el mismo sea definido en la jurisdicción correspondiente. Vinculado con lo anterior, es importante señalar que tratándose de vías de hecho, la acción de libertad se activa de manera directa, sin necesidad de agotar otras vías, como la jurisdicción ordinaria penal. Así, si un particular priva la libertad física o personal a otra persona, este hecho; por una parte, a partir del Derecho Penal se configura en delito de privación de libertad tipificado en el art. 292 del Código Penal (CP), y en ese sentido, puede instaurarse una acción penal por este delito; por otra, el mismo hecho puede ser judicializado, de manera independiente en la justicia constitucional, a través de la acción de libertad; por cuanto, cada una de las jurisdicciones tiene distinto objeto procesal que resolver. En efecto, mientras que en el proceso penal se busca determinar la responsabilidad por un delito, aplicando la sanción correspondiente; en la justicia constitucional, y en concreto, a través de la acción de libertad, se busca la comprobación y reparación del derecho fundamental a la libertad física o personal, definiendo a quien corresponde la titularidad y el ejercicio del derecho; y si existió violación, reparará y definirá su reparación integral[20]; razón por la cual, la tutela de la justicia constitucional no puede estar condicionada hasta que se abra o espere el resultado del proceso ordinario penal, al ser dos vías jurisdiccionales distintas. El mismo razonamiento, se aplica a la lesión de los derechos a la libertad de locomoción, la vida, la integridad física o personal, que da concreción a la garantía de prohibición de torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes; por cuanto, su violación por actos o medidas de hecho o justicia por mano propia, proveniente de particulares, en todos los casos, también configuran delitos. Consecuentemente, se muta el precedente constitucional contenido en la SCP 0806/2013-L de 8 de agosto, que denegó la acción de libertad contra particulares, con el argumento que en la denuncia de lesiones a la integridad física y a la vida, a raíz de peleas, riñas y amenazas de muerte de parte de una mujer embarazada propiciadas por una persona particular, no se demostró evidente riesgo a su vida, existiendo la vía ordinaria -se entiende penal-; y en ese sentido, todos los precedentes que sigan similar criterio jurisprudencial”. (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

III.2. Sobre la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida

La SCP 0625/2025-S3 de 26 de junio, establece que: «…El derecho a la vida como presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y el rol del Estado en su protección Como ya señaló amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera uniforme, respecto a la tutela del derecho a la vida vía la acción de libertad, su protección puede ser solicitada de manera directa, sin la necesidad o exigencia de agotar la vía jurisdiccional ordinaria; y, aun cuando no existe vinculación con el derecho a la libertad (SC 0589/2011-R de 3 de mayo, por mencionar alguna). En tal contexto, la Constitución Política del Estado, en su art. 15.I, consagra como el primero de los derechos fundamentales el derecho a la vida, señalando que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…” (el resaltado es ilustrativo). Por su parte, el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), señala que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Así, en la protección del derecho a la vida, surgen obligaciones para el Estado, que cumple un papel esencial a través de la implementación de políticas públicas; política criminal encaminada a disminuir al máximo los índices de criminalidad en la sociedad; establecer políticas públicas que creen mejores condiciones de vida en sociedad, etc. Esa exigencia de acciones estatales muestra una dimensión asistencial del derecho a la vida, que implica una obligación positiva del Estado de actuar con celeridad cuando ésta se encuentra comprometida; así como, a proveer lo indispensable para que las personas puedan subsistir con dignidad. (…) Los deberes estatales para garantizar el derecho a la vida incluyen aquellos de actuación como la prevención que obliga a que los Estados miembros de la CADH; y a todos sus agentes (incluidos Jueces y Fiscales) para que adopten todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural.

(…) …La finalidad y naturaleza de las medidas de protección para interrumpir la escalada letal Ante la realidad estadísticamente demostrada de que el feminicidio es la culminación de un ciclo de violencia preexistente, el Estado ha dispuesto de instrumentos normativos cuya finalidad es precisamente interrumpir dicha escalada. El mecanismo más importante es el de las medidas de protección, establecidas en la Ley 348. Al respecto, la SCP 0443/2023-S2 de 1 de junio, sostuvo que: “Sobre la finalidad de las medidas de protección en su art. 32, indica lo siguiente: ‘I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.

II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que

impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes’. Por otra parte, el art. 61.1 del referido cuerpo legal, respecto a la obligación del Ministerio Público de hacer cumplir estas medidas de protección, señala: ‘Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito’. En efecto, las medidas de protección son preventivas y aplicadas según la necesidad, para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia, y por la importancia que estas revisten, son de atención inmediata con el fin de evitar la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al agresor”. Así también respecto al tema, la SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril sostuvo que: “…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó: Artículo 389. (APLICACIÓN). I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física…”. La naturaleza y el alcance de estas medidas, conforme al mandato del art. 32 de la Ley 348, se desglosan en tres acciones fundamentales que los operadores de justicia deben ejecutar: i) Prevenir: Implica una actuación proactiva y anticipatoria. Ante los primeros indicios de violencia o la existencia de un riesgo evaluable, la autoridad debe actuar para evitar que la agresión se materialice o se agrave. No se requiere la existencia de una lesión física consumada; basta la amenaza o el riesgo latente objetivamente demostrados para activar el deber de prevención; ii) Interrumpir: Esta acción se orienta a detener un ciclo de violencia que ya está en curso y fue evidenciado a través de elementos probatorios pertinentes. Su objetivo es cortar de raíz la dinámica de agresión, especialmente en la fase de “acumulación de tensión” o inmediatamente después de una “explosión violenta”. Un ejemplo claro, es el desalojo del agresor del domicilio, que interrumpe físicamente su capacidad de continuar ejerciendo violencia en el espacio vital de la víctima; y, iii) Impedir: Se enfoca en el futuro. Busca crear barreras fácticas y legales para que el agresor no pueda volver a cometer actos de violencia. Las órdenes de restricción o alejamiento son la manifestación más clara de esta finalidad, pues impiden el contacto físico que podría derivar en una nueva agresión. De lo anterior, se desprende que las medidas de protección no son una sanción, sino que tienen una naturaleza eminentemente cautelar y preventiva. Su imposición no requiere de un juicio de culpabilidad (juicio de reproche), sino de un juicio de probabilidad y riesgo (juicio de riesgo). El juez o fiscal no debe preguntarse si el agresor es culpable, sino si existe un riesgo probable y creíble para la vida e integridad de la víctima. Dicho análisis debe basarse en el acervo probatorio disponible, evitando con ello decisiones subjetivas o excesivas. La frase “son de aplicación inmediata y no podrán suspenderse” refuerza este carácter de urgencia. La ley entiende que la violencia de género es un fenómeno dinámico y que un día de retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. A la luz de los datos estadísticos, la finalidad de estas medidas adquiere una dimensión de salvaguarda existencial. No se trata simplemente de evitar una lesión, sino de interrumpir o evitar la escalada de un proceso que ha demostrado ser la antesala de las consecuencias letales en cientos de casos en nuestro país. Son, por tanto, el instrumento más poderoso del Estado para cumplir con su deber de garante y materializar la protección del derecho a la vida ante un peligro real, inminente y progresivo. La omisión o aplicación tardía de estas medidas constituye una falla estatal que debe evitarse. El resguardo del derecho a la vida mediante la aplicación de medidas de protección eficaces contribuye directamente a la materialización de los valores supremos del Estado y especialmente consolida sus deberes de garante respecto al derecho a la vida» (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes del presente caso, se establece que, Sinthia Pamela Quispe Marca -ahora accionante-, en su calidad de propietaria del bien inmueble ubicado en la Calle 133, número 55, de la zona Villa Bolívar “D”, en la carretera a Viacha de la ciudad de El Alto -con Matrícula 2.01.4.01.0016078- del departamento de La Paz, habría sido agredida físicamente por Luis Condori Menacho -codemandado-, quien habitaba la citada propiedad en calidad de “cuidador”; debido a esta agresión, la solicitante de tutela aperturó una acción penal en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicada ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del citado departamento; así también, denunció que las medidas de protección impuestas en el proceso penal fueron incumplidas por el referido imputado; aparte de esos acontecimientos, la solicitante de tutela sufrió otros agravios, como el corte del suministro de agua potable de su vivienda, asimismo, fue cambiada la chapa de la puerta de ingreso del bien inmueble, que de acuerdo a lo aseverado por la inquilina -no se consigna nombre-, dichos actos fueron cometidos por Luis Condori Menacho, Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho -ahora codemandados-; debido a ello la impetrante de tutela llamó a la Policía boliviana, a objeto que intervengan ante dichos perjuicios. Conforme a las Conclusiones citadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cursa en obrados el requerimiento de Medidas de Protección a favor de Sinthia Pamela Quispe Marca -ahora accionante-, emitida el 27 de julio de 2022 por el Ministerio Público, dentro de la acción penal contra Luis Condori Menacho -hoy demandado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; así también, el 9 de agosto de 2022, la Fiscal de Materia a cargo del caso, emitió providencia de Ampliación de Medidas de Protección a favor de la hoy accionante, disponiendo que el mencionado imputado desocupe, abandone y se restrinja de acudir al bien inmueble ubicado en el Lote 7, manzana 160, de la Urbanización Bolívar “D”, con número 55 del citado departamento -de propiedad de la impetrante de tutela-; posteriormente, el 10 de mayo de 2023, dentro del referido proceso penal, el Ministerio Público formuló imputación formal y solicitó la homologación de las medidas de Protección en favor de la víctima (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Identificada la problemática planteada por la accionante y conforme a la secuencia de los acontecimientos, se establece que, el 22 de julio de 2022, la solicitante de tutela acudió a su bien inmueble ubicado en la Calle 133, número 55, Zona Villa Bolívar “D”, en la carretera a Viacha de El Alto del departamento de La Paz; en la propiedad habitaba el citado demandado, en calidad de “cuidador”. Una vez en la vivienda, habría sido agredida por el referido, debido a ello, se aperturó el proceso penal, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del referido departamento; seguidamente, el 9 de agosto de similar año, el Ministerio Público mediante providencia ordenó que, Luis Condori Menacho desocupe de manera inmediata la mencionada vivienda; asimismo, el 10 de mayo de 2023, la Fiscal de Materia asignada al caso formuló imputación formal, así también, solicitó la homologación de las medidas protectoras para la víctima; pese a la existencia de estas disposiciones para salvaguardar a la ahora impetrante de tutela, las mismas fueron vulneradas por el imputado -ahora accionado-; toda vez que, siguió habitando la propiedad e incluso dejó ingresar al bien inmueble a Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho -ahora codemandados- para que habiten en la vivienda; no obstante de ello, realizaron destrozos en el baño, destruyeron la cañería del servicio de agua potable y cambiaron la chapa de la puerta principal. Esta situación creó un ambiente inestable e inhabitable con los ahora accionados; siendo que, existe temor constante por parte de la accionante y de sus hijos, ante estas transgresiones a su derecho a la vida. En ese mérito, se advierte que, conforme a obrados, la impetrante de tutela alegó la vulneración del derecho a la vida por los actos realizados por los ahora demandados; conforme al razonamiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el actuar de los demandados son considerados vías de hecho; puesto que, se recurrió a la justicia por mano propia por parte de estos, dejando de lado los mecanismos establecidos para la solución de conflictos en la vía ordinaria, ya sea por medio de la conciliación, la mediación -entre otros-. De lo expuesto supra, se advirtió que efectivamente existieron agresiones contra Sinthia Pamela Quispe Marca -ahora accionante- por parte de Luis Condori Menacho -hoy demandado-, situación que se pudo constatar con el muestrario fotográfico adjunto en calidad de prueba documental cursante en obrados; pese a la disposición de medidas de protección en favor de la víctima y sobretodo la orden de desocupación de la vivienda, las cuales fueron desobedecidas por el imputado. Para finalizar, cabe mencionar que el presente fallo constitucional, no emite pronunciamiento alguno sobre los aspectos correspondiente al orden civil, vale decir, al bien inmueble en conflicto, relacionado al derecho propietario entre Sinthia Pamela Quispe Marca -ahora accionante- y Luis Condori Menacho -hoy demandado-; de igual manera sobre la permanencia de Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho -ahora codemandados- en el bien inmueble; pues, si bien tiene relación con los derechos vulnerados a través de esta acción tutelar; sin embargo, el encargado de dilucidar estos conflictos es la vía ordinaria en materia civil. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución V-115/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en forma provisional respecto a la vulneración del derecho a la vida;

2° Disponer lo siguiente:

a) El cese de las vías de hecho contra Sinthia Pamela Quispe Marca por parte de Luis Condori Menacho, Eleuterio Mayta Andia y Olimpia Villarroel Camacho; y, b) Los aspectos de orden civil, con conexitud al bien inmueble en conflicto, sean resueltos en la jurisdicción ordinaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1447_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): a1abdafd372b334fda313debaf51b5cfc23fa056f98588811f83c5469ef75c03

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