Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante señala que dentro el proceso de asistencia familiar, la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Resolución 276/2023 de 4 de abril, declarando improbada la demanda de asistencia familiar; pese a conocer, por informe de Secretaría del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del indicado departamento, que existía una demanda admitida de suspensión parcial de autoridad paterna y materna con audiencia señalada, así como informes psicosociales que advertían un riesgo real para los menores por la conducta agresiva de sus padres; posteriormente, el 10 de abril de 2023, la citada Jueza de la Niñez y Adolescencia declaró probada en parte dicha demanda, disponiendo la suspensión de la autoridad paterna y materna por diez y seis meses, respectivamente, en un contexto en el que los niños no recibían asistencia familiar desde hace más de dos años y se encontraban bajo la guarda de hecho de su abuela materna de escasos recursos, razón por la cual, pese a estar vigente el plazo de apelación previsto en el art. 443 del CFPF, se consideró que dicho recurso no era idóneo y se acudió directamente a la acción de libertad al amparo del art. 47 del CPCo, ante el peligro para la vida de dos menores pertenecientes a un grupo vulnerable. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 059/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 294 a 296 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos, en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se llama la atención a la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por la demora evidenciada en la tramitación del proceso de asistencia familiar, situación que resulta incompatible con los principios de celeridad, diligencia reforzada y protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, exhortándole a que en lo sucesivo priorice los derechos de personas menores de edad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1446/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56368-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 059/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 294 a 296 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Javier Gonzales Herrera contra Karen Romero Ibánez, Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de junio de 2023, cursante de fs. 188 a 190, el accionante expuso lo siguiente:
Dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, emitió Resolución declarando improbada la demanda de asistencia familiar pese a conocer -mediante informe de Secretaría del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del citado departamento cursante a “fs. 279”- que desde el 29 de marzo de 2023, existía una demanda admitida de suspensión parcial de autoridad paterna y materna con fecha de juicio oral, así como múltiples informes psicosociales que evidenciaban que ambos padres eran agresores y que el retorno de los niños con ellos implicaba un peligro real e inminente. Señaló que, se programó audiencia de juicio para el 5 de abril del mencionado año, y que el 10 del mismo mes y año, la Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del referido departamento declaró probada en parte la demanda, disponiendo la suspensión parcial de la autoridad paterna y materna de Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca por diez y seis meses, respectivamente. Agregó que los menores no recibían asistencia familiar por más de dos años y vivían bajo la guarda de hecho de su abuela materna, persona de la tercera edad con recursos limitados, situación que se agravaba con la Resolución cuestionada. Aunque aún se encontraba dentro del plazo para apelar conforme al art. 443 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), afirmó que la apelación no era idónea por la demora que implicaba y el riesgo vital para los menores; por lo que, recurrió directamente a la acción de libertad, invocando el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al existir peligro para la vida de dos menores pertenecientes a un grupo vulnerable y sujetos a protección judicial.
De la lectura del memorial de interposición de la acción de libertad se tiene que no se expresa de manera concreta la vulneración de derechos o garantías constitucionales y tampoco se identifica la norma constitucional lesionada; empero, de su lectura se puede extraer que se hubiera lesionado los derechos a la vida y al interés superior de dos menores.
El accionante solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se disponga la anulación de la Resolución 276/2023 de 4 de abril; y, b) Se falle declarando como probado el monto de asistencia familiar en favor de los menores.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 289 a 293, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó en su integridad la acción presentada y agregó lo siguiente: 1) La Resolución 276/2023 que declaró improbada la demanda de asistencia familiar, puso en riesgo la vida de los dos menores de catorce y quince años que viven con su abuela Dionicia Huanca de Carbajal, razón por la cual optó por presentar la acción tutelar pese a haberse notificado recién el 2 de junio de 2023 y encontrarse aún dentro del plazo de apelación previsto por el art. 443 del CFPF; 2) Sostuvo que, dada la tutela reforzada del derecho a la vida, la acción de libertad era procedente por la ineficacia e insuficiencia de los mecanismos ordinarios, y denunció que la Jueza demandada dictó un fallo incongruente e injusto al desconocer informes psicológicos y sociales cursantes a “fs. 215-226, 232-247 y 250-255”, que recomendaban asistencia a la actual guardadora, medidas de protección a favor de los menores para evitar su exposición a los progenitores agresores y la consideración de la opinión de los adolescentes, quienes rechazaban retornar con sus padres; 3) La mencionada Resolución se basó indebidamente en un informe de la trabajadora social de Palca del departamento de La Paz, que mencionaba dificultades de seguimiento pese a que la prueba acreditaba que los menores estaban bajo la guarda de hecho de la abuela desde hace más de dos años sin recibir asistencia familiar alguna; 4) Afirmó que la Jueza demandada aplicó de manera incongruente la Resolución 199/2022 de 3 de agosto -confirmada por el Auto de Vista 444/2022 de 30 de noviembre- al interpretar que la reinserción familiar era inmediata y otorgaba legitimación activa a los progenitores, cuando ese fallo disponía una restitución gradual, progresiva y condicionada a terapia psicológica. Indicó que, además, la Sentencia de suspensión parcial de autoridad paterna y materna dictada en otro proceso -fundada en las causales del art. 43 incs. a) y b) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), por negligencia y conductas agresivas- establecía sanciones y restricciones de diez meses para el padre y seis para la madre, demostrando el grave riesgo para los menores; y, 5) Agregó que, constaban antecedentes de violencia, incluyendo expresiones del progenitor como “…yo a patadas lo arreglo todo…” (sic), y referencias a agresiones físicas previas. Finalmente, afirmó que la Jueza demandada omitió valorar el informe de Secretaría de “fs. 279” que acreditaba la existencia de una demanda de suspensión parcial de autoridad paterna y materna ya admitida con audiencia de juicio señalada, lo que hacía inviable la decisión asumida. Ante las consultas realizadas por el Juez de garantías la parte accionante informó que los menores estaban bajo el cuidado de su abuela desde marzo de 2021 y explicó que la Resolución 276/2023 fue emitida después de la audiencia de 24 de enero de 2023, cuya acta cursaba a “fs. 210”. Señaló que en dicha audiencia la Jueza demandada fue informada de la existencia de un proceso pendiente de suspensión parcial de autoridad paterna y materna, motivo por el cual solicitó un informe al Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo -se entiende de la Capital del departamento de La Paz-, que fue remitido a “fs. 279” el 29 de marzo de igual año, indicando que la demanda se encontraba admitida. Añadió que tomó conocimiento de la Resolución 276/2023, únicamente con la notificación, pese a haber insistido por meses para que se emitiera dicho fallo; asimismo, afirmó que la Sentencia dictada por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del referido departamento, no fue puesta en conocimiento de la Jueza demandada, a pesar que en su parte resolutiva se ordenaba remitirla al Juzgado Público de Familia Primero por haberse otorgado la guarda por diez meses, explicando que la parte demandada apeló esa Resolución.
Karen Romero Ibánez, Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs.
286 a 288, en el que refierió lo siguiente: i) La demanda de asistencia familiar fue presentada por Dionicia Huanca de Carbajal mediante memoriales de “fs. 13-16”, subsanados a fs. “18-19 y 106”, señalando que desde julio de 2020, sus nietos llegaron a su domicilio tras presuntas agresiones y contagio de COVID-19, motivando que el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital de ese departamento, dictara la Resolución 73/2021 de 22 de marzo, disponiendo el acogimiento circunstancial; la demanda fue admitida por Auto de 22 de septiembre de 2022, corriéndose traslado a los progenitores, quienes respondieron negando los hechos y alegando que el acogimiento había excedido el plazo máximo de treinta días previsto en el art. 54 del CNNA, modificado por la Ley 1168 de 12 de abril de 2019, así como en el art. 2.VI del Decreto Supremo (DS) 3960 de 26 de junio de similar año, que modifica el art. 56 del DS 2377 de 27 de mayo de 2015. La autoridad describió que existían múltiples informes psicológicos y sociales “fs. 134-141; fs. 182-188; fs. 215-255” que acreditaban que los menores se encontraban bajo el cuidado de la abuela, aunque ésta habría dificultado el seguimiento defensorial; ii) Asimismo, refirió que mediante Resolución 199/2022 el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la reinserción familiar de los menores con sus padres, decisión confirmada por Auto de Vista 444/2022 emitido por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Añadió que también cursaba en obrados la Resolución 441/2021 sobre infracción por violencia, confirmada por Auto de Vista 075/2022 de la Sala Civil Segunda del referido Tribunal, así como el informe de Secretaría de “fs. 279” que daba cuenta de un proceso paralelo de suspensión parcial de autoridad paterna y materna aún sin resolución definitiva. Con base en esos antecedentes, la autoridad sostuvo que no podía desconocer los efectos vigentes de la Resolución 199/2022 y, en consecuencia, mediante Resolución 276/2023 declaró improbada la demanda de asistencia familiar; y, iii) Finalmente, precisó que, conforme al Código de las Familias y del Proceso Familiar, la situación de menores y pensiones no causa estado y es susceptible de modificación en cualquier momento, subrayando que su determinación se basó estrictamente en el estado del proceso y en la inexistencia de una resolución firme dentro del trámite de suspensión parcial de autoridad paterna y materna. La autoridad demandada ante las consultas efectuadas en audiencia explicó que, durante la tramitación del proceso de asistencia familiar iniciado hace aproximadamente un año, correspondía que la asistencia fuera otorgada por quien tuviera la guarda de los menores, aunque en la práctica los progenitores no estaban cumpliendo dicha obligación. Indicó que, la demanda fue declarada improbada por falta de legitimación activa y que, mientras no exista una sentencia ejecutoriada del Juzgado de la Niñez y Adolescencia sobre la suspensión parcial de la autoridad materna y paterna, ella no podía exigir asistencia familiar ni asumir conocimiento de esa decisión. Ante la pregunta del Juez de garantías sobre quién debía asistir a los menores mientras los recursos se sustanciaban, la autoridad accionada sostuvo que, conforme al procedimiento familiar, los progenitores debían hacerse cargo, y que cualquier nueva pretensión debía presentarse mediante una nueva demanda por quien tuviera legitimación, dado que en el proceso existente ya había un fallo de primera instancia pendiente de revisión. Posteriormente, el Juez de garantías pidió nuevamente que se aclare quién debía cubrir la asistencia familiar mientras se tramitaban los recursos y procedimientos pendientes, señalando que el acogimiento circunstancial ya había sido revocado y que la abuela no tenía facultad de representación. La autoridad judicial demandada respondió que, al no existir aún un fallo que determinara quién debía pagar la asistencia, correspondía que la abuela materna continuara haciéndose cargo del sostenimiento de los menores, como venía ocurriendo, y que, conforme al Código de las Familias y del Proceso Familiar, la asistencia familiar se computaba desde la notificación de la demanda, por lo que, ante el incumplimiento de los progenitores durante casi un año, eventualmente correspondería liquidar los pagos devengados cuando se cuente con una decisión que declare probada la demanda.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 059/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 294 a 296 vta., denegó la tutela solicitada; sin embargo, exhortó a la autoridad demandada a actuar con la debida diligencia y celeridad en la tramitación de los procesos que involucren derechos e intereses de menores de edad, con el fin de garantizar la protección y el restablecimiento efectivo de sus derechos, considerando su condición de grupo altamente vulnerable. Asimismo, dispuso poner en conocimiento de la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del mencionado departamento esa determinación, para que cumpla lo previsto en el art. 45 del CNNA, y agilice los trámites bajo su competencia, asegurando que las decisiones se adopten siempre ponderando el interés superior de la niñez y adolescencia. Todo ello bajo los siguientes fundamentos: a) Tras examinar los antecedentes, señaló que la demanda se centraba en la Resolución 276/2023, por la cual la Jueza demandada declaró improbada la solicitud de asistencia familiar presentada por la abuela de los menores, considerando que ya no contaba con legitimación activa debido a la revocatoria del acogimiento circunstancial, y que esa decisión se sustentó en la normativa y en la Resolución 199/2022 que establecía que los progenitores eran los legitimados para representar a sus hijos; b) Destacó que la Sentencia 49/2023 de suspensión parcial de la autoridad materna y paterna, dictada el 10 de abril de 2023, se emitió seis días después de la Resolución cuestionada, lo que impedía atribuir a la autoridad demandada una vulneración basada en un acto posterior; sin embargo, se observó demoras injustificadas en el trámite del proceso de asistencia familiar -iniciado en 2022, pero resuelto más de un año después- así como en la causa sustanciada ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, donde la Jueza competente no impulsó con celeridad el cumplimiento de la Sentencia ni fijó asistencia familiar pese a que el art. 45 del CNNA, le otorgaba esa obligación; c) Señaló que esas omisiones afectaban principios constitucionales como el interés superior de la niñez, la celeridad, la eficacia y la tutela judicial efectiva, y que no podía pretenderse que formalismos procesales dejaran desprotegidos a los menores; y, d) En consecuencia, aunque consideró que no existía vulneración atribuible a la Jueza demandada, exhortó con carácter urgente a las autoridades jurisdiccionales en materia de niñez y adolescencia a cumplir sus competencias y garantizar la efectiva protección integral de los niños involucrados.
II.1. Consta Resolución 73/2021 de 22 de marzo, emitida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Segundo, dentro el proceso de acogimiento circunstancial solicitado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Palca del departamento de La Paz sobre los menores AA y BB, disponiendo el acogimiento temporal de los indicados menores en el hogar de sus abuelos maternos (fs. 8 y vta.). II.2. Cursa memorial de 23 de junio de 2022 presentado por Dionicia Huanca de Carbajal ante el Juez Público de Familia de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en el que formuló demanda de asistencia familiar contra Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca (fs. 9 a 12 vta.). II.3. Consta Auto de 22 de septiembre de 2022, emitido por Juez Público de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, a través del cual admitió la demanda de asistencia familiar y la corrió en traslado (fs. 102). II.4. Cursa Resolución 199/2022 de 3 de agosto, pronunciado por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de La Paz dentro el proceso de suspensión de autoridad paterna y materna seguido por Genaro Carbajal Apaza y Dionicia Huanca de Carbajal contra Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca, en el que se determinó la reinserción familiar de AA y BB con sus progenitores, ordenándose la firma de un acta de compromiso de responsabilidad y el seguimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Palca del referido departamento (fs. 108 a 109).
II.5. Memorial presentado el 12 de octubre de 2022, Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca, ante el Juez Público de Familia Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por el que responden y rechazan la demanda de asistencia familiar impetrada por la abuela materna (fs. 118 a 120 vta.). II.6. Figura acta de audiencia de asistencia familiar de 24 de enero de 2023, ante el Juzgado Público de Familia Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso seguido por Dionicia Huanca de Carbajal contra Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca (fs. 122 a 123 vta.). II.7. Cursa Resolución 276/2023 de 4 de abril, pronunciado por la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por la que declaró improbada en parte la demanda de asistencia familiar promovida por Dionicia Huanca de Carbajal contra Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca (fs. 171 a 175 vta.). II.8. Consta Sentencia 49/2023 de 10 de abril, pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de La Paz, dentro el proceso de suspensión parcial de autoridad materna y paterna seguido por Genaro Carbajal Apaza y Dionicia Huanca de Carbajal ante la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del mencionado departamento, en el que formula demanda de asistencia familiar contra Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca, declarando probada en parte la demanda y suspendiendo parcialmente la autoridad paterna en diez meses y la materna en seis meses (fs. 179 a 187 vta.).
El accionante señala que dentro el proceso de asistencia familiar, la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Resolución 276/2023 de 4 de abril, declarando improbada la demanda de asistencia familiar; pese a conocer, por informe de Secretaría del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del indicado departamento, que existía una demanda admitida de suspensión parcial de autoridad paterna y materna con audiencia señalada, así como informes psicosociales que advertían un riesgo real para los menores por la conducta agresiva de sus padres; posteriormente, el 10 de abril de 2023, la citada Jueza de la Niñez y Adolescencia declaró probada en parte dicha demanda, disponiendo la suspensión de la autoridad paterna y materna por diez y seis meses, respectivamente, en un contexto en el que los niños no recibían asistencia familiar desde hace más de dos años y se encontraban bajo la guarda de hecho de su abuela materna de escasos recursos, razón por la cual, pese a estar vigente el plazo de apelación previsto en el art. 443 del CFPF, se consideró que dicho recurso no era idóneo y se acudió directamente a la acción de libertad al amparo del art. 47 del CPCo, ante el peligro para la vida de dos menores pertenecientes a un grupo vulnerable. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0439/2018-S2 de 29 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: «La Constitución Política del Estado, dedica una sección especial a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud; así, en su art. 58, señala: Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (…)”. En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, con el entendido, que de acuerdo a su crecimiento y al desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Al respecto, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, en el Fundamento Jurídico III.3, precisó que: “La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…”. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no se rige por la subsidiariedad; sin embargo, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se señaló que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; entendimiento, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales. Sin embargo, tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Así, la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa, en los supuestos en los que: “…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…”; criterio, reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre» (las negrillas son agregadas).
La jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1233/2023-S1 de 1 de diciembre, 0764/2023-S1 de 11 de julio y 0547/2022-S1 de 6 de julio, entre muchas otras, desarrolló lo siguiente: [Al respecto, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define al derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho fundamental de contenido complejo que confiere a toda persona el poder jurídico de promover, en defensa de sus derechos e intereses legítimos, la actividad de los órganos jurisdiccionales que desemboque en una resolución fundada en derecho tras un procedimiento justo, sea o no favorable a las pretensiones formuladas por las partes, y a que la resolución se cumpla. En cuanto al marco normativo de dicho derecho, cabe señalar que, la Constitución Política del Estado dentro de su estructura dogmática si bien no establece explícitamente el derecho a la tutela judicial efectiva, es preciso considerar que el art. 115.I de dicha norma determina que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” lo que implica la posibilidad de que toda persona, pueda acudir ante los tribunales a formular pretensiones o defenderse de ellas, a obtener un fallo y a que el mismo sea cumplido y ejecutado, contenido normativo que se adecua al núcleo duro del derecho a la tutela judicial efectiva. La jurisprudencia constitucional en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, a través de la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, fue estableciendo que dicho derecho se encuentra compuesto por: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Consecuentemente, nuestra jurisprudencia constitucional, de manera expresa sostuvo que el derecho a la tutela judicial consiste básicamente en el derecho de acceso libre a la jurisdicción, que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas por las partes, la cual sea cumplida y ejecutada. Ahora bien, para ser precisos y comprender de mejor manera el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario remitirnos al trabajo de investigación realizado por Ignacio José Cubillo Lopez, Profesor de la Universidad de Córdoba de España en el cual si bien se procedió a estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, estableciendo que este derecho se halla compuesto por: 1) El derecho de acceso a la jurisdicción para plantear peticiones de tutela o formular pretensiones; 2) El derecho a obtener una respuesta fundada en derecho; 3) El derecho a que la resolución sobre el fondo del asunto sea motivada y fundada en derecho; 4) El derecho a que la resolución de fondo sea congruente con las pretensiones; 5) El derecho a los recursos; 6) El derecho a que durante el proceso se observen sin quiebra los principios jurídicos de audiencia e igualdad; 7) El derecho a que los actos de comunicación procesal se practiquen de forma correcta; 8) El derecho a la tutela cautelar durante los procesos declarativos; 9) El derecho a la intangibilidad e invariabilidad de las resoluciones firmes; y, 10) El derecho a la ejecución forzosa de las sentencias de condena, cuando no exista un cumplimiento voluntario de las mismas; a partir de la base dada en la SCP 1478/2012, se extractará únicamente lo expresado respecto a tres elementos considerados esenciales por nuestra jurisprudencia; así tenemos: i) En relación al derecho al acceso a la jurisdicción que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional se señaló que: “…todos los ciudadanos tienen un derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, han de tener la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales y de formular ante ellos peticiones de tutela, y que estas solicitudes tengan una respuesta judicial que esté fundada en Derecho, aunque sea de inadmisión. Ni el Legislador debe establecer requisitos o condiciones para el acceso a la jurisdicción que sean irracionales o excesivos o desproporcionados respecto del fin que cumplan (que, por supuesto, ha de ser legítimo); ni los tribunales han de interpretar estos requisitos legales de forma restrictiva para el acceso a la jurisdicción, sino que, al contrario, habrán de ajustarse al llamado «principio pro actione», que exige analizar las causas legales de inadmisión de la demanda de una forma que sea razonable y favorable al ejercicio de la acción, permitiendo la subsanación de los defectos existentes, siempre que sea posible. Ahora bien, esta regla no debe llevarse al extremo, sino que ha de entenderse en su justa medida, como trata de precisar, entre otras muchas, la STC 218/2009, de 21 de diciembre” ii) En lo concerniente al derecho a un pronunciamiento, se sostuvo que: “Expresa esta doctrina jurisprudencial, por todas, la STC 134/2008, de 23 de octubre (FJ 2), donde se afirma que: «el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE, en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia… (…) Y continúa poco después: «No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria. Y una resolución judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244/1994, de 15 de septiembre, FJ 2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; 160/1997, de 2 de octubre, FJ 7, y 173/2002, de 9 de octubre FJ 6)». En esta sentencia, el TC estimó que hubo violación del artículo 24.1 de la CE porque la resolución objeto del recurso de amparo contenía formalmente una argumentación jurídica, pero era solo aparente, ya que expresaba un proceso deductivo irracional. Y otro tanto sucedió en otras resoluciones, paralelas a la anterior, como son las SSTC 262/2015, de 14 de diciembre; 240/2015, de 30 de noviembre; 239/2015, de 30 de noviembre; y 222/2015, de 2 de noviembre. (…) iii) Respecto al derecho a la ejecución de las resoluciones, constituida en una cuestión de vital importancia para la efectividad del Estado El derecho a la ejecución como derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 de la CE se traduce principalmente, según la jurisprudencia constitucional, en el derecho a que la sentencia obtenida sobre el fondo del asunto, fundada y congruente, sea ejecutada «en sus propios términos». Esto tiene apoyo en la concreción legal que se realiza en el artículo 18.2 de la LOPJ, cuyo tenor literal recordamos ahora: «Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno…». En consecuencia, el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución tiene que utilizar todos los medios razonables que estén a su alcance para hacer efectivo el contenido de la sentencia de que se trate; para ello, tendrá que remover los obstáculos que la parte ejecutada presente a la hora de cumplir con la prestación a la que se le haya condenado. El tribunal de la ejecución tiene así la obligación de acordar las medidas que sean precisas para ese fin -en coherencia con el derecho fundamental de carácter prestacional del que estamos tratando- y será él quien decida qué actuaciones serán las más adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales que sean aplicables; en caso de que no se emplee la diligencia debida, se producirá una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte ejecutante. En este sentido, nos parece muy expresiva la STC 251/1993, de 19 de julio (FJ 3), en la que se afirma: «El derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma, cuando ello sea legalmente exigible. El contenido principal del derecho consiste, pues, en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por terceros (SSTC 32/1982, fundamento jurídico 2º; 125/1987, fundamento jurídico 2º; 153/1992, fundamento jurídico 4º)». Y poco más adelante se añade (dentro del mismo FJ 3): «No es cometido de este Tribunal la determinación de cuáles sean las decisiones que, en cada caso, hayan de adoptarse para la ejecución de lo resuelto, pero sí deberá vigilar, cuando de la reparación de eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial se trate, que ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni tenga su origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren la satisfacción de ese derecho (SSTC 125/1987, fundamento jurídico 2º; 167/1987, fundamento jurídico 3º; 148/1989, fundamento jurídico 3º; 153/1992, fundamento jurídico 4º)». Ahora bien, por lo expresado, se tiene que en definitiva los elementos básicos del derecho a la tutela judicial efectiva dan cuenta de su complejidad pues se observa que para la materialización de este derecho no basta como el acceso a la jurisdicción o el cumplimiento de previsiones normativas sino que se impone la obligación estatal de brindar una solución de controversias expresada en una tutela o protección eficaz] (las negrillas y subrayado corresponden al texto original).
El accionante refiere que dentro el proceso de asistencia familiar, la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz declaró improbada la demanda de asistencia familiar pese a conocer la existencia de un proceso de suspensión parcial de la autoridad paterna y materna, respaldado por informes psicosociales que advertían riesgo para los menores, decisión que se agravó considerando que los mismos no recibieron asistencia familiar por más de dos años y se encontraban bajo la guarda de hecho de su abuela materna de escasos recursos; posteriormente, la Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del indicado departamento, dispuso la suspensión de la autoridad de ambos progenitores; por lo que, ante el riesgo existente para los niños y la falta de idoneidad de la apelación por la demora que implicaba, se acudió directamente a la acción de libertad conforme al art. 47 del CPCo. De la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que mediante Resolución 73/2021 de 22 de marzo, emitida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Segundo, dentro el proceso de acogimiento circunstancial promovido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Palca del dereferido departamento, se dispuso el acogimiento circunstancial de los menores AA y BB en el hogar de sus abuelos maternos, Genaro Carbajal Apaza y Dionicia Huanca de Carbajal, decisión adoptada en aplicación de los arts. 53, 174 y 207 inc. a) del CNNA, así como de los arts. 54 y 55 de la Ley 1168, estableciéndose además el plazo legal para la definición de medidas de reintegración familiar o integración a familia sustituta. Posteriormente, el 23 de junio de 2022, Dionicia Huanca de Carbajal en su condición de abuela materna, presentó ante el Juez Público de Familia de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz demanda de asistencia familiar contra Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca, padres de los referidos menores, señalando que éstos se encontraban bajo su cuidado desde septiembre de 2020, solicitando la fijación de asistencia familiar mensual y el pago de montos devengados, demanda formulada al amparo de los arts. 258, 259, 210 y 436 del CFPF. Mediante Auto de 22 de septiembre de 2022, el Juez Público de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz admitió la demanda de asistencia familiar y dispuso su traslado a los demandados, conforme lo previsto en los arts. 266 y 268 del CFPF, en relación con el art. 73 del Código Procesal Civil (CPC).
Entretanto, dentro del proceso seguido ante la jurisdicción especializada, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 199/2022 de 3 de agosto, pronunciada en el proceso de suspensión de autoridad paterna y materna iniciado por los abuelos maternos, determinó la reinserción familiar de los adolescentes AA y BB con sus progenitores, disponiendo la suscripción de un acta de compromiso de responsabilidad, la asistencia a terapias familiares y el seguimiento por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Palca del citado departamento, en aplicación de los arts. 168 y 169 del CNNA, sustentando dicha decisión en informes psicológicos y sociales emitidos por el equipo interdisciplinario. Con posterioridad, el 12 de octubre de 2022, Ricardo Gustavo Gonzales Flores y Elia Carbajal Huanca comparecieron ante el Juzgado Público de Familia Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz y respondieron negativamente a la demanda de asistencia familiar, cuestionando la legitimación de la abuela materna, la liquidación efectuada y alegando la existencia de la Resolución 199/2022 que habría dispuesto la restitución de los menores al seno familiar. En el marco del proceso de asistencia familiar, se desarrolló audiencia el 24 de enero de 2023, oportunidad en la cual el Juez Público de Familia Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz dispuso oficiar al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del mencionado departamento para que informe sobre el estado actual del proceso de suspensión de autoridad paterna, considerando la existencia del Auto de Vista 444/2022 de 30 de noviembre, que confirmó la Resolución 199/2022. Finalmente, mediante Resolución 276/2023 de 4 de abril, la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, declaró improbada en parte la demanda de asistencia familiar. Para arribar a dicha determinación, la autoridad judicial efectuó un análisis de los antecedentes procesales vinculados a la situación legal de los adolescentes, haciendo especial referencia a la Resolución 199/2022 así como a su confirmatoria contenida en el Auto de Vista 444/2022, a partir de las cuales concluyó que la guarda legal de los adolescentes se encontraba atribuida a sus progenitores. En ese entendido, la autoridad judicial -ahora demandada- sostuvo que, al ostentar los progenitores la guarda legal vigente, estos conservaban la legitimación activa para ejercer la representación legal de sus hijos, razón por la cual no correspondía reconocer dicha facultad a terceros. Bajo ese razonamiento, estableció que el acogimiento circunstancial dispuesto con anterioridad mediante Resolución 73/2021 había quedado sin efecto, en tanto la situación jurídica de los adolescentes fue modificada por las resoluciones posteriores, las cuales restablecieron la guarda a favor de los padres. Asimismo, la referida autoridad consideró que dicha modificación en la situación de guarda incidía directamente en la procedencia de la demanda de asistencia familiar planteada, en la medida en que los efectos del acogimiento circunstancial -en cuanto a la titularidad de derechos y deberes de representación- no se encontraban vigentes al momento de resolver. En consecuencia, concluyó que, conforme a los antecedentes señalados y al estado actual de la guarda legal, correspondía declarar improbada en parte la demanda, dejando constancia expresa que su decisión se sustentaba en la pérdida de eficacia jurídica de la medida de acogimiento circunstancial previamente otorgada y en la subsistencia de la guarda legal en favor de los progenitores. Ahora bien, conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la Constitución Política del Estado reconoció a las niñas, niños y adolescentes como titulares plenos de derechos fundamentales, además de derechos específicos vinculados a su proceso de desarrollo, identidad y satisfacción de necesidades, estableciendo de manera expresa el deber del Estado, la sociedad y la familia de garantizar la prioridad del interés superior de este grupo altamente vulnerable, con la preeminencia de sus derechos frente a cualquier otro interés concurrente. Dicho precedente constitucional precisó que la protección a la niñez y adolescencia constituye una obligación permanente del Estado, orientada a asegurar su desarrollo integral y a evitar que decisiones u omisiones estatales puedan afectar de forma definitiva o irreparable su bienestar, criterio que fue reiterado por la jurisprudencia constitucional como una constante de la función pública y jurisdiccional. Si bien la jurisprudencia constitucional señaló inicialmente que la acción de libertad podía encontrarse condicionada a la existencia de mecanismos ordinarios idóneos, dicha línea fue modulada de manera expresa cuando se trata de la tutela de derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciéndose que, en estos casos, la acción de libertad no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad, pudiendo ser activada de manera directa, sin necesidad de agotar previamente otros medios de defensa.
En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional concluyó que, tratándose de la protección de derechos de menores de edad -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, corresponde prescindir del análisis sobre la existencia o idoneidad de recursos ordinarios, en la medida en que la tutela constitucional debe ser inmediata, efectiva y preferente, priorizando el interés superior del niño por sobre formalismos procesales que puedan generar dilación o riesgo en la restitución de sus derechos. En la presente acción de libertad, al encontrarse involucrados los derechos de dos menores de edad, sujetos de especial protección constitucional, corresponde omitir consideraciones relativas al principio de subsidiariedad, en aplicación directa del precedente constitucional citado, privilegiando el acceso inmediato a la jurisdicción constitucional como mecanismo idóneo para la protección urgente de sus derechos fundamentales. Ahora bien, conforme al entendimiento doctrinal y jurisprudencial desarrollado en el precedente constitucional señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental de carácter complejo, que garantiza a toda persona no solo el acceso a los órganos jurisdiccionales para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, sino también la obtención de una resolución fundada en derecho, emitida en el marco de un procedimiento justo, así como su cumplimiento y ejecución efectiva. La Constitución Política del Estado reconoce de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el art. 115.I, como el deber de los jueces y tribunales de brindar protección oportuna y efectiva a los derechos e intereses legítimos de las personas, contenido normativo que se adecúa plenamente al núcleo esencial de dicho derecho fundamental, tal como fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional. En ese marco, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra estructurado en tres dimensiones esenciales: 1) El derecho de acceso a la jurisdicción; 2) El derecho a obtener un pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele el derecho; y, 3) El derecho a que la resolución emitida sea cumplida y ejecutada, precisando que la satisfacción de este derecho no se agota en la sola posibilidad de iniciar un proceso, sino que exige una respuesta judicial fundada en derecho y no arbitraria.
En relación con la primera dimensión -el acceso a la jurisdicción-, el precedente citado enfatizó que toda persona debe contar con la posibilidad real y efectiva de acudir a los tribunales para formular sus pretensiones, sin obstáculos irrazonables o desproporcionados, y que las autoridades judiciales deben interpretar los requisitos procesales conforme al principio pro actione, favoreciendo el ejercicio del derecho de acción y permitiendo la subsanación de defectos cuando ello sea posible. Respecto a la segunda dimensión -el derecho a obtener un pronunciamiento judicial-, la jurisprudencia constitucional sostuvo que la tutela judicial efectiva garantiza la emisión de una resolución motivada y fundada en derecho, favorable o adversa, siempre que la decisión no constituya una mera apariencia de justicia ni sea el resultado de un razonamiento arbitrario, irrazonable o carente de sustento jurídico, pues ello vulneraría el contenido esencial del derecho. Finalmente, en cuanto a la dimensión relativa a la ejecución de las resoluciones, el precedente resaltó que la efectividad de la tutela judicial exige que las decisiones judiciales se ejecuten en sus propios términos, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar su cumplimiento, evitando conductas de pasividad o inacción que desnaturalicen el derecho reconocido. Aplicando dicho entendimiento al caso concreto, se advirtió que la parte accionante ejerció plenamente su derecho de acceso a la jurisdicción, al haber promovido la demanda de asistencia familiar ante la autoridad judicial competente, siendo oída y tramitada su pretensión sin que se evidencien restricciones, exclusiones u obstáculos irrazonables en el ejercicio del derecho de acción. Asimismo, la autoridad judicial demandada emitió un pronunciamiento expreso mediante la Resolución 276/2023 de 4 de abril, resolviendo la pretensión planteada sobre la base de los antecedentes del proceso y en la existencia, al momento de su emisión, de una Resolución vigente -la Resolución 199/2022 y su confirmatoria-que atribuía la guarda legal de los menores a sus progenitores, extremo que fue considerado también por las partes demandadas en sus memoriales y durante la audiencia celebrada; por lo que, no se evidenció la ausencia de respuesta judicial ni la denegación de justicia. En ese entendido, desde la perspectiva del precedente constitucional citado, se constató que las dos primeras dimensiones del derecho a la tutela judicial efectiva -acceso a la jurisdicción y obtención de un pronunciamiento judicial- fueron satisfechas, al haberse permitido al accionante promover su pretensión y al haberse dictado una Resolución fundada en los antecedentes y decisiones judiciales vigentes al momento de resolver, sin que se advierta, en este análisis, una lesión autónoma al derecho a la tutela judicial efectiva en los términos definidos por la jurisprudencia constitucional.
Resuelta la problemática principal, corresponde pronunciarse sobre un aspecto relevante que llamó la atención de este Tribunal, con relación al tiempo transcurrido en la tramitación del proceso de asistencia familiar iniciado por la abuela materna, Dionicia Huanca de Carbajal, quien presentó su demanda el 23 de junio de 2022 ante el Juzgado Público de Familia de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, proceso concluido con la emisión de la Resolución 276/2023, mediante la cual la autoridad jurisdiccional declaró improbada en parte la referida demanda, evidenciándose un periodo aproximado de diez meses de sustanciación. En ese marco, cabe señalar que, tratándose de procesos de asistencia familiar, y con mayor énfasis cuando los beneficiarios son niñas, niños o adolescentes, el factor temporal adquiere una relevancia constitucional reforzada; toda vez que, la satisfacción oportuna de sus necesidades básicas -alimentación, salud, educación, vestimenta y desarrollo integral- no admite dilaciones injustificadas ni puede quedar supeditada a trámites prolongados que, en los hechos, terminan afectando de manera directa su bienestar y subsistencia cotidiana. En ese entendido, el prolongado tiempo de tramitación del proceso de asistencia familiar denotó una inobservancia del principio del interés superior de los menores de edad, en tanto la autoridad judicial, aun actuando dentro de las formalidades del procedimiento, no priorizó la urgencia material que caracteriza este tipo de causas, cuya naturaleza exige un tratamiento célere, diligente y preferente, precisamente por el impacto inmediato que sus decisiones -o la falta de ellas- generan en la vida de los adolescentes involucrados. El interés superior de los menores no se satisface únicamente con la emisión de una resolución judicial, sino que exige que esta sea adoptada dentro de un plazo razonable y acorde a la finalidad protectora del proceso, pues un retardo prolongado en la definición de la asistencia familiar implica, en los hechos, la postergación de derechos esenciales y la transferencia de la carga económica a terceros -en este caso, la abuela materna- sin una definición judicial clara y oportuna. El retraso evidenciado resultó particularmente gravoso si se considera que durante todo ese periodo los adolescentes no contaron con una asistencia familiar formalmente establecida, pese a tratarse de un proceso destinado precisamente a garantizar su subsistencia, generándose una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que se apartó del deber reforzado de protección que pesa sobre las autoridades judiciales cuando conocen causas vinculadas a derechos de menores de edad. Por lo expuesto, si bien la autoridad demandada emitió finalmente un pronunciamiento sobre la demanda de asistencia familiar, el tiempo excesivo empleado en su tramitación se apartó del estándar de diligencia reforzada exigible en este tipo de procesos, provocando perjuicios materiales y emocionales a los adolescentes, en la medida en que se prolongó innecesariamente la ausencia de una definición judicial sobre un derecho de carácter alimentario, imprescindible para su desarrollo integral. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 059/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 294 a 296 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos, en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se llama la atención a la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por la demora evidenciada en la tramitación del proceso de asistencia familiar, situación que resulta incompatible con los principios de celeridad, diligencia reforzada y protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, exhortándole a que en lo sucesivo priorice los derechos de personas menores de edad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El FJ III.1.2 señala que: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir
que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.
2 El FJ III.3, indica: “Resulta necesario precisar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescente, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…”.
3 Diccionario Panhispánico del Español Jurídico disponible en el enlace https://dpej.rae.es/lema/derecho-a-la-tutela-judicial- efectiva
4 Disponible en el siguiente enlace https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1531/1880
5 El Tribunal Constitucional de España a través de la STC 218/2009, de 21 de diciembre, sostuvo: “…Dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen estas decisiones de denegación de acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa: más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente, tal control procede a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no ‘como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan’, sino como ‘la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican…’”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1446_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 36bc995d91ab72d848eda31c79511ffb29c482a2b193454591060c3c7f6332bb
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