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SCP 1444/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56345-2023-113-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; puesto que, al reunir los requisitos para acogerse al beneficio penitenciario de redención de la pena, el 30 de marzo de 2023 presentó su solicitud a la autoridad jurisdiccional correspondiente -ahora demandado- no obstante, a pesar de haber transcurrido casi cuarenta y cinco días hasta la fecha -entiéndase de interposición de la presente acción tutelar- y los reiterados reclamos, no obtuvo una respuesta a la misma, enfatizando que desconoce el estado de la tramitación de su expediente, razón por la cual se encuentra en indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1°. REVOCAR la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, y, en consecuencia, CONCEDER la tutela, conforme a los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos disponiendo que la autoridad jurisdiccional atienda el incidente de beneficio de redención de la pena, salvo que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela ya hubiera sido definida. 2°. Exhortar al Juez, Secretaria y Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, para que, en futuras actuaciones análogas al presente caso, asuman sus funciones con responsabilidad y celeridad posible, evitando demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo.

3°. Disponer, que por Secretaría General se remita copia legalizada del presente fallo constitucional al Presidente del Consejo de la Magistratura, a efectos que considere el inicio de proceso disciplinario en cuanto a la actuación de los demandados, conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado
  2. III.2. Sobre el principio de dirección judicial del proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1444/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56345-2023-113-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Stefani Quispe Apaza, Defensora Pública del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), en representación sin mandato de Edson Amutari Beltrán contra Ángel Franz Cordero Ayoroa, Juez; Vanesa Aramayo Ardaya, Secretaria; y, Adriano Justiniano Guarimo, Notificador, todos del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de mayo de 2023, cursante de fs. 6 a 7 y vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A consecuencia del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de hurto, el 30 de marzo de 2023, presentó incidente de redención de la pena, conforme a lo previsto por el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, solicitud reiterada el 19 y 27 de abril del mismo año, pidiendo además que se ponga a la vista su expediente; sin embargo, hasta la fecha -entiéndase de presentación de esta acción tutelar-, no obtuvo ninguna respuesta. De igual manera, reclamó que no fue notificado con informe, decreto o proveído alguno, encontrándose detenido diez meses y siete días, habiéndose apersonado su abogada al Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; empero, tampoco obtuvo respuesta. Enfatizó que, se encontraría en completa indefensión, pues no conoce su situación jurídica vulnerándose sus derechos y garantías constitucionales de persona privada de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la tutela jurídica efectiva y a la defensa, citando al efecto los art. 22,23,115 y 178 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Impetró se conceda la tutela; y en consecuencia, “…se cumpla lo solicitado en el memorial presentado de REDENCION DE LA PENA” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual, el 12 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 27 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su acción tutelar, y ampliándolos señaló que la acción tutelar va dirigida contra los tres funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, puesto que, no se sabe cuál de ellos hubiese incumplido sus funciones, respecto a los memoriales de reclamo que no merecieron proveído alguno, no conocían si el Juez demandado dictó auto de radicatoria, ni el estado de su proceso. Reclamó que se incumplieron los plazos procesales establecidos en la Ley de ejecución Penal, en la Ley del Órgano Judicial” y el Código de Procedimiento Penal.

I.2.2. Informe de los demandados

Ángel Franz Cordero Ayoroa, Juez de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, en audiencia informó que, se encontraba en la ciudad de Trinidad, declarado en comisión por la Escuela de Jueces del Estado (EJE), “… consiguientemente no tengo contacto a los antecedentes por los cuales se me ha interpuesto esta acción del libertad…” (sic); sin embargo, solicitó que se tome en cuenta que el Juzgado es de reciente creación y que se enviaron gran cantidad de expedientes de la ciudad de Trinidad, señaló además: “… que hasta la fecha no hemos podido radicar y ordenar …” (sic), además ejerce funciones como Juez técnico del Tribunal de Sentencia de Guayaramerín, a cargo de más de cien causas, el estrés afectó su salud, en su juzgado se tramitan más de ochocientas causas recalcó: “…y por el papeleo muchas de las causas como las que necesita la doctora, están, tenemos que buscarlas …” (sic), por lo cual solicitó que esos aspectos sean tomados en cuenta al momento de emitir la resolución. Vanessa Aramayo Ardaya, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, en audiencia informó qué, respecto al memorial reclamado por la parte accionante: “… el mismo día lo pasé a despacho como consta en el libro de causas nuevas y en el libro diario” (sic), entrega que se hace a diario o a veces pasando tres días para no sobrecargar las actividades del Juez. Corroborando lo afirmado por el Juez, señaló que en ese Juzgado se tramitan más de mil causas, debido a la re-funcionalización atienden casos de toda la provincia Vaca Diez del departamento. Adriano Justiniano Guarimo, Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, en audiencia informó que: “… el caso de Edson Amutari Beltrán, ingresó a despacho el treinta de marzo, pero ya está radicado pero no, no se ha pasado todavía a secretaria por lo que se nos ha entrepapelado por la carga procesal ...” (sic)

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 12 de mayo, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., denegó la tutela, con base en los siguientes fundamentos: a) La recarga procesal en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de Guayaramerín del citado departamento, debe ser puesta a conocimiento del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, así como del Representante Distrital del Consejo de la Magistratura; y, b) Siendo necesaria una respuesta al peticionante de tutela determinó: “… asimismo va a ordenar que en un plazo de cuarenta y ocho horas la autoridad accionada (…) a partir de su notificación con esta sentencia señale audiencia de incidente…” (sic); es decir, para el lunes 15 de mayo de 2023, al notificarse en ese momento y resuelva conforme a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 30 de marzo de 2023, la Defensora Pública del SEPDEP, en representación sin mandato de Edson Amutari Beltrán -hoy accionante-, planteó incidente de beneficio de redención de la pena, al considerar que fue sentenciado a pena privativa de libertad de un año, por el delito de hurto, a partir del 21 de julio de 2022; por lo que, al 24 de febrero de 2023, hubiesen transcurrido siete meses y tres días, además de cumplir los otros requisitos previstos por la normativa constitucional y penal para acceder a dicho beneficio. Solicitud reiterada por memoriales presentados el 19 y 27 de abril del mismo año (fs. 3 a 5). II.2. Cursa certificado de permanencia y conducta, emitido por el Director de la Carceleta Pública de la provincia Riberalta del departamento de Beni, que indica: previa revisión de antecedentes, certifica que el interno “Edson Amutari Beltrán” -ahora solicitante de tutela-; ingresó a las celdas con mandamiento de condena el 21 de julio de 2022, por la supuesta comisión del delito de hurto, en la que se le impuso una condena de un año de privación de libertad (fs. 21). II.3. Consta mandamiento de condena, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni, en el que señala que al haberse ejecutoriado la Sentencia 36/2022 de 21 julio, mediante procedimiento abreviado, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edson Amutari Beltrán -hoy impetrante de tutela-, por el delito de hurto, se le impuso una condena de un año de privación de libertad a cumplirse del 20 de julio de 2022 al 20 de julio de 2023 en la Carceleta Pública de la Provincia de Riberalta (fs. 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; puesto que, al reunir los requisitos para acogerse al beneficio penitenciario de redención de la pena, el 30 de marzo de 2023 presentó su solicitud a la autoridad jurisdiccional correspondiente -ahora demandado- no obstante, a pesar de haber transcurrido casi cuarenta y cinco días hasta la fecha -entiéndase de interposición de la presente acción tutelar- y los reiterados reclamos, no obtuvo una respuesta a la misma, enfatizando que desconoce el estado de la tramitación de su expediente, razón por la cual se encuentra en indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus –ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (el resaltado nos corresponde).

Así mismo, la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: “La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele” (las negrillas son añadidas).

III.2. Sobre el principio de dirección judicial del proceso

Con relación a la responsabilidad de la autoridad judicial, en la dirección del proceso a su cargo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, señaló que:“Mediante el principio de dirección judicial del proceso, se infiere que la autoridad judicial queda compelida a impulsar de oficio -cuando corresponda- el trámite de la causa, adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso, interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales -con el deber imperativo de tramitar con carácter preferencial los procesos-, expedir sentencia cumpliendo los requisitos que la misma debe contener y, en el caso de la expedición estimativa de medidas cautelares, exigir apariencia de buen derecho (bonus fumus iures), evitando el peligro en la demora (periculum in mora). Siguiendo la tendencia moderna, el principio de la dirección judicial, convierte hoy en día al juez en una autoridad dinámica y no en un simple 'convidado de piedra‛. Recogiendo este postulado, la Constitución Política del Estado, en su art. 115, haciendo armonía con la doctrina, precisa: 'I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones‛ (negrillas agregadas). En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art.

8, referido a las garantías judiciales, dispone: '1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella…' (negrillas añadidas). Por otra parte, el art. 168 del CPP: señala: '…el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido'; así, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio de dirección procesal, de tal suerte que de oficio puede dar celeridad y adoptar las diligencias para mejor proveer, más aún cuando está de por medio la libertad. Al respecto, se afirma el deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales de dirección, que guardan armonía con el principio de dirección judicial, que se complementa con el de impulso procesal o impulso de oficio, que -a su vez- se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad de petición de parte y sin que ello signifique coartar el derecho de los sujetos procesales a dinamizar y ser los propulsores naturales del proceso”. (Las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso a la tutela judicial efectiva y a la defensa; puesto que, al reunir los requisitos para acogerse al beneficio penitenciario de redención de la pena, presentó su solicitud a la autoridad jurisdiccional correspondiente -ahora demandando-, no obstante, a pesar de haber transcurrido casi dos meses hasta la fecha -entiéndase de interposición de la presente acción tutelar- y los reiterados reclamos, no obtuvo una respuesta, enfatizando que desconoce el estado de la tramitación de su expediente, razón por la cual se encuentra en indefensión.

De la lectura de la acción de defensa, la intervención de los demandados en la audiencia de garantías y la documental cursante en el expediente de acción tutelar (Conclusiones II.1, II.2, y II.3), se tiene que el Juez de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, -ahora demandado-, no atendió el incidente planteado por el peticionante de tutela para acogerse al beneficio de redención de la pena, pese a haber transcurrido casi cuarenta y cinco días.

En tal sentido, a efectos de resolver la problemática denunciada, la misma tiene que ver con la dilación en la tramitación del beneficio penitenciario planteado por el accionante, cabe referir que conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la jurisprudencia ha sido uniforme en determinar como uno de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la dilación provocada por funcionarios judiciales, y su tutela busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, condición bajo la cual sus derechos merecen una protección reforzada, si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad pueden activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho amparados en el art. 125 de la CPE, en observancia al principio de celeridad consagrado en el art. 180 de la Norma Suprema, cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, exigiendo a los administradores de justicia su aplicación.

Bajo los antecedentes descritos, el Juez demandado, al no haber atendido el incidente planteado por el accionante, dentro del plazo previsto en la normativa penal, incurrió en dilación en la tramitación del beneficio solicitado; así también conforme a los antecedentes que cursan en el expediente constitucional se tiene que, evidentemente el 19 y 27 de abril de 2023, el accionante reiteró su pedido y posteriormente solicitó que se ponga a la vista el expediente, a objeto de conocer si hubo proveídos o decretos en la tramitación del mismo; sin embargo, a fin de justificar su demora, los demandados alegaron excesiva carga procesal, razón por la cual, no se dio respuesta al impetrante de tutela.

Respecto a la legitimación pasiva, de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, para ser demandados en acciones tutelares, la jurisprudencia constitucional ha identificado tres supuestos: 1) Si incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; 2) Vulneren derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, 3) Emergen del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. (SCP 0649/2024 de 14 de agosto, entre muchas otras). En el caso en análisis, al no haber atendido los reclamos de la parte accionante los funcionarios provocaron dilación en la tramitación del incidente, al no informar respecto a los otros memoriales presentados y no facilitar el acceso al cuaderno procesal.

Conforme lo manifestado, teniéndose por ciertos los hechos alegados por la parte accionante, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de pronto despacho, por la dilación en la cual incurrieron los demandados; debiendo atenderse el incidente de redención de la pena, y disponer lo que en derecho corresponda, salvo que por el tiempo transcurrido la situación jurídica del accionante sea distinta.

No obstante, siendo evidente la dilación incurrida en la tramitación del incidente de redención de la pena; el Juez del Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, al emitir su fallo denegó la tutela al considerar la excesiva carga procesal; al respecto, conforme se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es deber del juez operador dirigir su despacho judicial, conforme a sus competencias y potestades conferidas, así como el impulso de oficio a los procesos a su cargo, tarea vinculada a sus facultades procesales de dirección judicial y que se complementa con el principio de impulso procesal o impulso de oficio, inmersas en el principio procesal de celeridad, fundamento de la jurisdicción ordinaria contenido en el art. 180 de la CPE. Por otra parte, el indicado Juez de garantías, al haber dispuesto que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la autoridad accionada, señale audiencia para consideración del incidente planteado, atendió favorablemente la demanda del impetrante de tutela, lo cual implica haber concedido parcialmente la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1°. REVOCAR la Resolución de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 31 vta. a 33 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, y, en consecuencia, CONCEDER la tutela, conforme a los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos disponiendo que la autoridad jurisdiccional atienda el incidente de beneficio de redención de la pena, salvo que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela ya hubiera sido definida. 2°. Exhortar al Juez, Secretaria y Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, para que, en futuras actuaciones análogas al presente caso, asuman sus funciones con responsabilidad y celeridad posible, evitando demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo.

3°. Disponer, que por Secretaría General se remita copia legalizada del presente fallo constitucional al Presidente del Consejo de la Magistratura, a efectos que considere el inicio de proceso disciplinario en cuanto a la actuación de los demandados, conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1444_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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