Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denunció su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, presentó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 57/2023 de 9 de junio, emitido por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandada; y habiendo transcurrido el plazo de veinticuatro horas, previsto en el art. 251 del CPP, el legajo de apelación no fue remitido al Tribunal superior en grado para su consideración En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2023 de 13 de junio, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que, la Jueza demandada -notificada con este fallo constitucional-efectúe la remisión de antecedentes al Tribunal de apelación respectivo, de manera inmediata, salvo que aquello ya hubiera sigo materializado. Exhortándole que, en futuras actuaciones en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, adecúe su labor a lo dispuesto en el art. 251 del CPP.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1442/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56314-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2023 de 13 de junio, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Alanoca Alcón en representación sin mandato de Ángel Julio Larico Quispe contra Rocío Greys Salazar Villanueva, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica; el 9 de junio 2023, se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva, emitiéndose Auto Interlocutorio 57/2023 de 9 de junio, por parte de Rocío Greys Salazar Villanueva, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-; misma que fue apelada conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitando que se remitan obrados originales; aspecto que fue observado por el Juez de la causa al encontrarse el proceso en actos preparatorios de juicio, disponiendo se provean las copias correspondientes para el armado de legajo en el plazo de veinticuatro horas. Denunció como vulnerado su derecho a la libertad; toda vez que, no se remitió el cuaderno procesal al Tribunal ad quem para la consideración de la apelación presentada en el plazo de veinticuatro horas como señala la norma citada.
Denunció como lesionado su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Se ordene la remisión inmediata del expediente judicial al juez de sentencia correspondiente; y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, para el correspondiente proceso disciplinario.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 9 a 10, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante mediante su representante, ratificó la acción de libertad de manera íntegra, solicitando se conceda la tutela.
Rocío Greys Salazar Villanueva, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 13 de junio de 2023, cursante a fs. 8 y vta., señaló que: 1) El 9 de ese mes y año, se celebró audiencia de cesación a la detención preventiva del ahora accionante, emitiéndose el Auto Interlocutorio 57/2023 del referido día y mes, planteando apelación respectiva, por parte de la defensa; hizo referencia que, el abogado de la defensa solicitó se remita en obrados originales, aspecto observado; toda vez que, el proceso se encuentra en actos preparatorios de juicio, disponiendo se proporcione las copias correspondientes para el armado de legajo en el plazo de veinticuatro horas, conforme establece el art. 112 del CPP; empero, este aspecto no fue cumplido por el abogado de la defensa, situación advertida del informe emitido por Secretaría; pese a ello la apelación fue remitida mediante sorteo ante la Sala Penal respectiva; 2) Es primordial considerar la naturaleza de la Acción de Libertad, conforme establece el art. 125 de la CPE, aspecto que no fue plasmado en el memorial de planeamiento, y de manera errónea y confusa se pretende reclamar aspectos que no corresponden a esta acción tutelar.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 18/2023 de 13 de junio, cursante a fs. 11 y vta., denegó la tutela solicitada, por no existir vulneración al plazo procesal, con base en los siguientes fundamentos: i) La parte impetrante de tutela refiere el incumplimiento del art. 251 del CPP, ya que el Auto Interlocutorio 57/2023, fue apelado y no se remitió en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal superior en grado; ii) La autoridad accionada justificó a través de informe del Secretario de despacho, que se conminó a la parte denunciante, a efectos que provea las fotocopias, ante el incumplimiento, la autoridad demandada dispuso con el sorteo a las Salas Penales, el recurso de apelación incidental interpuesto por el hoy solicitante de tutela; ii) Corresponde emitir criterio fundamentado, que la línea constitucional que rige la materia en cuanto el plazo para remitir las apelaciones incidentales en medidas cautelares, así se tiene la SCP 0162/2018-S2 de 14 de mayo, en la situación que exista una justificación razonable y justificada como en el presente caso, el plazo incluso puede ampliarse hasta un máximo setenta y dos horas, desde el momento del Auto que dispone la remisión de la apelación incidental de carácter personal; y, iv) Se debe hacer referencia que las apelaciones son recibidas por las mañanas en las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia La Paz; consecuentemente no existe ninguna vulneración a ningún derecho, ni garantía; por lo que, no es viable la presente acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 9 de junio de 2023, se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva, solicitada por Ángel Julio Larico Quispe -ahora impetrante de tutela-, dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, emitiéndose Auto Interlocutorio 57/2023 del indicado día y mes, por parte de Rocío Greys Salazar Villanueva, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-; misma que fue apelada conforme al art. 251 del CPP, solicitando que se remitan obrados originales; aspecto que fue observado por la Jueza de la causa al encontrarse el proceso en actos preparatorios de juicio, disponiendo se provean las copias correspondientes para el armado de legajo en el plazo de veinticuatro horas, conforme establece el art. 112 de la citada norma (fs. 2 a 3 -extracto de la demanda tutelar-). II.2. La presente acción de libertad fue interpuesta el 12 de junio de 2023 (fs.
1). II.3. Cursa informe de 13 de junio de 2023, Rocío Greys Salazar Villanueva, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-; señalando que, el proceso se encuentra en actos preparatorios de juicio, disponiendo se proporcione las copias correspondientes para el armado de legajo en el plazo de veinticuatro horas, conforme establece el art. 112 del CPP; empero, este aspecto no fue cumplido por el abogado de la defensa, situación advertida del informe emitido por Secretaría (fs. 8 -extracto del informe de la autoridad demandada-).
El accionante denunció su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, presentó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 57/2023 de 9 de junio, emitido por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, hoy demandada; y habiendo transcurrido el plazo de veinticuatro horas, previsto en el art. 251 del CPP, el legajo de apelación no fue remitido al Tribunal superior en grado para su consideración En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, el entonces Tribunal Constitucional mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, referente a la clasificación doctrinal del hábeas corpus -ahora acción de libertad- estableció que la mencionada garantía constitucional “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida” (el resaltado corresponde al texto original); posteriormente, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado que fue promulgada el 7 de febrero de 2009, el órgano constitucional a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, reconoció las nombradas modalidades de acción de libertad –por cuanto aun podían ser identificadas en el ordenamiento jurídico vigente– y amplió la clasificación doctrinal al hábeas corpus instructivo, restringido y el traslativo o de pronto despacho, estableciendo que el último nombrado tiene por objeto “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. De ahí que la doctrina constitucional precisó varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; entre las cuales se encuentra la dilación en el trámite de apelación incidental de la resolución que rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva; en ese orden ideas, siendo que el presente caso, el impetrante de tutela denuncia la demora en la remisión del recurso de apelación incidental que interpuso, cabe referir que el art. 251 del CPP, -modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, sobre ese tema estipula que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. El Vocal de turno de la Sala Penal, en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras). Ahora bien, sobre el particular y con el fin de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas que fueron delineadas por este Tribunal, determinando que: “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen). En ese contexto, de la doctrina constitucional y el precepto legal desglosados se establece que formulado el recurso de apelación incidental contra una resolución que rechace la solicitud de la cesación preventiva y este sea concedido en audiencia, la remisión del legajo de las piezas penitentes al Tribunal de alzada se debe efectuar en el plazo de veinticuatro horas, salvo que exista una justificación razonable o fundada en el retardo; para lo cual, el mencionado término legal, puede ser ampliado a tres días, no pudiendo las autoridades y los servidores judiciales excederse de ese plazo procesal, habida cuenta que la situación jurídica de la persona privada de libertad se encuentra de por medio.
El accionante denunció vulnerado su derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público, por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica, presentó recurso de apelación contra la Resolución 57/2023 de 9 de junio, emitido por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y habiendo transcurrido el plazo de veinticuatro horas, previsto en el art. 251 del CPP, el legajo de apelación no fue remitido al Tribunal superior en grado para su consideración.
Descrito el marco normativo y jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente; se tiene que, el 9 de junio de 2023, se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 57/2023, por parte de la Jueza demandada; esta fue apelada por el impetrante de tutela conforme al art. 251 del CPP, solicitando que se remitan obrados originales; aspecto que fue observado por la Jueza de la causa al encontrarse el proceso en actos preparatorios de juicio, disponiendo se provean las copias correspondientes para el armado de legajo en el plazo de veinticuatro horas, conforme establece el art. 112 de la citada norma; sin embargo, no se cumplió con la remisión en el plazo establecido (Conclusión II.1). Como se observa en el presente caso, el accionante no acompaña ninguna documental que pueda ser compulsada, simplemente se tiene el informe de la autoridad demandada y lo manifestado por el accionante en su memorial de acción de libertad y conforme a esa documental se analizará el presente caso. En el marco de lo expuesto, resulta evidente que la autoridad judicial demandada incurrió en dilación indebida en la remisión de los antecedentes de la apelación formulada contra el Auto Interlocutorio 57/2023, mediante el que, la Jueza demandada habría negado la solicitud del impetrante de tutela para lograr la cesación de la medida restrictiva de su libertad; abriéndose, por ende, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; debiendo tomarse en cuenta que, el segundo párrafo del art. 251 del CPP, prevé que interpuesta la alzada, las actuaciones correspondientes deben ser remitidas al tribunal superior en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad (Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional); lo que no fue cumplido, conllevando aquello, la interposición de la presente acción de libertad el 12 de junio de 2023 (Conclusión II.2); es decir, tres días después de la interposición de la apelación interpuesta de forma oral. Lo expuesto conlleva la concesión de la tutela, no pudiendo deslindar responsabilidad la autoridad demandada, supeditando la observancia del plazo precitado a la provisión de recaudos de ley, como indicó en el informe escrito que presentó emergente de la presente acción de defensa (Conclusión II.3); estableciendo la jurisprudencia detallada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que, no se viable condicionar la remisión de antecedentes al tribunal de alzada al cumplimiento de los recaudos de ley dispuestos por la autoridad judicial; y, menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorgue dichos recaudos. De otro lado, en el caso no se evidencia, los casos excepcionales descritos en la subregla ii) de la SCP 2149/2013, descrita en el referido Fundamento Jurídico III.2, referente a la flexibilización del plazo a tres días, el que opera únicamente en situaciones que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados; lo que no se advierte en el caso de examen. Por lo expuesto, se evidencia que la Jueza demandada demoró indebidamente en el cumplimiento de la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Alzada, obviando cumplir sus obligaciones con responsabilidad, celeridad y diligencia en el procesamiento de las solicitudes puestas a su conocimiento, en especial si se encuentra involucrado el derecho a la libertad resultando en la vulneración de los aducidos derechos; aspecto que se enmarca a la protección brindada por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tendiente a acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas cuando se encuentran vinculados con el derecho a la libertad física o personal, debiendo los administradores de justicia cumplir con los plazos previstos en la norma, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Ley Fundamental, en el sentido que la administración de justicia se rige por los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de derechos y garantías de los sujetos procesales, determinando la activación de la presente acción tutelar, debiendo concederse la tutela solicitada. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2023 de 13 de junio, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que, la Jueza demandada -notificada con este fallo constitucional-efectúe la remisión de antecedentes al Tribunal de apelación respectivo, de manera inmediata, salvo que aquello ya hubiera sigo materializado. Exhortándole que, en futuras actuaciones en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, adecúe su labor a lo dispuesto en el art. 251 del CPP. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1442_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 11baafbc6193ccf34ab4ed1c71c5b64fdabcf6b2199b77e8fd274d0c8417da96
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