Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, aduciendo que la Jueza demandada, en audiencia de juicio oral de 29 de marzo de 2022, sin considerar que tenía su abogado de confianza -que no asistió por no haber sido notificado-, le designó defensora de oficio, obligándolo a someterse a procedimiento abreviado por el delito de tráfico de sustancias controladas, a cuya conclusión se lo condenó a la pena privativa de libertad de trece años. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 94 a 96, dictada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1439/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56265-2023-113-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 26/2023 de “7” -lo correcto es 6- de junio, cursante de fs. 94 a 96, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcial Ocampo Núñez contra Elizabett Vargas Zambrana, Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 5 de junio de 2023, cursante de fs. 2 a 5 vta., el accionante expresó que:
Dentro de proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se señaló audiencia de juicio para el 29 de agosto de 2022, con la cual no fue notificado, sino al Director del Centro Penitenciario San Pedro de Oruro en el que se encuentra. Una vez trasladado a dicha audiencia, manifestó que tenía su abogado particular, el cual se hallaba en Sucre y desconocía de la citada audiencia. En esas circunstancias, la Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del citado departamento -ahora demandada-, no revisó la reclamada falta de notificación y, por otro lado, dispuso que no se podía suspender la referida audiencia, por lo que, le designó una abogada defensora de oficio, sin considerar que la elección de un abogado defensor es un derecho irrenunciable del imputado; en ese contexto, fue víctima de coacción para aceptar la culpabilidad de un delito que no cometió, pues dicha Jueza y su abogada defensora de oficio lo obligaron a aceptar la aplicación de un procedimiento abreviado con una pena de trece años de privación de libertad, para evitar ser condenado a veinticinco años. Por todo ello, se encuentra indebidamente privado de su libertad.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23, 114.II, 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó que se conceda la tutela en cuanto a su derecho a la libertad y se disponga la revocatoria de la Sentencia condenatoria de 29 de agosto del 2022, dictada en su contra.
Celebrada la audiencia pública el 6 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 91 a 93, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo manifestó que: a) La Jueza demandada señaló en su informe, que no se cumplió con la subsidiariedad excepcional; sin embargo, fue coaccionado a renunciar al recurso de apelación; no obstante, existe el planteamiento de un incidente de nulidad por vulneración de derechos y garantías, empero fue declarado infundado; consiguientemente, se ve obligado a plantear esta acción de libertad; y, b) Su pretensión es que se lleve adelante un proceso justo en el que cuente con su abogado defensor de confianza, sin que reciba coacción alguna para admitir un hecho que no cometió.
Elizabett Vargas Zambrana, Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia de garantías solicitó que se deniegue la tutela con costas y costos, señalando que: 1) El accionante no se encuentra en indefensión absoluta, pues existió control jurisdiccional desde que fue detenido; consiguientemente, no se cumpliría con el primer requisito de la acción de libertad; 2) Si se dictó una Sentencia, cualquier reclamo debía efectuarse ante la autoridad jurisdiccional ordinaria, es decir, ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, lo que no se planteó porque el accionante renunció al recurso de apelación; consiguientemente, no se cumplió con la subsidiariedad excepcional; 3) En cuanto a la designación del defensor de oficio, dada la inasistencia de su abogado defensor, quien fue notificado con la señalada audiencia, se aplicó el art. 113.II de Código de Procedimiento Penal (CPP) para dar cumplimiento al art. 9 de la referida norma; por consiguiente, no se ha vulnerado el derecho a la defensa técnica; 4) Verificó la existencia del hecho, la participación del imputado y hechas las preguntas al ahora accionante, de forma libre, voluntaria y a viva voz reconoció la existencia el hecho y su participación en el mismo; asimismo, renunció al procedimiento ordinario y se sometió al abreviado; y, 5) El proceso de origen es del año pasado, por lo que está archivado y en ejecución de sentencia.
El Fiscal Departamental de Oruro, no compareció a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno, pese a su legal notificación de fs. 11.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución 26/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 94 a 96, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) En el presente caso, consta la acusación fiscal contra el impetrante de tutela, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el 22 de junio de 2022, el accionante, fue notificado en la carceleta del Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, con el Auto de apertura de juicio oral para el 29 de agosto de 2022 a horas 11:00. Sin embargo, el impetrante de tutela presentó el formulario de notificaciones en el que consta la notificación al Director del Penal de San Pedro de Oruro el 26 de dicho mes y año; no obstante, respecto a esta última diligencia, no existe certeza de la misma, pues las fotocopias presentadas como prueba no son correlativas y no se cuenta con los antecedentes del proceso original, el cual se encuentra archivado; ii) Se evidencia el acta de audiencia de juicio oral y la Sentencia 80/2022 de 29 de agosto, dictada por la Jueza demandada, por la que se lo condenó a trece años de presidio, en dicha Sentencia se señaló que era recurrible en el plazo de quince días, siendo notificado con ella en la referida audiencia, empero ante la renuncia a la apelación restringida, fue ejecutoriada en el mismo acto; y, iii) Se planteó un incidente de actividad procesal defectuosa, que fue rechazado el 5 de septiembre de 2022, con el fundamento de que se encontraba ejecutoriada la mencionada Sentencia; no obstante, cuando se trata de sentencias condenatorias ejecutoriadas, está establecido el art. 421 del CPP y siguientes que regulan el recurso de revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas, por lo que debe agotarse la vía ordinaria; consiguientemente, no se cumplió con la subsidiariedad excepcional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa el Auto de Apertura de juicio oral 157/2022 de 4 de julio, por el cual se señaló audiencia de juicio oral para el 29 de agosto de 2022, dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcial Campos Núñez, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 39 a 40 vta.).
II.2. Consta notificación con una orden de salida de 26 de agosto de 2022 al Director del Penal de San Pedro, practicada el 26 de agosto de 2022 (fs. 41). II.3. Se advierte el Acta de Audiencia de Juicio Oral del 29 de agosto de 2022, en la que consta que el hoy accionante renunció al procedimiento de juicio oral y aceptó someterse al procedimiento abreviado; en ese marco, fue declarado autor de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, sentenciándolo a la pena de trece años de presidio; posteriormente, tanto el Fiscal de Materia como el ahora impetrante de tutela renunciaron al recurso de apelación restringida y a los plazos procesales; seguidamente, la Jueza ahora demandada, declaró la ejecutoria de dicha Sentencia y dispuso que se libre el correspondiente mandamiento de condena (fs. 42 a 43). II.4. Cursa Sentencia 080/2022 de 29 de agosto, por la que se declaró culpable al hoy accionante por la comisión de tráfico de sustancias controladas en las modalidades de poseer dolosamente, tener en depósito, entregar, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, imponiéndole una pena de trece años de presidio a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, ejecutoriada que fuere la misma; igualmente, dispuso que dicha Sentencia “…es recurrible en el plazo de quince días a partir del día de hoy, que se pronuncia de forma íntegra la sentencia” (sic [fs. 45 a 52]). II.5. Consta memorial del hoy accionante, presentado el 2 de septiembre de 2022, por el cual planteó incidente de actividad procesal defectuosa por verificarse los defectos absolutos previstos en el art. 169.2 y 3 del CPP, ya que, en la audiencia de juicio del 29 de agosto del mismo año se le restringió contar con la asistencia técnica de su abogado de confianza, vulnerando la garantía prevista en el art. 114 de la CPE (fs. 82 a 86). II.6. Se verifica el Auto Interlocutorio 170 de 5 de septiembre de 2022, por el cual se rechazó in límine el incidente de actividad procesal defectuosa, al encontrarse debidamente ejecutoriada la Sentencia dictada, con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión de obrados, se evidencia que le imputado fue legalmente notificado con el señalamiento de audiencia de juicio oral, conforme se tiene la diligencia de 6 de julio de 2022, es decir, con un mes aproximadamente de anticipación; b) Se dio fiel cumplimiento al art. 113 del CPP, al haberse designado abogada defensora de oficio, sin dilación alguna; c) No se advirtió coacción o amenaza contra el imputado, por parte del Fiscal de Materia; d) Se solicitó una salida alternativa de procedimiento abreviado consensuado entre el imputado, defensora de oficio y el Ministerio Público; e) Se encuentra ejecutoriada la Sentencia pronunciada, como consecuencia de la renuncia a plazos procesales efectuada por las partes procesales; asimismo, el ahora accionante a viva voz señaló estar de acuerdo con la renuncia que efectuó su abogada defensora de oficio (fs. 84 a 86).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, aduciendo que la Jueza demandada, en audiencia de juicio oral de 29 de marzo de 2022, sin considerar que tenía su abogado de confianza -que no asistió por no haber sido notificado-, le designó defensora de oficio, obligándolo a someterse a procedimiento abreviado por el delito de tráfico de sustancias controladas, a cuya conclusión se lo condenó a la pena privativa de libertad de trece años. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0858/2025-S1 de 24 de julio, señaló: “La SCP 0168/2024-S3 de 20 de mayo, establece que: ‘(…) Posteriormente, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la jurisdicción constitucional. El referido entendimiento fue ratificado en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en la que se señaló que, en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional; dicho entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Más adelante la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto del recurso de apelación incidental’. (…) …sin embargo, el accionante omitió aplicar lo establecido por los arts. 167 y 169 del CPP, y formular un incidente de actividad procesal defectuosa al advertir defectos absolutos, exponiendo los agravios tal como lo hizo en esta acción de defensa; ya que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional el incidente de actividad procesal defectuosa es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales vulnerados en el proceso penal” (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original). Cabe aclarar que con las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- al Código de Procedimiento Penal, se debe tomar en cuenta que el art. 315 de dicho Código prevé: “I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda.
II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio. IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos” (el subrayado fue añadido).
Establecido el planteamiento del problema, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Jueza demandada señaló audiencia de juicio oral y público para el 29 de agosto de 2022 (Conclusión II.1), de acuerdo a cuya acta labrada, se evidencia que el impetrante de tutela renunció al procedimiento de juicio oral y aceptó someterse al abreviado, por lo que fue declarado autor del citado delito y condenado a cumplir una pena de trece años de presidio; asimismo, consta la renuncia del impetrante de tutela como del Ministerio Público a los recursos de apelación restringida -se entiende contra la Sentencia-, por lo que la mencionada Jueza declaró ejecutoriada la misma y dispuso la emisión del mandamiento de condena (Conclusión II.3). Seguidamente, cursa la Sentencia 080/2022 de la referida fecha en la que efectivamente se lo declaró culpable del señalado delito y se dispuso la mencionada condena; asimismo, se indicó que era recurrible en el plazo de quince días (Conclusión II.4). En ese marco, el solicitante de tutela planteó un incidente de nulidad, como se evidencia de la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, el cual fue resuelto por Auto Interlocutorio 170 de 5 de septiembre del 2022, en el que se dispuso su rechazo in límine (Conclusión II.6). Consiguientemente, el Auto Interlocutorio emitido en el proceso de origen, resolvió los aspectos ahora cuestionados, como el hecho de haberle designado una abogada defensora de oficio e impedirle ser defendido por su abogado de confianza y que hubiera sido objeto de coacción por parte de la Jueza demandada y la indicada abogada defensora de oficio para someterse a un proceso abreviado; en esa línea de procedimiento, la presente acción de libertad debió ser planteada contra el mencionado Auto Interlocutorio 170, ya que el incidente, al haber sido rechazado in limine, no era susceptible de impugnación en la vía ordinaria -como lo establece el art. 315.II del CPP, citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional-; entonces, lo que correspondía en esta acción tutelar era cuestionar los razonamientos que condujeron al rechazo in límine del referido incidente, puesto que esa era la única vía para controvertir la legalidad del procedimiento abreviado y su resultado; empero, al haber planteado la acción directamente en contra de la Sentencia condenatoria, solicitando que la misma sea dejada sin efecto, sin controvertir el Auto Interlocutorio 170 de 5 de septiembre de 2022, se incurrió en una falta de correspondencia entre los hechos, derechos y petitorio, que impiden que se pueda ingresar al examen de fondo de la pretensión, así se tiene que: “…la autoridad judicial está obligada a otorgar solamente lo que se ha solicitado, ni más ni menos; siendo por ello entonces de vital importancia, la correspondencia que debe existir entre los hechos, derecho y petitorio…” (SCP 0367/2012 de 22 de junio -con la aclaración de haber extendido dicho entendimiento a las acciones de libertad a partir de la SCP 0387/2013 de 25 de marzo-). Consiguientemente, al no haber actuado de esa forma el solicitante de tutela, equivocó su planteamiento, por lo que corresponde denegar la tutela, sin ingresar al fondo de su pretensión. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 94 a 96, dictada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1439_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 50dc18ff9bf8da64d4527a1dbe1c0842e77389b282c2c348591d62a504781357
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