B.IA.LEGAL

SCP 1438/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
56256-2023-113-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, el 3 de junio de 2023, cumplió el total de su condena impuesta y hasta el 7 de igual mes y año, la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, no expidió su mandamiento de libertad definitiva, incumpliendo lo dispuesto en el art. 39 de la LEPS.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDE la tutela solicitada, -sin disponer ninguna orden, emergente de la citada concesión, constando que ya se expidió el mandamiento de libertad definitiva, requerido por el accionante-; conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:
  2. III.2. Sobre los mandamientos de libertad
  3. III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial
  4. III.4 Respecto a la acción de libertad innovativa
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1438/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56256-2023-113-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Roberto Pérez Ninavia en representación sin mandato de Luis Alberto Gandarillas Cullavi contra Luz Nahir Acebey Arispe y Maritza Cartagena Terrazas, Jueza y Secretaria respectivamente, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de junio de 2023, cursante a fs. 3 a 5 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Sentencia de 22 de octubre de 2020, fue condenado a la pena privativa de tres años de presidio por el delito de robo agravado, pena que cumple en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, desde el 3 de junio de igual año. A través de memorial de 5 de junio de 2023, presentó a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitud de libertad definitiva de acuerdo al certificado de permanecía y conducta emitido por el centro penitenciario nombrante; toda vez que, el 3 de igual mes y año, cumplió el total de su condena. Denunciando que hasta la presentación de esta acción tutelar, no se expidió el mandamiento de libertad definitiva, incumpliendo lo dispuesto en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; vulnerando su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se emita mandamiento de libertad y se llame severamente la atención a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, por no dar cumplimiento al art. 39 de la LEPS.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, mediante su abogado, ratificó la acción de libertad de manera íntegra, solicitando se la declare probada y ordene la emisión del mandamiento de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, informó en audiencia lo siguiente: a) Existieron observaciones efectuadas con antelación para efectos de tener un correcto control del cumplimiento de la condena del impetrante de tutela, en sentido que, se dispuso la notificación del Director del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, para que emita una correcta certificación de permanencia y conducta con relación a este interno, dado que el certificado que acompañó el abogado de defensa pública, únicamente tenía registrado el mandamiento de detención preventiva; es decir, nunca se notificó con el mandamiento de condena al Director del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba y nunca se hizo el registro correspondiente; por lo que, por proveído de diciembre de 2022, se dispuso se proceda a la regularización; b) Inmediatamente de conocida la solicitud de libertad definitiva, se tomaron las acciones correspondientes con el Secretario del Penal, para que en el día se remita esa certificación; sin embargo, hasta “medio día” no se cumplió con la rectificación; por lo que, se procedió a emitir la resolución correspondiente en aplicación del art. 39 de la LEPS, dado que el día que la autoridad judicial tomó conocimiento del memorial, emitió la correspondiente resolución de libertad definitiva respecto a la libertad del accionante; c) En función de haberse cumplido con las veinticuatro horas de atención al memorial presentado por el defensor público, se tiene igual plazo para cumplir con las notificaciones, siendo de conocimiento general que la Oficina Gestora de Procesos tiene escases de personal para cumplir de manera inmediata con las notificaciones, sumado a ello la distancia del penal; sin embargo, la resolución ya era de conocimiento extraoficial por parte de la Secretaria del Centro Penitenciario El Abra Cochabamba; d) La labor que los jueces de ejecución penal cumplen no es únicamente por la característica de efectuar el control de los cinco mil procesos que radican en su Juzgado, sino que tiene instituciones como régimen penitenciario, la dirección del penal donde se encuentran los internos, la cooperación para que pueda informar las personas que ya cumplieron sus condenas o están próximas a cumplir aquellas, eso con base en el art. 59.1 y 3 del Código de Procedimiento Penal; y e) En el caso del Director del referido Centro, pese de haberse oficiado el mes de abril, solicitando se dé cumplimiento a este artículo señalado, no remitió las listas pertinentes de los internos de su población, no se puede tener con exactitud un control exacto a efectos la Secretaria pueda hacer un cruce de información; f) La Secretaria es nueva y no se le hizo entrega material de todas las causas penales que estuvieron radicando en su Juzgado y no se hizo un inventario desde hace diez años; g) No son evidentes los extremos señalados por el defensor público, no se presentó a secretaría a solicitar la información correspondiente en cuanto a la respuesta de su memorial, bajo el ejercicio de la lealtad procesal, tampoco ha revisado a través de su ciudadanía digital si existía la notificación correspondiente; y, h) El accionar de algunos abogados de defensa pública que pretenden que con la presentación de un memorial, en el mismo acto se realice la emisión de mandamiento de libertad como si fuera un panfleto, se debe de realizar la verificación y contrastación de toda la información del proceso y a través de las autoridades administrativas para no incurrir en errores a los administradores de justicia. Maritza Cartagena Terrazas, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, informó en audiencia lo siguiente: Asumió funciones desde el 2 de junio de 2023 y le extrañó el accionar del abogado; toda vez que, se puso en su conocimiento, tanto verbal, como físicamente, que se notificó en el día; se realizó la verificación del mandamiento de libertad definitiva firmado por el Sgto. Ronaldo Omante, verificador del Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba y solicitó que dichos extremos sean considerados.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 20 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) CONCEDER LA TUTELA solicitada por Oscar Roberto Pérez Ninavia en representación sin mandato de Luis Alberto Gandarillas Cullavi contra Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza y Maritza Cartagena, Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba. Por otra parte y no obstante de haberse verificado que en los antecedentes ya se emitió el correspondiente mandamiento de libertad, en virtud a los efectos que genera la acción de libertad en su modalidad innovativa, se exhorta a la autoridad demandada y la Secretaria del referido Juzgado, que ante el conocimiento de similares circunstancias donde se encuentre vinculado el derecho a la libertad personal, no solo con relación al mismo accionante, sino a otras que se encuentren bajo el mismo supuesto de hecho, se dé estricto cumplimiento a las obligaciones y plazos previstos, para evitar futuras vulneraciones de derechos y garantías constitucionales; 2) Con relación a la solicitud de remisión de antecedentes, en virtud a las circunstancias referidas por la autoridad demandada en sentido de no contar con los Informes relativos a la situación de los privados de libertad, sumado a que la secretaria del señalado Juzgado fue recientemente posesionada, ésta instancia constitucional entiende que no corresponde remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de que el accionante acuda directamente ante la jurisdicción que corresponda; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Cursa memorial de 5 de junio de 2023, a horas 9:17 de solicitud por parte del accionante ante el Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, con la suma "incidente de libertad definitiva", habiendo acompañado al efecto, certificado de permanencia del accionante; cursa el informe elaborado por la Secretaria-Abogada de dicho Juzgado, de 6 de junio de 2023, señalando que el impetrante de tutela tiene 3 años y 3 días de presidio; es decir, que el cumplimiento de la condena del acusado se habría hecho efectiva en su totalidad el "3 de junio de 2023", sobre cuya base, la autoridad jurisdiccional la misma data, emitió resolución disponiendo la libertad definitiva, ordenando la expedición de mandamiento de libertad en el día; y, ii) La libertad debió efectivizarse por parte de la autoridad judicial con la emisión del mandamiento de libertad el día lunes 5 de junio de 2023, sin mayores trámites; evidenciándose que no se ha dado cumplimiento a la previsión establecida en el art. 39 de la LEPS; iii) No obstante de encontrarse el imputado en condiciones del cumplimiento de una condena y por ende privado de su libertad personal, no siendo aplicable lo referido por la autoridad demandada; en sentido de que, una vez presentada la solicitud se habría resuelto la misma dentro el plazo de veinticuatro horas conforme refiere el art. 123 del CPP; dado que, en el caso existe una regulación normativa específica en relación al cumplimiento de la condena, que al estar vinculado con un derecho fundamental como es la libertad, debió ser cumplida en correcto ejercicio del control jurisdiccional que la Ley mencionada ha impuesto a la Jueza de Ejecución Penal Segunda del referido departamento, en su art. 18, no siendo aplicable el computo del plazo o el argumento de justificación expuesto por la autoridad demandada al caso de autos; iv) Para el cumplimiento y efectivización de la libertad del impetrante de tutela, no se requería solicitud alguna de la parte, por cuanto corresponde a la Jueza de Ejecución Penal el verificativo del cumplimiento de la condena para la emisión del mandamiento de libertad como prescribe el art. 39 de la Ley nombrada; v) Al no haberse actuado conforme la previsión del art. 39 de la LEPS, ni en su caso se atendió la solicitud de libertad definitiva impetrada de manera pronta y oportuna, ciertamente operó la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, al no haberse cumplido con el principio de celeridad, tomando en cuenta la condición de privado de libertad del accionante; vi) En relación al proceder de la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, que si bien, como se verifica en los antecedentes, ha emitido el informe de 6 de junio de 2023, la misma no debió aguardar la presentación de memorial o solicitud alguna de la parte, pues inclusive, debió efectuar un control de los plazos tratándose de una solicitud vinculada a la libertad definitiva de un privado de libertad; por cuanto, de la revisión de antecedentes se tiene que, si bien el memorial con la suma "libertad definitiva" ingresó a Secretaría del indicado Juzgado el 5 de junio de 2023, ésta debió haber realizado su informe en el día y pasarlo a despacho de la autoridad judicial para que se emita la resolución respectiva en igual fecha; por lo que, al no haber cumplido con su obligación de efectuar un control de los plazos, resulta evidente que la acción de libertad procede contra dicha funcionaria; y, vii) Respecto a la acción de libertad en su modalidad innovativa, éste Tribunal de garantías verificó que, se habría expedido el mandamiento de libertad que ahora el accionante reclama; asimismo, se tiene en los antecedentes que, dicho mandamiento notificado al acusado Luis Alberto Gandarillas Cullavi, así como al Director del Centro Penitenciario El Abra Cochabamba y por informe presentado por la Secretaría -ahora demandada-, en audiencia, se habría procedido a su verificación en esa data, no obstante de cursar el mandamiento de libertad extrañado en los antecedentes, se ha efectivizado la vulneración del derecho a la libertad que ahora reclama el peticionante de tutela, configurándose bajo éstas circunstancias la acción de libertad en su modalidad innovativa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 5 de junio de 2023, presentado ante el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, Luis Alberto Gandarillas Cullavi -ahora accionante- presentó solicitud de libertad definitiva, al haberse sobrepasado el tiempo de tres años de su condena, encontrándose indebidamente privado de libertad; y toda vez que, la autoridad judicial no dispuso la expedición del mandamiento de libertad en previsión del art. 39 de la LEPS (fs. 3 a 5 -extracto de la demanda tutelar-).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, el 3 de junio de 2023, cumplió el total de su condena impuesta y hasta el 7 de igual mes y año, la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, no expidió su mandamiento de libertad definitiva, incumpliendo lo dispuesto en el art. 39 de la LEPS.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:

Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad

Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas). Por lo expuesto, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Destaca, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intra procesales de reclamo regulados a dicho efecto. Por otra parte, cabe remarcar que, la SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, indicó que, además de los supuestos de procedencia instituidos en la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, respecto a los casos en los que procede la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: “Complementando dicho entendimiento, la SC 1349/2013 de 15 de agosto incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en la ejecución inmediata de las decisiones jurisdiccionales, que dispongan detenciones domiciliarias o mandamientos de libertad, o cualquier demora en el diligenciamiento del cumplimiento eficaz de una decisión judicial, que implica una afectación del derecho a la libertad; el cual podrá ser tutelado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En este entendido, se tiene que la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, en una interpretación evolutiva del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o de locomoción. Por lo que, en una interpretación acorde con el bloque de constitucionalidad imperante y en el marco del objeto de protección de la denominada acción de libertad expeditiva o de pronto despacho; es preciso establecer que la activación de este mecanismo tutelar, para su eficacia, no necesita el agotamiento previo de mecanismos intraprocesales de defensa y puede ser interpuesta de manera directa por los afectados o cualquier persona a su nombre, cuando su libertad física o de locomoción se encuentre afectada por dilaciones indebidas, provocadas por autoridades públicas o particulares” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

III.2. Sobre los mandamientos de libertad

La SCP 0619/2023-S4 de 12 de julio, estableció que: «En cuanto al mandamiento de libertad el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021–, señala que: “…cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esa disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones penales que correspondan”. En ese orden cabe indicar que este Tribunal, a partir de la SC 0100/2010-R de 10 de mayo, reiteró el entendimiento asumido en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, con relación al art. 39 de la LEPS, estableciendo que; “…ha determinado que, cuando ese precepto falta [...] señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, una vez recibido el mandamiento de libertad” Entendimiento complementado por las SSCC 0192/2004-R y 1696/2004-R, entre otras» (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: «Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: “…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados”. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: “…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo”. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: “ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional”. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva » (las negrillas son nuestras).

III.4 Respecto a la acción de libertad innovativa

Con relación a la acción de libertad innovativa, la SCP 0182/2020-S2 de 24 de julio señala que: “…la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, indicó que: ‘…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias’. Por su parte, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió que: ‘Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos. En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido’. Jurisprudencia desarrollada de la cual se establece que la acción de libertad en su modalidad innovativa, es instituida como una garantía constitucional para la protección de los derechos fundamentales, que puede ser presentada inclusive cuando el acto cuya vulneración se denuncia haya cesado, habida cuenta que la misma tiene por objeto evitar que los servidores públicos o personas particulares cometan similares actos u omisiones que contravienen el orden constitucional, permisión que se encuentra sustentada en el art. 49.6 del CPCo, que dispone ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, el 3 de junio de 2023, cumplió el total de su condena, presentando memorial de solicitud de mandamiento libertad definitiva el 5 del mismo mes y año; y, hasta el 7 de igual mes y año, la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, no expidió el mismo, incumpliendo lo dispuesto en el art. 39 de la LEPS.

Inicialmente, cabe aclarar que si bien no cursa en antecedentes elementos probatorios que hubiesen acreditado el reclamo impetrado dentro de la presente acción de libertad; empero, este fallo constitucional se basará en los argumentos expuestos por la parte accionante, el informe de los demandados y los fundamentos inmersos en la Resolución dictada por el Tribunal de garantías.

En ese marco, de la compulsa del expediente remitido en revisión y lo informado en audiencia de la acción de libertad, se tiene que el peticionante de tutela se encuentra detenido en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, desde el 3 de junio de 2020, en cumplimiento de una pena privativa de libertad de tres años de presidio por el delito de robo agravado, ejecutoriado mediante procedimiento abreviado; por otro lado, el 5 de junio de 2023, presentó al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitud de libertad definitiva, adjuntando certificado de permanencia y conducta, emitido por el responsable del referido Centro; empero, hasta el 7 de igual mes y año, el Juez denunciado no ordenó ni dispuso la emisión del mandamiento de libertad requerido.

Identificado el acto lesivo, debe analizarse la actuación de las dos autoridades por separado a tal efecto se verificará primero si hubo vulneración de derechos por parte del Juez demandado, para luego analizar la actitud de la Secretaria codemandada.

Con relación a la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba

De los antecedentes transcritos previamente, resulta evidente la demora en la emisión del mandamiento de libertad del impetrante de tutela por parte de la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, evidenciándose que no se dio cumplimiento a la previsión legal y tampoco se atendió y diligenció el trámite relativo a la libertad definitiva del accionante con la debida celeridad al encontrarse en cumplimiento de una condena; y, por ende privado de su libertad personal. No siendo aplicable en este caso lo referido por la autoridad demandada en sentido que, una vez presentada la solicitud se habría resuelto la misma dentro el plazo de veinticuatro horas conforme refiere el art. 123 del CPP; toda vez que, en el caso existe una regulación normativa específica en relación al cumplimiento de la condena, que al estar vinculado con un derecho fundamental como es la libertad, debió ser cumplida en correcto ejercicio del control jurisdiccional en aplicación del art. 18 de la LEPS, no siendo aplicable el cómputo del plazo o el argumento de justificación expuesto por la autoridad demandada al caso de autos. Asimismo, conforme al art. 39 de la misma normativa, para el cumplimiento y efectivización de la libertad del acusado, no se requiere solicitud alguna de la parte; por cuanto corresponde al Juez de Ejecución Penal el verificativo del cumplimiento de la condena para la emisión del mandamiento de libertad, más aún si se considera el deber que tiene toda autoridad judicial que este en conocimiento de un caso en el que esté involucrado un privado de libertad de tramitar la solicitud con la mayor celeridad posible; por lo cual, se evidencia la vulneración del derecho a la libertad del accionante, debiendo conceder la tutela respecto a este accionado Con relación a la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba

Cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares cuando la vulneración de derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a dicho personal, por el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; en tales casos dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva, independientemente de la responsabilidad de supervisión de la autoridad jurisdiccional. En el caso de análisis, el funcionario mencionado incumplió sus obligaciones; por cuanto, si bien, como se verificó en los antecedentes, emitió informe el 6 de junio de 2023, no debió aguardar la presentación de memorial o solicitud alguna de la parte, siendo su obligación realizar un control de los plazos, tratándose de una solicitud vinculada a la libertad definitiva de un privado de libertad; asimismo, se tiene que, el 5 de junio de 2023, ingresó a Secretaría del Juzgado, memorial con la suma de "libertad definitiva"; por lo que, concernía elaborara su Informe en el día y pasarlo a despacho de la autoridad judicial para que se emita la resolución respectiva en igual fecha. En ese marco, al no haber actuado conforme a sus obligaciones contribuyó a la lesión de derechos alegados por el impetrante de tutela, correspondiéndole la corresponsabilidad en el presente caso, debiendo conceder la tutela también con relación a este servidor público.

Todo lo señalado permite evidenciar que existió una dilación de más de cuarenta y ocho horas en la atención a la solicitud de libertad irrestricta, que no se adecua al procedimiento que debe existir en estos casos, al no haber procedido conforme la previsión del art. 39 de la LEPS, atendiendo la solicitud de libertad definitiva impetrada por el accionante de manera pronta y oportuna, ciertamente opera la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, al no haberse cumplido con el principio de celeridad, tomando en cuenta la condición de privado de libertad del peticionante de tutela, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.

Finalmente, corresponde resaltar que, si bien el acto lesivo denunciado a través de esta acción, ya fue enmendado, no es menos cierto que no hubo una atención oportuna; por lo que, en este caso haciendo uso de la acción de libertad innovativa anotada en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada, con el objeto de evitar que en el futuro se repitan las acciones ilegales denunciadas por los servidores públicos demandados. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 20 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDE la tutela solicitada, -sin disponer ninguna orden, emergente de la citada concesión, constando que ya se expidió el mandamiento de libertad definitiva, requerido por el accionante-; conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1438_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 47007c714185fab3ba392415f75abdfc35a47307ec5775ef286523fdd9891ea2

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