Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al momento de interponer la acción de defensa que se examina, el Juez demandando, pese a haberse cumplido con los requisitos previstos en los arts. 174 y 175 de la LEPS, no resolvió en audiencia su solicitud de consideración de libertad condicional y, por ende, lo referente a la definición de su situación jurídica; con lo que -según alega-, dilata innecesariamente la sustanciación del incidente en cuestión y lo coloca en un estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 22 vta. a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, disponiendo que la autoridad judicial a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, en el plazo de cinco días, computable a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, resuelva de forma directa, sin necesidad de señalamiento de audiencia, la solicitud de consideración de libertad condicional del impetrante de tutela, salvo que su situación jurídica haya quedado ya definida.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1435/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56085-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 22 vta. a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante en representación sin mandato de Víctor Manuel Boggiano Bruzzon contra José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero, en suplencia legal de su similar Segundo del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de mayo de 2023, cursante de fs. 11 a 13, el accionante, por intermedio de su representante, expresó que:
Se encuentra acatando una pena de presidio de treinta años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, impuesta a través de la Sentencia 12/2003 de 16 de mayo, por la comisión del delito de asesinato. Consiguientemente, al estimar que cumple con los requisitos previstos en el art. 174 de Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, mediante memorial de 9 de febrero de 2022, planteó un incidente de libertad condicional ante el Juez de Ejecución Penal Primero -ahora demandado-, en suplencia legal de su similar segundo, del mismo departamento; razón por la cual, se tramitaron las diligencias administrativas, con el propósito de saldar el resto de su condena con ese beneficio penitenciario. Posteriormente, y una vez satisfechos los presupuestos exigidos por la normativa, por memorial de 28 de marzo de 2023, solicitó a dicha autoridad judicial, audiencia de consideración de libertad condicional; quien, a través de la providencia de 30 de igual mes y año, dispuso que el Director del referido Centro Penitenciario, remita previamente los informes inherentes a tal solicitud; determinación que en su momento mereció la debida atención. Pese a ello, a la interposición de la acción de defensa que se examina, no resolvió en audiencia el incidente planteado y, por ende, lo concerniente a la definición de su situación jurídica; dilatando innecesariamente la sustanciación del procedimiento en cuestión y colocándolo en un estado de indefensión.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculado al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 8.II, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado señale audiencia de consideración de libertad condicional.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 21 a 22, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su representante, reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar y ampliándolos expresó que son varias ocasiones en las que solicitó al Juez ahora demandado, audiencia de consideración de libertad condicional; sin embargo, ninguna fue atendida. Ello demuestra que se le coartó la posibilidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos para acceder a tal beneficio penitenciario.
José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero, en suplencia de su similar Segundo, del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 24 de mayo de 2023, cursantes de 18 a 20 vta., señaló que: a) Lo dispuesto a través de la providencia de 30 de marzo de 2023, tiene sustento en lo previsto por el art. 175 de la LEPS; en tal sentido, nunca se procedió de forma arbitraria; b) A pesar que el impetrante de tutela conoce que no están cumplidos los requisitos para acceder a una libertad condicional, mediante memorial de 17 de abril de 2023, persistió en su solicitud de audiencia de consideración de ese beneficio penitenciario; c) Si bien el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, remitió los informes requeridos, estos fueron observados a través de la providencia de 19 de abril de 2023, debido a que presentaban datos faltantes atinentes a los períodos del sistema progresivo, primero y segundo; por ello, el 25 de igual mes y año, se dispuso su complementación en el plazo de cuarenta y ocho horas; d) El accionante interpuso recursos de reposición contra las disposiciones emitidas, empero, sin justificar las observaciones que se hicieron sobre los informes remitidos; e) Siendo que el Director del referido Centro Penitenciario no cumplió con lo dispuesto a través de la mencionada providencia, es contra esa autoridad que deben dirigirse los reclamos del impetrante de tutela; f) La libertad condicional no es un derecho, sino un beneficio penitenciario regulado por la Ley; en esa lógica, al disponerse las complementaciones de los informes remitidos, no se incurrió en ningún acto dilatorio indebido; g) El impetrante de tutela no impugnó la referida providencia de 19 de abril de 2023, mostrando así su conformidad con lo resuelto, haciendo aplicable el principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad. Por otro lado, tómese en cuenta que al presente, solo se está a la espera de la respuesta a lo determinado en esa resolución judicial; y, h) No se lesionaron los derechos del impetrante de tutela con lo dispuesto en la citada providencia; por ello, corresponde se deniegue la tutela que solicita, condenándosele al pago de costas procesales por su actuar temerario.
El Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 16/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 22 vta. a 24 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Juez demandado, a través de la providencia de 19 de abril de 2023, dispuso correctamente la complementación de los informes remitidos por el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; puesto que, en el marco de sus responsabilidades judiciales y funcionales, debe verificar el cumplimiento de los presupuestos exigidos por la ley, para considerar la aplicación del beneficio penitenciario de libertad condicional; criterio que sustenta las demás resoluciones judiciales que emitió en el procedimiento incidental; 2) Es deber del Juez demandado, generarse convicción sobre los períodos del sistema progresivo relacionados al caso del ahora accionante, de los cuales, el mencionado Director del Centro Penitenciario, habría proporcionado información incompleta. Ello pone de manifiesto, que dicha autoridad judicial carece de legitimación pasiva para ser demandada con la acción de libertad que se examina, al no ser quien dilató el trámite del beneficio penitenciario solicitado; y, 3) El impetrante de tutela no interpuso recurso de reposición contra la providencia de 19 de abril de 2023, pero sí impugnó otras resoluciones judiciales relacionadas con la misma, que fueron emitidas de forma posterior. Eso hace entrever la aplicabilidad del principio de preclusión y la aceptación tácita con lo que ha sido determinado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante memorial con cargo de presentación de 28 de marzo de 2023, el accionante solicitó al Juez de Ejecución Penal Primero, en suplencia legal de su similar segundo, del departamento de La Paz -ahora demandado-, señale audiencia de consideración de libertad condicional, al entender que cumple los requisitos previstos en el art. 174 de la LEPS (fs. 9). II.2. Del informe escrito presentado el 24 de mayo de 2023, se establece que: El Juez demandado, a través de la providencia de 30 de marzo de igual año, y de conformidad con lo previsto en el art. 175 de la LEPS, conminó al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a remitir los informes relacionados con la solicitud de libertad condicional del impetrante de tutela; para el efecto, le otorgó el plazo de diez días. Determinación que en su oportunidad se cumplió. Sin embargo, el Juez demandado, a través de la providencia de 19 de abril de 2023, observó los informes que le fueron remitidos; por lo que, el 25 de igual mes y año, dispuso su complementación, específicamente sobre los periodos del sistema progresivo, primero y segundo (fs. 18 a 20 vta.). II.3. Por memoriales con cargo de presentación de 14 y 20 de abril de 2023; el impetrante de tutela reiteró al Juez demandado, su solicitud de señalamiento de audiencia de consideración de libertad condicional, sosteniendo que están cumplidos los presupuestos establecidos en los arts. 174 y 175 de la LEPS (fs. 5 y 6).
El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al momento de interponer la acción de defensa que se examina, el Juez demandando, pese a haberse cumplido con los requisitos previstos en los arts. 174 y 175 de la LEPS, no resolvió en audiencia su solicitud de consideración de libertad condicional y, por ende, lo referente a la definición de su situación jurídica; con lo que -según alega-, dilata innecesariamente la sustanciación del incidente en cuestión y lo coloca en un estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0760/2024-S3 de 4 de septiembre, manifestó que: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, estableció que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (el resaltado es añadido).
Sobre el particular, la SCP 0612/2023-S4 de 12 de julio, señaló que: “La libertad condicional es un beneficio que la ley le otorga por única vez al condenado a pena privativa de libertad durante el último periodo del sistema progresivo, para que cumpla esta parte de su condena en libertad; en ese sentido, el art. 174 de la LEPS establece que: ‘la libertad condicional es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el cumplimiento de la condena en libertad’. En virtud a ello, de conformidad con lo previsto por el art. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los Jueces de Ejecución Penal; además de, las atribuciones contenidas en la Ley del Órgano Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, cuentan con la facultad de controlar la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados; la sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución; y, la revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que inequívocamente resultaran contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados. Para lograr sus propósitos en cuanto al seguimiento se encuentran facultados a solicitar informes al personal subalterno para que a través de los mismos, hagan seguimiento del cumplimiento de la condena, los requisitos impuestos en caso de otorgarse libertad condicional y la fecha del cumplimiento de la pena. En ese sentido, la SC 1246/2011-R de 16 de septiembre, respecto al control jurisdiccional en ejecución de sentencia, sostuvo lo siguiente: ‘…el control jurisdiccional estará a cargo del Juez de Ejecución Penal, o en su caso del Juez de la causa, quien en razón a los arts. 18 y 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), es el que garantizará a través de un permanente control jurisdiccional, la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional y las leyes, a favor de toda persona privada de libertad’; dejando entonces claramente establecido que la labor de control y observancia de los derechos y garantías consagrado en la Norma Suprema respecto del privado de libertad corresponden al Juez de Ejecución Penal. (…) En ese orden, corresponde al Juez de Ejecución Penal, el control de la ejecución de las penas privativas de libertad en el sistema progresivo que comprende los siguientes periodos: a) De observación y clasificación iniciales; b) De readaptación social en un ambiente de confianza; c) De prueba; y, d) De libertad condicional. Correspondiéndole también como es lógico, la revocatoria de las salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, por el incumplimiento de las condiciones impuestas, conforme prevé el art. 176 de la LEPS. La libertad condicional como último periodo del sistema progresivo, permite el cumplimiento del resto de la condena en libertad, puede ser concedida de oficio o a solicitud de parte, 1) Hubiesen cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta; 2) Haber cumplido la mitad más un día de la pena impuesta, cuando se trate conforme previene el art. 174 de la LPES vigente, a quienes: de mujeres que tengan a su cargo niñas, niños o adolescentes; sean personas mayores de sesenta y cinco años; personas con discapacidad grave o muy grave o personas que padezcan enfermedades en grado 3) Demuestren buena conducta en el establecimiento penitenciario; 4) No haber sido sancionados por faltas graves o muy graves en el último año; y, 5) Demuestren vocación para el trabajo. terminal; En cuanto al procedimiento para su concesión, el art. 175 de LPES, establece que una vez presentada la solicitud o de oficio, la Jueza o Juez de Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento penitenciario para que en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes. Con la indicada información, emitirá Resolución motivada, concediendo o denegando lo solicitado. Igualmente, podrá rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente improcedente. Entonces, del resumen precedente y de la normativa mencionada, se concluye que conforme previene el art. 19 de la LEPS, el Juez de Ejecución Penal, en ejercicio de la competencia para conocer y controlar la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad, así como los incidentes que se produzcan durante su ejecución, tiene igualmente atribución expresa para la concesión y revocación de la libertad condicional, así también verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas; correspondiendo señalar que, para la concesión de la libertad condicional, conforme prevé la normativa consultada, no se requiere de una audiencia previa; puesto que, en el fondo no existe contradicción; dado que, en ejercicio del control de la ejecución de la sentencia, conoce cuál es el tiempo de privación de libertad del interno-solicitante; por ello, también le es permitido iniciar el trámite de oficio, requiriendo únicamente valorar la información que le proporcionan las autoridades del régimen penitenciario en cuanto al cumplimiento de las otras condiciones. Lo mismo ocurre en el caso de mujeres con niños y y personas con discapacidad, quienes deberán acreditar únicamente, la existencia de tales condiciones. adolescentes a su cargo, adultos mayores, enfermos terminales Ahora bien, resulta evidente también, que las normas señaladas precedentemente, no establecen un plazo para que el Jueza o Juez de Ejecución Penal, emita las providencias necesarias, sea para conducir el trámite y pronunciar resolución de fondo que conceda o deniegue la libertad condicional, o en su caso, la deniegue sin más trámite por su manifiesta improcedencia; no obstante, el art. 178.I de la CPE establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad, reconocido también por los arts. 22, 23.I y 180.I de la Norma Suprema; y, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), relativas a la libertad y celeridad. En ese contexto, la SCP 0900/2010-R de 10 de agosto, al referirse a la celeridad procesal en la decisiones vinculadas al derecho a la libertad, sostiene lo que sigue: i) Toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; ii) Se produce lesión en el derecho a la libertad física, cuando existe demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza en su tramitación y consideración o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido; y, iii) El plazo razonable debe ser definido como un término brevísimo, de cinco días hábiles como máximo, porque el imputado se encuentra privado de su libertad. En ese entendido, aplicando el principio constitucional de la celeridad procesal, así como la jurisprudencia establecida en el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde establecer que los incidentes de concesión de libertad condicional, deben ser resueltos por las juezas o jueces de ejecución penal, en un plazo máximo de cinco días, incluidas las notificaciones a las partes, computables a partir de la recepción de los informes que deben emitir los Directores de los recintos penitenciarios, no siendo excusa válida la existencia de ‘sobrecarga procesal’. Al asumir el entendimiento precedente, se tiene en cuenta que el art. 113.1 del Código de Procedimiento vigente, prevé que no es posible alterar el procedimiento establecido en la materia; vale decir, que conforme establece la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario un procedimiento brevísimo y escrito, no resulta necesario que se convoque a audiencia para resolver la solicitud de libertad condicional; consecuentemente, la jueza o juez de ejecución penal, una vez cuente con toda la documentación presentada por el impetrante de tutela y con los informes emitidos por el Director del establecimiento penitenciario, deberá evaluar los mismos pudiendo rechazar las solicitudes improcedentes sin más trámite, o en su defecto conceder su libertad condicional a través de una Resolución que debe ser pronunciada en el plazo máximo de cinco días incluidas las notificaciones” (lo resaltado es añadido).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2023, el impetrante de tutela solicitó al Juez demandando, señale audiencia de consideración de libertad condicional, al entender que cumple los requisitos previstos en el art. 174 de la LEPS (Conclusión II.1). Por ello, a través de la providencia de 30 de igual mes y año, la referida autoridad judicial conminó al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a remitir los informes concernientes a tal solicitud en el plazo de diez días, de conformidad a lo dispuesto por el art. 175 del mismo cuerpo normativo. Informes que, después de ser remitidos, fueron observados por el Juez ahora demandando a través de la providencia de 19 de abril de 2023, debido a que presentarían información incompleta; motivo por el que, el 25 de igual mes y año, dispuso su complementación. En ese ínterin, el accionante reiteró hasta en dos ocasiones su solicitud de señalamiento de audiencia de consideración de libertad condicional, sosteniendo que están cumplidos los presupuestos establecidos en los arts. 174 y 175 de la LEPS (Conclusión II.2). En ese contexto y teniendo en cuenta los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se tiene que, el Juez de Ejecución Penal es la autoridad judicial idónea para conocer y dilucidar el incidente de libertad condicional. Por lo tanto, en ejercicio de sus facultades de control jurisdiccional, debe sustanciar un procedimiento corto y célere, que no requiere ninguna forma de contradicción, el cual se deduce de las previsiones normativas contenidas en los arts. 174 y 175 de la LEPS; consistente en que, después de su postulación documentada, únicamente tiene que conminar al Director del Centro Penitenciario a que en el plazo de diez días remita los informes necesarios y pertinentes, vinculados al sistema progresivo penitenciario del peticionante privado de libertad. Para posteriormente, sin necesidad de llevar a cabo ninguna audiencia, de forma directa y valorando todos los elementos que tiene a disposición, resolver de manera fundamentada y motivada la procedencia o improcedencia del beneficio pretendido. En ese orden, de la prueba presentada se evidencia que el Juez ahora demandado, al emitir la providencia de 30 de marzo de 2023, como consecuencia de lo solicitado por el accionante mediante su memorial de 28 de igual mes y año, no incurrió en ninguna irregularidad; puesto que, al conminar al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a que en el plazo de diez días remita informes concernientes a la pretensión de acogimiento de libertad condicional, actuó de acuerdo a procedimiento, siendo que tal exigencia se constituye en un presupuesto indispensable para evaluar la procedencia o no del beneficio penitenciario en cuestión, conforme a lo previsto por el art. 175 de la LEPS. Sin embargo, una vez que le fueron remitidos los informes que requirió y que, a causa de ello, emitió la providencia de 19 de abril de 2023, observando su contenido, para posteriormente disponer su complementación el 25 igual mes y año -tal como se explicó expresamente en el informe escrito presentado a este Tribunal (Conclusión II.2)-; se deduce claramente que el Juez ahora demandado incurrió en actos dilatorios indebidos que lesionan los derechos a la libertad y al debido proceso, vinculado al principio de celeridad, del impetrante de tutela, en vista de que, al tener conocimiento de su solicitud documentada de libertad condicional y de los informes expedidos en su oportunidad por el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, tenía la obligación legal de resolver de manera directa -en sentido positivo o negativo-, dentro del plazo máximo de cinco días y sin necesidad de convocar a ninguna audiencia, el incidente de beneficio penitenciario que le fue planteado, valorando todos los elementos objetivos que tenía a disposición.
Al no haber procedido en ese sentido, efectuando por el contrario, exigencias de complementación de informes sin sustento normativo, y atribuyendo responsabilidades a otra autoridad por el retardo de la resolución de la solicitud de libertad condicional; es evidente que el Juez ahora demandando generó un estado de incertidumbre jurídica para el accionante, quien, hasta el momento de ser interpuesta la acción de defensa que se examina, desconocía cómo sería definida su situación jurídica como privado de libertad; cuando su pretensión debió ser tramitada siguiendo el procedimiento regulado por los arts. 174 y 175 de la LEPS, cuyo alcance fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional. Por ello, corresponde conceder la tutela solicitada por el impetrante de tutela, de acuerdo a los alcances protectivos de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, explicados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; independientemente del planteamiento de su pretensión ante la jurisdicción constitucional, ya que, en observancia del principio de informalismo, este Tribunal identificó que, en el fondo reclamó dilaciones indebidas en la resolución de su solicitud de consideración de libertad condicional. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2023 de 24 de mayo, cursante de fs. 22 vta. a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, disponiendo que la autoridad judicial a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, en el plazo de cinco días, computable a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, resuelva de forma directa, sin necesidad de señalamiento de audiencia, la solicitud de consideración de libertad condicional del impetrante de tutela, salvo que su situación jurídica haya quedado ya definida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El art. 175 de la LEPS, establece: “(Procedimiento).- El incidente de Libertad Condicional deberá ser formulado ante el Juez de Ejecución Penal. Podrá ser promovido a petición de parte o de oficio. El Juez de Ejecución Penal conminará al Director del establecimiento para que en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1435_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 28f9e3b5680bc6241bc8f19cecdcec1f733d1198341b1a29844e383765871b41
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →