Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que, al estar detenido preventivamente y debido al deterioro de su salud, mediante memorial de 22 de mayo de 2023 reiteró al Juez demandado su solicitud de salida judicial, tras no haber podido materializar el permiso otorgado a través de la providencia de 28 de abril de igual año. Sin embargo, de forma mecánica y sin revisión previa del cuaderno de control jurisdiccional, se le ordenó nuevamente adjuntar documentación que acredite su condición médica, pese a que ya había cumplido oportunamente con esa exigencia. Este procesamiento indebido -según ilegal- genera riesgos para su vida, al impedirle contar con la medicación orientada al tratamiento de su salud. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2023 de 30 de mayo, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1434/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56078-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 35/2023 de 30 de mayo, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Álvaro Gustavo Ayala Rocabado en representación sin mandato de Juan Carlos Arraya Tejada contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 29 de mayo de 2023, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante, por intermedio de su representante, expresó que:
Cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, impuesta dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. En ese ínterin, debido al deterioro de su salud, el 2 de marzo de 2023, solicitó salida judicial al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, con el objeto de ser atendido en la Caja Nacional de Salud (CNS). Ante ello, le ordenó adjuntar documentación que acredite su condición médica; exigencia que cumplió después de muchos percances. En consecuencia, otorgó en su favor, el permiso correspondiente para el 3 de mayo de 2023 de 08:00 a 11:00 horas. Sin embargo, no pudo materializar ese actuado debido a una falta de coordinación con el despacho judicial. Razón por la que, el 22 de mayo de 2023 reiteró su solicitud de salida judicial, dejando constancia de la documentación que oportunamente presentó. No obstante, de forma mecánica y sin revisión previa del cuaderno de control jurisdiccional, dicha autoridad judicial le ordenó nuevamente adjuntar documentación que acredite su condición médica. Proceder indebido que genera riesgos para su vida, al no permitirle contar con medicación orientada al tratamiento de su salud.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; citando al efecto los arts. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado otorgue en su favor salida judicial con escolta policial, cualquier día de la semana de 8:00 a 12:00 horas, para dirigirse a la CNS a fin de contar de medicación.
Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de mayo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 15 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su representante, reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar.
William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 29 de mayo de 2023, cursante a fs. 9 y vta., señaló que: a) La salida judicial solicitada por el impetrante de tutela fue otorgada el 3 de mayo de 2023, al haber presentado documentación que acreditaba su condición médica, solicitud que reiteró el 23 de igual mes y año. Empero, esta vez lo hizo sin sustentar su pretensión, pese a que era su obligación, como parte interesada, presentar elementos objetivos e idóneos para ser valorados y, con ello, determinar su procedencia o improcedencia; y, b) La acción de defensa que se examina debe ser declarada improcedente en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, puesto que el accionante de reposición en busca del reparo de lo que reclama. Por ello, debe denegarse la tutela que solicita, imponiendo el pago de no agotó el recurso costas procesales.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a través de la Resolución 35/2023 de 30 de mayo, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandando otorgue salida judicial con escolta policial en favor del impetrante de tutela, cualquier día de la semana de 8:00 a 12:00 horas, para dirigirse a la CNS “…del Policlínico 9 de abril…” (sic) a fin de recoger y contar con su medicación, lo que sustentó con base en los siguientes fundamentos: 1) La providencia de 23 de mayo de 2023, no fue suscrita por el Juez demandado, sino por su Secretaria; sin embargo, ello no obsta a que los hechos denunciados por el accionante puedan ser analizados, tomando en cuenta el desarrollo que tienen los derechos a la vida y a la salud por parte de la jurisprudencia constitucional; 2) La prueba presentada demuestra que el impetrante de tutela se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y que adjuntó al proceso penal seguido en su contra, certificados médicos que dan cuenta de su deteriorada condición médica; y, 3) Es obligación del Juez demandado, como autoridad judicial de control jurisdiccional, resguardar los derechos a la vida vinculado a la salud del privado del libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 27 de abril de 2023, el accionante solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, “…señale día y hora de salida medica judicial y disponga [su] a la Caja Nacional de Salud Policlínico 09 de Abril, ubicado en la Av. 06 de agosto calle Belisario Salinas Hrs. 08:00 am en adelante…” (sic). En un otrosí, expresó: desde “…adjunto Certificado médico elevado por el Dr. Carlos Mauricio Vargas Ramos, médico General del Recinto Penitenciario de San Pedro, de fecha 24 de abril de 2023” (sic [fs. 11]). II.2. A través de la providencia de 28 de abril de 2023, el Juez demandado señaló: “…estando justificado la solicitud, SE CONCEDE LA SALIDA JUDICIAL de JUAN CARLOS ARRAYA ARTEAGA para el día 03 DE MAYO DE 2023 de HORAS 08:00 A.M., HASTA 11:00 a cuyo efecto el imputado (…) deberán ser conducido a LA CAJA NACIONAL DE SALUD, ubicado en calle al policlínico 09 de abril, ubicado en la av. 06 de agosto calle Belisario salinas, DE LA CIUDAD DE LA PAZ (…), CON LA ESCOLTA DE LEY (…), BAJO ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ…” (sic). Más adelante precisó: “AL OTROSI.- Se tiene presente”
(sic [12]). II.3. Por memorial presentado el 22 de mayo de 2023, el impetrante de tutela reiteró al Juez demandado su solicitud de salida judicial, expresando que, el permiso otorgado a través de la providencia de 28 de abril de igual año, no pudo materializarse al no haberse gestionado los oficios pertinentes con ese propósito, ya que “…el cuaderno de control jurisdiccional siempre se encuentra en despacho con bastantes solicitudes de las partes…” (sic [fs. 13]). Ante ello, a través de la providencia de 23 de igual mes y año, se le señaló: “Previamente adjunte documentación idónea” (sic [14]).
El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que, al estar detenido preventivamente y debido al deterioro de su salud, mediante memorial de 22 de mayo de 2023 reiteró al Juez demandado su solicitud de salida judicial, tras no haber podido materializar el permiso otorgado a través de la providencia de 28 de abril de igual año. Sin embargo, de forma mecánica y sin revisión previa del cuaderno de control jurisdiccional, se le ordenó nuevamente adjuntar documentación que acredite su condición médica, pese a que ya había cumplido oportunamente con esa exigencia. Este procesamiento indebido -según ilegal- genera riesgos para su vida, al impedirle contar con la medicación orientada al tratamiento de su salud. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y/o a la vida y salud; y, su relación con el principio de celeridad
Sobre el particular, la SCP 0050/2025-S3 de 10 de marzo, precisó que:
“Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: ‘…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero.
Siendo exigible igualmente, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, eviten retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, de pedidos vinculados a los derechos a la vida y a la salud; estando dichos derechos también bajo el alcance de la presente acción de defensa; resultando con mayor obligación, por ende, la resolución pronta y oportuna de solicitudes de los privados de libertad, sobre el particular” (las negrillas nos pertenecen).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: Dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el impetrante de tutela, por el que cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; este, mediante memorial de 22 de mayo de 2023, reiteró al Juez demandado su solicitud de salida judicial con el objeto de ser atendido en la CNS “Policlínico 9 de Abril” (Conclusión II.3), tras no haber podido materializar el permiso otorgado a través de la providencia de 28 de abril de igual año, en la que se consideró la documentación -certificado médico- que acreditaba su condición médica (Conclusiones II.1 y II.2). Ante ello, a través de la providencia de 23 de mayo de 2023, se le señaló: “Previamente adjunte documentación idónea” (sic [Conclusión II.3]). En ese contexto, previamente cabe precisar que, conforme al desarrollo de la jurisprudencia constitucional, cuando vía acción de libertad se denuncia la lesión de los derechos a la vida y a la salud -por estar ambos vinculados y ser objeto de la controversia conocida-, rige el principio de informalismo. Consecuentemente, en el presente caso no amerita ninguna consideración, la observación hecha por el Juez demandado, concerniente a que sería aplicable el criterio de la subsidiariedad excepcional que rige a la demanda tutelar que se examina (al identificar que el accionante no habría interpuesto recurso de reposición para buscar la reparación de lo reclamado, antes de acudir a la jurisdicción constitucional); ni lo relativo a que la providencia de 23 de mayo de 2023 -ahora confutada- esté suscrita solo por la Secretaria de aquella autoridad judicial, más aún cuando este tópico no ha sido controvertido. Ello, al tratarse de cuestiones formales vencibles frente a los derechos aparentemente vulnerados, que no impiden el análisis de fondo de la problemática identificada. Ahora bien, considerando la prueba presentada, este Tribunal concluye que era obligación del Juez demandado, al tomar conocimiento de lo solicitado por el impetrante de tutela mediante memorial de 22 de mayo de 2023, revisar diligentemente el cuaderno de control jurisdiccional de la causa penal en cuestión, antes de emitir lo dispuesto a través de la providencia de 23 de igual mes y año. De esa forma, se habría percatado que, lo que pretendía el accionante era únicamente materializar la salida judicial que ya le fue otorgada a través de la providencia de 28 de abril de 2023, después de ser considerado el certificado médico que acreditaba su condición médica. Permiso de salida que, por razones de coordinación, no pudo materializar.
En ese sentido, al exigírsele al impetrante de tutela, a través de la providencia de 23 de mayo de 2023, que presente nuevamente documentación idónea referente a su condición médica -cuando este aspecto ya fue acreditado-, el Juez demandado incurrió claramente en un acto dilatorio indebido que genera un riesgo para sus derechos a la vida vinculado a la salud. Ello es así, puesto que el propósito de la salida judicial que persigue es recibir atención médica, consistente, entre otros aspectos, en la provisión de medicación. Por el contrario, por responsabilidad y en observancia del principio de celeridad, la referida autoridad judicial debió actuar con prontitud y en coherencia con sus propias determinaciones. Lo que cobra mayor relevancia, al ser la petición que le fue formulada hecha por un privado de libertad, cuyos derechos merecen una protección reforzada por el sistema de administración de justicia, dado que, con excepción de la libertad, no encuentran ninguna limitación. Por todo ello, siendo evidente el hecho denunciado por el accionante, corresponde conceder la tutela solicitada en el marco de los alcances protectivos de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; la cual, también procede cuando se identifican dilaciones indebidas en los trámites que tienen incidencia en los derechos a la vida y a la salud de un privado de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2023 de 30 de mayo, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
1 SCP 0231/2024-S3 de 24 de mayo (FJ.III.1.): “Tutela del derecho a la vida y a la salud por medio de la acción de libertad”; entre otras.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1434_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): fb1c08850ccb84a8a1f8f4d81d59c0947393eb21ddc9cbf8d6e1386bbbb8a169
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