Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 3 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 279/2023 de 14 de diciembre, cursante de fs. 65 a 66 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1433/2026-S1 Sucre, 3 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61418-2024-123-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 279/2023 de 14 de diciembre, cursante de fs. 65 a 66 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aurora Elena Calle de Choque contra Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2023, cursante de fs. 48 a 55, la accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad personal, alegando que dentro del proceso penal que se le sigue por allanamiento de domicilio, el Fiscal de Materia hoy accionado incurrió en múltiples irregularidades, como no considerar supuestas falsedades en declaraciones y documentos, mantener el proceso sin individualizar correctamente a la imputada, incumplir con notificaciones que afectaron su derecho a la defensa y valorar incorrectamente pruebas ; aspectos que, a su criterio, debieron derivar en el rechazo de la causa, permitiéndole regresar a su domicilio, del cual fue desalojada y posteriormente precintado. Pide se conceda la tutela y se ordene al accionado, el cese del procesamiento indebido y la entrega del domicilio a su persona y no a la supuesta víctima; además del cese de la amenaza a su derecho a la integridad que es lesionado por el prolongado precintado del inmueble. Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia a través de informe cursante a fs. 60 y vta., señaló que: ya no ejerce funciones como fiscal de materia, además que los aspectos sobre el inmueble son de índole civil, no siendo responsabilidad del Ministerio Público tomar en cuenta tales extremos; y si bien refirió la existencia de documentos falsificados, de ninguna manera probó tal aspecto. Finalmente cualquier situación que emerja del proceso debe ser de conocimiento previo del juez que ejerce el control jurisdiccional; sin embargo, la accionante al no haber agotado tal vía que incumplió con el principio de subsidiariedad que rige para esta acción tutelar. Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 279/2023 de 14 de diciembre, cursante de fs. 65 a 66 vta., denegó la tutela solicitada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 010/2026 de 17 de junio. Por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad determina que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” . En armonía con dicho entendimiento, la 0489/2018-S4 de 5 de septiembre, que señala que: “… se reconoce la competencia de los Jueces de Instrucción Penal para ejercer el control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación dentro de la fases que componen la etapa preparatoria, respecto a las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional, dentro del marco establecido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal que forman parte del bloque de constitucionalidad; en tal sentido, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad, debe acudir ante esa autoridad” (las negrillas son nuestras).
La accionante afirma que se vulneraron sus derechos a la vida y a la integridad personal, debido a que el Fiscal de Materia hoy accionado no consideró las falsedades en declaraciones y documentos de la denunciante y testigos, mantuvo el proceso sin actualizar el sistema, incumplió con su deber de notificación, valoró erróneamente pruebas documentales y omitió advertir la falsedad ideológica de la víctima; por lo que correspondía rechazar el proceso y permitirle retornar a su domicilio. Conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad, se configura como el medio más eficaz para restituir derechos fundamentales afectados; empero, cuando existen mecanismos procesales específicos de defensa que resultan idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad o frente a actos de persecución o procesamiento indebido, estos deben ser utilizados previamente por el afectado, en virtud del principio de subsidiariedad que rige esta acción. En ese marco, si la accionante consideraba que el actuar del Fiscal de Materia ahora accionado era lesivo a sus derechos fundamentales, previamente a acudir a esta vía constitucional, debió acudir ante el Juez de la causa al ser el responsable de ejercer el control jurisdiccional conforme a lo previsto por los art. 54.1 y 279 del CPP; siendo esta la vía idónea e inmediata para reparar cualquier aspecto correspondiente a la etapa investigativa del proceso penal; por consiguiente, es ante dicha autoridad que la solicitante de tutela debió exponer los extremos que ahora alega como lesivos y pedir que se resguarden sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; al no haberlo hecho, inobservó el carácter excepcionalmente subsidiario de esta acción de defensa; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de lo impetrado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 279/2023 de 14 de diciembre, cursante de fs. 65 a 66 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1433_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 47ad1a41b6a2c77d9e823335418c44e1f280632dd277d7ee264fa79a04e16092
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →