Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes a través de sus representantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la vida y a vivir una vida libre de violencia, por parte de Edy Efraín Flores Mamani, que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Chonchocoro quien el 24 de mayo de 2023, habría entregado una carta su hija mediante terceras personas, haciéndole conocer los pormenores de la muerte de su madre y su detención preventiva, actos de acechamiento y hostigamiento que afectaron emocional y psicológicamente a la menor NN de 10 años de edad, además de incumplir las medidas de protección dispuestas como la asistencia familiar. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 270/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1432/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 56050-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 270/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando y Liliana Mamani Calle en representación sin mandato de Victoria Canaviri Quispe y Marcos Marcelino Uscamayta Huanca contra Edy Efraín Flores Mamani.
Por memorial presentado el 28 de mayo de 2023, cursante de fs. 24 a 32, los accionantes señalaron que:
Edy Efrain Flores Mamani -ahora demandado-, es progenitor de dos menores de edad, actualmente es investigado por el delito de feminicidio, por ser el presunto autor de la muerte de Mery Canaviri Quispe, hecho suscitado el 19 de noviembre de 2022, encontrándose el proceso con acusación formal en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de la Paz. El 2 de diciembre de 2022, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, otorgó a su persona como tía de las menores de 10 y 5 años, mediante acta, el cuidado y protección de las mismas, comprometiéndose a brindar de manera diligente y responsable atención a sus sobrinas y cuidar su integridad física y psicológica; actualmente las menores se encuentran bajo el resguardo de su persona y esposo Marcos Marcelino Uscamayta Huanca -accionantes-; sin embargo, Edy Efraín Flores Mamani -demandado-, ejerció actos de violencia psicológica contra la menor NN de 10 años; puesto que, sin importarle que su hija sea menor de edad, por intermedio de una persona no identificada, le hizo llegar una carta al ingreso de su colegio, hecho suscitado en la Unidad Educativa Patria Nueva de la zona Bautista Saavedra de El Alto, en la carta se advierte que el demandado trató de manipular a la menor a quien le indicó que sus tías Delia, Victoria y Bertha, le metieron a la cárcel, que ellas hubieran mentido a la policía al indicar que el mató a su madre y que ella sabía que no fue así, refiriéndole que su mamá estaba enferma, que él la llevo al hospital y los doctores no pudieron salvarla; señalándole además que no avise a nadie que le hizo llegar esa carta. Nótese como el demandado realizó actos de manipulación hacia su hija, situación que generó en la menor inestabilidad emocional, ya que al leer la carta lloró inconsolablemente, al punto de casi desvanecerse, presentando desde ese momento miedo, zozobra, temor a ser perseguida hasta el extremo de dejar de comer, encontrándose deprimida, motivo por el cual la llevaron ante la terapeuta psicóloga del Centro de Atención Terapéutica (CAT), precautelando su salud y sobre todo su vida, derechos que están sobre cualquier otro que el acusado pretenda reclamar. En la terapia psicológica se le hizo conocer a la menor sobre el deceso de su madre, siendo el siguiente paso, ponerla en conocimiento que su padre se encontraba en la cárcel; puesto que, esas noticias para cualquier menor de edad de rango etario le resultarían traumáticas, marcando de forma negativa la vida de cualquier persona. Añaden que, nuevamente el demandado sin importarle la vida de su propia hija, velando sus propios intereses, le comunicó a la menor que se encontraba en la cárcel, recordándole el evento de la muerte de su madre y presionándola para que diga que ella estaba con él, en el momento de los hechos, son actos que afectaron de sobremanera el bienestar de la menor, ya que desde el 24 de mayo de 2023, se encuentra deprimida dando lugar a que tengan que llevarla de emergencia con la psicóloga para estabilizarla, donde les comunicaron que todos los avances que se tuvo, cayeron en retroceso, teniendo que empezar nuevamente la terapia, lo contrario tendría repercusiones fatales en la vida de la menor. El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dictó la Resolución 42/2023 de 19 de enero, disponiendo medidas de protección en favor de las menores de edad víctimas indirectas en el ilícito de feminicidio cometido por su progenitor, además de fijar asistencia familiar; las medidas de protección emitidas en el proceso penal, tenían la finalidad de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia y reducir la situación de vulnerabilidad de las víctimas; medidas que no se estarían cumpliendo por el ahora demandado, en relación a la asistencia familiar de las menores, ya que conforme el acta de cuidado y protección conferida por la DNA, su persona como tía de las menores debe velar por el bienestar y normal desarrollo de sus sobrinas.
Asimismo, los actos de acechamiento y hostigamiento hacia la menor de 10 años, fueron ejercidos por el acusado Edy Efraín Flores Mamani -hoy demandado-, a través de terceras personas, no solo se trata del incumplimiento a las medidas de protección, sino también, son nuevos actos de violencia cometidos contra la menor, traducido en violencia psicológica.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la vida y a vivir una vida libre de violencia, citando al efecto los arts. 15.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 6.1 y 2 de la Convención Belem do Pará.
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La prohibición del padre y acusado de feminicidio mandar por terceras personas cartas a la menor NN de 10 años; b) La prohibición de mandar al colegio de la menor Unidad Educativa Patria Nueva de la Zona Bautista Saavedra de El Alto, por terceras personas recados verbales; c) El cese de conductas para arrebatar a la menor del núcleo familiar que tiene a la fecha con la familia ampliada; d) Disponer que el Director y plantel docente de la mencionada Unidad Educativa tomen las medidas necesarias para la protección de la niña; e) Instruir al Gobernador del Centro Penitenciario de Chonchocoro realizar requisas correspondientes al interno Edy Efraín Flores Mamani y a su celda para identificar y decomisar el celular que posee o con el que pretende comunicarse con la víctima teniendo como numero de contacto 67183926; y, f) Se declare la responsabilidad penal debiendo en este último llegar incluso a la reparación del daño a la víctima.
Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 35 a 47, se produjeron los siguientes actuados.
Los accionantes a través de sus representantes, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola manifestaron que: 1) La línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, permite plantear una acción de libertad donde el Juez de garantías debe tomar las medidas pertinentes para que cese toda violencia ejercida contra la menor de edad; pues, fue ineficaz tenerlo en detención preventiva al ahora demandado, así como las medidas de protección emitidas por el Juez cautelar y por el Ministerio Público, porque hizo caso omiso, por no interesarle las niñas, violentando efectivamente el derecho a la vida; 2) El Comité de los Derechos Humanos claramente señaló cuáles son los efectos que puede tener la violencia contra una niña que está en pleno desarrollo, ya que se estaría atentando contra la vida de la menor su desarrollo físico, psicológico, oral, educativo y el Estado está obligado a actuar con la debida diligencia a partir de la protección reforzada que se les debe brindar a los menores de edad; y, 3) El legislador ordinario identificó a los ascendientes y descendientes como víctimas secundarias de los hecho delictivos y en este caso la menor NN es una víctima indirecta, siendo que a sus 10 años, tuvo que presenciar la muerte de su madre y ahora su padre bajo acciones de violencia psicológica pretende también acabar con la vida de la menor.
Edy Efraín Flores Mamani, a través de su abogado en audiencia de garantías virtual, manifestó que: i) Las medidas privativas de libertad, no son incompatibles con la presunción de inocencia; ya que la emisión de una imputación formal y disposición de detención preventiva, no presupone culpabilidad ni responsabilidad, pues no existe sentencia condenatoria contra su persona, encontrándose el proceso penal en la etapa preparatoria; y la parte accionante pretende crear prejuicios, inculpándole de feminicidio; ii) Se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Chonchocoro en régimen cerrado que es un penal de máxima seguridad, donde es imposible que pueda portar un celular o tener otros elementos para contactarse con personas externas al penal; pues los accionantes no probaron que tenga celular; así también, la Sentencia Constitucional Plurinacional 401/2015 de 22 de abril, refirió que es imposible que una persona que se encuentre detenida pueda generar actos en el exterior fuera del recinto donde permanece y que si alguien generó cualquier acto en contra de la menor, pues es el responsable directo, no se le puede responsabilizar a su persona sobre un aspecto que no estructuró; iii) Los impetrantes de tutela hablaron de una tercera persona que habría entregado una carta a la menor, pero porque no la identifican, si en todos los colegios hay cámaras de seguridad, otro aspecto es que dan referencia de un numero de celular y lo vinculan con su persona, no se dieron tiempo de determinar a quién correspondía ese número de celular; iv) Toda la narrativa de los accionantes está basada en supuestos y subjetividades, porque no actuaron en forma más responsable y realizaron una investigación más profunda para determinar a quién correspondía el número de celular o cual fue el objeto de la entrega de la carta, no se demostró que su persona envió a una tercera persona al colegio de su hija, no se demostró que la carta fue enviada por él; y, v) Los accionantes no cumplieron con los presupuestos para activar la acción de libertad que esté en peligro su vida, que exista una amenaza real e inminente a la vida e integridad física de la persona, que este ilegalmente perseguida o indebidamente procesada; finalmente los propios peticionantes de tutela, señalaron que existen medidas de protección emitidas por autoridad judicial competente, entonces porque no acudieron ante esa autoridad, estando latente el principio de subsidiariedad, por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
Edy Efraín Flores Mamani, en uso de la palabra refirió que se encuentra desconcertado por que recién se enteró de esta acción de libertad, la familia que está a cargo de sus hijas, no están cumpliendo con su compromiso, pues ellas están desamparadas, les están haciendo vivir en mentiras inventadas por sus cuñadas, hasta la fecha no tienen apoyo psicológico, como no van a saber dónde se encuentra, sus hijas saben todo, en ningún momento presenciaron violencia el día del hecho.
El Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 270/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 48 a 50, concedió la tutela solicitada; disponiendo como medidas de protección reforzada: a) La prohibición al demandado e imputado, por el delito de feminicidio, a ejercer acciones de intimidación, coacción o amenazas a través de cualquier medio o terceras personas en contra de la menor víctima y su entorno familiar; b) Acercarse al lugar del domicilio y de estudios de la menor, ya sea por sí o por terceras personas, así como también a su entorno familiar; c) El cese de cualquier conducta, ya sea por sí o por terceras personas, a objeto de llevarse a la niña de 10 años, así como también a la otra niña de 5 años; salvo autorización judicial por autoridad competente, siempre y cuando sea viable según las valoraciones que se realicen por autoridades competentes; y, d) Asimismo, conforme lo solicitado oficiar tanto al Director de la Unidad Educativa Patria Nueva de El Alto, a objeto de que se tomen las medidas necesarias para la protección de las víctimas supérstites y al Gobernador del Recinto Penitenciario de Chonchocoro, así como también realicen las requisas correspondientes, ante la presunción de un teléfono celular que tuviera el ahora accionado imputado. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional, así como los tratados y convenios internacionales, son instrumentos que determinan que las autoridades administrativas, jurisdiccionales y constitucionales, deben asumir medidas de protección reforzada a favor de grupos vulnerables de niñas, niños y adolescentes y en la vía de acción de libertad, es posible cuando exista una amenaza al derecho a la vida, a la integridad, a no sufrir violencia física y psicológica, así lo estableció la SCP 0230/2020-S2 de 29 de julio; 2) En el caso presente, efectivamente la menor de 10 años de edad, sufrió actos de hostigamiento y de violencia psicológica, el 24 y 26 de mayo de 2023, cuando en una primera instancia se le hubiera entregado una carta y en una segunda instancia se la trato de llevar del colegio una tercera persona de nombre desconocido, en la carta se contó los pormenores del hecho de feminicidio y del entorno familiar de la víctima; y, 3) Independientemente de que la parte accionante no demostró que aquella nota haya sido suscrita por el ahora demandado o que no hubiera tenido contacto con terceras personas, siendo que se encontraría en el Centro Penitenciario de Chonchocoro; en los hechos concretos se realizaron esos actos de hostigamiento y de violencia psicológica en una menor se concede la tutela, independientemente de que se haya acudido o no al Juez contralor de garantías jurisdiccionales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de cuidado y protección Caso 189/22 de 2 de diciembre de 2022, labrada en dependencias de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de la Paz, por el cual otorgan el cuidado y protección de las menores NN de 10 y 5 años de edad, a su tía Victoria Canaviri Quispe -ahora accionante- (fs. 4 a 5 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 42/2023 19 de enero, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el presunto delito de feminicidio contra Edy Efraín Flores Mamani -ahora demandado- dispuso rechazar la petición de cesación a la detención preventiva, además de aplicar medidas de protección en favor de las menores de 10 y 5 años de edad, como ser una asistencia familiar de Bs800.- (ochocientos 00/100 bolivianos), la prohibición al agresor de enajenar, hipotecar, disponer o cambiar la titularidad de derecho propietario de bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima y el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar la asistencia familiar (fs. 17 a 20). II.3. Mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2023, Delia y Bertha ambas de apellidos Canaviri Quispe, solicitaron al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del Alto del departamento de La Paz, conmine al imputado -hoy demandado- de cumplimiento de la medida de protección, referente a la asistencia familiar, para lo cual adjuntaron número de cuenta bancaria (fs. 21 a 22). II.4. A través de la providencia de 17 de marzo de 2023, el Juez de la causa conminó al imputado Edy Efraín Flores Mamani -demandado- cumplir con la medida de protección dispuesta de asistencia familiar (fs. 23).
Los accionantes a través de sus representantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la vida y a vivir una vida libre de violencia, por parte de Edy Efraín Flores Mamani, que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Chonchocoro quien el 24 de mayo de 2023, habría entregado una carta su hija mediante terceras personas, haciéndole conocer los pormenores de la muerte de su madre y su detención preventiva, actos de acechamiento y hostigamiento que afectaron emocional y psicológicamente a la menor NN de 10 años de edad, además de incumplir las medidas de protección dispuestas como la asistencia familiar. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 125 de la CPE, señala que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, establece que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. (…) En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas son nuestras). La SCP 1148/2017-S2 de 6 de noviembre, señala que: “Por su parte, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. Asimismo, el art. 47 de la norma supra, en cuanto a la procedencia de esta acción tutelar, establece que: ‘La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personalʼ. La Norma Constitucional citada así como las disposiciones legales referidas, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevé la activación de acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad, que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal, la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción y debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado con la libertad personal…” (las negrillas nos corresponden). Así también, la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, establece que: “La acción de libertad, por otra parte, está dotada de características esenciales que la convierten en el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos que protege; características que bajo la luz de principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustentan al Estado redimensionan su naturaleza como acción exenta de formalismos para la consecución de la tutela inmediata de los derechos vulnerados, donde el juez constitucional bajo los principios de la potestad de impartir justicia, previstos en el art. 178 de la CPE, entre ellos, el de celeridad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, asume un rol fundamental en la búsqueda de la verdad material, para constatar la lesión a los derechos alegados como vulnerado en la acción de libertad. Es en ese ámbito que deben ser entendidas las características esenciales de la acción de libertad, como el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1278/2013 de 2 de agosto, sobre la trascendencia de la acción de libertad con relación a la protección que brinda al derecho a la vida, señala que: “…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’.
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (las negrillas son nuestras). Entendimiento jurisprudencial que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0912/2023-S2 de 25 de septiembre y 0002/2024-S2 de 29 de enero.
Conforme a los antecedentes que ilustran el expediente se advierte que Victoria Canaviri Quispe -ahora accionante-, estaría a cargo de sus sobrinas menores de edad de 10 y 5 años, potestad otorgada por la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, mediante Acta de cuidado y protección Caso 189/22 de 2 de diciembre de 2022. Se tiene adjuntó el Auto Interlocutorio 42/2023 19 de enero, por el cual el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el presunto delito de feminicidio contra Edy Efraín Flores Mamani -ahora demandado- dispuso rechazar la cesación a la detención preventiva, además de aplicar medidas de protección en favor de las menores de 10 y 5 años de edad, como ser una asistencia familiar de Bs800.- (ochocientos 00/100 bolivianos), la prohibición al agresor de enajenar, hipotecar, disponer o cambiar la titularidad de derecho propietario de bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima y el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar la asistencia familiar. Así también, se observa el memorial presentado el 16 de marzo de 2023, por Delia y Bertha ambas de apellidos Canaviri Quispe, solicitando al Juez de la causa, conmine al imputado -hoy demandado- de cumplimiento de la medida de protección, referente a la asistencia familiar; mereciendo el proveído de 17 de similar mes y año, conminando al imputado cumpla con la medida de protección dispuesta.
Expuestos los antecedentes, los accionantes a través de sus representantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la vida y a vivir una vida libre de violencia, por parte del ahora demandado que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, quien el 24 de mayo de 2023, habría entregado una carta su hija mediante terceras personas, haciéndole conocer los pormenores de la muerte de su madre y su detención preventiva, actos de acechamiento y hostigamiento que afectaron emocional y psicológicamente a la menor NN de 10 años de edad, además de incumplir las medidas de protección dispuestas como la asistencia familiar. En el caso concreto, se puede colegir que los impetrantes de tutela en el fondo, buscan que el imputado ahora demandado cumpla con la asistencia familiar dispuesta por el Juez de la causa, lo vertido tiene asidero, en el memorial presentado el 16 de marzo de 2023, por las hermanas de la accionante, donde solicitan se conmine al obligado a cumplir con la asistencia familiar; así también, lo refieren en el memorial de acción de libertad donde indican que el demandado incumple las medidas de protección referentes a la asistencia familiar tantas veces mencionada, materia ajena al ámbito de protección de esta acción tutelar. Por otro lado, se advierte que la denuncia de la entrega de una carta por terceras personas a la menor de 10 años, en su colegio, donde le haría conocer los pormenores del deceso de su madre y que su padre -hoy demandado- estaría detenido preventivamente, lo cual causaría en la menor una afectación emocional y psicológica, derivando en el peligro a su vida, por lo que tuvieron que acudir a una psicóloga privada para ser tratada; sin embargo, se observa que lo aseverado no cuenta con respaldo probatorio respecto al tratamiento psicológico afirmado por los impetrantes de tutela, simplemente realizan una narración ampulosa sobre supuestos actos atribuibles al demandado, sin demostrar efectivamente que la vida de la menor esté en peligro para activar la presente acción de defensa; si bien de por medio se encuentra una menor de edad, no es menos cierto que no se demostró con hechos o pruebas contundentes que el imputado que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, haya sido quien realizó los actos denunciados a través de terceras personas y que la vida de la menor esté en peligro, lo que denota una falta de objetividad a momento de endilgar un acto cuestionado por los accionantes, no siendo suficiente su sola invocación, por lo que, se deniega la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 270/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1432_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): c8abce1c7fb9849ae0229f6a29b772ad4ad5b4f176d035cfa46b33c5c3307e2b
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