Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y defensa; debido a que, ante el rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva por parte de la Jueza de primera instancia, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por el Vocal demandado a través del Auto de Vista 235 de 8 de mayo de 2023, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, ante el cumplimiento del plazo de la referida medida cautelar correspondía que se disponga su libertad aplicando medidas sustitutivas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 28 vta. a 30, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1429/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55974-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 28 vta. a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lucía Esther Heredia Leigue y Willzon Arébalo Coria en representación sin mandato de Julio Cézar Llanos Ruiz contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del citado departamento.
Por memorial presentado el 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 14 a 16 vta., el accionante a través de sus representantes, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 27 de febrero de 2023, al amparo del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó cesación de su detención preventiva, al no haberse requerido la ampliación de esa medida cautelar por parte del Ministerio Público, y estar privado de su libertad veinticuatro días más de los ciento ochenta que se dispuso. El 8 de mayo de 2023, se celebró la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, solicitud que fue rechazada por la Jueza demandada, sin considerar que ya se encontraba detenido preventivamente por doscientos setenta y dos días, ocho meses y veintinueve días. Ante ello, interpuso recurso de apelación incidental, argumentando que, conforme al art. 235 ter. del CPP, cuando el juez determina la detención preventiva estableciendo un plazo al efecto, vencido este, debe dar cumplimiento a lo previsto por el art. 239.2 del mismo cuerpo normativo, disponiendo la libertad del imputado aplicando medidas sustitutivas con la finalidad de evitar que la detención preventiva se convierta en una condena anticipada; sin embargo, el Vocal demandado, declaró admisible e improcedente el referido recurso, vulnerando sus derechos y garantías al no emitir un fallo debidamente fundamentado.
El accionante a través de sus representantes, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y defensa, citando al efecto los arts. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se dé “…curso a la solicitud de Acción de Libertad…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 26 a 28, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus representantes, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad.
Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del mismo departamento, no remitieron informe ni asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su notificación cursante de fs. 19 a 23.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 28 vta. a 30, denegó la tutela, con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; y, b) De la revisión del Auto de Vista -235 de 8 de mayo de 2023-, se tiene que cumple con las exigencias de una resolución, pues se encuentra debidamente estructurado, motivado y fundamentado, haciendo una relación de los hechos punto por punto observando lo establecido por el art. 173 del CPP, poniendo un límite a su poder discrecional; por lo que, no es un fallo arbitrario.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 8 de mayo de 2023, se celebró la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de medidas cautelares interpuesto por el nombrado contra el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de igual año, en la que se emitió el Auto de Vista 235 de 8 de mayo de ese año (fs. 10 a 13 vta.).
El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y defensa; debido a que, ante el rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva por parte de la Jueza de primera instancia, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por el Vocal demandado a través del Auto de Vista 235 de 8 de mayo de 2023, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, ante el cumplimiento del plazo de la referida medida cautelar correspondía que se disponga su libertad aplicando medidas sustitutivas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Sobre este tópico, la SCP 0620/2025-S3 de 26 de junio, haciendo cita a la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, estableció que. “‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Asimismo, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, estableció que: ‘…la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)…” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
Sobre el particular, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, reiterando los entendimientos asumidos de la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, sostuvo que: «Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: “la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, (…); ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”» (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y defensa; en virtud a que, el Vocal demandado a tiempo de resolver el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, emitió una resolución carente de una debida fundamentación, motivación y congruencia.
Consideraciones previas Previamente a ingresar a analizar la problemática planteada, se evidencia que, a través de la presente acción de defensa, el accionante identifica como las autoridades judiciales que lesionaron sus derechos constitucionales, a la Jueza y al Vocal ahora demandados, este último por la determinación asumida en el Auto de Vista 235; sin embargo, es preciso aclarar que, no es posible emitir pronunciamiento sobre la supuesta vulneración en que incurrió la Jueza demandada; toda vez que, la jurisdicción constitucional no es una instancia recursiva; por ello, con base a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, solo se revisará el precitado Auto de Vista, considerando que este, efectuó un análisis y revisión de la resolución de primera instancia y tuvo la posibilidad de corregir o enmendar la decisión asumida por la Jueza codemandada; por consiguiente, corresponde denegar la tutela respecto a dicha autoridad. Del caso concreto Identificado como se tiene el objeto procesal de esta acción tutelar, al haberse denunciado en lo principal la falta de fundamentación, motivación y congruencia, corresponde precisar los agravios expuestos por el accionante en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023, así, se tiene: 1) En la audiencia de consideración de medidas cautelares se estableció que la conclusión de la detención preventiva que se le impuso sería el 22 de febrero de 2023; sin embargo, en esa fecha no se instaló la audiencia para resolver su situación jurídica y tampoco se solicitó la ampliación de su detención preventiva; por lo que, pidió la cesación de dicha medida cautelar al amparo del art. 239.2 del CPP; 2) Del 24 de marzo al 8 de mayo de 2023, trascurrieron cuarenta y cinco días más allá del tiempo determinado para la detención preventiva, sin que exista solicitud de ampliación de esa medida cautelar; por lo que, no se consideró la jurisprudencia constitucional que establece que las medidas cautelares cesarán cuando haya vencido el plazo respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el Ministerio Público no haya solicitado su ampliación; 3) “Hasta ahora” -se entiende 8 de mayo de 2023, fecha en que se celebró la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental-, cumplió doscientos cincuenta y cinco días de privación de libertad; por ende, la Jueza de primera instancia no emitió una resolución conforme al art. 124 del CPP, vulnerando el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, 4) La SCP “0685/2021”, prevé que, por disposición del art. 235 ter. del CPP, cuando el juez resuelve la aplicación de la detención preventiva, debe fijar con precisión su duración, indicando la fecha exacta de su cumplimiento y estableciendo el día y la hora de la audiencia para resolver su situación jurídica, entendiendo que no se puede mantener la detención preventiva de manera indefinida; en ese sentido, vencido el plazo del cumplimiento de esa medida cautelar sin que se hubiere solicitado su ampliación, debe aplicarse lo estipulado en el art. 239.2 del Código Adjetivo Penal. Plasmados los argumentos expuestos por el accionante, es menester conocer lo referido por el Vocal demandando en el Auto de Vista 235, que resolvió el recurso de apelación incidental de medida cautelar, declarándolo admisible e improcedente y que se cuestiona a través de esta acción de libertad, siendo estos: i) Conforme a los argumentos expuestos, la parte apelante solo observó la negación de la cesación de la detención preventiva con base en el art. 239.2 del CPP, y no así en cuanto al numeral uno del mismo artículo; es decir, no cuestionó los fundamentos esgrimidos por la autoridad jurisdiccional respecto a los riesgos procesales; en ese sentido, corresponde establecer que las medidas cautelares no causan estado y pueden ser modificadas de oficio o a petición de parte; ii) Considerando que dentro del proceso la víctima es una menor de edad -de once años- que pertenece a un grupo vulnerable, corresponde aplicar una protección reforzada, tomando en cuenta el interés superior de la niña, niño y adolescente, previsto por el art. 60 de la CPE, lo que no quiere decir que se vulneren los derechos del imputado; sin embargo, se debe ponderar sus derechos, dando preminencia a los derechos de la menor; iii) El Ministerio Público reconoce que hasta la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva de 24 de marzo de 2023, no se solicitó la ampliación de esa medida cautelar; sin embargo, lo hizo de manera oral en esa audiencia, argumentando que el caso no se trata de un hecho ordinario, sino de un delito de violencia contra la mujer;
iv) De la revisión del Auto Interlocutorio recurrido, se tiene que la Jueza de primera instancia, efectuó una relación de los argumentos de las partes procesales, realizando una fundamentación jurídica citando los arts. 233, 234, 235, 239.1 y 2, 221; y, 250 del CPP, mencionando además a la SCP “411/2022” que determina que la ampliación de la detención preventiva puede ser solicitada antes o después de su vencimiento, más aun en delitos relacionados con la violencia de género en aplicación del enfoque interseccional y la perspectiva de género, siendo necesario llegar a la verdad histórica de los hechos; por lo que, es necesario que el Fiscal de Materia investigue con la debida diligencia; v) Como Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, concuerda con la motivación y fundamentación de la Jueza de la causa; puesto que, es evidente que el plazo de la detención preventiva venció; sin embargo, la ampliación fue requerida de manera oral en audiencia, y la motivación se basó en la jurisprudencia que establece que el art. 239.2 del CPP, no aplica de manera automática, pues se dio prevalencia a la justicia material antes que a la formal; en ese sentido, no es viable conceder la cesación de la detención preventiva; toda vez que, concurren varios riesgos procesales pendientes y no existe otra medida cautelar que pueda garantizar la finalidad del art. 221 del citado Código; en consecuencia, el Auto Interlocutorio apelado se encuentra debidamente fundamentado. Del desglose de los argumentos expuestos por el accionante en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva y de los fundamentos plasmados por el Auto de Vista 235, se tiene que, este es congruente, pues responde a lo alegado por el accionante en relación al vencimiento del plazo de la indicada medida cautelar, arguyendo que el art. 239.2 del CPP, no es de aplicación inmediata, y que al tratarse el caso de la presunta comisión del delito de abuso sexual contra una menor de once años, se deben ponderar los derechos tanto de la víctima como del imputado -hoy solicitante de tutela-, teniendo preminencia los de la indicada menor por ser parte de un grupo vulnerable de prioritaria atención. De ello, se concluye que, al ser el único argumento de apelación el vencimiento del plazo de la detención preventiva, se dio respuesta al mismo, cumpliendo con la congruencia externa, entendida como la correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, pero además, del contenido del referido Auto de Vista, se evidencia que se observó la congruencia interna, pues en todo el fallo existe un hilo conductor desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios la aplicación de las normas, la parte dispositiva y los efectos de la misma, sin advertir consideraciones contradictorias; en ese sentido, no se constató lesión alguna al debido proceso en su elemento congruencia. Asimismo, el Auto de Vista cuestionado a través de esta acción tutelar, refirió que, el Ministerio Público pidió la ampliación de la detención preventiva de manera oral en audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, y que la misma puede efectuarse antes o después del vencimiento del plazo conforme a la jurisprudencia constitucional, más aún si se considera que el caso versa sobre la presunta comisión del delito de abuso sexual contra una menor de edad que requiere actuar con la debida diligencia en la investigación para llegar a la verdad histórica de los hechos aplicando el enfoque interseccional, la perspectiva de género y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. En esa línea de análisis, y de la lectura íntegra del Auto de Vista 235, se tiene que, este cuenta con una debida fundamentación y congruencia; toda vez que, se advierte una correcta precisión de los hechos, se puntualizó por qué no corresponde aplicar de manera directa el art. 239.2 del CPP, alegando además que, el Ministerio Público pidió en audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, la ampliación de dicha medida cautelar; tal como consta en el acta de la referida audiencia en la que la Juez de control jurisdiccional comunicó al ahora accionante que el Ministerio Público presentó un memorial requiriendo la mencionada ampliación (fs. 4 y vta.), alegando por ello, que no era viable conceder la cesación de la detención preventiva; asimismo, efectuó un análisis integral de los antecedentes y elementos de prueba, aplicando el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el enfoque interseccional y la perspectiva de género al ser la víctima una menor de edad, dando prevalencia a la justicia material antes que a la formal. Además de ello, debe tomarse en cuenta que las medidas cautelares no causan estado y pueden ser modificadas en cualquier momento de oficio o a solicitud de parte. De lo plasmado precedentemente, se evidencia que, el Vocal demandado cumplió con la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que la fundamentación es entendida como la estructura jurídico legal que sustenta los entendimientos de derecho expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento y que entiende a la motivación como la justificación razonada fáctica de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; correspondiendo en consecuencia, denegar también la tutela solicitada respecto al Vocal demandado.
Finalmente, en cuanto al derecho a la defensa, de la revisión del Auto de Vista cuestionado a través de esta acción tutelar, no se advierte que haya sido lesionado, más aún, si el accionante tuvo la oportunidad de solicitar la cesación de su detención preventiva y posteriormente apelar el fallo que rechazó lo requerido, lo que demuestra que ejerció el mencionado derecho de forma irrestricta; por lo que, corresponde denegar la tutela con relación al mismo. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 26 de mayo, cursante de fs. 28 vta. a 30, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1429_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9203f807035d85618dff40117ca27251e7bdae7396123178098c512169b38b02
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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