B.IA.LEGAL

SCP 1428/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55930-2023-112-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, y a la seguridad jurídica, por cuanto la autoridad demandada, dispuso mantener subsistente la liquidación de asistencia familiar y emitió la orden de librar en su contra mandamiento de apremio, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución el incidente de reversión de guarda legal de sus dos hijos beneficiarios y que estos se encuentran bajo su cuidado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/23 de 27 de mayo 2023, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia del Juez de Pérdida de Dominio Primero de la misma capital; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad preventiva y restringida
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1428/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55930-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/23 de 27 de mayo 2023, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hugo Tola Andia contra Juan Carlos Guzmán Rivas, Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de mayo de 2023, cursante de fs. 33 a 36 vta.; el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dayana Angélica Marzana Rocha inició proceso de asistencia familiar en su contra, a cuyo efecto el Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió Sentencia -53/2021- de 4 de agosto, estableciendo la guarda de sus 2 hijos menores AA y BB en favor de su precitada madre y una asistencia familiar de Bs1800.- (mil ochocientos bolivianos). Según certificación emitida por la Dirección General de Migración, Dayana Angélica Marza Rocha, el 25 de junio de 2022, registró una salida del país con rumbo a Colombia, fecha desde la cual, ante el abandono de la madre, asumió la guarda y protección de sus dos hijos menores; por lo que, impetró ante la autoridad demandada la guarda provisional de sus dos hijos, no obstante, la audiencia para considerar y resolver dicho incidente, fue suspendida en varias oportunidades y por diversas razones.

Sin embargo, María Rocha Grágeda en calidad de apoderada de la demandante, presentó liquidación de pensiones devengadas en la suma de Bs54 472 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos bolivianos), mismas que fueron aprobadas mediante decreto de 29 de marzo de 2023; contra esta determinación interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, exponiendo en lo sustancial que no podría aprobarse la liquidación en tanto no se resuelva la situación de la guarda de sus hijos, porque es él quien sufraga todos los gastos que importan su manutención; sin embargo, por Auto de 16 de mayo de 2023, la autoridad jurisdiccional mantuvo firme la resolución impugnada sin resolver los fundamentos de su recurso, y ordenando se libre mandamiento de apremio, vulnerando su derecho al debido proceso y colocando en riesgo la integridad de sus hijos menores, pues quedarían sin protección en caso de ejecutarse el citado mandamiento.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, y a la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela, cese la persecución indebida y se reestablezcan las formalidades legales en el proceso de referencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual, el 27 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 43 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) En ningún momento descuidó la otorgación de asistencia familiar en favor de sus hijos, incluso antes de que se inicie el proceso de asistencia familiar; b) Dayana Angélica Marza Rocha, salió del país rumbo a Colombia y de ahí a Estados Unidos, sin informar dicha circunstancia al Juez del proceso; y, c) Sus dos hijos menores están bajo su cuidado desde el abandono de su madre, y la autoridad demandada, debió resolver previamente la medida provisional otorgándole la tenencia y guarda.

I.2.2. Informe del demandado

Juan Carlos Guzmán Rivas, Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal citación de fs. 40.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia del Juez de Pérdida de Dominio Primero de la misma capital, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela, mediante Resolución 06/23 de 27 de mayo 2023, cursante de fs. 44 a 47, disponiendo la suspensión de la emisión de mandamiento de apremio, hasta que la autoridad demandada resuelva el incidente de guarda de los menores, determinando asimismo quién se encuentra legitimado para el cobro de la asistencia familiar; con base en los siguientes fundamentos: 1) Citando el contenido de los arts. 109 y 117 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPC) y la SC 0177/2006-R de 17 de febrero, concluyó que la asistencia familiar es personalísima e intransferible, sea a título oneroso o gratuito y solo puede demandarla el beneficiario o quien se encuentre a su cargo cubriendo los gastos de la manutención; consecuentemente, si se tiene conocimiento de que quien solicita la asistencia familiar no está a cargo de los menores y que se pretende realizar el cobro al que se encuentra al cuidado de los beneficiarios, se colocaría en situación de vulnerabilidad a los menores al privarles de la protección de su progenitor y de no gozar de la asistencia familiar, por lo que, el administrador de justicia primeramente debe resolver la situación de la guarda antes de aplicar el apremio corporal; 2) La autoridad demandada obró de forma incorrecta al disponer el pago de la suma liquidada y aprobada, sin que se determine previamente quien se encuentra al cuidado de los menores beneficiarios; 3) Del cuaderno procesal (original) se advierte que Dayana Angélica Marza Rocha habría abandonado el país y que el accionante se encuentra al cuidado de sus hijos desde noviembre de 2022, por lo que, no es posible librar mandamiento de apremio contra quien está a cargo de los menores; y, 4) El derecho a la libertad se encuentra en riesgo por la vigencia de la providencia de librarse mandamiento de apremio, correspondiendo previamente establecer a quien le corresponde la guarda de los menores.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia 53/2021 de 4 de agosto, dictada en el proceso de asistencia familiar seguido por Dayana Angélica Marza Rocha contra el ahora accionante Hugo Tola Andia, se estableció la guarda de sus 2 hijos menores AA y BB en favor de su precitada madre Dayana Angélica Marza Rocha y una asistencia familiar de Bs1800.- (fs. 4 a 6). II.2. Según memorial de 11 de noviembre de 2022, el accionante, observó la liquidación de asistencia familiar y solicitó audiencia para considerar la guarda de los menores; asimismo, cursan actas de consideración de reversión de guarda de 24 de enero, 9 de marzo, 8 de mayo y 19 de mayo, todas de 2022, que fueron suspendidas (fs. 7 a 9 vta. y 29 a 32). II.3. Mediante escrito de 13 de abril de 2023, el peticionante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 29 de marzo del mismo año, que aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar, mismo que fue resuelto por Auto de 16 de mayo de igual año, manteniendo subsistente el decreto impugnado, asimismo, ordenó librar mandamiento de apremio por la suma de Bs54 472.- (fs. 12 a 17 vta. y 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, y a la seguridad jurídica, por cuanto la autoridad demandada, dispuso mantener subsistente la liquidación de asistencia familiar y emitió la orden de librar en su contra mandamiento de apremio, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución el incidente de reversión de guarda legal de sus dos hijos beneficiarios y que estos se encuentran bajo su cuidado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. La acción de libertad preventiva y restringida

La SCP 0224/2018-S4 de 21 de mayo, al respecto desarrolló que: ‘‘El art. 125 de la CPE, al referirse a la acción de libertad, establece: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad. procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’’’.

La norma transcrita evidencia una triple dimensión de la acción tutelar, es decir, preventiva, correctiva y reparadora, lo que hace de esta acción, un medio de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es el resguardo y la protección de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, pero a la vez, una garantía del debido proceso cuando el derecho a la vida esté vinculado al derecho a la libertad física, al encontrarse instituida a favor de la persona que crea estar indebida o ilegalmente. perseguida, procesada o privada de su libertad.

Al respecto, cabe recordar lo razonado por el Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, en cuanto a la tipología del entonces denominado hábeas corpus, cuando señaló: “…el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

(…)

…El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente …”.

Es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional, entendió a la persecución ilegal, comprendida ahora en el art. 125 de la CPE, como: “La acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos exigidos por ella” (Así, las SSCC 0419/2000-R, 0261/2001-R y 0535/2001-R, citadas en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0022/2018-S3, 1154/2017-S1 y 1061/2016-S2, entre otras).

En esa línea, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al referirse al hábeas corpus preventivo, señaló: “Conforme a dicho entendimiento, la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente.

En el primer supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al hábeas corpus preventivo, explicado precedentemente; en tanto que el segundo, hábeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto, una amenaza inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones ilegales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.). Este tipo de hábeas corpus, entonces, también estaría cobijado dentro de la persecución ilegal prevista en el art. 125 de la CPE y 89 de la LTC” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad, y a la seguridad jurídica, por cuanto la autoridad demandada, dispuso mantener subsistente la liquidación de asistencia familiar y emitió la orden de librar en su contra mandamiento de apremio, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución el incidente de reversión de guarda legal de sus dos hijos beneficiarios y que estos se encuentran bajo su cuidado. El contexto de la presente problemática, establece que contra el impetrante de tutela , se desarrolló un proceso de asistencia familiar cuyos beneficiarios son sus dos hijos menores AA y BB, la Sentencia del referido proceso, además de fijar la asistencia familiar estableció la guarda y cuidado de los menores en favor de la madre; posteriormente y según certificación emitida por la Dirección General de Migraciones, esta se ausentó del país rumbo a Colombia, sin informar de ello al órgano jurisdiccional, eventualidad ante la cual, a partir de noviembre de 2022, el ahora accionante asumió de forma material y directa la guarda y protección de sus dos hijos, solicitando en consecuencia ante el Juez de la causa se disponga la reversión de la guarda de los menores; empero, sin que se resuelva dicho incidente de reversión, la apoderada de la demandante presentó liquidación de asistencia familiar devengada, misma que fue aprobada y a cuyo efecto se ordenó librar mandamiento de apremio en su contra, estando en riesgo su libertad por un procesamiento y persecución indebida. Previamente a ingresar al análisis de lo pretendido por el accionante, es pertinente realizar algunas aclaraciones sobre la problemática y los derechos relacionados a ella; es así que el estado del proceso de asistencia familiar revela que se encuentra vigente una resolución que ordenó librar mandamiento de apremio contra el solicitante de tutela; de librarse y ejecutarse dicho mandamiento, se estaría no solo restringiendo su derecho a la libertad, sino que además se colocaría a los dos menores en situación de vulnerabilidad al privarles de la protección y manutención que les otorga su padre (el accionante), dado que, se tiene certeza que al momento de plantear la acción de libertad el accionante es quien se ocupa del cuidado y manutención de sus hijos, nótese que este es un hecho que no fue controvertido por la apoderada María Rocha Grágeda y que se puso de manifiesto en la audiencia de reversión de la guarda que cursa a fs. 29 “…yo asumo la guarda provisional de mis hijos y si usted me da un cuarto intermedio yo los traigo a mis hijos para que ellos hables y digan…” (sic); por lo que, la presente problemática debe analizarse en el fondo, ponderando el interés superior de los menores en consonancia con el art. 60 de la CPE que establece: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”; situación por la cual también se hará abstracción de cualquier concepto de subsidiariedad que pudiera impedir el examen de fondo de la causa. Ahora bien, de la Conclusión II.2. del presente fallo constitucional, y de la revisión de las actas correspondientes, se evidencia que se encuentra en trámite y sin resolución un incidente de reversión de la guarda de los menores AA y BB para que estos queden formalmente bajo la protección de su padre –ahora accionante-; sin embargo, paralelamente la apoderada de la demandante del proceso de asistencia familiar, presentó una liquidación de asistencia familiar devengada, misma que fue aprobada por decreto de 29 de marzo de 2023 y confirmada por Auto de 16 de mayo de igual año, ordenando librar el respectivo mandamiento de apremio, en este entendido, es evidente que la sola emisión de la orden de librarse mandamiento de apremio es suficiente para comprometer inminentemente la libertad del accionante, haciendo viable el planteamiento de la presente acción de libertad en su modalidad preventiva, que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se instituyó precisamente para evitar la restricción de la libertad “…cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”, quedando por verificar si dicha orden cumple el presupuesto de legalidad del que debe estar revestido todo acto que comprometa la libertad del encausado. En el presente, la asistencia familiar se paga por el sujeto obligado por la ley que no está bajo el cuidado del beneficiario, pero en el presente caso ocurre una situación completamente distinta e inversa, quien pide la asistencia familiar (María Rocha Grágeda) no está al cuidado de los beneficiarios, siendo el accionante (Hugo Tola Andia) el que se encuentra a cargo y cuidado de los menores amparando sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta, resultando impropio que se amenace su libertad por efecto de una liquidación de pensiones sin que previamente se resuelva el incidente de reversión de la guarda que tiene una directa relación de conexitud y dependencia respecto del derecho-obligación de percibir y otorgar la asistencia familiar; motivación esencial por la cual, resulta imperativo que previamente a librar el mandamiento de apremio la autoridad jurisdiccional deba resolver a quien corresponde la guarda y protección de los menores apreciando de forma integral y objetiva todas las circunstancias que rodean dicha problemática; consecuentemente, el hecho de haberse dispuesto mandamiento de apremio estando pendiente de resolución el incidente de reversión de la guarda cae dentro de la previsión de la acción de libertad preventiva, vulnerando el debido proceso y generando una persecución indebida por emitirse una orden de apremio sin el cumplimiento de las formalidades necesarias y exigibles para su eficacia jurídica, como acertadamente evaluó el Juez de garantías. Por consiguiente, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/23 de 27 de mayo 2023, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia del Juez de Pérdida de Dominio Primero de la misma capital; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1428_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): ed93bd6110adc79359070d211559ef0efa6119aef718056dc82efb81a2649503

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