B.IA.LEGAL

SCP 1425/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
77249-2025-155-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, y al principio de “legalidad o primacía de la ley”; en razón que, dentro del proceso penal que inició contra Roberto Nelson y Karen Lila Rodríguez Ocampo, por el delito de abuso sexual contra su hijo AA, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió Resolución de Rechazo JNMR 50/2025; en el cual, no valoró correctamente la prueba aportada en la etapa investigativa, omitiendo considerar los elementos probatorios que demostraron la existencia del hecho, así como la condición de vulnerabilidad del niño AA, por su edad y el grado de discapacidad que presentaba; ante ello, presentó objeción a la referida Resolución de Rechazo, la cual fue resuelta por el Fiscal Departamental de Oruro, a través de la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 22/2025 -ahora cuestionada-, que ratificó la Resolución de Rechazo de primera instancia, limitándose a repetir los fundamentos esgrimidos en ésta, sin pronunciarse sobre los agravios denunciados, respecto a la omisión en la valoración de la prueba conducente a demostrar la participación de los denunciados en el hecho delictivo, la falta de debida diligencia en el Ministerio Público en la dirección funcional de la investigación y de la aplicación de criterios reforzados de protección a favor del su hijo AA, incurriendo en falta de motivación, fundamentación e incongruencia omisiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 203/2025 de 11 de septiembre, cursante de fs. 379 a 387, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos y alcances establecidos por la precitada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Estándares nacionales e internacionales sobre la debida diligencia reforzada y la protección especial ante casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1425/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 77249-2025-155-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 203/2025 de 11 de septiembre, cursante de fs. 379 a 387, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Torrico Arenas contra Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2025, cursantes a fs. 1 y 324 a 342, el accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de marzo de 2025, su hijo AA de seis años, le contó que su tío “Roberto”, aprovechando la ausencia de su abuela, realizaba una serie de actos, que solamente pueden catalogarse como abusos sexuales y toques impúdicos en contra del menor. Ante estos hechos y sobre la narración vertida por el niño, en virtud a su denuncia, se dio inicio a un proceso penal por el delito de abuso sexual contra Roberto Nelson Rodríguez Ocampo, y posteriormente fue ampliado contra Karen Lila Rodríguez Ocampo, dentro del cual, se promovieron determinadas acciones para establecer la verdad histórica de los hechos. Sin embargo, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió requerimiento conclusivo de Resolución de Rechazo JNMR 50/2025 de 30 de abril, obviando el principio de presunción de veracidad de la declaración de la víctima y otros medios probatorios que fueron presentados como sustento inicial de la denuncia, bajo entendimientos alejados de la realidad, sin fundamentar su decisión, acorde a los antecedentes de la causa y elementos materiales que la componían, determinando la existencia de duda razonable a favor de los denunciados, presuntamente por incongruencias en la declaración de la víctima y no haber existido certeza en los hechos denunciados. En ejercicio de su derecho a la impugnación, formuló objeción a la Resolución de Rechazo antes mencionada, que fue resuelta por el Fiscal Departamental de Oruro, mediante la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025 de 27 de junio; la cual, lejos de resolver los reclamos esgrimidos, se limitó a copiar los argumentos de la Resolución impugnada, incurriendo en incongruencia omisiva y falta de motivación. Sostiene que, la Resolución Jerárquica citada se limitó a mencionar los documentos que generaban la supuesta duda razonable a favor de los denunciados, sin tomar en cuenta los demás elementos probatorios que cursaban en el cuaderno procesal; es decir, sin darles un valor positivo o negativo, y sin explicar de manera fundada y entendible por que no fueron tomados en cuenta, sobre todo considerando que eran precisamente aquellos documentos los que demostraban la existencia del hecho, ya que no se podía pasar por alto la declaración de un niño, como prueba nuclear, para determinar la participación de los denunciados, así como el Informe de Entrevista Psicológica Informativa, que demostraba la existencia de violencia sexual contra la víctima. Asimismo, la Resolución Jerárquica cuestionada, de manera equivocada pretendió que sea la víctima la que subsuma la conducta al tipo penal denunciado, cuando este trabajo le correspondía al Ministerio Público, por mandato del art. 285 del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando que lo que se investiga no es un delito abstracto, sino conductas humanas que generan la posibilidad de realizar actos investigativos. Concluyó señalando que, el Ministerio Público no cumplió el deber constitucional y convencional de ejercer su función investigativa, bajo un enfoque de derechos humanos y la debida diligencia, particularmente en los casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad, en los cuales debe aplicarse una valoración reforzada y perspectiva de género y niñez, omitiendo aplicar estándares de protección que le resultaban imperativos en este tipo de casos; y que la autoridad fiscal demandada no explicó con fundamentación propia, el motivo que le llevó a concluir en la inocencia de los denunciados, como la falta de acción o conducta delictual y la inexistencia del delito imputado, señalando simplemente que no existía certeza sobre algún daño sexual sobre la víctima menor de edad que haya sido causado por los denunciados, sin tomar en cuenta la prueba que demostraba que los prenombrados ocasionaron una afección indeterminada en su hijo, debido a la agresión sexual perpetrada en su contra.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; y, al principio de “legalidad o primacía de la ley”, citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 4, 5, 7 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH) -Pacto San José de Costa Rica-; 11, 13 y 25 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 2, 24 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se declare la nulidad de la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025; y, b) Se ordene la emisión de una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la normativa vigente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 11 de septiembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 373 a 378, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) El Ministerio Público, en contradicción con la protección reforzada que debía otorgarse a la víctima menor de edad, no valoró las pruebas que generaban certeza sobre el hecho ocurrido, brindando en realidad un rol de protección a los denunciados; 2) No se tomó en cuenta el certificado médico forense, de 26 de marzo de 2025, en el que claramente se estableció en la narración del niño que uno de los denunciados le tiró granizo cuando estaba en su cama y le tocó sus partes íntimas con un palo y con su dedo, acto que sin duda constituyó la comisión del delito; 3) La Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025, ahora confutada, carece de motivación y fundamentación, habiendo realizado una desproporción en la valoración de la prueba realizada de su parte; toda vez que, como base de su resolución argumentó que la declaración del niño sería incongruente por su corta edad y porque este sufría de discapacidad, omitiendo la autoridad demandada, como representante del Estado, su deber de cumplir con su rol de la debida diligencia y la protección reforzada hacia un niño; y, 4) Otro elemento que no fue valorado adecuadamente por la autoridad fiscal demandada, es que en el registro del lugar de los hechos, se permitió la participación del niño, llevándolo al lugar donde se encontraba precisamente su agresor, sin considerar que el menor, que es vulnerable, claramente expresó que no quería ingresar a dicho domicilio, ya que conforme se extrae del informe del investigador asignado al caso, textualmente refirió “…no quiero ir a la casa de Cleo porque el Roberto es malo, hace cosas que no quiero, no quiero ir”; lo que implica que en tal acto se procedió a su revictimización, sin que existiera la más mínima protección alguna por parte del aparato estatal.

I.2.2. Informe del demandado

Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro, mediante informe escrito, cursante a fs. 351 y vta., refirió que: i) La Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025, fue emitida luego de realizar un análisis íntegro de la Resolución de Rechazo interpuesta por el accionante, teniendo como base fundamental la existencia de una debida fundamentación, motivación y congruencia, que emergió de la valoración y análisis de los elementos de prueba acumulados al cuaderno de investigación , que fueron insuficientes, conforme se plasmó en la Resolución ahora cuestionada en torno al principio de objetividad; y, ii) Al existir un pronunciamiento claro y concreto sobre cada uno de los elementos probatorios aportados al proceso no se vulneró ningún derecho o garantía constitucional; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de la representante de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO)

La representante de la DIO, se adhirió a todo lo argumentado y solicitado por la parte accionante.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Roberto Nelson y Karen Lila ambos Rodríguez Ocampo, a través de su abogado en audiencia, manifestaron que: a) La Resolución de Rechazo emitida por el Fiscal de Materia, no transgredió ningún tipo de derecho en relación a la víctima, si bien se habló de que un niño no puede generar actos de investigación en razón de su edad, además que debe tomarse en cuenta que al efecto se valoró el Informe Preliminar del investigador asignado al caso, en el que se estableció que existía la solicitud para una segunda valoración psicológica de la víctima, misma que no se llevó a cabo, porque los progenitores del prenombrado no acudieron a la cita en los horarios correspondientes; b) Es cierto que el Ministerio Público ejerce la dirección funcional de los actos de investigación; empero, esto no significa que la víctima, en este caso su representante, no tenga la obligación de dar a conocer al Juez y al Fiscal los medios de prueba que conduzcan a un requerimiento conclusivo de imputación formal, en el caso presente se puede advertir que no solo existió ausencia del Ministerio Público, sino también de la víctima, conforme se advierte de otros informe psicológicos que no fueron presentados;

y, c) La declaración de la víctima en primera instancia, habló del tío, luego incorporó al abuelo, más adelante señaló que la abuela ejercía violencia física contra su persona y que el abuelo también lo manipulaba de forma sexual, relación de hechos que generó duda, estableciéndose contradicción y falta de credibilidad en el testimonio; sumado a ello, el padre de la víctima no aportó mayores elementos de prueba, ni solicitó la complementación de actuados.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 203/2025 de 11 de septiembre, cursante de fs. 379 a 387, concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025 de 27 de junio; y en consecuencia emitirse una nueva por el Fiscal Departamental de Oruro, debidamente fundamentada, bajo los fundamentos de la Resolución Constitucional; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La Resolución Jerárquica impugnada, tiene una redacción ampulosa y una identificación individualizada de toda la prueba aportada durante la investigación preliminar, aduciendo que además realizó una valoración integral de la misma; empero, en su contenido, básicamente realiza una transcripción de los fundamentos de la Resolución de Rechazo, sin responder al recurso de objeción y sin explicar porque los argumentos del que objetó no fueron ciertos, especialmente en relación al Certificado Médico Forense; 2) Tampoco explicó por qué la declaración del niño, transcrita en el informe psicológico fue una razón para determinar la inexistencia del hecho, puesto que solo mencionó “no cuenta una narrativa cronológica por la edad y cierta discapacidad”, sin tomar en cuenta que se recomendó una valoración complementaria, que pudo llevarse en cámara Gesell; y el solo hecho de la inasistencia de la víctima no conllevaba la inexistencia del hecho; más tomando en cuenta que es obligación del Ministerio Público ejercer la dirección funcional de la investigación, denotándose falta de motivación, fundamentación y congruencia externa en la determinación cuestionada; 3) Respecto a la declaración de la víctima, conforme la jurisprudencia citada, señaló que, aún esta resulte contradictoria o inconsistente al tratarse de niñas, niños o adolescentes, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse éstas en prueba fundamental de los hechos; consecuentemente, las imprecisiones en las declaraciones de la víctima no implica que estas sean falsas, siendo éste el estándar que debe ser considerado por las autoridades fiscales, debiendo en su caso explicar de manera razonada, porque se apartan de estos criterios, el no hacerlo constituye falta de motivación en la Resolución; y, 4) En relación a la falta de declaración complementaria de la víctima en cámara Gesell por inasistencia de la víctima a la valoración programada, es un aspecto que denotó falta de diligencia en la dirección funcional de la investigación por parte del Ministerio Público, el cual debió ser llevado a cabo de forma oportuna para evitar la revictimización del afectado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 390 a 395), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Formulario Único de Denuncias (CUD) de 23 de marzo de 2025, ante Fuerza de Lucha contra la Violencia (FELCV) de la Policía Boliviana del departamento de Oruro, por el que el accionante presentó denuncia contra Roberto Nelson Rodríguez Ocampo, describiendo los hechos que le narró su hijo AA, respecto a las agresiones sexuales que hubiera sufrido por parte del denunciado (fs. 4 y vta). II.2. El 23 de marzo de 2025, Lizeth Echalar Barrientos, Psicóloga de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) realizó entrevista psicológica preliminar al niño AA, recomendando una valoración complementaria, tomando en cuenta que el informe evacuado solo tenía carácter preliminar, de igual forma recomendó valoración médico forense (fs. 9 a 11). II.3. Cursa Certificado Médico Forense de 26 de marzo de 2023, realizado por el que se realizó examen físico general, segmentario, paragenital, genital y proctológico, en cuyas consideraciones señaló que “El examen físico no demuestra signos de violencia corporal. La ausencia lesiones anales y signos compatibles con acto contra natura de data antigua no descarta la posibilidad de maniobras o toques impúdicos, que por lo general no dejan huella”. En cuanto a los antecedentes de los hechos, en un fragmento se consignó “…menor indica que su tío le tiró granizo en su cama le hizo en su potito con un palo y con el dedo y que besó su potito con la boca y le lamió…” (fs. 27 a 29.). II.4. En fecha 15 de abril de 2025, Lizeth Echalar Barrientos, Psicóloga de la DIO, elevó informe a Jhonny Nery Montaño Rivera, Fiscal de Materia, informando que el 23 de marzo del mismo año, acudió a los ambientes de la FELCV de la Policía Boliviana del departamento de Oruro, con el fin de realizar la valoración psicológica a un menor con autismo -se entiende que es el niño AA-, quien habría estado esperando durante tres horas para que se le realice dicho examen, puesto que la psicóloga de turno no realizó la valoración correspondiente alegando que por la condición del niño correspondía al área; en tal sentido, el niño a la hora de la entrevista psicológica se encontraba cansado, con hambre y temeroso porque la familia materna estaba fuera, aun así se realizó la valoración correspondiente (fs. 140). II.5. Cursa Resolución de Rechazo JNMR 50/2025 de 30 de abril, emitida por Jhonny Nery Montaño Rivera, Fiscal de Materia Adscrito a la Fiscalía Especializada en delitos sexuales y trata y tráfico, por la que Rechazó la denuncia interpuesta por el accionante contra Roberto Nelson y Karen Lila, ambos Rodríguez Ocampo; por la presunta comisión del delito de abuso sexual con agravante contra el niño AA (fs. 291 a 296). II.6. El 14 de mayo de 2025, el accionante presentó Objeción a la Resolución de Rechazo JNMR 50/2025 de 30 de abril (fs. 299 a 310 vta.). II.7. EL 27 de junio de 2025, Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro -ahora demandado-, emitió la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025 de 27 de junio, por la que ratificó la Resolución de Rechazo impugnada (fs. 317 a 323 vta.). II.8. Cursa carnet de discapacidad del niño AA, con vigencia hasta el 23 de marzo de 2029, por el que se establece que cuenta con discapacidad mental, de grado moderado en un porcentaje de 35% (fs.157 A).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, y al principio de “legalidad o primacía de la ley”; en razón que, dentro del proceso penal que inició contra Roberto Nelson y Karen Lila Rodríguez Ocampo, por el delito de abuso sexual contra su hijo AA, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió Resolución de Rechazo JNMR 50/2025; en el cual, no valoró correctamente la prueba aportada en la etapa investigativa, omitiendo considerar los elementos probatorios que demostraron la existencia del hecho, así como la condición de vulnerabilidad del niño AA, por su edad y el grado de discapacidad que presentaba; ante ello, presentó objeción a la referida Resolución de Rechazo, la cual fue resuelta por el Fiscal Departamental de Oruro, a través de la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 22/2025 -ahora cuestionada-, que ratificó la Resolución de Rechazo de primera instancia, limitándose a repetir los fundamentos esgrimidos en ésta, sin pronunciarse sobre los agravios denunciados, respecto a la omisión en la valoración de la prueba conducente a demostrar la participación de los denunciados en el hecho delictivo, la falta de debida diligencia en el Ministerio Público en la dirección funcional de la investigación y de la aplicación de criterios reforzados de protección a favor del su hijo AA, incurriendo en falta de motivación, fundamentación e incongruencia omisiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. Jurisprudencia glosada en la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo.

III.1.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (las negrillas fueron añadidas).

La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros.

Entendimiento extraído de la SCP 0645/2019-S3 de 11 de diciembre.

III.2. Estándares nacionales e internacionales sobre la debida diligencia reforzada y la protección especial ante casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

El Tribunal Constitucional, a través de la SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo, estableció el siguiente entendimiento:

III.2.1. Normativa y estándares nacionales de protección sobre la debida diligencia reforzada en casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual

Dentro del ámbito de protección nacional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto a la debida diligencia en la atención administrativa y judicial de casos relacionados con este sector poblacional, el art. 58 de la CPE señala que, las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y de aquellos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El art. 59.I de la misma Norma Suprema, reconoce expresamente el derecho a su desarrollo integral.

En ese sentido, el art. 60 de la CPE, dispone que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado (el resaltado es nuestro). Así el art. 61 de la citada Norma Suprema, determina que se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad; siendo que sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial. En ese entendido, conforme a los arts. 3.4, 6 y 7; y, 30.3 y 10 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010- la administración de justicia debe sustentarse -entre otros- en los principios de celeridad, que implica su ejercicio oportuno y sin dilaciones; es decir, en impartir agilidad de los procesos judiciales tramitados, en procura que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia; y, de inmediatez, por el que se promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción, en el conocimiento y resolución de los asuntos planteados ante las autoridades competentes.

De igual forma, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- establece que, en todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, deben sostenerse sobre la base del principio de informalidad, por el que, no se debe exigir el cumplimiento de requisitos formales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los corresponsables; así como el principio de atención diferenciada; a través del cual, las mujeres deben recibir la atención que sus necesidades y circunstancias demanden, aplicando criterios diferenciados que aseguren el ejercicio de sus derechos. De igual modo, el art. 45.1 de la Ley 348, a efectos de asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantiza a toda mujer en situación de violencia, el acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva, mediante un debido proceso en el que sea oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Así también, el art. 86.2, 9 y 13 de la citada Ley, dispone que, en los casos de violencia contra las mujeres, las juezas, jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, deben regirse -entre otros- por los principios de celeridad, accesibilidad e inmediatez en la imposición de medidas cautelares; en ese sentido, establece:

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas (las negrillas nos corresponden).

En ese entendido, el Ministerio Público debe acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer, por su situación de riesgo, conforme establece el art. 94 de la Ley 348. Así, el art. 8 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), dispone las siguientes garantías que otorga el Estado a favor de los niños:

I. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este Código y las leyes.

II. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de

las niñas, niños y adolescentes (…) -las negrillas son nuestras-. Entre otras garantías estatales a favor de este sector de la población, el art. 11 del citado Código, establece que: Las instituciones del Estado en todos sus niveles, involucradas en la protección de los derechos de la niña, niño y adolescente, garantizarán a favor de las niñas, niños y adolescentes el tratamiento especializado, para lo cual desarrollarán programas de capacitación, especialización, actualización e institucionalización de sus operadores (las negrillas son nuestras). De igual forma, debe tomarse en cuenta los principios sobre los cuales deben basarse las actuaciones de las instituciones públicas, privadas, familias y sociedad en casos donde se encuentren involucrados los derechos de niñas, niños y adolescente; en ese sentido, el art. 12 del CNNA -entre otros-señala:

Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas; Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes; Igualdad y no Discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e iguales con dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa; Equidad de Género. Por el cual las niñas y las adolescentes, gozan de los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades que los niños y los adolescentes; (…) Desarrollo Integral. Por el cual se procura el desarrollo armónico de las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la vinculación de éstas con las circunstancias que tienen que ver con su vida;

Corresponsabilidad. Por el cual el Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, son corresponsables de asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio, goce y respeto pleno de sus derechos; (…) Ejercicio Progresivo de Derechos. Por el cual se garantiza a las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio personal de sus derechos, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma se le exigirá el cumplimiento de sus deberes; y Especialidad. Las y los servidores públicos que tengan competencias en el presente Código, deberán contar con los conocimientos necesarios y específicos para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El art. 16 del CNNA, establece que el derecho a la vida comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen la existencia digna de la niña, niño y adolescente, debiendo el estado en todos sus niveles implementar políticas públicas que aseguren condiciones dignas para su nacimiento y desarrollo integral con igualdad y equidad; así el art. 142.I, del mismo cuerpo legal, señala que el derecho a ser respetado en su dignidad, se extiende a lo físico, psicológico, afectivo, cultural y sexual. En cuanto a la integridad personal, conforme al art. 145 del CNNA, es un derecho que comprende la integridad física, psicológica y sexual de la niña, niño y adolescente, no pudiendo ser sometidos a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; en consecuencia, el Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben protegerlos contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal.

Respecto a la violencia, el art. 147.I y II del CNNA, establece:

I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como delito por la Ley Penal. (…)

El art. 148.I del CNNA, otorga protección contra la violencia sexual a las niñas, niños y adolescentes; vale decir, que tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual, para lo cual, el Estado 14El art. 16 del CNNA, con relación al derecho a la vida, dispone: I. La niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna. II. El Estado en todos sus niveles, tiene la obligación de implementar políticas públicas que aseguren condiciones dignas para su nacimiento y desarrollo integral con igualdad y equidad. 15El art. 145 del CNNA, con relación al derecho a la integridad personal, establece:

I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual. II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. 16El art. 148 de CNNA, respecto al derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual, señala: “La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos sus niveles, debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y adolescencia; así como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados”.

en todos sus niveles, debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz, así como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados. Como una medida preventiva y de protección contra la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el art. 149. II del CNNA, dispone que: “Las Juezas y los Jueces en materia penal y el Ministerio Público, que conozcan e investiguen delitos contra libertad sexual, cometidos contra niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos conforme a ley, hasta su conclusión, bajo responsabilidad” (las negrillas y subrayados son nuestras).; así como el art. 40 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo (DS) 2377 de 27 de mayo de 2015, exigen a las autoridades judiciales, al Ministerio Público y a la Policía Boliviana, priorizar y agilizar la atención e investigación de los delitos contra la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes, así como de todas las instituciones involucradas en casos de violencia y violación sexual.

El art. 157 del mismo cuerpo legal, reconoce a las niñas, niños y adolescentes el derecho de acceso a la justicia, sobre la base de las siguientes disposiciones:

I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado.

II. Toda protección, restitución y restauración de los

derechos de la niña, niño y adolescente, debe ser resuelta en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, mediante instancias especializadas y procedimientos ágiles y oportunos. III. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho de acudir personalmente o a través de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, ante la autoridad competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos y que ésta decida sobre su petición en forma oportuna. IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son nuestras).

De igual forma, las autoridades judiciales, entre otros principios procesales establecidos en el art. 193 del CNNA, deben observar la desformalización para flexibilizar el procedimiento, evitando toda ritualidad o formalidad en el acceso a la justicia; así como el pronunciamiento oportuno ante peticiones presentadas por las partes en cada etapa de los procesos. Sobre la base de normas nacionales e internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Tribunal Constitucional Plurinacional, asumió y estableció estándares de protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas de todo tipo de violencia, entre otros aspectos, se pronunció sobre la debida diligencia; así la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.3 señala:

En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros actores sociales como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos (las negrillas son nuestras).

Posteriormente, la SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril, en el Fundamento Jurídico III.3, asumiendo el art. 7 de la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, adopta el siguiente entendimiento:

…los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.

Así, la misma SCP 0130/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.4, como un elemento de la debida diligencia, se pronunció sobre la atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o violación sexual, indicando que:

Sobre la base del marco normativo desarrollado, se puede establecer, que una vez recibida la denuncia o información fehaciente de un caso de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, se debe dar PRIORIDAD ABSOLUTA a su atención; por lo que, los operadores de justicia, Policía Boliviana, Ministerio Público y Defensorías de la Niñez y Adolescencia, tienen la obligación de actuar de manera inmediata y agilizar los actos investigativos necesarios en cada uno de los casos, brindando las acciones de protección y auxilio a las víctimas -niña, niño y adolescente-.

La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.1.2, asumiendo la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que:

…las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. (…)

El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. (…)

El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior.

Consecuentemente, la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1, señala que: “…el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos” (el resaltado es incorporado).

La misma SCP 0017/2019-S2, asumiendo los entendimientos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y, de la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará), reitera que:

…la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. …encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. (…) establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de: b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas]. Asimismo, el Estado boliviano (…) asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer… (las negrillas son nuestras).

III.3.2. Estándares internacionales de protección sobre la debida diligencia reforzada en casos de protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través del Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, se pronunció sobre el estándar de la debida diligencia, cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de un caso de violencia o violación sexual cometida contra una niña, niño o adolescente, señalando que los Estados deben adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad; en ese sentido, estableció los siguientes elementos de la debida diligencia reforzada y la protección especial para este sector poblacional:

a) Los estados deben asumir medidas particularizadas y especiales, así como la obligación estatal reforzada de la debida diligencia, en casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, ante la concurrencia de un acto de violencia sexual y más aún en casos de violación sexual, adoptando además, los principios de no discriminación; del interés superior de la niña; de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión de la niña en todo procedimiento que la afecte, a efectos de dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos;

b) Conforme al art. 9 de la Convención de Belém do Pará, los Estados al tiempo de asumir políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, deben tomar especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir una niña, niño o adolescente, en razón de ser una persona menor de 18 años; por lo que, en casos de violencia o violación sexual, las autoridades estatales deberán tener particular cuidado en el desarrollo de las investigaciones y procesos a nivel interno, así como al momento de adoptar medidas de protección y de acompañamiento durante el proceso y después del mismo, con fin de lograr la rehabilitación y la reinserción de la víctima;

c) Los Estados tiene el deber de organizar el sistema de justicia, de tal forma que las autoridades deben actuar con la debida diligencia reforzada, que implica la adopción de una serie de medidas y el desarrollo de un proceso adaptado a las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta que, al tiempo de observarse las garantías al debido proceso, deben aplicarse componentes diferenciados, asumiendo que su participación dentro de un proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto; es decir, tiene la obligación de crear un sistema de justicia adaptado a las niñas, niños y adolescentes, que dé lugar a una justicia accesible y apropiada a cada uno de ellos, que tome en consideración no solo el principio de interés superior, sino también, su derecho a la participación con base en sus capacidades en constate evolución, conforme a su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, sin discriminación alguna; siendo que, por las condiciones especiales en las que se encuentra este grupo poblacional, el debido proceso debe someterse a ciertas medidas de garantías con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, para garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior se constituya en un principio primordial en todas las decisiones administrativas o judiciales que se adopten; d) Los Estados tienen el deber de facilitar la posibilidad de que la niña, niño o adolescente participe en todas y cada una de las diferentes etapas del proceso, en el marco de su derecho a ser oído con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable y por la autoridad competente; siempre que su participación se adecúe a su condición y no provoque un perjuicio de su interés genuino -es decir, evitando su revictimización-;

e) La violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas; siendo que en el caso de niñas, niños y adolescentes, este impacto podría verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos y un impacto sumamente profundo, en particular, cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima, como un progenitor u otro adulto de la familia que guarde con ella una relación de cuidado y de supervisión, lo que le produce una afectación terrible y grave en su psiquis, porque aquella persona que debería cuidarla, ha producido una profunda destrucción, no solo a la niña, niño o adolescente, sino además a todo el grupo familiar, porque es una agresión que todos sus componentes la vive como una agresión familiar; para lo cual, los Estados deben velar por lograr un bienestar biopsico-social de la víctima;

f) Los Estados deberán asumir la protección reforzada de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o violación sexual, a través de la actuación multidisciplinaria y coordinada de las agencias estatales de protección y apoyo psicosocial, investigación y juzgamiento, entre ellas, el Ministerio Público, las autoridades judiciales, los profesionales de salud, los servicios sociales y legales, la Policía Nacional, entre otros, desde que el Estado conozca la violación de sus derechos y de forma ininterrumpida, hasta que esos servicios dejen de ser necesarios, a fin de evitar que su participación en el proceso penal les cause nuevos perjuicios y traumas adicionales, revictimizándolos. g) Los Estados, a lo largo del proceso penal, deben tratar a las niñas, niños y adolescentes con tacto y sensibilidad, encontrando la forma de explicarle la razón y utilidad de las diligencias a llevarse a cabo o la naturaleza de los peritajes a los cuales se le someterá, siempre con base en su edad, grado de madurez y desarrollo, y conforme a su derecho a la información;

h) La debida diligencia del Estado no solo abarca las medidas de protección reforzada antes y durante el desarrollo de las investigaciones y proceso penal, sino que debe incorporar también medidas a ser adoptadas con posterioridad, para lograr la recuperación, rehabilitación y reintegración social de la niña, niño o adolescente, teniendo en cuenta su derecho a la supervivencia y al desarrollo integral; siendo que, las medidas deben ser extendidas a los familiares de las víctimas, en lo que corresponda; es decir, que la atención médica y psicosocial se adoptará de forma inmediata y desde conocidos los hechos, se mantendrá de forma continuada, si así se requiere, y se extenderá más allá del proceso de investigación;

i) Es necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia para que el caso se resuelva en un tiempo breve; pues al tratarse de una niña, niño o adolescente víctima de violencia o violación sexual, es exigible la aplicación de un criterio reforzado de celeridad;

j) Los Estados deben reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña, más si fue ejercida en la esfera familiar, en un ambiente en el cual debió ser protegida; en estos supuestos, las obligaciones de la debida diligencia y de adopción de medidas de protección deben extremarse; además las investigaciones y el proceso penal deben ser dirigidos con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podrían causar en la niña;

k) Además de los componentes esenciales del deber de la debida diligencia y protección reforzada, desarrollados precedentemente, la Corte IDH establece que los niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos a la información sobre el proceso y los servicios de atención integral disponibles; a la participación y que las opiniones sean tenidas en cuenta; a la asistencia jurídica gratuita; a la especialización de todos los funcionarios intervinientes; y, a contar con servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica que permitan su recuperación, rehabilitación y reintegración; l) Cuando los Estados comenten distintos actos revictimizantes, tomando en cuenta la definición de violencia contra la mujer adoptada en la Convención de Belém do Pará, se convierten en un segundo agresor, constituyéndose en el ejercicio de una violencia institucional; toda vez que, el art. 1 de la Convención de Belém do Pará, establece los parámetros para identificar cuándo un acto constituye violencia; es decir, a “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”; además, resalta que dicha violencia incluye la que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra; y, m) En consecuencia, los actos revictimizantes llevados a cabo por funcionarios estatales en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, constituyen violencia institucional y deben calificarse, tomando en cuenta la entidad del sufrimiento provocado, como un trato cruel, inhumano y degradante en los términos del art. 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al art. 1.1 del mismo cuerpo convencional.

En ese sentido, la Corte IDH en el Caso Angulo Losada Vs. Bolivia, sobre la base de los entendimientos asumidos en el Caso precedentemente señalado, fortaleció los entendimientos sobre la debida diligencia reforzada y sus componentes esenciales, el deber de protección especial en investigaciones y procesos penales relacionados con violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual y el deber de la no revictimización; en ese sentido, estableció los siguientes entendimientos: 1) El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; la investigación debe ser seria, objetiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura y eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos; de lo contrario comprometería a responsabilidad internacional del Estado; 2) Se obliga a los Estados a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; para lo cual, deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; vale decir, que ante una acto de violencia contra una mujer las autoridades a cargo de la investigación, deben llevarla adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección; 3) Para los casos de violencia y violación sexual contra mujeres adultas, la Corte estableció una serie de criterios que los Estados deben seguir para que las investigaciones y procesos penales incoados sean sustanciados con la debida diligencia; sin embargo, en los casos de ser perpetuada contra niñas, niños y adolescentes, además, determinó que los casos deben ser estudiados a la luz de la interseccionalidad entre género y niñez; toda vez que, se colocan en una situación de doble vulnerabilidad, no solo frente al perpetrador del delito, sino, ante el proceso judicial seguido en su contra; 4) A efectos de adoptar medidas de protección en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual, deben tomarse en cuenta los cuatro principios rectores que deben inspirar de forma transversal en implementarse en todo el sistema de protección integral, consistentes en la no discriminación; en el interés superior de la niña o del niño; en el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, en el respeto a la opinión de la niña o del niño en todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su participación; 5) La condición de niña o niño exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención Americana reconoce a toda persona; la prevalencia del interés superior del niño o de la niña debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a niños y niñas. El interés superior del niño o de la niña constituye un mandato de prioridad que se aplica tanto al momento de la interpretación como cuando es necesario decidir situaciones de conflicto entre derechos. Asimismo, el interés superior del niño o de la niña se construirá con la escucha de estos y ponderando los derechos involucrados, a través de una argumentación que dé preponderancia a los derechos del niño o niña en el caso concreto.

6) Los Estados están obligados a promover las medidas de protección especiales orientadas en el principio del interés superior de la niña y del niño, asumiendo su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad en consideración a su condición especial de vulnerabilidad; deben tomar en cuenta que este principio, se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de estos y en la necesidad de propiciar su desarrollo; todas las medidas concernientes a los niños y las niñas que adopten las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben asumir una consideración primordial basada en el mencionado principio; de igual forma, todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales deben aplicarlo, estudiando sistemáticamente cómo sus derechos e intereses se ven o verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo a las que no se refieren directamente a este sector poblacional, pero que los afecte indirectamente;

7) En cuanto a las garantías y protección judicial que deben observarse dentro de los procesos administrativos y judiciales en los que se discutan derechos de la niñez, los Estados deben adoptar medidas particulares y especiales en casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, sobre todo ante la concurrencia de un acto de violencia sexual y, más aún, en casos de violación sexual; sin perjuicio de los estándares establecidos en casos de violencia y violación sexual contra mujeres adultas; es decir, con la obligación estatal reforzada de la debida diligencia; 8) Las medidas especiales de protección que los Estados deben adoptar se basan en el hecho de que las niñas, niños y adolescentes se consideran más vulnerables frente a violaciones de derechos humanos, lo que además estará determinado por distintos factores, como la edad, las condiciones particulares de cada uno o una, su grado de desarrollo y madurez, entre otros. Además, debe tomarse en cuenta que la edad es un factor potencial de discriminación debido a que las niñas y adolescentes, por su edad no cuentan con legitimidad social o legal para tomar decisiones importantes en materia de educación, salud y en relación con sus derechos sexuales y reproductivos; además en el caso de las niñas, dicha vulnerabilidad a violaciones de derechos humanos puede verse enmarcada y potenciada, debido a factores de discriminación histórica que han contribuido a que las mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en la esfera familiar. 9) El deber de garantía adquiere especial intensidad cuando las niñas son víctimas de un delito de violencia sexual y participan en las investigaciones y procesos penales; si bien el debido proceso y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, por fuerza de la protección especial, el ejercicio de aquellos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior se erija en una consideración primordial en todas las decisiones administrativas o judiciales que se adopten.

10) La participación de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos en un proceso penal puede ser necesaria para contribuir con el desarrollo efectivo de dicho proceso; sin embargo, es necesario que se brinde a ellos/as, desde el inicio del proceso y durante todo el transcurso de éste, la información relativa a su procedimiento, así como sobre los servicios de asistencia jurídica, de salud física y psíquica y demás medidas de protección disponibles; 11) Los Estados deberán, una vez conocidos los hechos, brindar, de forma gratuita, asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de género y niñez. El acompañamiento deberá mantenerse durante el proceso penal, procurando que sea el mismo profesional que atienda a la niña, niño o adolescente. Es trascendental que durante el proceso de justicia y los servicios de apoyo se tomen en cuenta, sin discriminación alguna, la edad, el nivel de madurez y de comprensión, el género, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, las aptitudes y capacidades del niño, niña o adolescente, así como cualquier otro factor o necesidad especial en la que se encuentren; 12) Los Estado deben garantizar que: 12.i) El proceso se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a la edad de la niña, niño o adolescente; 12.ii) El personal encargado de recibir el relato, incluyendo autoridades fiscales, judiciales, administrativas, personal de salud, entre otras, esté debidamente capacitado en la materia, de modo que la niña, niño o adolescente se sienta respetado y seguro al momento de relatar lo que le sucedió y expresar su opinión y en un entorno físico, psíquico y emocional adecuado, que permita que relate los hechos ocurridos o sus vivencias de la manera que elija, sin la utilización de un lenguaje ofensivo, discriminatorio o estigmatizante por parte del personal; 12.iii) Las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados a lo largo del proceso penal con tacto y sensibilidad, explicándoles la razón y utilidad de las diligencias a llevarse a cabo o la naturaleza de los peritajes a los cuales se le someterá, siempre con base en su edad, grado de madurez y desarrollo y conforme a su derecho a la información; 12.iv) Las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual deben tener respetada su intimidad y la confidencialidad de la información -de ser el caso-, evitando en todo momento la participación de estos en una cantidad excesiva de intervenciones o su exposición al público, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar su sufrimiento durante el proceso y causarle ulteriores daños; 12.v) La entrevista con la niña, niño o adolescente víctima de la violencia sexual, la cual debe ser videograbada, debe llevarse a cabo por un psicólogo especializado o un profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la toma de este tipo de declaraciones, no pudiendo ser interrogada en forma directa por el tribunal o las partes; 12.vi) Las salas de entrevistas deben otorgar un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, que les brinde privacidad y confianza a las víctimas; y, 12.vii) Las niñas, niños y adolescentes no deben ser interrogados en más ocasiones que las estrictamente necesarias, atendiendo a su interés superior, para evitar la revictimización o un impacto traumático; 13) En cuando al examen físico la Corte IDH, estableció:13.a) Las autoridades deberán evitar en la medida de lo posible que las víctimas de violencia sexual sean sometidas a más de una evaluación física, ya que podría ser revictimizante; 13.b) El examen médico en estos casos debe ser realizado por un profesional con amplio conocimiento y experiencia en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, quien buscará minimizar y evitar causarles un trauma adicional o revictimizarlos; 13.c) Es recomendable que la víctima, o de corresponder, su representante legal, pueda elegir el sexo del profesional y que el examen esté a cargo de un/a profesional de salud especialista en ginecología infanto-juvenil, con formación específica para realizar los exámenes médicos forenses en casos de violencia sexual; 13.d) El examen médico deberá llevarse a cabo luego del consentimiento informado de la víctima o de su representante legal, según su grado de madurez, tomando en cuenta el derecho de la niña, niño o adolescente a ser oído, en un lugar adecuado, y se respetará su derecho a la intimidad y privacidad, permitiendo la presencia de un acompañante de confianza de la víctima; 13.e) Debe considerarse necesaria la elaboración de un acta del examen, en la cual conste la información brindada a la víctima con anterioridad a la realización del examen y durante el mismo y el registro del consentimiento informado de la víctima respecto de cada etapa del examen; 13.f) Dicha acta debe estar firmada por el/la médica/o especializada/o que realizó el examen, la víctima o su representante legal y la persona de confianza que la acompaña; y, 13.g) La procedencia de un peritaje ginecológico debe ser considerada sobre la base de un análisis realizado caso por caso, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se alega que ocurrió la violencia sexual. En vista de ello, la Corte IDH considera que la solicitud de realizar un peritaje ginecológico debe ser motivada detalladamente, y en caso de no ser procedente o no contar con el consentimiento informado de la víctima, el examen debe ser omitido, lo que en ninguna circunstancia debe servir de excusa para desacreditarla y/o impedir una investigación; y,

En casos de violencia sexual, la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática de la víctima; lo cual, adquiere especial relevancia en el caso de niñas, en virtud de la diligencia reforzada del Estado y de la situación agravada de vulnerabilidad en la que se encuentran al haber sido víctimas de violencia sexual.

La Corte IDH, en el mismo Caso Angulo Losada Vs. Bolivia, realizó un desarrollo jurisprudencial sobre el plazo razonable y la celeridad reforzada del proceso como elementos de la debida diligencia, señalando que, pone en relieve que en el proceso penal donde involucre una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la CADH, debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar sin dilaciones y con la debida diligencia reforzada para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, dispuesto en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, tomando en cuenta el deber de protección especial derivado del art. 19 de la citada CADH. De igual manera el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará dota de contenido dichos deberes, en relación con la particular situación de vulnerabilidad y las necesidades de la presunta víctima cuando se trata de una niña, niño o adolescente víctima de violencia o violación sexual.

Asimismo, la Corte IDH, en el mismo caso, emitió entendimientos sobre la violencia institucional, señalando que:

1) Los Estados deben reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña, máxime si esta violencia sexual fue ejercida en la esfera familiar; en estos supuestos, la obligación de la debida diligencia y de adopción de medidas de protección deben extremarse; además, las investigaciones y el proceso penal deben ser dirigidos por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podría causar; y, 2) De lo contrario, los Estados se convierten en un segundo agresor, cuando comente distintos actos revictimizantes que se constituyen en violencia institucional; siendo que conforme al art. 1 de la Convención de Belém do Pará, se resalta que la violencia contra la mujer, también incluye, aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra.

III.3.3. Vinculación a los componentes y elementos de la debida diligencia reforzada relacionada con la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia sexual

Ahora bien, de la sistematización realizada sobre la debida diligencia reforzada y la protección especial con base en los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual; este Tribunal asume todos los entendimientos desarrollados precedentemente por encontrarse reconocidos dentro del bloque de constitucionalidad establecido en el art. 410.II de la CPE, a efectos de cumplir con los compromisos internacionales de lucha y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes; destacando los siguientes razonamientos sobre los componentes de la debida diligencia y protección reforzada a favor de las niñas, niños y adolescentes: La aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual, se sustenta, en: i.a) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; i.b) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; i.c) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; i.d) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoridad de edad -perspectiva de género y niñez-; i.e) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin discriminación alguna; i.f) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; i.g) La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; i.h) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales; i.i) En dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; i.j) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, i.k) En evitar la violencia institucional. La debida diligencia reforzada, contiene los siguientes elementos: ii.1) El acceso a una administración de justicia gratuita, material, directa, pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, flexible y con asistencia de personal especializado; donde no se exija el cumplimiento de requisitos formales o materiales que limiten el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual; y más bien, se apliquen criterios diferenciados que aseguren el ejercicio de sus derechos;

ii.2) Todas las instituciones administrativas y judiciales en todos sus niveles, que se encuentren involucradas en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, están obligadas a otorgarles un tratamiento diferenciado, especializado y a garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para menores abusados, explotados o erotizados; para lo cual, sus operadores o funcionarios deben estar debidamente capacitados, especializados y actualizados con relación a las implicancias de la debida diligencia reforzada y la protección especial a ser aplicadas a favor de este sector poblacional, con el objeto de protegerlos contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso, violencia o negligencia que afecten su integridad personal; ii.3) Los jueces, Ministerio Público y Policía Nacional y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, en materia penal, de niñez y adolescencia así como de violencia contra la mujer, que conozcan e investiguen delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos mediante procedimientos accesibles, con las debidas garantías, oportunos, efectivos y especializados, sin dilaciones, desde la etapa investigativa hasta su conclusión, bajo responsabilidad, incluso de alcance internacional; tomando en cuenta, el deber de desformalización para flexibilizar los procedimientos, evitando toda ritualidad o formalidades en el acceso a la justicia; ii.4) El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto a su lesión frente a actos de violencia; en ese sentido, el Estado en todos sus niveles debe adoptar políticas para prevenir, investigar, sancionar, castigar, indemnizar, reparar y erradicar la violencia, y de rehabilitación y reinserción de la víctima; asimismo, debe asumir medidas jurídicas para que el agresor se abstenga de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida, integridad física o propiedad de este sector poblacional, que incluyan medidas de protección apropiadas para crear un entorno de apoyo que las aliente a reclamar sus derechos y denunciar delitos de violencia cometidos en su contra, juicio oportuno y acceso efectivo a los procedimientos; en ese sentido, se entiende que el ejercicio de la violencia conlleva a la responsabilidad estatal, no solo por actos cometidos por particulares sino por agentes estatales; por ello, debe implementar mecanismos necesarios y medidas con la debida diligencia de forma reforzada; ii.5) Todos los casos relacionados con violencia o violación sexual contra niñas, niños y adolescentes, deben ser analizados desde un enfoque diferenciado e interseccional tomando en cuenta su condición de género y niñez -edad-, discapacidad, condición económica -según el caso-, asumiendo la situación de doble vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a ser una persona menor de 18 años, no solo frente a su perpetrador, sino, ante todo un proceso judicial; a efectos de aplicar la protección especial y reforzada; ii.6) Las jurisdicciones ordinaria y constitucional, tienen la obligación de adoptar procedimientos adaptados a las niñas, niños y adolescentes, pues al tiempo de observarse la garantía del debido proceso, deben aplicarse componentes diferenciados, tomando en cuenta que su participación dentro del proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto; que implique un acceso a la justicia accesible y apropiado a cada uno de ellos, por su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, capacidades en evolución y sin discriminación de ninguna índole, prevaleciendo el interés superior de este sector poblacional; ii.7) Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser oídos y participar en las diferentes etapas del proceso, con las debidas garantías y ante una autoridad competente, siempre que ello, no signifique revictimización; ii.8) La violación sexual es una experiencia sumamente traumática, con un impacto severamente agravado en niñas, niños y adolescentes, sufriendo un trauma emocional diferenciado de los adultos, más cuando la violencia fue perpetrada por un miembro de la familia; ante lo cual, se debe velar por su bienestar biopsico-social; para lo cual, desde la denuncia e inicio de la investigación hasta la conclusión del proceso, inclusive hasta después del mismo, se les debe proporcionar ayuda multidisciplinaria y coordinada, de forma integrada entre todas las instituciones a cargo del caso, así como las defensorías de la niñez y adolescencia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, las autoridades judiciales, los profesionales de la salud, los servicios sociales y legales -entre otros-, con la finalidad de evitar que su participación dentro del proceso le cause nuevos traumas adicionales, que la puedan revictimizar; ii.9) Las niñas, niños y adolescentes a lo largo del proceso penal, deben ser tratados con sensibilidad, explicándoles la razón y la utilidad de las diligencias y de los peritajes a los cuales serán sometidos, en razón a su derecho a la información; ii.10) La debida diligencia reforzada con perspectiva de género y niñez, no solo abarca a la adopción de medidas de protección extremas antes y durante el desarrollo de la investigación y del proceso penal, sino a la adopción de medidas con posterioridad, con el objetivo de lograr su recuperación, rehabilitación y reintegración de la niña, niño y adolescente; siendo que las mismas deben ser extendidas a los familiares de las víctimas -en los casos que corresponda-; ii.11) Es exigible la aplicación de un criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden un caso de violencia o violación sexual a una niña, niño o adolescente; y, de atención prioritaria y absoluta en la tramitación de los casos. ii.12) El Ministerio Público tiene el deber de investigar de oficio los casos de violencia o violación sexual, como un deber jurídico propio y de ninguna manera como una simple formalidad; la investigación debe ser seria, eficiente, objetiva y orientada a la determinación de la verdad, a la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo o sanción de los autores de los hechos de violencia; de lo contrario, compromete a una responsabilidad internacional del Estado boliviano;

ii.13) Una vez conocidos los hechos, la defensoría de la niñez y adolescencia y toda aquella entidad involucrada en la investigación, debe brindar de forma gratuita asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de violencia o violación sexual, con perspectiva de género y niñez, cuyo acompañamiento debe ser durante todo el proceso, incluso hasta después del mismo, tomando en cuenta la edad, el nivel de madurez y comprensión, el género, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, las aptitudes, las capacidades y factores o necesidades especiales en las que se encuentre la niña, niño o adolescente víctima de violencia o violación sexual;

ii.14) El Estado boliviano adopta todos los parámetros establecidos por la Corte IDH en el Caso Angulo Losada Vs. Bolivia, para la materialización de la garantía del debido proceso tanto en la tramitación de proceso penal, así como para la realización de las entrevistas y exámenes físicos, establecidos en los incisos 12) y 13) del presente fundamento jurídico, analizados precedentemente dentro del Caso Angulo Losada Vs. Bolivia; y, ii.15) Ninguna de las instancias estatales administrativas ni judiciales deben cometer actos revictimizantes; de lo contrario, se convertiría en un segundo agresor, generando violencia institucional, que implica en un trato, cruel, inhumano, degradante y de revictimización contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o violación sexual; lo cual, genera responsabilidad internacional.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, y, al principio de “legalidad o primacía de la ley”; señalando que, dentro del proceso penal que inició el Ministerio Público a denuncia suya, contra Roberto Nelson y Karen Lila ambos Rodríguez Ocampo, por la comisión del delito de abuso sexual cuya víctima fue su hijo AA de seis años de edad, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió la Resolución de Rechazo JNMR 50/2025 de 30 de abril; por la que, rechazó la denuncia antes referida, sin realizar una debida motivación, fundamentación y valoración de la prueba, puesto que basándose en la declaración vertida por el niño AA, consideró que ésta al ser incongruente descartaba la comisión del hecho acusado, estableciendo duda razonable a favor de los imputados. Esta determinación, fue objetada por el peticionante de tutela, mediante memorial de objeción de 14 de mayo de 2025, emitiéndose la Resolución Jerárquica FDO/AAMA 222/2025 de 27 de junio, que ratificó la Resolución de Rechazo JNMR 50/2025, limitándose a copiar los argumentos esgrimidos en la misma, sin pronunciarse sobre los agravios expresados, respecto a la omisión en la valoración de la prueba conducente a demostrar la participación de los denunciados en el hecho delictivo, la falta de debida diligencia en el Ministerio Público en la dirección funcional de la investigación y la falta de aplicación de criterios reforzados de protección a favor del su hijo AA, incurriendo en falta de motivación, fundamentación e incongruencia omisiva. De los antecedentes que constan en la acción de amparo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal señalado supra, en la etapa investigativa, AA fue sometido a entrevista psicológica preliminar por la Psicóloga de la DIO, quien recomendó una valoración complementaria (Conclusión II.2); de igual manera, se le realizó el examen médico forense, el cual no se encontró lesiones ni signos compatibles con agresiones sexuales, estableciendo que no se descartaba la posibilidad de maniobras o toques impúdicos que por lo general no dejaban huella, de igual forma se realizó inspección al lugar del hecho, se tomó la declaración informativa de los denunciados y de testigos, entre otros actuados. En base a la recolección de dichos elementos probatorios, el Fiscal de Materia a cargo del caso, mediante Resolución de Rechazo JNMR 50/2025, dispuso el rechazo de la denuncia, argumentando que de la entrevista realizada a la víctima se descartó cualquier toque impúdico o acto libidinoso, o cualquier otro toque con una finalidad de satisfacción sexual por parte de los sindicados, que de alguna manera afecte la integridad sexual del niño AA; concluyendo que, de acuerdo a la compulsa de los datos el hecho no existió y el trasfondo del mismo sería la guarda del niño y el pago de una asistencia familiar devengada que el accionante debía a favor de AA. Al considerar que dicha determinación era gravosa a sus intereses el accionante formuló recurso de objeción contra la misma, cuestionando que el Fiscal de Materia omitió valorar los siguientes elementos probatorios que conducían a la inferencia que los denunciados eran probablemente autores de acto ilícito de abuso sexual contra su hijo: i) Informe de conocimiento emitido por el investigador asignado al caso, en el que de forma cronológica se narró los antecedentes que sostuvieron la investigación, con la narración inmediata de lo que la víctima le refirió al accionante, los cuales relacionados con los demás medios probatorios, conllevaba indicios de la probabilidad de autoría. ii) Entrevista Policial Informativa del accionante, quien como padre de la víctima, narró detalladamente lo que le refirió su hijo en cuanto a la conducta del denunciado Roberto Nelson Rodríguez Ocampo y sobre las quejas que habría recibido del colegio en el que estudia el niño, que señalaron que el mismo había tocado las partes íntimas de su compañeros, normalizando estas conductas; situación de alarma que no fue valorada por la autoridad fiscal. iii) Entrevista Psicológica Preliminar de 23 de marzo de 2023, realizada a la víctima por la Psicóloga de la DIO, en la que el prenombrado refirió “mi abuela me pegaba en su casa…Señalando la parte de las nalgas”; en dicha entrevista, también identificó a Roberto Nelson Rodríguez Ocampo tío del niño- como la persona que le tocaba las partes íntimas, de igual forma vinculó a Karen Lila Rodríguez Ocampo -tía-y Guido Rodríguez -abuelo-, como personas que igualmente le tocaban las partes íntimas, normalizando estos actos señalando que eran bromas que le hacían; refirió también que los dos primeros realizaban ciertos movimientos emitiendo los sonidos “ohhh ohh ohhh ohhh”; en la valoración de esta prueba no podía perderse de vista que el niño AA cuenta con un grado de discapacidad de 35%, lo que limitaba sus capacidades y el conocimiento de lo mala que podía ser la conducta asumida por los denunciados. iv) Ficha social de fecha 23 de marzo de 2025, correspondiente a la víctima, del cual se puede extractar que el niño vive con sus abuelos y tíos, y ve a su padre solo los fines de semana, elemento de prueba que acreditaba el constante acceso que tienen los primeros con el niño. v) Acta de registro del lugar del hecho de 23 de marzo de 2025, que identificó plenamente el lugar de los hechos, estableciendo también que en dicho acto AA expresó su temor por ingresar a este domicilio, extremos que no fueron valorados por el Fiscal de Materia. vi) Certificado Médico Forense de 26 de marzo de 2025, que refirió la narración de la víctima “…menor indica que su tío le tiró granizo en su cama le hizo su potito con un palo y con el dedo y que le besó su potito con la boca y le lamió”, misma que no fue tomada en cuenta por la autoridad fiscal, quien a contrario usó esta documental para acreditar la inexistencia del hecho. En ese orden, expresó que el Ministerio Público no realizó una adecuada motivación, fundamentación y valoración de la prueba, omitiendo considerar elementos claros que se constituían en indicios de la comisión del hecho acusado a los denunciados; por otra parte, no cumplió con su deber de la debida diligencia, reflejada en la inactividad de la dirección funcional de la investigación, tratando de otorgarle tal responsabilidad al ahora accionante, por no haber aportado suficientes elementos de prueba para generar convicción sobre la participación de los denunciados, sobre los hechos que se les imputaban, olvidando que esta función le corresponde como representante del Estado, debiendo brindar protección reforzada a las víctimas de violencia sexual en situación de vulnerabilidad. Expresados dichos agravios, el Fiscal Departamental de Oruro, demandado, emitió la Resolución Jerárquica 222/2025 de 27 de junio, la cual, argumentó que del análisis de la Resolución de Rechazo se advirtió una adecuada motivación y fundamentación que era compartida en sus argumentos por aquella instancia; ratificando la misma, bajo los siguientes fundamentos: a) De la entrevista psicológica realizada a la presunta víctima no se evidenció aquella finalidad libidinosa que configure el delito de abuso sexual, ya que el verbo nuclear de este tipo penal se encontraba en la palabra “realizar”, entendida como materializar el delito de abuso sexual a través de tocamientos, frotamientos o cualquier acercamiento físico que contenga una carga sexual. b) De la entrevista psicológica realizada al niño AA, se evidenció que “no tiene un orden cronológico de espacio y tiempo ya que el mismo es de corta edad y si bien refiere el relato de los presuntos hechos el mismos es congruente, ya que el menor tendría un grado de discapacidad”; c) La entrevista psicológica complementaria recomendada por la Psicóloga de la DIO, no pudo realizarse porque los progenitores o tutores de la víctima, no asistieron en la hora y fecha programada para dicha valoración en cámara Gesell, conforme la representación emitida por Yuliana Patiño Mamani, Psicóloga dependiente de la Unidad de Protección de Testigos y Víctimas.

d) El Certificado Médico Forense no demostró lesión, desgarro o la introducción de objeto alguno en la región anal del menor.

e) Refirió que “...el testimonio de menores conforme a razonamientos jurisprudenciales deben ser considerados como verdaderos, excepto cuando los mismos sean desvirtuados”, transcribiendo a continuación jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

f) Realizó un entendimiento del tipo penal de abuso sexual, concluyendo que la conducta de los denunciados no cumplía con los elementos del delito, vinculado a la conducta (acción - omisión) ya que no se advirtió dolo (intención y voluntad).

En dicho orden, para establecer la existencia o no de la vulneración de derechos alegados por el accionante sobre la Resolución Jerárquica 222/2025 de 27 de junio, cabe referirse a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece como exigencia del debido proceso que toda resolución debe exponer los hechos y fundamento legal de la decisión, requisito que ineludiblemente también debe ser cumplido por las autoridades de segunda instancia, cuyas resoluciones deben estar provistas de razones que sostengan la decisión que se emita, estableciendo los hechos y el fundamento legal de la decisión, que permitan conocer de manera clara los motivos que la sustentan, satisfaciendo todos los puntos demandados. En cuanto a la congruencia externa, entendió que es el principio rector de toda determinación judicial que exige plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades, existiendo entre otras prohibiciones, las de incurrir en incongruencias citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. Bajo ese alcance jurisprudencial, a efecto de verificar si el acto vulneratorio demandado por el accionante existió, corresponde realizar una compulsa de los agravios y alegatos expuestos por el mismo en el recurso de objeción a la Resolución de Rechazo de primera instancia, y si estos fueron observados por la autoridad demandada en la emisión de la Resolución Jerárquica cuestionada; al efecto, se tiene que el accionante esencialmente alegó como agravio la vulneración al debido proceso en su componente de motivación, fundamentación, omisión en la valoración de la prueba e inobservancia de la debida diligencia por parte del Ministerio Público en la dirección funcional de la investigación; ello en razón a que, no existió pronunciamiento expreso sobre todas las pruebas cursantes en el cuaderno de investigación, que a criterio suyo eran indicio suficiente para determinar la probable autoría de los denunciados; asimismo, no observó el deber reforzado que tenía para la realización de los actos investigativos, ya que la víctima era un niño con un grado de discapacidad; empero, la autoridad fiscal pretendió que los elementos de convicción sean aportados por su parte, brindando protección reforzada a los denunciados y no así a su pequeño hijo. En ese orden, de la revisión de la Resolución Jerárquica confutada, se advierte que la misma ciertamente omitió pronunciarse sobre los puntos expresados como agravios en el recurso de objeción a la Resolución de Rechazo expuestos por el accionante; toda vez que, en su primera parte realizó una transcripción de las pruebas aportadas al proceso sin otorgarle un valor positivo o negativo a cada una de ellas, pronunciándose solo sobre algunas, específicamente sobre la declaración, entrevista psicológica realizada al niño por la DIO, el Informe emitido por la Psicóloga dependiente de la Unidad de Protección de Testigos y Víctimas y el Certificado Médico Forense, para determinar que el hecho no existió, al no haber especificado la declaración de la víctima, actos materiales que configuren el tipo penal de abuso sexual, por ser el prenombrado de corta edad y con un grado de discapacidad, además de no haber asistido a la entrevista psicológica complementaria programada para ser llevada en cámara Gesell y al no determinar el Certificado Médico Forense signos de violencia contra la víctima. Así, la Resolución confutada, no solo omitió estructurar el contenido de su Resolución con una adecuada motivación y fundamentación de los elementos fácticos y normativos, valoración individual y conjunta de la prueba de manera concreta y explícita y el nexo de causalidad entre lo solicitado y lo resuelto; sino que además, aplicó criterios alejados de la protección reforzada que debe brindarse a las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia; pues, contrario a tomar los factores de vulnerabilidad de la víctima por ser un niño con grado de discapacidad; es decir, con múltiples factores que lo ponían en desventaja frente a sus presuntos agresores, decantó por tomar estos aspectos como desfavorecedores para el niño, ya que consideró que su declaración carecía de congruencia por su corta edad y su grado de discapacidad, situación inaceptable en el actuar de una autoridad judicial, administrativa, fiscal o policial, máxime si aquella declaración -tomando el principio de la presunción de veracidad de los testimonios de las víctimas de violencia sexual- se constituía en la prueba fundamental del hecho; y sobre todo contenía la recomendación de ser complementada. Y si bien tal recomendación no se llevó a cabo por falta de asistencia de la víctima y su padre, ello no eximía al Fiscal, asignado al caso, de adoptar un papel proactivo en cumplimento de su deber de la debida diligencia conforme todos los presupuestos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, que sustentados en el interés superior del niño, la protección especial contra cualquier forma de violencia, la adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su edad y su condición de persona con discapacidad que lo dejaba en condiciones de desventaja frente a sus supuestos agresores, velando por el pronto y efectivo acceso a la justicia y en cumplimiento de los deberes adoptados por el Estado para prevenir, investigar y sancionar cualquier hecho de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, debió proseguir con la investigación de manera que cuente con todos los elementos de convicción para emitir un correcto requerimiento conclusivo, pues no debe perderse de vista que en casos de abuso sexual infantil que deja escasa o ninguna evidencia material, es obligación de los investigadores realizar una actuación técnico-investigativa cuidadosa e integral centrada en la protección de la víctima, la recopilación de indicios y la recopilación precisa del testimonio, con una adecuada técnica que evite la revictimización de los afectados. En cuanto a la valoración del Certificado Médico Legal, esta se limitó a realizar la afirmación que el mismo no establecía lesiones físicas en la víctima, sin observar que el delito que se investiga es abuso sexual, mismo que conforme se mencionó no suele dejar huellas; por cuanto, dicha prueba debe ser valorada en ese marco. En ese contexto, queda establecido que la autoridad demandada, no emitió una Resolución con la debida motivación y fundamentación, además de haber incurrido en incongruencia externa al no haberse pronunciado sobre todos los agravios expuestos por el accionante, así como haber omitido en su labor de revisión de la Resolución de Rechazo JNMR 50/2025, observar la falta de debida diligencia en la dirección funcional de la investigación del Fiscal de Materia, quien no promovió debidamente el cumplimiento de los actos investigativos pendientes como la entrevista psicológica complementaria de la víctima, pues si bien en una primera oportunidad no se llevó a cabo, debió reprogramarse a fin de contar con elementos de convicción suficientes y no esperar que sea la propia víctima quien aporte los mismos a la investigación; toda vez que, este es un deber inherente al Ministerio Público conforme lo previsto en el art. 61.2 de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, en el marco del deber de la debida diligencia ampliamente expuesto en el Fundamento III.2.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; contrario a ello, convalidó dichos actos adoptando criterios contrarios los estándares de protección reforzada de niños sometidos a situaciones de violencia, máxime en el presente caso en el que se presentaron múltiples agravantes como la edad del agredido, como su condición de discapacidad y el vínculo familiar de los presuntos agresores y la víctima. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 203/2025 de 11 de septiembre, cursante de fs. 379 a 387, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos y alcances establecidos por la precitada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 El art. 58 de la CPE, dispone que: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”. 12El art. 59.I de la CPE, establece: “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral”.

13 Los principios de informalidad y atención diferenciada, se encuentran reconocidos por el art. 3.11 y 13 de la Ley 348.

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 18Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.

19 En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 350. 20Ibidem, entendimiento extraído del párrafo 154. 21Ibidem, resumen del párrafo 155.

22 Ibidem, resumen del párrafo 157. 23Ibidem, resumen del párrafo 158. 24Ibidem, resumen del párrafo 159.

25 Ibidem, este entendimiento fue extraído del párrafo 163. 26Ibidem, entendimiento extraído del párrafo 164. 27Ibidem, entendimiento extraído del párrafo 166.

28 Ibidem, entendimiento establecido en el párrafo 170. 29Ibidem, resumen del párrafo 283. 30Ibidem, resumen del párrafo 292.

31 Ibidem, entendimiento extraído del párrafo 293. 32Ibidem, este entendimiento fue resumido del párrafo 297. 33Ibidem, este entendimiento fue resumido del párrafo 299. 34En la Sentencia de 18 de noviembre de 2022 sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Serie C N° 475.

35 Ibidem, resumen del párrafo 93. 36Ibidem, resumen del párrafo 94. 37Ibidem, resumen del párrafo 95.

38 Ibidem, resumen del párrafo 96. 39Ibidem, entendimiento establecido en el párrafo 97. 40Ibidem, resumen del párrafo 98.

41 Ibidem, resumen del párrafo 99. 42Ibidem, resumen del párrafo 100. 43Ibidem, resumen de los párrafos 101 y 102.

44 Ibidem, entendimiento establecido en el párrafo 103. 45Ibidem, entendimiento asumido del párrafo 105.

46 Ibidem, entendimiento del párrafo 106.

47 Ibidem, entendimiento del párrafo 107. 48Ibidem, entendimiento del párrafo 108. 49Ibidem, entendimiento del párrafo 127.

50 Ibidem, entendimiento del párrafo 162.

51 Ibidem, resumen del párrafo 170.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1425_2025-S3.pdf · páginas 1 a 46.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3312c80c67b6724b702d9e5a59c98c37a7e9df39215815f78fcfb2029e7348f2

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