B.IA.LEGAL

SCP 1423/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
72655-2025-142-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida digna, al trabajo y a la salud, señalando que dicha afectación se habría generado a raíz del Memorándum JRRHH-M-353/2024 de 18 de octubre de 2024, mediante el cual la Caja Nacional de Salud dispuso unilateralmente su traslado al Hospital Obrero 2, cuando su persona se encontraba con baja médica; medida que consideró contraria al principio de estabilidad laboral y a los límites del ius variandi; refirió que, desde el 1 de agosto de 2013, prestó servicios de manera continua mediante veintiún contratos sucesivos, los cuales -a su criterio- configuraron una relación laboral de carácter indefinido; y que, desde junio de 2022, desempeñó funciones en el Centro Integral de Salud de Punata, lugar donde habría sido objeto de presiones y actos de acoso laboral, que culminaron el 18 de noviembre de 2024, cuando se le negó el ingreso a su fuente laboral habitual y se le conminó a acatar el cambio de destino sin su consentimiento, circunstancias que motivaron la presentación de su nota de despido indirecto; añadió que impugnó oportunamente el referido memorándum en la vía administrativa interna de la institución, posteriormente acudió a la vía administrativa laboral ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y finalmente sometió la controversia al conocimiento de la jurisdicción laboral, mediante demanda que se encontraba en trámite; no obstante, sostuvo que tales instancias no le otorgaban una tutela oportuna y eficaz, razón por la cual recurrió a la jurisdicción constitucional, invocando su condición de pers…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 037/2025 de 31 de marzo, cursante de fs. 301 a 305, pronunciada por el Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de subsidiariedad es exigible en los casos en los que se hallan activadas vías paralelas; no obstante, pertenecer a un grupo vulnerable de la sociedad, pues se debe evitar la existencia de resoluciones contradictorias entre sí
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1423/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 72655-2025-142-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 037/2025 de 31 de marzo, cursante de fs. 301 a 305, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Apaza Paz contra Marcelo Franklin Toko Chávez, Administrador Regional a.i.; Juan Américo Cala Aro, Jefe de Servicios Generales a.i.; y, Ángel Climaco Taquichiri Romero, Encargado de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos a.i.; todos de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2025, cursante de fs. 52 a 59, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Prestó servicios laborales para la Caja Nacional de Salud desde el 1 de agosto de 2013, habiendo sido obligado de manera reiterada a suscribir contratos a plazo fijo consecutivos con el Centro Integral de Salud de Punata desde junio de 2022, alcanzando un total de veintiún contratos. En consecuencia, su relación laboral debió considerarse a plazo indefinido a partir del tercer contrato, respetando la antigüedad computada desde la fecha de inicio de la relación laboral. Durante este período, no se respetaron sus derechos laborales, ya que fue víctima de reiterados actos de acoso laboral, situación que culminó en un despido indirecto ocurrido el 18 de noviembre de 2024. Refirió que, encontrándose con baja médica, fue notificado por la unidad de Recursos Humanos mediante el Memorándum JRRHH-M-353/2023 de fecha 18 de octubre de 2024, en el cual se dispuso de manera unilateral su traslado al Hospital Obrero 2, bajo el argumento genérico de un reordenamiento administrativo. Dicha determinación vulneró el principio de estabilidad laboral y los límites del ius variandi, al implicar un cambio intempestivo de Municipio, adoptado sin su consentimiento previo; en consecuencia, impugnó formalmente la medida mediante memorial presentado el 15 de noviembre de 2024. Manifestó que, al no consentir el traslado por considerarlo irrazonable y lesivo a sus medios de subsistencia, el 18 de noviembre de 2024 se presentó en su fuente laboral habitual, el CIS Punata, ocasión en la que se le negó el ingreso, informándole que ya no prestaba funciones en dicho establecimiento y entregándole una boleta de salida en comisión, con instrucción de presentarse en Recursos Humanos; al acudir a dichas oficinas, se le comunicó que su consentimiento no era necesario para efectuar cambios de lugar de trabajo y que no existía incremento alguno en su remuneración, situación que, a juicio del actor, evidenció actos de acoso laboral dirigidos a forzar su renuncia o abandono de funciones. Ante tales circunstancias, el actor presentó en la misma fecha una nota por despido indirecto, motivada en el cambio intempestivo de lugar de trabajo entre municipios sin su consentimiento, así como por maltrato verbal, psicológico y acoso laboral. Dicha solicitud fue respondida mediante la emisión del Auto de 9 de enero de 2025, en el cual la entidad demandada incurrió en contradicciones, al justificar el traslado laboral primero por razones de mejor servicio, y posteriormente por motivos económicos y la designación de otra persona en su puesto, invocando de manera errónea el Reglamento Interno de la CNS, sin demostrar la periodicidad, ni la vinculación funcional requerida para una rotación legal. En atención a lo sucedido, el actor acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando su reincorporación laboral conforme a la Ley 1468 de 3 de octubre de 2022, que establece el Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, llevándose a cabo la audiencia correspondiente el 27 de noviembre de 2024; no obstante, dicha instancia administrativa emitió Resolución de Rechazo el 13 de enero de 2025, bajo el argumento de la existencia de hechos controvertidos, decisión que el actor indicó haber impugnado mediante el recurso de revisión respectivo; asimismo, refirió haber interpuesto previamente demanda laboral en agosto de 2024, la cual fue ampliada en febrero de 2025 a raíz de los nuevos hechos, encontrándose la causa en trámite. Finalmente, sostuvo que las vías ordinarias y administrativas activadas no brindaban una tutela oportuna ni inmediata, razón por la cual solicitó protección constitucional urgente, enfatizando su pertenencia a un grupo de protección especial, por su condición de adulto mayor y por padecer una situación médica delicada y grave; afirmó también que el despido indirecto determinó la pérdida de acceso efectivo a las prestaciones en salud, agravando su estado físico y psicológico, a pesar que la entidad demandada tenía pleno conocimiento de su condición médica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la vida digna, al trabajo y a la salud, citando al efecto los arts. 15.I, 18.II, 25 y 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga su reincorporación laboral provisional hasta que en la judicatura laboral se dilucide la reincorporación laboral solicitada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 31 de marzo de 2025, según consta en el acta cursante a fs. 298 a 300, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Su persona cuenta con sesenta y nueve años de edad, condición que lo ubica dentro del grupo de personas adultas mayores, merecedoras de tutela reforzada por parte del Estado y de especial protección constitucional, la cual no habría sido observada por la Caja Nacional de Salud, institución que dispuso su traslado laboral, afectando de manera directa su acceso al seguro social, pese a su delicado estado de salud; b) Prestó servicios desde el 2013 en el área de limpieza, trabajando inicialmente en el Hospital Obrero y posteriormente en el Centro Integral de Salud de Punata, lugar donde habría consolidado su proyecto de vida cotidiana, trasladándose únicamente los fines de semana a la localidad de Quillacollo, donde fijó su residencia; c) Señaló que, en noviembre de 2024, fue notificado con el Memorándum 354/2024 de 18 de octubre, mediante el cual, bajo el argumento genérico de necesidad y mejor servicio institucional, se determinó su traslado desde Punata a la ciudad de Cochabamba, sin sustento razonable suficiente ni consideración a su edad y estado de salud; d) Dicha determinación fue impugnada; sin embargo, la entidad demandada habría reiterado la supuesta necesidad del servicio, argumento que -a su criterio- podría resultar atendible únicamente respecto del personal vinculado al área médica, mas no así del personal de servicios generales, como era su caso; añadió que, pese a las observaciones formuladas relativas a su derecho a la salud y a razones económicas, la institución mantuvo la decisión de traslado, llegando incluso a designar a otra persona en su puesto mediante convocatoria, motivo por el cual el accionante no tuvo otra alternativa que acogerse al despido indirecto, mediante nota presentada el 18 de noviembre de 2024; e) Acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando la vulneración de sus derechos laborales; no obstante, dicha instancia administrativa emitió Resolución de Rechazo, al establecer la existencia de hechos controvertidos, encontrándose dicha determinación en trámite de revisión; asimismo, informó que interpuso demanda laboral ante un juzgado del municipio de Punata, proceso que aún se encuentra pendiente de resolución; en ese contexto, sostuvo que acudió a la acción de amparo constitucional, debido a que las vías ordinarias y administrativas activadas no resultaban idóneas ni céleres para la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos, encontrándose en riesgo la vida, la salud y el derecho al trabajo del accionante; f) Solicitó la tutela constitucional provisional, invocando jurisprudencia constitucional que permitiría adoptar medidas urgentes hasta que se resuelva de manera definitiva la controversia en la jurisdicción laboral, citando la SC 0781/2015-S1 como precedente aplicable a casos análogos; manifestó que el traslado dispuesto sin consentimiento constituía una medida de hecho y que, conforme al Auto Supremo 755/2021 de 1 de diciembre, dicha actuación podría configurar despido indirecto, afectando la estabilidad laboral en conexión directa con los derechos a la salud y a la seguridad social; y, g) La necesidad de que se otorgue tutela en restitución del derecho a una vida digna, a los medios de subsistencia y a la salud, tomando en cuenta el estado crítico de su condición médica y la necesidad de una intervención quirúrgica, requiriendo expresamente la aplicación de un enfoque de protección reforzada a grupos vulnerables y del método de interpretación del bloque interseccional, conforme a la SC 0989/2021-S3, al considerar que la autoridad demandada no tomó en cuenta la condición de persona adulta mayor gravemente enferma del accionante.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marcelo Franklin Toko Chávez, Administrador Regional Cochabamba a.i. de la CNS, a través de sus representantes legales, por informe escrito cursante de fs. 293 a 298, señalaron que: 1) La relación laboral del accionante siempre estuvo regida por contratos eventuales a plazo fijo, suscritos al amparo de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas mediante art. 60 del Decreto Supremo 26115, precisando que dichos contratos no generan estabilidad laboral. Citó la SCP 0551/2020, la SCP 0335/2021-S3 y el Auto Supremo N° 71 de 15 de mayo de 2017, para sostener que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social solo es competente cuando no existen hechos controvertidos, correspondiendo en el presente caso la vía judicial laboral; 2) El Memorándum JRR-HH-M-353/2024 respondió a un reordenamiento administrativo institucional, plenamente respaldado por el Reglamento Interno de Personal, aprobado mediante Resolución Ministerial 324/04, particularmente por su art. 30, que autoriza rotaciones periódicas del personal; añadió que el accionante conocía y aceptó expresamente dicha posibilidad en la cláusula quinta de los contratos suscritos, que permitían la prestación de servicios en cualquiera de los centros dependientes de la CNS Regional Cochabamba; 3) Negó que se hubiera impedido el ingreso del accionante al CIS Punata, señalando que existen informes institucionales (Cites CISP-I-194/2024 y PHO-E-758/2024) que evidenciarían que el propio trabajador, de manera voluntaria, acudió al Hospital Obrero 2, presentó su baja médica y solicitó su registro biométrico, configurándose -según su criterio- actos consentidos; asimismo, afirmó que el accionante formalizó unilateralmente su desvinculación al acogerse al despido indirecto mediante memorial de 19 de noviembre de 2024, incurriendo en abandono voluntario de funciones, lo que descartaría la existencia de despido atribuible a la institución; 4) Respecto a la vía administrativa y judicial activada, sostuvo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social reconoció la existencia de hechos controvertidos, encontrándose pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto, además de hallarse en trámite la demanda laboral, circunstancias que -a su juicio- vulneran los principios de subsidiariedad e inmediatez previstos en el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determinando la improcedencia de la acción de amparo; 5) Invocó la doctrina de los actos consentidos, desarrollada, entre otras, en la SCP 0447/2018-S1, SCP 1126/2014, SCP 0198/2012 y la SC 1667/2003-R; 6) En relación con el alegado deterioro de la salud del accionante, afirmó que en ningún momento se le negó atención médica, indicando que incluso se le otorgó cobertura por un período superior al establecido en la normativa de cesantía, conforme al art. 231 del Reglamento del Código de Seguridad Social; aclaró que la cesantía se activó como consecuencia de la desvinculación voluntaria, reconocida por el propio accionante, señalando que existen registros de atención médica brindada incluso en fechas posteriores al vencimiento del plazo de cesantía; y 7) Finalmente, sostuvo que no existió medida de hecho ni despido indirecto, afirmando que el cargo reclamado por el accionante no se encontraba institucionalizado en el CIS Punata y que la rotación se efectuó en el marco del proceso de institucionalización de personal, conforme al Decreto Supremo 26115 y la jurisprudencia constitucional, citando la SC 1292/2001-R, concluyendo que la medida adoptada fue legal, razonable y no vulneró derechos fundamentales. En audiencia, los abogados de la parte demandada, Ximena Morales y Tito Saravia, hicieron uso de la palabra en representación de la Caja Nacional de Salud, señalando lo siguiente: i) La CNS es una entidad descentralizada, con Estatuto Orgánico y Reglamento Interno propios, sujeta a regulación, fiscalización y control por parte de instancias estatales competentes en las áreas de salud, trabajo y finanzas, así como de la Contraloría General del Estado; precisando que sus funcionarios se encuentran comprendidos en el régimen de responsabilidades establecido por la Ley 1178; ii) En el caso concreto, el accionante dejo de pertenecer al personal de planta de la institución en la gestión 2002, al haber presentado renuncia voluntaria, reincorporándose recién en 2013 bajo la modalidad de contrato eventual sujeto a la partida presupuestaria 121; desde entonces, sus contratos fueron renovados sucesivamente en condición eventual, situación que únicamente habría variado si se presentaba y ganaba una convocatoria de méritos para su institucionalización, extremo que no ocurrió, pese a haberse emitido diversas convocatorias internas que el accionante no habría atendido; iii) El último contrato suscrito en la gestión 2024 establecía expresamente, en su cláusula quinta, que el trabajador debía prestar servicios en cualquiera de las dependencias de la CNS correspondientes a la Regional Cochabamba; añadiendo que, para su contratación, el accionante consignó como domicilio la localidad de Quillacollo, conforme la documentación obrante en su file personal y el croquis de ubicación presentado; en consecuencia, los lugares donde prestó servicios se encontraban dentro del ámbito territorial de dicha residencia; iv) En la gestión 2024, la CNS emitió una convocatoria pública interna para la institucionalización de cargos bajo modalidad ítem, entre ellos el correspondiente al Centro Integral de Salud de Punata, puesto desempeñado por el accionante; sin embargo, éste no habría participado en el proceso, resultando adjudicado el cargo a otro servidor; en ese contexto, al no existir un cargo manual disponible en el CIS Punata, se determinó su rotación al Hospital Obrero de Quillacollo, decisión sustentada en la normativa interna y en el hecho de que su domicilio se encontraba en dicha localidad; v) El accionante tenía pleno conocimiento del proceso de institucionalización de su cargo y, como consecuencia de ello, se habría presentado voluntariamente ante Recursos Humanos, aun encontrándose con baja médica, solicitando su cambio de lugar de trabajo; por lo que negaron que hubiera sido obligado al traslado; sostuvieron que el nombrado se presentó en el Hospital Obrero, entregó su baja médica y solicitó su registro biométrico, actos que evidenciarían una actuación voluntaria; vi) De manera posterior, el impetrante de tutela presentó una nota acogiéndose al despido indirecto; no obstante, con anterioridad se habría apersonado nuevamente al CIS Punata pretendiendo ingresar a trabajar, pese a habérsele informado que sus funciones se encontraban asignadas al Hospital Obrero, conforme informe emitido por el responsable del citado centro; a raíz de ello, acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia en la cual -según afirmaron- no reclamó vulneración alguna a su derecho al seguro de salud; vii) Nunca se le negó atención médica al accionante y que, conforme a la normativa interna, el derecho al seguro subsiste durante el periodo de cesantía por dos meses posteriores a la dejación del cargo, añadiendo que incluso el 18 de febrero de 2025 el accionante fue atendido médicamente en la CNS, motivo por el cual, rechazaron la existencia de afectación a su derecho a la salud, resaltando que fue el propio accionante quien, al acogerse al despido indirecto, activó la cesación del seguro social; viii) El memorándum de traslado fue impugnado internamente por el accionante, impugnación resuelta mediante Resolución de 27 de noviembre de 2024; posteriormente, el actor interpuso recurso de revocatoria, el cual fue observado al haber intentado presentar más de un recurso de la misma naturaleza, omitiendo interponer el recurso jerárquico correspondiente; asimismo, señalaron que la CNS emitió respuesta formal al memorial de despido indirecto presentado por el accionante, documentación que fue adjuntada al proceso; ix) Al no existió despido por parte de la institución, sino una decisión voluntaria del trabajador de acogerse al despido indirecto, calificando los hechos como actos consentidos, al haber aceptado las determinaciones institucionales y tener pleno conocimiento tanto de la normativa interna como de la cláusula contractual que habilitaba su traslado por razones de mejor servicio; añadieron que el accionante activó simultáneamente instancias administrativas y judiciales sin haberlas agotado, motivo por el cual consideraron improcedente la tutela solicitada; y x) Finalmente, señalaron que, si bien la acción de amparo constitucional admite excepciones al principio de subsidiariedad, en el caso concreto correspondía concluir previamente los trámites administrativos y judiciales pendientes; reiterando que el accionante no participó en la convocatoria pública para la institucionalización de su cargo -acto de conocimiento general- y que el traslado se realizó conforme al art. 30 del Reglamento Interno de la institución, al Hospital Obrero de Quillacollo, lugar donde ya hubiera prestado servicios con anterioridad, solicitando en consecuencia el rechazo de la acción de amparo constitucional. Juan Américo Cala Aro, Jefe de Servicios Generales a.i., Ángel Climaco Taquichiri Romero, Encargado de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos a.i., ambos de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Cochabamba, no presentaron informe y tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 63 a 64.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 037/2025 de 31 de marzo, cursante de fs. 301 a 305, denegó la tutela solicitada; determinación que se dio bajo los siguientes argumentos: i) Del examen de los antecedentes y de los elementos probatorios aportados por ambas partes, el Tribunal estableció que el accionante activó las vías legales ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico, consistentes en: la impugnación interna del memorándum dentro de la institución empleadora -limitándose al recurso de revocatoria sin agotar el recurso jerárquico-; la reclamación administrativa ante la Jefatura Departamental de Trabajo, cuyo rechazo fue impugnado mediante recurso de revisión ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme a la Ley 1468 y su Protocolo de Actuación; y, finalmente, la interposición de una demanda laboral de reincorporación por despido indirecto ante la judicatura laboral, proceso que se encontraba en trámite; ii) Se constató que el accionante, de manera voluntaria, presentó el 18 de noviembre de 2024 una nota mediante la cual se acogió al despido indirecto, decisión suscrita con patrocinio legal, circunstancia que evidenció su voluntad de no continuar prestando servicios en la CNS y de activar la vía judicial laboral para la percepción de los beneficios que pudieran corresponderle conforme a la Ley General del Trabajo; en consecuencia, se concluyó que no existió despido indirecto dispuesto por la entidad demandada, sino un autodespido asumido por el propio trabajador, no pudiendo atribuirse a la CNS la ruptura de la relación laboral; iii) Respecto al alegado cambio intempestivo de lugar de trabajo, el Tribunal consideró que, de los antecedentes, se evidenció que el Memorándum JRRHH-M-353/2024 dispuso la reasignación del accionante a otro establecimiento de la misma institución, manteniendo funciones similares y en el marco del contrato laboral a plazo fijo y del Reglamento Interno de la entidad; extremo que, además, fue reconocido por el propio accionante al haberse presentado a cumplir funciones en el nuevo destino, configurándose la causal de improcedencia referida a los actos consentidos; iv) En relación con el derecho a la salud, el Tribunal estableció que la cesación del seguro social a corto plazo fue consecuencia directa de la decisión voluntaria del accionante de acogerse al despido indirecto, y no de un acto lesivo imputable a la entidad demandada; asimismo, en su condición de persona adulta mayor, el accionante contaba con acceso al Seguro Universal de Salud (SUS) otorgado por el Estado, también administrado por la Caja Nacional de Salud, no advirtiéndose, por tanto, una desprotección absoluta ni una vulneración inminente a su derecho a la vida o a la salud; v) En cuanto a la solicitud de tutela provisional, el Tribunal concluyó que no se cumplían los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para su otorgamiento, al no evidenciarse un daño irreparable o de imposible reparación ulterior ni una amenaza inminente a derechos fundamentales; más aún cuando existían procesos administrativos y judiciales ordinarios en curso, siendo la jurisdicción laboral la competente para definir la existencia o no del despido indirecto y una eventual reincorporación laboral; y vi) Finalmente, en aplicación del principio de subsidiariedad previsto en el art. 76 de la Ley 027 de 6 de julio de 2010, concluyó que no correspondía la intervención excepcional de la jurisdicción constitucional; de igual manera, descartó la aplicabilidad de la SCP 0781/2015-S1 de 18 de agosto, citada por la parte accionante, al no resultar análoga al caso concreto, por cuanto dicha jurisprudencia versa sobre el derecho de petición.

I.2.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 14 de mayo de 2025, (fs. 318 a 319 vta.) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante pidió adelanto de sorteo, por ser una persona adulta mayor y encontrarse delicado de salud; a lo cual, la Comisión de Admisión a través de AC 229/2025-CA/S de 27 de mayo, cursante a fs. 320 a 322, dispuso HA LUGAR la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Figura Memorándum JRRHH-M-353/2024 de 18 de octubre de 2024, mediante el cual Marcelo Franklin Toko Chávez, Administrador Regional a.i.; Omar Felipe Reye Bustillos, Jefe de Servicios Generales II a.i.; y Juan Carlos Ayala Palenque, Encargado de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos a.i., comunicaron a Oscar Apaza Paz (ahora accionante) el cambio de funciones y de centro de salud, precisando que dicha determinación no implicaba modificación alguna en su nivel salarial (fs. 153).

II.2. Cursa memorial de 18 de noviembre de 2024 dirigida a la Caja Nacional de Salud; por el cual, el accionante denuncio despido indirecto cambio de intempestivo de lugar de trabajo del municipio de Punata a Cercado, sin previo consentimiento, mismo que mereció respuesta mediante Auto de 9 de enero de 2025 rechazando la existencia del mismo y atribuyendo al trabajador abandono voluntario de sus funciones (fs. 33 a 41). II.3. Consta memorial presentado el 11 de diciembre de 2024, mediante el cual Oscar Apaza Paz interpuso ante el Administrador Regional a.i. de la CNS recurso de revocatoria contra el Auto de 27 de noviembre de 2024, solicitando se dé curso a la impugnación formulada contra el Memorándum JRRHH-M-353/2024 de 18 de octubre y se disponga su restitución al puesto de trabajo en el CIS Punata; dicho recurso fue resuelto mediante Auto de 9 de enero de 2025, por el cual el Administrador Regional a.i. de la CNS rechazó la existencia de despido indirecto, maltrato u otra situación denunciada; recordando, sin embargo, que el accionante dejó de asistir voluntariamente a su fuente laboral (fs. 172 a 185). II.4. Cursa la Resolución de Rechazo de 13 de enero de 2025, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, dentro del caso MTEPS-DNC-REDLAB-1811-2024 (Oscar Apaza Paz contra CNS Regional Cochabamba), mediante la cual se determinó el rechazo de la denuncia presentada (fs. 42 a 45 vta.). II.5. Consta memorial presentado el 12 de febrero de 2025, mediante el cual Oscar Apaza Paz interpuso demanda ante el Juez Público de Familia, Partido del Trabajo y Seguridad Social y Técnico del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero, solicitando reincorporación laboral por despido indirecto (fs. 46 a 49 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida digna, al trabajo y a la salud, señalando que dicha afectación se habría generado a raíz del Memorándum JRRHH-M-353/2024 de 18 de octubre de 2024, mediante el cual la Caja Nacional de Salud dispuso unilateralmente su traslado al Hospital Obrero 2, cuando su persona se encontraba con baja médica; medida que consideró contraria al principio de estabilidad laboral y a los límites del ius variandi; refirió que, desde el 1 de agosto de 2013, prestó servicios de manera continua mediante veintiún contratos sucesivos, los cuales -a su criterio- configuraron una relación laboral de carácter indefinido; y que, desde junio de 2022, desempeñó funciones en el Centro Integral de Salud de Punata, lugar donde habría sido objeto de presiones y actos de acoso laboral, que culminaron el 18 de noviembre de 2024, cuando se le negó el ingreso a su fuente laboral habitual y se le conminó a acatar el cambio de destino sin su consentimiento, circunstancias que motivaron la presentación de su nota de despido indirecto; añadió que impugnó oportunamente el referido memorándum en la vía administrativa interna de la institución, posteriormente acudió a la vía administrativa laboral ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y finalmente sometió la controversia al conocimiento de la jurisdicción laboral, mediante demanda que se encontraba en trámite; no obstante, sostuvo que tales instancias no le otorgaban una tutela oportuna y eficaz, razón por la cual recurrió a la jurisdicción constitucional, invocando su condición de persona adulta mayor y su delicado estado de salud, solicitando la concesión de tutela para que se disponga su reincorporación laboral provisional, hasta la resolución de la causa laboral pendiente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de subsidiariedad es exigible en los casos en los que se hallan activadas vías paralelas; no obstante, pertenecer a un grupo vulnerable de la sociedad, pues se debe evitar la existencia de resoluciones contradictorias entre sí

El art. 53.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional no procederá: “Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas”. Consecuentemente, en aplicación de lo establecido en el art. 53.1 del CPCo, la SCP 1164/2016-S2 de 7 de noviembre, estableció que:

“…activó en forma previa dicho recurso, el cual a momento de plantear la presente acción tutelar, se encontraba en trámite, pendiente de resolución; entonces si las accionantes acudieron a esa vía idónea, deben aguardar que la respectiva autoridad, resuelva el recurso de alzada que fue interpuesto, y posteriormente el recurso jerárquico y una vez agotada dicha vía, y si acaso persiste la lesión al debido proceso y al trabajo que ahora invocan, recién podrá acudir a la jurisdicción constitucional para su reparación. Ahora bien, siguiendo la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, y en aplicación de lo establecido en el art. 53.1 del Código Procesal Constitucional, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto al haber activado las accionantes dos vías paralelas o simultáneas reclamando los mismos hechos, incurrieron en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, motivo por el cual no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática”. La 0983/2017-S2 de 18 de septiembre, estableció la imposibilidad de ingresar a resolver el fondo de una acción de tutela cuando existen vías paralelas abiertas (la ordinaria y la constitucional), sobre un mismo aspecto, en cuyo caso la jurisdicción constitucional debe exigir que se cumpla con el principio de subsidiariedad, ya que de esa forma se está precautelando que no se emitan decisiones contradictorias entre sí, emergentes de la vía ordinaria y de la vía constitucional. Asimismo, en el análisis del caso de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, dicho entendimiento fue expresamente aplicado al caso de un accionante perteneciente a un grupo vulnerable, entendiéndose que aun cuando no le hubiera sido exigible dicho principio por su condición de vulnerabilidad, al estar abiertas dos vías paralelas, era necesaria dicha exigencia, en mérito a evitar la ya señalada contradicción entre resoluciones que traten un mismo tema. En ese mismo sentido también resolvió el AC 0372/2019-RCA de 4 de diciembre, en el cual se explicó que a pesar de no ser exigible el cumplimiento del principio de subsidiariedad, sino la excepción a ella, al tratarse el accionante de una persona de la tercera edad; empero, por advertirse la existencia de vías paralelas abiertas, correspondía evitar la posibilidad de que se emitan resoluciones emergentes tanto de la jurisdicción ordinaria cuanto de la constitucional, que se contradigan entre sí, situación procesal que resolvió la improcedencia de la acción de amparo resuelta por dicho AC 0372/2019-RCA. 1 En su FJ III.2 dispuso: El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al “debido proceso en sus vertientes ‘seguridad jurídica y legalidad’, al trabajo y «al desempleo», a la continuidad y estabilidad laboral, ‘a los derechos de la personas adultas mayores’, así como el principio de «progresividad o integralidad maximizadora de los Derechos Humanos»”(sic), señalando que en su calidad de Juez Disciplinario, fue sometido a una evaluación sin que previamente se pusiera en su conocimiento el “Reglamento de Evaluación para Servidores del Órgano Judicial”; además, fue notificado con los resultados de la evaluación después de cinco meses se puso en su conocimiento el memorándum 0505/2017, comunicándole la cesación de sus funciones, contra el cual presentó su objeción e impugnación que a la fecha no tiene respuesta.

(…)

Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que el accionante una vez conocida la determinación del Pleno del Consejo de la Magistratura, dispuso cesarlo de sus funciones, con la finalidad de revertir esa situación y poder ser reincorporado a su cargo de juez disciplinario, objetó e impugnó el memorándum 0505/2017, medida de defensa que al momento de la interposición de la presente acción tutelar, se encontraba aún pendiente de resolución, por lo que se establece que el accionante activó de forma paralela dicha medida y la acción de amparo constitucional, sin esperar previamente que se resuelva la impugnación presentada contra la cesación del cargo de Juez Disciplinario dispuesta por los Magistrados demandados.

En ese sentido, a la situación descrita, se hace aplicable el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional y lo establecido por el art. 53.1 del CPCo, pues debido a la interposición de la objeción e impugnación, en la vía ordinaria y la presente acción tutelar, en la vía constitucional, se configura la activación de vías paralelas, situación inadmisible que impide ingresar al fondo de la problemática expuesta por el accionante, toda vez que según la jurisprudencia mencionada, éste no puede activar dos jurisdicciones de forma simultánea, para que ambas conozcan y resuelvan similares reclamos, pues ello generaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico establecido.

En definitiva, los supuestos actos lesivos denunciados a través de esta acción tutelar, no pueden ser dilucidados por esta jurisdicción constitucional por haberse activado de manera simultánea la vía ordinaria, por lo que al encontrarse la problemática planteada, dentro de los presupuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la misma. 2 En su FJ II.3 determinó: “Al respecto, si bien en el presente caso podría aplicarse una flexibilización al principio de subsidiariedad al haber acreditado la impetrante de tutela pertenecer a un grupo vulnerable por ser adulta mayor; la abstracción a dicho principio consiste en prescindir de la obligatoriedad de agotar los medios legales previstos sea en la jurisdicción ordinaria o administrativa; en ese sentido, el hecho de que la accionante haya aperturado por propia decisión, la vía de impugnación contra el acto que hoy denuncia como lesivo a través del recurso de apelación, inviabiliza que el problema jurídico expuesto sea conocido mediante la acción tutelar que pretende; pues la activación de forma simultanea de la justicia ordinaria y constitucional, podría dar lugar a la emisión de fallos contradictorios sobre el mismo asunto, creando una disfunción procesal contraria al ordenamiento jurídico”.

Jurisprudencia extraída de la SCP 0064/2021-S1 de 17 de mayo.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante señaló que, tras haber prestado servicios continuos para la Caja Nacional de Salud desde 2013 bajo contratos eventuales sucesivos, fue objeto de un cambio intempestivo de lugar de trabajo que consideró irrazonable y lesivo a su estabilidad laboral, situación que derivó en un despido indirecto el 18 de noviembre de 2024; afirmó que dicha determinación fue oportunamente impugnada en la vía administrativa interna de la institución, posteriormente reclamada ante la vía administrativa laboral en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y finalmente sometida al conocimiento de la jurisdicción laboral mediante demanda en trámite; no obstante, sostuvo que ninguna de estas instancias le brindó una tutela oportuna, eficaz e inmediata, motivo por el cual promovió la acción de amparo constitucional, alegando que las vías ordinarias y administrativas activadas no resultaban idóneas para proteger de manera adecuada sus derechos fundamentales, en particular el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a la salud. De manera previa, resulta necesario establecer los antecedentes procesales que fundamentan la presente acción tutelar; en ese contexto, se advierte que Oscar Apaza Paz prestó servicios laborales para la Caja Nacional de Salud – Regional Cochabamba en calidad de Trabajador Manual, bajo contratos a plazo fijo de carácter eventual, siendo el último de ellos identificado como Contrato de Trabajo a Plazo Fijo ADM-139/2024, suscrito con vigencia del 2 de enero de 2024 al 30 de diciembre de 2024, con cargo a la partida presupuestaria 121000 (personal eventual), contrato establecía la prestación de servicios por necesidad institucional dentro de la Regional Cochabamba, declarando como domicilio personal el municipio de Quillacollo. Durante la ejecución de dicho vínculo contractual, mediante Memorándum JRRHH-M-353/2024 de 18 de octubre, emitido por autoridades administrativas regionales de la Caja Nacional de Salud, se dispuso de manera unilateral el cambio de funciones y de centro de trabajo del accionante, asignándole labores en el Hospital Obrero 2, bajo el argumento genérico de un reordenamiento administrativo, dejando constancia expresa que dicha determinación no implicaba modificación salarial, tal memorándum fue notificado cuando el trabajador se encontraba con baja médica vigente, extremo acreditado por la documentación correspondiente. Frente a dicha decisión administrativa, el accionante activó de manera inmediata la vía administrativa interna, presentando impugnación contra el memorándum, cuestionando la razonabilidad del cambio de lugar de trabajo entre municipios, la ausencia de consentimiento previo y la afectación a sus medios de subsistencia; dicha solicitud fue rechazada mediante Auto de 27 de noviembre de 2024, decisión frente a la cual interpuso recurso de revocatoria el 11 de diciembre de 2024, reclamando la naturaleza definitiva del acto administrativo y la vulneración de sus derechos laborales y constitucionales. Paralelamente, el 18 de noviembre de 2024, al presentarse en el CIS Punata, donde venía desempeñando funciones, el accionante fue impedido de ingresar a trabajar, entregándosele boleta de salida en comisión con instrucción de apersonarse a Recursos Humanos, informándole que su consentimiento no era necesario para el cambio dispuesto y que no existiría compensación económica; a criterio del accionante, ello configuró actos de acoso laboral e imposición ilegítima del ius variandi, razón por la cual presentó nota de despido indirecto en la misma fecha, esta comunicación fue respondida mediante Auto de 9 de enero de 2025, que rechazó la existencia de despido indirecto y atribuyó al trabajador abandono voluntario de funciones, decisión frente a la cual interpuso recurso de revocatoria, el cual -según afirmó- no contaba con resolución expresa al momento de promover la acción constitucional. De manera concurrente, el accionante activó la vía administrativa laboral, acudiendo ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, solicitando su reincorporación laboral conforme a la Ley 1468, proceso que culminó con la emisión de la Resolución de Rechazo de 13 de enero de 2025, fundamentada en la existencia de hechos controvertidos y en la falta de competencia administrativa para resolver el fondo del conflicto, remitiendo la controversia a la judicatura laboral, determinación contra la cual el accionante interpuso recurso de revisión, encontrándose dicha impugnación en trámite. Asimismo, consta que el 12 de febrero de 2025, el accionante activó la vía judicial laboral, interponiendo ante la autoridad jurisdiccional competente demanda de reincorporación laboral por despido indirecto, solicitando además la conversión de sus contratos a plazo fijo en contrato por tiempo indefinido, el reconocimiento de su antigüedad laboral y el pago de derechos sociales; posteriormente amplió la demanda en razón de hechos sobrevinientes, encontrándose dicho proceso, a la fecha de la acción constitucional, pendiente de resolución. Finalmente, el accionante sostuvo que no incurrió en actos consentidos, habiendo hecho uso ordenado y sucesivo de todos los mecanismos legales disponibles, incluyendo el recurso de revocatoria en sede administrativa interna, el recurso de revisión en sede administrativa laboral y la demanda ante la judicatura laboral; señaló que dichas vías no resultaban idóneas ni eficaces para brindar protección inmediata y oportuna frente a la situación denunciada; en ese contexto, solicitó tutela constitucional provisional, invocando su condición de adulto mayor, su delicado estado de salud y la necesidad de aplicar un criterio de protección reforzada, con enfoque de interseccionalidad y ponderación favorable, conforme a los mandatos constitucionales. En este contexto, resulta aplicable el principio de subsidiariedad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y previsto en el art. 53.1 del Código Procesal Constitucional, que establece que la acción de amparo no procederá contra resoluciones cuya ejecución pueda ser revisada, modificada, revocada o anulada mediante recursos ordinarios o extraordinarios previamente interpuestos; en concordancia, la SCP 1164/2016-S2 de 7 de noviembre estableció que, cuando el accionante ha activado previamente una vía idónea pendiente de resolución, corresponde aguardar su conclusión, habilitándose la jurisdicción constitucional solo en caso de persistir la lesión denunciada; asimismo, la activación simultánea de vías paralelas constituye causal de improcedencia, al impedir el análisis de fondo del asunto. Este criterio fue reiterado por la SCP 0983/2017-S2 de 18 de septiembre, que precisó la imposibilidad de pronunciamiento constitucional cuando se encuentran abiertas de manera simultánea la vía ordinaria y la constitucional sobre un mismo asunto, al comprometer la seguridad jurídica y generar posibles resoluciones contradictorias; asimismo, se estableció que la condición de grupo vulnerable no autoriza prescindir del principio de subsidiariedad mientras persistan vías paralelas activas. En el mismo sentido, el AC 0372/2019-RCA de 4 de diciembre razonó que, aun en aquellos supuestos en los que, por la condición del accionante -persona de la tercera edad- podría admitirse una excepción al principio de subsidiariedad, dicha excepción no resulta viable cuando se verifica la existencia de procesos administrativos o judiciales paralelos en curso, pues ello obliga a la jurisdicción constitucional a preservar la coherencia del sistema jurídico y evitar decisiones contradictorias entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional. En ese marco, conforme los antecedes antes descritos se puede evidenciar que el accionante acude a la jurisdicción constitucional, habiendo activado de forma paralelas otras instancias y jurisdicciones, sosteniendo que las vías administrativa, administrativa laboral y judicial laboral no serían idóneas para proteger de manera mediata sus derechos, afirmación que resulta contradictoria con su propia conducta procesal, pues fue precisamente él quien de manera voluntaria y reiterada activó dichas instancias como mecanismos de tutela, reconociendo su pertinencia y competencia. Este comportamiento procesal evidencia que el accionante no se encuentra ante un escenario de indefensión absoluta o ausencia de mecanismos de protección, sino frente a un uso simultáneo y superpuesto de diversas instancias, orientado a obtener un pronunciamiento favorable inmediato por la vía constitucional, sin respetar la conclusión de los trámites administrativos y ordinarios pertinentes, tal actuación encuadra de manera directa en el supuesto previsto en el referido Fundamento Jurídico III.1, referido a las vías paralelas abiertas, incluso en supuestos de alegada vulnerabilidad. En ese sentido, la concurrencia simultánea de vías de tutela administrativa interna, administrativa laboral, judicial laboral y constitucional vulnera el principio de subsidiariedad y genera un riesgo de contradicción de decisiones, dado que todas las instancias están llamadas a pronunciarse sobre los mismos hechos, derechos y pretensiones; en este contexto, un eventual pronunciamiento constitucional, incluso provisional, podría deslegitimar o vaciar de contenido las resoluciones de las autoridades administrativas o judiciales ordinarias, afectando la coherencia del sistema jurídico. Debe enfatizarse que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la condición de grupo vulnerable o la invocación de derechos fundamentales sensibles, como la vida o la salud, no habilita automáticamente la intervención constitucional cuando el accionante generó por su propia voluntad la coexistencia de vías paralelas. En cuanto a la alegación concreta sobre la afectación al derecho a la vida, del análisis objetivo de los actuados no se desprende la existencia de un peligro inminente, actual y cierto, que torne imprescindible una tutela urgente y provisional; puesto que, el accionante no acreditó de manera suficiente que los mecanismos ordinarios activados carezcan absolutamente de capacidad para brindar protección efectiva, máxime cuando incluso en la jurisdicción laboral existen medidas cautelares y soluciones provisionales idóneas. En consecuencia, por todo lo expuesto y ante la concurrencia de una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar analizar el fondo de la problemática planteada. Finalmente, la SCP 0781/2015-S1 de 18 de agosto, citada por el accionante, no resulta aplicable al caso concreto, dado que versa sobre el derecho de petición y no sobre la materia laboral ni de tutela constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 037/2025 de 31 de marzo, cursante de fs. 301 a 305, pronunciada por el Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1423_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 773ab3d67fd29a1e6180bfd76f05afc69a7ff6e67dc6d064b1fc13e92ad1904b

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