Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada en sus elementos de uso y goce, al debido proceso en sus componentes defensa, fundamentación, motivación, congruencia e igualdad; argumentando que, luego de tramitarse de manera indebida la baja del código catastral del inmueble que heredó de su padre, los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos contra el CITE MAVP/UCU- 13/2023 del la Unidad de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, que reiteró la inexistencia de orden judicial o administrativa para la suspensión del pago del impuesto a la propiedad sobre dicho bien inmueble, fueron resueltos sin justificar las razones del porqué no se le habilita el pago de dicho impuesto desde la gestión 2011 pese a haber presentado toda la documentación exigida, impidiéndole con ello actualizar los planos, obtener el Folio Real y en definitiva ejercer su derecho a la propiedad privada en sus elementos goce y uso, cuando en los hechos la obstaculización del pago de tributos fue generada a causa de un trámite de expropiación que lleva adelante el municipio convirtiéndose de esta manera en juez y parte. En virtud de lo cual solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la suspensión temporal del código único catastral D01-M16-P06, en el Sistema de Gestión de Catastro Municipal (SIGCAMUL) y el SIIM de la Unidad de catastro urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí del inmueble ubicado en calle Sucre 2-12, habilitando la recepción de pago del impuesto anual a …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 243 a 252 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Técnico Primero de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, con la aclaración de que la concesión de la tutela es dispuesta únicamente contra el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí; y, 2° DENEGAR la tutela con relación al derecho a la propiedad privada en sus elementos uso y goce, así como al derecho a la defensa y al principio de igualdad; y, con relación a Rafael Chávez Navarro, Jefe de la Unidad de Catastro Urbano, Eulogio Farfán Vega, Ex Jefe de la Unidad de Catastro Urbano, Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal y Miguel Ángel Vargas Poma, Asesor de la Unidad de Catastro, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, conforme a los razonamientos expresados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1422/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 59954-2023-120-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 05/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 243 a 252 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hernán Valdiviezo López contra Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde, Rafael Chávez Navarro, Jefe de la Unidad de Catastro Urbano; Eulogio Farfán Vega, exJefe de la Unidad de Catastro Urbano; Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal; y, Miguel Ángel Vargas Poma Asesor de la Unidad de Catastro todos del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí.
Por memoriales presentados el 13 y 20 de octubre de 2023, cursantes de fs. 22 a 34 vta., y 149 a 151 vta., el accionante manifiestó que:
En virtud al Testimonio de Escritura Pública 24/1936 de 11 de marzo, otorgado por el Notario de Fe Pública de Tupiza, su padre Héctor Cesáreo Valdiviezo y su esposa Úrsula Ll. de Valdiviezo, compraron el inmueble sito sobre calle Sucre 2-12 del indicada municipio, con una superficie de 2 176 m, inscrito el 11 de agosto de 1936 en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Partida 53, Folio 36, Libro 22 de Propiedades, Provincia Chichas del departamento de Potosí, derecho que luego adquirió vía sucesoria como hijo y heredero forzoso mediante sentencia emitida el 7 de febrero de 1959 por un Juzgado del mismo distrito, inscrito el 13 de octubre de 1959 también en DD.RR., bajo la Partida 114, Folio 71, Libro 22 de Propiedades, Provincia Chichas del departamento de Potosí.
No obstante, el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de potosí, le impide efectuar el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, establecido en el art. 52 de la Ley de Reforma Tributaria -Ley 843 de 20 de mayo de 1986-, correspondiente a las gestiones 2011 a 2022; impidiéndole con ello, su deber constitucional de tributar previsto en el art. 108.7 de la Constitución Política del Estado (CPE), que por el tiempo transcurrido causa daños y perjuicios -mora, actualizaciones, intereses y multas-, lo cual afecta el ejercicio de su derecho a la propiedad privada en sus elementos goce y uso; en tal sentido, desde octubre de 2021 presentó varias solicitudes de información sobre la orden judicial o administrativa que dispusiera la prohibición del pago de dichos tributos; sin embargo, recién en diciembre del mismo año, la Dirección Financiera Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, le comunicó que el inmueble figuraba en el Sistema Integrado de Ingresos Municipales (SIIM) con un registro “incompleto”, situación que impedía el cobro de impuestos hasta que la Unidad de Catastro Urbano proceda a la reactivación del registro correspondiente, contrariamente a lo previsto por el art. 54.II del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de agosto de 2003-. El 30 de marzo de 2022, solicitó la rehabilitación del registro catastral D01-M16-P06, argumentando que había sido suspendido de manera indebida y sin respaldo legal; sin embargo, la autoridad municipal dispuso que previamente adjunte documentación esencial exigida para su tramitación. El 20 junio de 2022, su hija y apoderada Sandra Elizabeth Valdiviezo Cortez, sostuvo una reunión con el Jefe de la Unidad de Catastro Urbano; en la cual, esta autoridad reconoció que no existía orden judicial ni administrativa que respalde la suspensión del pago, extremo que fue constatado por el CITE JRCN/UCUT/TEC.T5/04/2022 dirigido al Alcalde. Pese a presentar la documentación exigida -títulos de propiedad, certificados de DD.RR., comprobantes del impuesto sucesorio, planos y boletas de pagos anteriores, entre otros-, los servidores municipales continuaron negándole la posibilidad de pagar tributos; contrariamente, en febrero de 2023 la Unidad de Catastro Urbano reiteró que no existía orden de suspensión alguna, pero mantuvo el bloqueo en el sistema, impidiendo así actualizar los planos, obtener el folio real y realizar el pago de impuestos, dado que cada trámite dependía del anterior, sin brindar una solución efectiva, oportuna ni motivada a su reclamo. El CITE MAVP/UCU-13/2023 de 2 de febrero, emitido por la Unidad de Catastro Urbano, se limitó a reiterar que el inmueble con el código catastral D01-M16-P06 no registra orden judicial ni administrativa para la suspensión del pago de impuestos; razón por la cual, dentro de término de diez días (10), interpuso recurso de revocatoria el 16 de febrero de 2023, que fue declarado improcedente mediante CITE MAVP/UCU-53/2023 de 17 de marzo, por Miguel Ángel Vargas Poma vía Eulogio Farfán Vega, Asesor Legal y exJefe de la Unidad de Catastro Urbano -demandados-, por incumplir presuntamente los arts. 64 y 65 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; decisión, emitida sin motivación ni fundamentación respecto a porque no se habilita el pago de impuestos, la cual es independiente a la aprobación o no de un plano; por el contrario, cuando pide la aprobación del plano le exigen el pago de impuestos, cuando ambas están a cargo de dicha unidad; asimismo, cuando hace referencia a la solicitud de un tercero ajeno al proceso administrativo que se paralice cualquier trámite suyo, sin acreditar derecho propietario del inmueble con registro catastral D01-M16-P06, inobservando así el debido proceso, además de lesionar las formas de resolución, siendo que el art. 61 de la referida Ley no reconoce el término improcedente, solo confirmatorio, revocatorio y desestimatorio. En dicho mérito, presentó recurso jerárquico resuelto por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde del del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí -codemandado- quien mediante Resolución de recurso jerárquico SAAV/AL/001/2023 de 23 de junio, rechazó el recurso y confirmó la resolución emitida mediante CITE MAVP/UCU-53/2023, sin una debida motivación ni fundamentación respeto a las lesiones a su derecho a la propiedad, bajo el argumento de que las resoluciones gozan de legitimidad, contrariando así los arts. 28 inc. e) y 30 inc. b) de la LPA, que establecen el deber de que los actos administrativos se encuentren debidamente motivados; asimismo, se citó de manera impertinente la Resolución Administrativa Técnica 01/2023 de 11 de mayo, que arbitrariamente ordenó la anulación y la baja de los registros catastrales que tengan errores sustanciales sin respaldo documental, cuando la fecha de su emisión es falsa, debiendo haberse emitido mínimamente el 22 de junio de 2023; en tal sentido, esta última Resolución no fue de su conocimiento, sino cuando fue notificado con la Resolución de recurso jerárquico, poniéndolo así en indefensión; lo cual, es contrario a su derecho como contribuyente a ser informado oportunamente, en el marco de los arts. 22 y 68 de la Ley 2492, habiendo más bien sido incorporado al proceso el 22 de junio de 2023; es decir, un día antes de la emisión de la Resolución Jerárquica. En dicho mérito, se desconoció la documentación que acreditaba el derecho de su padre y el suyo, máxime si esta ya fue considerada a tiempo de registrar el inmueble a través del Código Catastral D01-M16-P06 en el SIGCAMUL el 2000, en el marco del art. 28 incs. c) y f) del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; por lo que, al dar de baja este registro, cuando como los demás contribuyentes ya pagaba impuestos, la Unidad de Catastro Urbano, procedió ilegalmente vulnerando el art. 59.II del mencionado DS 27113. Ahora bien, el motivo de la obstaculización del pago de sus impuestos a la propiedad inmueble y que ocasiona la interposición de la presente acción tutelar, es el trámite de expropiación respecto al bien inmueble en cuestión llevado adelante por el GAMT ante el Concejo Municipal, corroborado por el Informe Legal CITE: ERCM/ABOG/UCU-52/2023 de 9 de agosto, con visto bueno de Rafael Chávez Navarro, Jefe de la Unidad de Catastro, lo cual le imposibilitaría acogerse a la Ley Municipal de Condonación y Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales -Ley 671/2023 de 2 de febrero-del GAMT, convirtiéndose de esta manera en juez y parte, máxime si las ofertas económicas formuladas por el municipio no cubren el valor catastral del bien, existiendo por ello un daño irremediable e irreparable. En el ínterin, mediante CITE: SAAV/AL 329/2023 de 29 de mayo, Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, solicitó la anulación del registro de su inmueble del sistema SIGCAMUL, haciendo uso de certificaciones de la Juez de DD.RR. de Tupiza; según las cuales, no se encontraron registros a nombre de Héctor Cesáreo Valdiviezo ni de Hernán Valdiviezo López; siendo que, como indican el sistema Temis e Imaginesoft, los registros de Propiedades de Sud y Nor Chichas corresponden de la gestión 1965 a 2006 y de la gestión 2007 a la fecha; para lo cual, los registros anteriores a 1965 tendrían que ser recabados de DD.RR. de Potosí; aspectos por los cuales, la referida funcionaria ilegalmente y de forma parcializada afirmó que no cuenta con documentación que acredite la titularidad del derecho propietario -a pesar de haber presentado sus documentos- y que el registro a su nombre en el SIGCAMUL y SIIM serían erróneos, cuando la entidad edil tiene interés en llevar adelante la expropiación del inmueble.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada en sus elementos uso y goce, al debido proceso en sus componentes defensa, fundamentación, motivación, congruencia e igualdad; citando al efecto, los arts. 56.I y III de la Constitución Política del Estado; 17.I y II de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto la suspensión temporal del código único catastral D01-M16-P06, en el SIGCAMUL y el SIIM de la Unidad de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí del inmueble ubicado en calle Sucre 2-12, habilitando la recepción de pago del impuesto anual a la propiedad inmueble a partir de la gestión 2011, en conformidad al art. 52 de la Ley 843; b) Anular la nota interna CITE: SAAV/ 329/2023 de 29 de mayo, emitida por Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal del GAMT, que solicita la anulación de registro de inmueble y el CITE EFV/UCU/TT3/ 21/2023 de 29 de agosto, emitido por Eulogio Farfán Vega, que da de baja y anula el Registro Catastral D01-M16-P06; y, c) Anular la Resolución Administrativa contenida en el CITE: MAVO/UCU- 53/2023 de 23 de junio, emitido por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Abogado de Catastro Urbano del GAMT que declara improcedente su recurso de revocatoria, así como la Resolución de Recurso Jerárquico SAAV/AL/001/2023 de 23 de junio, emitido por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde del GAMT, confirmando la resolución impugnada.
Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 237 a 243, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) Desde el 2011, le impiden cancelar los impuestos a la propiedad bajo fundamentos inconsistentes y contradictorios, respaldados por informes administrativos sin sustento técnico ni legal, expresamente el informe emitido por la Dirección Administrativa y Financiera y otros que reiteran sin explicar las razones por las cuales su registro pasó a figurar como “incompleto”, pese a que anteriormente cumplía regularmente con el pago de sus tributos y contaba con un código catastral vigente y válido; 2) A pesar de haber presentado la documentación requerida, las autoridades municipales continuaron rechazando su solicitud, bajo el argumento de falta de requisitos técnicos-legales, exigencias ilógicas y arbitrarias, dado que su título de propiedad data de 1936, época en la cual no existía el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, creado posteriormente mediante Ley 1660 de 22 de diciembre de 1994; 3) Las autoridades municipales desconocen el valor jurídico del sistema antiguo de registro de DD.RR., donde su título se encuentra plenamente inscrito, por lo que resulta improcedente exigir la aplicación retroactiva de normas o tributos inexistentes en el momento en que adquirió la propiedad por sucesión hereditaria; 4) La Unidad de Catastro Urbano actuó con arbitrariedad haciendo observaciones sin sustento técnico y sin permitirle subsanar las deficiencias; además, que en los informes de la gestión 2012, sus documentos constaban en archivos municipales, incluidos el plano original, comprobantes de pago, certificados de propiedad y de impuesto sucesorio; sin embargo, dichos antecedentes “desaparecieron”; 5) En base a una auditoría interna, se dispuso la anulación de su registro catastral sin causa legal, aviso previo y sin permitirle ejercer su derecho a la defensa, vulnerando el principio de verdad material, decisión impulsada por Susan Ángelo Vargas, mediante informe CITE SAAV/329/2023, alegando falta de respaldo documental, sin ofrecer la oportunidad de subsanar las observaciones, configurando así un acto administrativo nulo y arbitrario; 6) Eulogio Farfán Vega y Miguel Ángel Vargas Poma, intervinieron en la tramitación del procedimiento administrativo y en la emisión de la resolución del recurso de revocatoria, que carece de fundamentación y motivación jurídica, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, al no explicar las razones por las cuales los documentos presentados serían inválidos ni señalar los mecanismos para subsanar las observaciones; 7) El Recurso Jerárquico emitido por el Alcalde del GAMT del departamento de Potosí, se limitó a confirmar la resolución impugnada sin un análisis de fondo, repitiendo la falta de motivación y fundamentación legal; 8) La ausencia de fundamentación en ambas resoluciones transgredió su derecho al debido proceso, al impedirle conocer las razones de las decisiones administrativas y las vías de subsanación, afectando directamente su derecho de propiedad, ya que la negativa al pago de impuestos le impide obtener el Folio Real actualizado, documento necesario para acreditar y ejercer el dominio sobre su inmueble, así como disponer libremente del mismo, afectando su uso, goce y disfrute; 9) Las autoridades demandadas vulneraron el debido proceso, la defensa, la propiedad privada y la seguridad jurídica, al impedirle arbitrariamente cumplir con su obligación tributaria y ejercer sus derechos plenos sobre el bien inmueble; y, 10) Invocó la aplicación de trato preferencial y la protección reforzada que debe otorgarse a las personas adultas mayores conforme a los principios constitucionales.
Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, en audiencia señaló que: i) El municipio ejerce potestad reglamentaria para normar y exigir el cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos; ii) Causa extrañeza que, el accionante no hubiera actualizado su Folio Real desde la década de 1980, pese a que la normativa vigente ya lo exigía; iii) Si el contribuyente hubiese cumplido oportunamente con la actualización de su documentación, no existiría ningún inconveniente, pues su deber como autoridad es hacer cumplir las leyes y los reglamentos, por ello le resultaba lógico exigir el Folio Real actualizado para cualquier trámite; y, iv) La falta de actualización de documentación no puede atribuirse al municipio, insistiendo en que todos los pobladores deben adecuarse a las disposiciones vigentes ya que el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí solamente hace cumplir sus facultades reglamentarias y administrativas. Rafael Chávez Navarro, Jefe de la Unidad de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, refirió que: a) La Resolución Técnica RT 01/2023 se basó en los resultados de una auditoría operacional; la cual, detectó manipulación e inconsistencias en el SIGCAMUL y SIIM; b) La unidad a su cargo, efectuó una revisión integral y depuración de los datos técnicos y documentales, no solo respecto al caso del accionante, sino de múltiples propiedades con observaciones similares; y, c) El SIGCAMUL es únicamente referencial, dado que la administración del cobro de impuestos corresponde ahora a la Unidad Financiera, que no depende de Catastro Urbano. Eulogio Farfán Vega, exJefe de la Unidad de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, informó que: 1) Durante su gestión se realizó una revisión exhaustiva del trámite de aprobación del plano del lote del impetrante de tutela, constatando que no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente, entre ellos testimonios del anterior y actual propietario, Folio Real actualizado, formulario del impuesto a la transferencia, planos aprobados, cédula de identidad y boletas de pago de las últimas cuatro gestiones; 2) Luego de revisar los archivos de la Unidad de Catastro Urbano, se verificó que no existía documentación de respaldo que sustente el registro previo del inmueble en el SIGCAMUL, el cual dataría del catastro general realizado en la gestión 2004 por la empresa Global Finance, basado en encuestas a ocupantes sin soporte documental; y, 3) La solicitud efectuada carecía de sustento legal y técnico; motivo por el cual, se dispuso rechazar el trámite y el recurso de revocatoria, que dio origen al presente amparo. Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, refirió que: i) Los argumentos del accionante son “ilusorios e irreales”, pues la paralización de registros se originó en gestiones anteriores debido a deficiencias detectadas en el SIGCAMUL, conforme a una auditoría operativa de 2017, que reveló vulnerabilidades técnicas y falta de respaldo documental en varios registros catastrales; ii) En aplicación de los principios de legalidad, autotutela y verdad material, con la finalidad de corregir dichas deficiencias, se emitió la Resolución Técnica Administrativa 01/2023, que dispuso la depuración de registros sin documentación legal vigente o completa, no pudiendo el municipio seguir operando con un sistema defectuoso, siendo el proceso de depuración necesario para garantizar seguridad jurídica a los contribuyentes; iii) El argumento del accionante sobre la inexistencia del impuesto a la transferencia es erróneo, pues dicho tributo fue creado mediante Decreto Ley de 31 de diciembre de 1943, incumpliendo así los requisitos establecidos por el reglamento de empadronamiento y la ley de impuestos municipales, pretendiendo ejercer derechos sin cumplir obligaciones tributarias; iv) El accionante no acreditó su derecho propietario consolidado, puesto que en un proceso de desalojo iniciado por él mismo, el Juez de instancia dispuso que debía presentar su Folio Real actualizado para la admisión de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, no es titular legítimo del inmueble, habiendo alquilado el bien sin contar con derecho propietario saneado; v) El municipio actuó conforme a sus competencias normativas reconocidas por la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, que le confiere capacidad para emitir reglamentos y exigir requisitos a los contribuyentes, sin que exista vulneración alguna de derechos; en tal sentido, la negativa al cobro de impuestos no fue arbitraria sino legalmente justificada; vi) En relación con el proceso de expropiación, se trata de un tema ajeno a la acción tutelar, siendo el justiprecio determinado conforme a la Ley de 30 de diciembre de 1984 y la “SCP 0371”, no por el valor comercial; asimismo, no existen registros en el Servicio de Registro Cívico (SERECI) ni en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) que acrediten la existencia de los presuntos propietarios originales, calificando el inmueble como “fantasma”; y vii) El GAMT tiene plena capacidad reglamentaria para depurar registros y exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias. Miguel Ángel Vargas Poma Asesor de la Unidad de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de potosí, manifestó que: a)
Elaboró el Informe Técnico 53/2023 con base en los antecedentes y observaciones detectadas por el exJefe de Catastro Urbano, ratificando su contenido; y, b) En la actualidad, el manejo del SIIM corresponde a otro responsable.
El Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Técnico Primero de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 243 a 252 vta., concedió en parte la tutela impetrada, únicamente con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes motivación y fundamentación, disponiendo: 1) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa SAAV/AL 001/2023 de 23 de junio, emitida por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí; y, 2) Se ordenó al Alcalde del mencionado ente edil, emitir nueva Resolución Administrativa que resuelva el Recurso Jerárquico en el marco del análisis efectuado en la resolución emitida; y, denegó la tutela con relación a la anulación del Cite SAAV-324/2023 y respecto a dejar sin efecto la suspensión temporal del Código Catastral D01-M16-P06; determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: i) La Resolución Administrativa objetada vulnera directamente el derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, al no haber explicado si tenía razón o no respecto a los reclamos, tampoco dio respuesta a cada uno de los agravios expuestos por el accionante en su recurso jerárquico; ii) No explicó las razones y motivaciones por los cuales no tendría lugar el derecho reclamado, si el mismo hubiese cumplido con los requisitos exigidos o si cada agravio no estaría fundado en el acto administrativo, aspectos que deben ser explicados y fundamentados a través de una nueva resolución; iii) El Cite SAAV-324/2023 no causa estado, al constituirse una opinión de asesoría legal; iv) Los argumentos expuestos no deben ser entendidos como si la acción tutelar ingresó a considerar si el demandante de tutela tiene o no acreditado su derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la calle Sucre 2-12; y, v) Respecto a la suspensión temporal del Código Catastral D01-M16-P06, esta se encuentra implícita en función a la nueva Resolución Administrativa que sea emitida por la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 5 de mayo de 2025 (fs. 268 a 269) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante pidió adelanto de sorteo, por ser una persona adulta mayor; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del AC 189/2025-CA/S de 13 de mayo, cursante de fs. 270 a 272 vta., dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Hernán Valdiviezo López, mediante memorial de 25 de octubre de 2021, dirigido a Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí -ahora demandado- solicitó se le informe o certifique bajo qué orden judicial o municipal se le había prohibido cancelar los impuestos municipales a la propiedad desde la gestión 2011; dicha solicitud fue reiterada mediante memoriales de 18 de noviembre y 1 de diciembre del citado año (fs. 14 a 17 y 41 a 42). II.2. Mediante Nota S.G. DESPACHO 2021 de 8 de diciembre, emitida por la autoridad municipal demandada, se remitió el Informe Financiero CITE: DF/RyF/VMS/47-2021 al accionante (fs. 37 a 39). II.3. El impetrante de tutela, mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2022 ante la secretaria de la autoridad demandada, solicitó la rehabilitación del código catastral D01-M16-P06 en el SIIM (fs. 18 a 19). II.4. Mediante Nota de 28 de octubre de 2022, Hernán Valdiviezo López solicitó a la autoridad municipal demandada, la aprobación de lote y certificación catastral (fs. 77). II.5. El accionante, a través de su apoderada, mediante nota de 15 de diciembre de 2022 dirigida a Eulogio Farfán Vega -codemandado-, solicitó la verificación del plano o en su caso una explicación escrita sobre la improcedencia (fs. 75 a 76). II.6. A través de Informe Legal CITE MAVP/UCU- 446/2022 de 23 de diciembre, elaborado por Miguel Ángel Vargas Poma con el visto bueno de Eulogio Farfán Vega -ambos codemandados- se señaló que, una vez que el técnico del distrito informe el cumplimiento de los requisitos exigidos, se agendará la inspección in situ (fs. 74 y vta.). II.7. Mediante nota de 29 de diciembre de 2022, dirigida al ahora demandado, el impetrante de tutela a través de su representante, solicitó que se pronuncie respecto a la documentación presentada y que se dé curso a la aprobación del plano del inmueble con código D01-M16-P06 (fs. 82 a 83). II.8. A través del Informe Legal CITE MAVP/UCU- 13/2023 de 2 de febrero, emitido por los codemandados, se estableció que el bien inmueble con código D01-M16-P06, se encontraba temporalmente paralizado (fs. 79 a 80). II.9. El 17 de febrero de 2023, el accionante interpuso recurso de revocatoria en contra del Cite MAVP/UCU- 13/2023, emitido por los servidores municipales codemandados (fs. 84 a 90). II.10. Los servidores municipales codemandados de la Unidad de Catastro Urbano del GAMT, mediante Resolución CITE MAVP/UCU- 53/2023 de 17 de marzo, determinó que el recurso revocatorio interpuesto resultaba improcedente (fs. 102 a 105). II.11. El 30 de marzo de 2023, la representante del demandante de tutela, interpuso recurso jerárquico en contra del Cite MAVP/UCU- 53/2023 de 17 de marzo, emitido por La Unidad de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí (fs. 124 a 131 vta.). II.12. La autoridad demandada mediante Resolución de recurso jerárquico SAAV/AL/ 001/2023 de 23 de junio, resolvió rechazar el recurso interpuesto por el impetrante de tutela, disponiendo confirmar la resolución administrativa de recurso revocatorio (fs. 132 a 145).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada en sus elementos de uso y goce, al debido proceso en sus componentes defensa, fundamentación, motivación, congruencia e igualdad; argumentando que, luego de tramitarse de manera indebida la baja del código catastral del inmueble que heredó de su padre, los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos contra el CITE MAVP/UCU- 13/2023 del la Unidad de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, que reiteró la inexistencia de orden judicial o administrativa para la suspensión del pago del impuesto a la propiedad sobre dicho bien inmueble, fueron resueltos sin justificar las razones del porqué no se le habilita el pago de dicho impuesto desde la gestión 2011 pese a haber presentado toda la documentación exigida, impidiéndole con ello actualizar los planos, obtener el Folio Real y en definitiva ejercer su derecho a la propiedad privada en sus elementos goce y uso, cuando en los hechos la obstaculización del pago de tributos fue generada a causa de un trámite de expropiación que lleva adelante el municipio convirtiéndose de esta manera en juez y parte. En virtud de lo cual solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la suspensión temporal del código único catastral D01-M16-P06, en el Sistema de Gestión de Catastro Municipal (SIGCAMUL) y el SIIM de la Unidad de catastro urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí del inmueble ubicado en calle Sucre 2-12, habilitando la recepción de pago del impuesto anual a la propiedad inmueble a partir de la gestión 2011, en conformidad al art. 52 de la Ley de reforma tributaria -Ley 843 de 20 de mayo de 1986-; b) Anular la nota interna CITE: SAAV/ 329/2023 de 29 de mayo, emitida por Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal del GAM de Tupiza, que solicita la anulación de registro de inmueble y el CITE EFV/UCU/TT3/ 21/2023 de 29 de agosto, emitido por Eulogio Farfán Vega, que da de baja y anula el Registro Catastral D01-M16-P06; y, c) Anular la Resolución Administrativa contenida en el CITE: MAVO/UCU- 53/2023 de 23 de junio, emitido por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Abogado de Catastro Urbano que declara improcedente su recurso de revocatoria, así como la Resolución de Recurso Jerárquico SAAV/AL 001/2023 de 23 de junio, emitido por Jesús Reynaldo Guzmán Ortega, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, confirmando la Resolución impugnada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero- Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. Jurisprudencia extraída de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
[L]a estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia. El precedente jurisprudencial fue extractado de la SC 0486/2010-R de 5 de julio. Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, expresó que:
[E]l debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: “Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes.
Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento….
En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (énfasis añadido). Asimismo, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional al respecto de las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que: ‘…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’. En efecto la congruencia externa debe ser entendida en la correspondencia necesaria que debe existir entre el agravio recurrido por el impugnante y la motivación contenida en la resolución emitida por la autoridad que administra justicia en alzada, misma que debe ser en el fondo -pertinencia-, sin dejar de considerar lo impugnado; por su parte, la congruencia interna, es entendida como la coherencia que tiene todo fallo, entre la parte considerativa y la dispositiva; es decir, el hilo conductor que debe haber entre la motivación determinativa que en suma sostiene de manera lógica la decisión. En las resoluciones jerárquicas emitidas por el Ministerio Público, este aspecto no tiene carácter estricto en razón al principio de unidad que rige en su labor investigativa, así la SCP 0829/2019-S3 de 18 de noviembre, entendió:
‘…es evidente que los actos y decisiones del Ministerio Público como titular de la acción penal pública, se rigen por los principios de objetividad, legalidad, oportunidad, unidad y utilidad, entre otros, deben también observar el debido proceso; en dicho marco, el principio de congruencia no constituye un parámetro infranqueable al momento de resolver las impugnaciones y emitir las resoluciones jerárquicas, de manera que durante el análisis del requerimiento objetado, la entonces Fiscal Departamental codemandada, se encontraba facultada para examinar y considerar otros elementos del aludido requerimiento aunque no hubiesen sido rebatidos por las partes; sin embargo, dicha autoridad en resguardo del debido proceso, estaba obligada a fundamentar y motivar expresamente respecto a cada uno de los aspectos que fueron considerados para revocar el requerimiento expedido por el Fiscal de Materia, en observancia del principio de congruencia’. De la jurisprudencia citada, se tiene que la autoridad jerárquica del Ministerio Público en el marco del principio de unidad, al momento de emitir su resolución no se encuentra limitada a los puntos señalados como agravios por el impugnante, sino puede traer a examen otros aspectos que en el proceso investigativo debieron ser considerados; sin embargo, lo que no le está permitido es omitir resolver en el fondo cada uno de los puntos que el agraviado pone a su conocimiento en alzada, ello en observancia al principio de congruencia externa” (las negrillas son del texto original). El precedente jurisprudencial fue extractado de la SCP 0515/2020-S2 de 6 de octubre.
De la revisión de los antecedentes y conforme a los datos consignados en el presente fallo constitucional, se advierte que el accionante denuncia que luego de tramitarse de manera indebida la baja del código catastral del inmueble que heredó de su padre, los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos contra el CITE MAVP/UCU 13/2023 del la Unidad de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, que reiteró la inexistencia de orden judicial o administrativa para la suspensión del pago del impuesto a la propiedad sobre dicho bien inmueble, fueron resueltos sin justificar las razones del porqué no se le habilita el pago de dicho impuesto desde la gestión 2011, pese a haber presentado toda la documentación exigida, impidiéndole con ello actualizar los planos, obtener el Folio Real y en definitiva ejercer su derecho a la propiedad privada en sus elementos goce y uso, cuando en los hechos la obstaculización del pago de tributos fue generada a causa de un trámite de expropiación que lleva adelante el municipio convirtiéndose de esta manera en juez y parte. Ingresando al fondo de la problemática traída en revisión, se observa que Hernán Valdivieso López -accionante-, mediante memoriales de 25 de octubre; 18 de noviembre y 1 de diciembre todos del 2021 dirigidos al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí -demandado- solicitó que se le emita un informe o certificación que acredite si existía de alguna orden judicial o administrativa que le prohíba realizar el pago de tributos municipales a la propiedad desde la gestión 2011, correspondiente al bien inmueble ubicado en calle Sucre 2-12 del municipio de Tupiza (Conclusión II.1); en respuesta la autoridad municipal demandada, mediante nota de 8 de diciembre de 2021, remitió el Informe Financiero CITE DF/RyF/VMS/47-2021, elaborado por la Jefatura de la Dirección Financiera del referido gobierno municipal; en la cual se señaló que, al haberse efectuado la verificación en el SIIM se evidencio que el registro del bien inmueble se encontraba incompleto y mientras no sea activado por la Unidad de Catastro Urbano se encontraban imposibilitados de realizar el cobro de los impuestos municipales (Conclusión II.2). Asimismo, el demandante de tutela a través memorial de 30 de marzo de 2022, dirigido al Alcalde demandado, solicitó la rehabilitación del código catastral D01-M16-P06 en el SIIM, al encontrarse suspendido (Conclusión II.3); de igual forma, mediante nota de 28 de octubre del citado año, pidió que se proceda a la aprobación del plano y su correspondiente código catastral, para dicho efecto adjuntó: célula de identidad, Testimonio de compra venta 24/1936, Testimonio de investigación de paternidad, declaratoria de herederos y nulidad de adopción, comprobante de pago de impuesto sucesorio, plano de lote de terreno, boletas de pago de impuestos y certificado alodial (Conclusión II.4). Posteriormente, mediante nota de 15 de diciembre 2022, el accionante -por intermedio de su representante-, solicitó a Eulogio Farfán Vega, que se proceda con la verificación técnica del bien inmueble y se le otorgue una respuesta escrita respecto a la falta de verificación del plano (Conclusión II.5); en atención a lo solicitado, mediante Informe Jurídico CITE MAVP/UCU- 446/2022, elaborado por Miguel Ángel Vargas Poma -codemandado- se estableció que, para atender su requerimiento, debe adjuntar previamente los documentos indispensables para que sea correctamente registrado en el SIIM (Conclusión II.6) A través de nota de 29 de diciembre de 2022, dirigida a la autoridad municipal demandada, la apoderada del accionante solicitó que los servidores de la Unidad de Catastro Urbano realicen la revisión de la documentación presentada y den curso a la aprobación del plano, para que pueda obtener y tramitar el Folio Real del bien inmueble ubicado en calle Sucre 2-12 con código catastral D01-M16-P06 (Conclusión II.7); en respuesta, mediante Informe Legal CITE MAVP/UCU- 13/2023, emitido por Miguel Ángel Vargas Poma, con visto bueno de Eulogio Farfán Vega -ambos codemandados-, se señaló que el referido código catastral se encontraba incompleto y suspendido temporalmente, indicando que una vez se cumpla con los requisitos, y las observaciones técnicas y legales exigidos por la Unidad de Catastro Urbano, se procedería a realizar inspección in situ por el técnico del distrito (Conclusión II.8); en razón de ello, interpuso recurso de revocatoria, mediante el cual solicitó dejar sin efecto los Informes Legales CITE MAVP/UCU- 446/2022 y CITE MAVP/UCU-13/2023, emitidos por los codemandados, y que se disponga el pago de impuestos y la aprobación del plano del bien inmueble (Conclusión II.9). Los servidores municipales codemandados de la Jefatura de Catastro Urbano, mediante Resolución CITE MAVP/UCU- 53/2023 de 17 de marzo, declararon improcedente el recurso de revocatorio interpuesto por la representante del accionante, argumentando que no cumplía lo previsto en los arts. 64 y 65 de la LPA (Conclusión II.10); en consecuencia, mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2023, interpuso recurso jerárquico solicitando la revocatoria de la resolución de primera instancia; la habilitación del código catastral D01-M16-P06 y la autorización para el pago de los impuestos municipales y se disponga la revisión de la documentación y el plano por la Unidad de Catastro Urbano (Conclusión II.11); en sustanciación de lo solicitado la autoridad municipal demandada, mediante Resolución de recurso jerárquico SAAV/AL/ 001/2023 de 23 de junio, rechazó el recurso interpuesto, confirmando el CITE MAVP/UCU-53/2023 correspondiente a la resolución administrativa del recurso revocatorio (Conclusión II.12). Conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se entiende que entre los componentes del debido proceso se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, responden a precisar de forma objetiva las razones en las que se fundó una determinación al momento de asumir una decisión; aspecto extensible tanto a las determinaciones dictadas por autoridades administrativas como judiciales, quienes al momento de resolver impugnaciones o apelaciones planteadas, se encuentran en la imperiosa necesidad de fundamentar las mismas, no pudiendo limitarse únicamente a realizar una descripción de antecedentes; lo que infiere que, las resoluciones a ser emitidas por dichas autoridades, necesariamente deberán cumplir exigencias de estructura tanto de forma como de fondo, evitando así tomar decisiones arbitrarias; en ese contexto, se advierte que el impetrante de tutela mediante memoriales dirigidos al Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, solicitó que se pronuncien respecto a la documentación presentada para la aprobación del plano, la habilitación del código catastral D01-M16-P06 en el SIIM y le den a conocer los motivos por los cuales le impiden realizar el pago de impuestos municipales a la propiedad, siendo necesario aclarar que, en observancia del principio de subsidiariedad previsto en los arts. 129.I de la CPE y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), el pronunciamiento de este Tribunal se circunscribirá a lo resuelto por la autoridad demandada mediante Resolución de recurso jerárquico SAAV/AL 001/2023 de 23 de junio, que resolvió rechazar el recurso interpuesto por el impetrante de tutela, disponiendo confirmar la resolución administrativa de recurso revocatorio. En este contexto, de conformidad a lo establecido en el razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las autoridades judiciales y administrativas deben cumplir además con el principio de congruencia como componente esencial del debido proceso el cual en mérito a sus dos acepciones refiere: A la externa, como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; y, a la interna, entendida como la coherencia entre lo considerando, poseyendo un hilo conductor que la dote de orden y racionalidad en la parte resolutiva. Del análisis del contenido de la Resolución de recurso jerárquico SAAV/AL/001/2023 de 23 de junio confutada, se tiene que sus fundamentos se condensan en el considerando IV, en el que se advierte que la decisión se centró en realizar una breve descripción respecto a la interposición del recurso jerárquico, posteriormente efectuó una trascripción de diferentes arts., de la Constitución Política del Estado, la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, la Ley de Procedimiento Administrativo, del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, la Resolución Municipal 083/2008 de 31 de julio y la Resolución Administrativa 01/2023 de 11 de mayo, llegando a la conclusión que en ningún momento se habría vulnerado puesto que las resoluciones emanadas por la administración pública gozan de legitimidad. De la compulsa de la Resolución SAAV/AL 001/2023 de 23 de junio, se advierte que el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí - demandado- no se pronunció respecto a los agravios denunciados por el impetrante de tutela en su recurso jerárquico, dicha omisión vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y el principio de congruencia, que exige que toda resolución judicial o administrativa debe ser un reflejo fiel y coherente de las peticiones, alegaciones y puntos controvertidos que las partes han planteado formalmente a lo largo del proceso; conforme establece el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia, en la etapa de segunda instancia, ya sea en el ámbito ordinario o administrativo, este principio cobra especial relevancia, pues impone al tribunal o autoridad de alzada la obligación ineludible de abordar y resolver cada uno de los agravios presentados por la parte recurrente en su apelación, los cuales se constituyen en las objeciones específicas contra la decisión de primera instancia y delimitan el marco de la revisión judicial o administrativa. La omisión del tribunal o la autoridad de alzada de pronunciarse sobre los agravios identificados por el administrado configura una clara vulneración de dicho principio; esta falta, conocida como incongruencia omisiva o negativa, implica una denegación del derecho de la parte a una respuesta completa y motivada, afectando la correcta administración de justicia porque no le permitió conocer de manera inequívoca la procedencia o improcedencia del recurso intraprocesal interpuesto, conforme a la normativa vigente. Además, se debe tomar en cuenta que el sistema procesal boliviano se rige bajo el principio de la doble instancia, que constituye una garantía procesal de seguridad constitucional que asegura a toda persona afectada por una decisión judicial o administrativa de primera instancia, el derecho a que dicha decisión sea sometida a un nuevo examen por una instancia jerárquicamente superior; en este contexto, el tribunal de segunda instancia, como parte de este derecho, se encuentra obligado a reexaminar el caso de manera exhaustiva y crítica, basándose exclusivamente en los agravios presentados por el recurrente; al hacerlo, cumple con su función revisora y fortalece la confianza en la justicia ordinaria o administrativa, si el tribunal superior omite el análisis de alguno de los agravios planteados, priva a la parte de su derecho fundamental de una revisión integral de la decisión, dejando un aspecto de su inconformidad sin el debido examen en sede judicial o administrativa, afectando de esta manera la efectividad de esta garantía procesal. Por todo lo señalado este Tribunal advierte que la Resolución de recurso jerárquico SAAV/AL 001/2023, emitido por el Alcalde demandado no desarrolló un razonamiento lógico jurídico y omitió pronunciarse sobre los agravios vinculados a la documentación presentada para la aprobación del plano y la habilitación del código catastral D01-M16-P06 en el SIIM. Asimismo, no se le dio a conocer al administrado los motivos por los cuales se le impide realizar el pago de impuestos municipales a la propiedad, configurándose la vulneración al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, conforme a la jurisprudencia constitucional citada. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, únicamente con relación al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí; considerando que, los actos de los codemandados Rafael Chávez Navarro, Jefe de la Unidad de Catastro Urbano; Eulogio Farfán Vega, Exjefe de la Unidad de Catastro Urbano; Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal; y, Miguel Ángel Vargas Poma Asesor de la Unidad de Catastro, no son susceptibles de análisis por esta jurisdicción, pues en aplicación del principio de subsidiariedad previsto en el art. 129.I de la CPE y 55.I del CPCo, solamente se someten al control de constitucionalidad los actos de las autoridades que tienen la posibilidad de corregir las lesiones a derechos y garantías. En este mismo sentido, con relación al derecho propietario y el presunto proceso de usucapión iniciado por el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, del bien inmueble signado con el código catastral D01-M16-P06, corresponde señalar que no fueron objeto de análisis, considerando que dichos aspectos no se encuentran siendo sustanciados por la autoridad municipal demandada; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada con relación a los agravios descritos. Finalmente, respecto al derecho a la defensa y al principio de igualdad, se advierte que la parte accionante no precisó ni argumentó adecuadamente, de qué manera la Resolución cuestionada se constituye en un acto lesivo, por lo que corresponde del mismo modo denegar la tutela sobre estos elementos del debido proceso. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 243 a 252 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Técnico Primero de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, con la aclaración de que la concesión de la tutela es dispuesta únicamente contra el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí; y, 2° DENEGAR la tutela con relación al derecho a la propiedad privada en sus elementos uso y goce, así como al derecho a la defensa y al principio de igualdad; y, con relación a Rafael Chávez Navarro, Jefe de la Unidad de Catastro Urbano, Eulogio Farfán Vega, Ex Jefe de la Unidad de Catastro Urbano, Susan Alizon Ángelo Vargas, Asesora Legal y Miguel Ángel Vargas Poma, Asesor de la Unidad de Catastro, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza del departamento de Potosí, conforme a los razonamientos expresados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1422_2025-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): ebdb755b7700172ca2359ebc97201a11b94aebd5776ef4a31d23c4df7682aa30
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