B.IA.LEGAL

SCP 1416/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
58671-2023-118-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, y los principios de verdad material y seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Herbas Grageda y otros: 1) Los Jueces codemandados mediante Auto Interlocutorio 147/2022 de 26 de septiembre, rechazaron el incidente de calidad de bienes o desincautación que formuló; alegando que, el Auto Interlocutorio 314/12 de 31 de agosto de 2012, que dispuso la incautación de su bien inmueble, era anterior a la adquisición del mismo, por lo que no era atendible su pedido; y, 2) A su turno, los Vocales demandados, pronunciaron el Auto de Vista 14/2023 de 18 de enero, declarando improcedente el recurso de apelación que formuló, confirmando el Auto Interlocutorio recurrido. Sin embargo, ambos fallos transgreden los derechos y principios invocados en esta acción tutelar; puesto que, al rechazar su pretensión, no consideraron ni resolvieron los argumentos que sustentan su solicitud de desincautación del predio, desconociendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, respecto a esta problemática. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 115/23 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 1450 a 1453 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo la problemática en estudio.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1416/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 58671-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 115/23 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 1450 a 1453 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Agueda Taborga Mendoza contra Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Reina Virginia Uriarte Vila, Rolando Mayta Chui y Elena Julia Gemio Limachi, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 de julio -a través de buzón judicial- y 4 de agosto, ambos de 2023, cursantes de fs. 1386 a 1393 y 1399 y vta., la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Herbas Grágeda y otra, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, interpuso ante la autoridad jurisdiccional, el incidente de calidad de bienes o desincautación del inmueble que adquirió, ubicado en la zona Pampa de la Isla, barrio Las Pampitas, zona nor este, UV. 141-B, manzana 24, calle 5, casa 43 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.01.2.01.0000329 de 4 de mayo de 2017; toda vez que, en su calidad de propietaria, jamás fue parte del indicado proceso, tampoco tuvo afinidad con los investigados, y los propietarios anteriores no estuvieron involucrados en el mismo; por lo que, la resolución de incautación dispuesta, carecía de fundamentación. A tal efecto, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandados-, emitieron el Auto 147/2022 de 26 de septiembre, rechazando su solicitud; alegando que, el Auto Interlocutorio 314/12 de 31 de agosto de 2012, que dispuso la incautación del predio, se emitió cinco años antes de que hubiera adquirido el inmueble el 2017; es decir, que la anterior propietaria no le informó sobre la incautación que pesaría sobre el bien inmueble en cuestión. En consecuencia, no habiéndose cumplido con el requisito que el predio haya sido obtenido con anterioridad a la incautación ordenada, no era posible atender su pedido. En mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental en audiencia, resuelto mediante Auto de Vista 14/2023 de 18 de enero, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandados-, declarando improcedente su impugnación y confirmando la Resolución apelada. Sin embargo, ambos fallos transgreden el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y valoración de las pruebas, y los principios de seguridad jurídica y verdad material, vulnerando su derecho a la propiedad privada; puesto que, al rechazar su pretensión, no consideraron ni resolvieron los argumentos que sustentaron la solicitud de desincautación del predio, desconociendo además lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, en la jurisprudencia sentada en el Auto Supremo (AS) 268/2014-RRC de 26 de junio, que ratifica la doctrina legal asumida en el AS 255 de 17 de noviembre de 2008, señalando que no era adecuado confiscar bienes cuya titularidad de dominio no correspondía al imputado, como sucede en el presente caso; ya que, el 3 de agosto de 2016, adquirió como compra lícita y legítima de buena fe, el bien inmueble objeto de su pretensión, sobre el cual no recaía ningún gravamen de restricción de anotación preventiva respecto al citado proceso penal, como impedimento para la compra, habiendo recibido y tomando posesión del predio en la indicada fecha.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, y los principios de verdad material y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 56.I, 115, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga: a) Se revoque el Auto de Vista 14/2023, pronunciado por los Vocales codemandados, y el Auto Interlocutorio 147/2022 emitido por los Jueces demandados; y, b) La desincautación del bien inmueble de su propiedad, ubicado en la zona Pampa de la Isla, barrio Las Pampitas, zona nor este, UV 14-B, manzana 24, calle 5, casa 43 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, inscrito en la oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.2.01.0000329.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 1445 a 1450, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada, ratificó los términos de su acción tutelar presentada, y ampliándola manifestó que: 1) Revisado el folio real con matrícula computarizada 7.01.2.01.0000329, correspondiente a su bien inmueble, “a la fecha” se evidencia que en el mismo no consta ningún registro de anotación preventiva de medida cautelar, que se hubiese dispuesto dentro del proceso penal donde se formuló el incidente de desincautación; 2) La documentación presentada tiene el valor probatorio que le otorga los arts. 1287, 1289 y 1538 del Código Civil (CC), la cual no fue valorada por los Jueces codemandados; asimismo, acredita la solvencia económica de la anterior propietaria que le vendió el inmueble; sin embargo, ella no fue parte del proceso penal incoado; 3) Tomó conocimiento de la arbitraria resolución de incautación, cuando funcionarios de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) se constituyeron en su casa “…y le marcan con un spray en la barda, inmueble incautado…” (sic); dicha resolución jamás fue notificada a ninguno de los propietarios ni habitantes de esa propiedad; por ello, como actual propietaria, se apersonó y formuló el incidente de desincautación, de conformidad al art. 255 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 4) En el Auto Interlocutorio 147/2022 no se fundamentó si el bien inmueble cumplía con los requisitos para la incautación o confiscación, tampoco su calidad, directamente se remitió a que hubiese adquirido el 3 de agosto de 2016; es decir, posterior a la Resolución de incautación, no habiendo atendido los fundamentos del incidente planteado; y, 5) Interpuesto el recurso de apelación, el Tribunal de alzada por Auto de Vista 14/2023, ratificó la resolución de rechazo del incidente de desincautación que planteó; constituyéndose ambos fallos, en infundados y arbitrarios, no habiendo valorado las pruebas presentadas, vulnerando los derechos y principios invocados en esta acción tutelar; por lo que, reiteró se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de los demandados

Reina Virginia Uriarte Vila, Rolando Mayta Chui y Elena Julia Gemio Limachi, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, el 6 de septiembre de 2023, presentaron informe escrito, cursante de fs. 1442 a 1443, señalando que: i) Luego de la solicitud de desincautación del inmueble, ubicado en la zona Pampa de la Isla, impetrada por la accionante, la cual fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 147/2023 y ratificada por Auto de Vista 14/2023 por parte de los Vocales demandados, dictaron la Sentencia 17/2023 de 27 de marzo, dentro del presente proceso penal, disponiendo la condena de Juan Herbas Grageda y la absolución de Ericka Herbas Urey; ii) Dicho fallo, fue recurrido de apelación restringida por el Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia y DIRCABI, y remitida la causa ante el Tribunal de alzada, el 20 de agosto del mismo año; es decir, que “a la fecha” todos los antecedentes se encuentran en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento; y, iii) Al momento de resolverse el incidente de desincautación, se valoró toda la prueba presentada por la peticionante de tutela, así como los antecedentes procesales, cuyos fundamentos se hallan plasmados en el aludido Auto Interlocutorio. Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentaron informe alguno, tampoco asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 1427.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Ricardo Condori Tola, Jefe Departamental de la Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera, del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, en audiencia de garantías a través de su abogado, refirió que: a) De acuerdo a la doctrina de las autorestricciones establecida por la jurisprudencia constitucional, en los procesos en los cuales se alega la falta de fundamentación, valoración errónea de la prueba o a la aplicación equivocada de la normativa, se debe cumplir con la carga argumentativa respectiva; sin embargo, de lo expresado por la impetrante de tutela en su acción tutelar, no se advirtió la misma; en ese contexto, no se puede ingresar al análisis de fondo respecto a la causa; b) Con relación a los principios de seguridad jurídica y verdad material, alegado por la prenombrada, la citada jurisprudencia estableció de manera clara y reiterada que, si bien los mismos son una máxima interpretación respecto a los derechos; empero, no son tutelables a través de las acciones de defensa; por tal motivo, no pueden ser considerados por la Sala Constitucional, a objeto de emitir una decisión; c) El Auto Interlocutorio 147/2022, ya fue revisado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y no incumple con los preceptos determinados de falta de fundamentación, motivación o valoración probatoria; en tal sentido, tampoco esos derechos se pudieron advertir por su Cartera de Estado; y, d) La solicitante de tutela si bien presentó la documentación correspondiente; sin embargo, esta habría sido adquirida con posterioridad a la disposición emitida por el Juez de la causa; es decir, la decisión dictada por la autoridad jurisdiccional fue el 2012 y la adquisición del bien inmueble se realizó el 2016; en consecuencia, existió una compra posterior y que cumple con lo establecido en el art. 255 del CPP, al indicar que este tipo de incidentes de calidad de bienes, será atendible siempre y cuando se pueda demostrar la adquisición anterior a la disposición de la incautación. Por tal motivo, no se advirtió la existencia de transgresión del derecho a la propiedad. La Dirección Departamental de DIRCABI La Paz, a través de sus abogados, sostuvo que: 1) No se fundamentó qué derechos se habrían conculcado de forma técnica y jurídica, solamente se hizo referencia a principios constitucionales, los mismos que no son objeto de tutela a través de la acción de amparo constitucional; 2) El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del indicado departamento, valoró las pruebas que se adjuntaron, dentro de las cuales se demostró que el predio en cuestión, fue adquirido el 3 de agosto de 2016, cuando existía la Resolución de incautación 314/12, con anterioridad; vale decir, hay un inmueble obtenido cuatro años posterior a la incautación, siendo claro el art. 255 del CPP, al determinar que se puede plantear un incidente de calidad de bienes, siempre y cuando el bien haya sido adquirido anteriormente. Eso fue lo que no acreditó y no demostró la accionante; 3) La prenombrada en ningún momento planteó un incidente de nulidad, sino formuló incidente de calidad de bienes, y lo que tenía que hacer era desacreditar y demostrar que los mismos no merecen ser sujetos de incautación, cumpliendo los requisitos previstos en el citado precepto legal, dentro de los cuales está demostrar el origen lícito del predio; aspecto que no aconteció, tampoco acreditó su adquisición antes de la relación de incautación; 4) En caso de considerar que se obró con vulneraciones al debido proceso, la peticionante de tutela dentro la presente causa, podía activar distintos incidentes; empero, no lo hizo; y, 5) Los Jueces codemandados valoraron correctamente las pruebas, las cuales determinaron que el bien inmueble fue adquirido el 2016, después de la resolución de incautación. Asimismo, el Auto de Vista 14/2023, pronunciado por los Vocales demandados, no identificó agravios en el Auto Interlocutorio 147/2022, siendo emitido conforme a los medios probatorios que se adjuntaron en cuanto al incidente de calidad de bienes; por tal motivo, solicitó que se deniegue la tutela demandada.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, manifestó que: i) El bien inmueble ahora reclamado por la impetrante de tutela, fue objeto de allanamiento el 2010, en virtud de una Resolución emitida por autoridad judicial competente, quien en la ejecución de esa decisión, se estableció que el predio habría sido habitado tiempo atrás por Juan Herbas Grageda, principal acusado dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, cuya causa ya cuenta con una sentencia; ii) No se indicó que la propiedad estaba a nombre del prenombrado, con la finalidad de ocultar su origen real; por ello, fue incautado el inmueble en su oportunidad y confiscado mediante Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; iii) En cuanto al incidente que se presentó, el mismo fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 147/2022, y ratificado por el Auto de Vista 14/2023, advirtiendo que no ameritaba ingresar al fondo del análisis, porque no se observó el principio de subsidiariedad; puesto que, la solicitante de tutela debió solicitar la complementación, enmienda o aclaración de los aspectos que quedaron oscuros en el citado fallo de alzada; al no hacerlo, perdió su derecho y por ello no es posible plantear esta acción tutelar; y, iv) Advirtiendo que el predio fue adquirido posterior al allanamiento efectuado, en el cual habitaban otras personas que no son ninguna de las nombradas como anteriores propietarias, y por el contrario, se estableció que fue habitado por el acusado; en tal sentido, no puede concederse la tutela impetrada, correspondiendo denegar la misma, por su vinculación con una persona que ya cuenta con una sentencia de primera instancia, la cual fue objeto de apelación restringida y emitida la resolución de alzada. Yolanda Tania Alfaro Castellón, Fiscal de Materia, no presentó escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 1409.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 115/23 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 1450 a 1453 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Al momento del conocimiento de la presente acción tutelar, la Sala Constitucional verificó que existe una sentencia, la cual pese a no tener la calidad de cosa juzgada, debe presumirse su legitimidad, habiendo dispuesto la confiscación del inmueble en cuestión, y por esa razón la oportunidad de formular el incidente sobre la calidad de los bienes, que a la fecha no se encuentra legítimamente habilitada; b) Por ese motivo, la indicada Sala evidencia una carencia de relevancia constitucional sustancial; puesto que, aun concediendo la tutela, la Sentencia vigente confisca el referido bien inmueble; y, c) “…distinto fuera el escenario si a la fecha no existiera sentencia o estuviera revocado, pero al momento de conocimiento del presente acto constitucional existe una disposición emitida por el control jurisdiccional ordinario, tribunal de sentencia de confiscación y esto limita el derecho que tiene la hoy accionante de formular un incidente de oposición de los bienes con el artículo 255” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público contra Juan Herbas Grageda y otros, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas; el Juez de Instrucción Penal Primero -en suplencia legal de su similar Décimo- de la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 314/12 de 31 de agosto de 2012, dispuso la incautación, entre otros, del bien inmueble ubicado en el barrio “Las Pampitas”, calle 5, casa 43 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (fs. 919 y vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2017, Agueda Taborga Mendoza -ahora accionante-, interpuso ante el Juez de la causa, incidente sobre calidad de bienes y pidió la desincautación del citado bien inmueble que es de su propiedad, del cual se encuentra en posesión real, registrado en las oficinas de DD.RR., bajo la matrícula computarizada 7.01.2.01.0000329 (fs. 965 a 970 vta.).

II.3. Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento -ahora codemandados-, en audiencia, emitieron el Auto Interlocutorio 147/2022 de 26 de septiembre, rechazando el incidente planteado. Posteriormente, en dicho actuado la peticionante de tutela interpuso recurso de apelación contra el fallo indicado supra (fs. 979 a 983). II.4. En virtud a la impugnación interpuesta, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -hoy demandados-, pronunciaron el Auto de Vista 14/2023 de 18 de enero, declarando improcedentes las cuestiones planteadas y dispusieron confirmar el Auto Interlocutorio recurrido sobre consideración de incidente de calidad de bienes. Fallo que fue notificado a la impetrante de tutela, el 18 de enero del citado año (fs. 1030 a 1032). II.5. Los Jueces codemandados, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Herbas Grageda y otros, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, emitieron la Sentencia 17/2023 de 27 de marzo, declarando al prenombrado, autor y culpable del ilícito acusado, condenándole a cumplir la pena privativa de libertad de cinco años de presidio, disponiendo la confiscación del mencionado bien inmueble (fs. 1184 a 1213).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, y los principios de verdad material y seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Herbas Grageda y otros: 1) Los Jueces codemandados mediante Auto Interlocutorio 147/2022 de 26 de septiembre, rechazaron el incidente de calidad de bienes o desincautación que formuló; alegando que, el Auto Interlocutorio 314/12 de 31 de agosto de 2012, que dispuso la incautación de su bien inmueble, era anterior a la adquisición del mismo, por lo que no era atendible su pedido; y, 2) A su turno, los Vocales demandados, pronunciaron el Auto de Vista 14/2023 de 18 de enero, declarando improcedente el recurso de apelación que formuló, confirmando el Auto Interlocutorio recurrido. Sin embargo, ambos fallos transgreden los derechos y principios invocados en esta acción tutelar; puesto que, al rechazar su pretensión, no consideraron ni resolvieron los argumentos que sustentan su solicitud de desincautación del predio, desconociendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, respecto a esta problemática. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El principio de inmediatez en la presente acción tutelar, se halla consagrado en el art. 129.II de la CPE, estableciendo un plazo para su formulación, al señalar: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas nos corresponden).

En similar sentido, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (el resaltado es propio). En ese marco, la SCP 0082/2020-S2 de 17 de marzo, sostuvo que: “Según la Norma Suprema y el Código Procesal Constitucional citados precedentemente, el plazo para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada, de notificada la última decisión administrativa o judicial o desde la notificación con la resolución que conceda o rechace la solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa. Por su parte la jurisprudencia constitucional, ha establecido que la acción de amparo constitucional, se rige entre otros, por el principio de inmediatez, que consiste en que su activación está supeditada a un plazo de caducidad. Así la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, respecto al principio de inmediatez sostuvo que: ‘…la jurisprudencia constitucional de manera uniforme ha establecido que el recurso de amparo debe ser planteado de forma inmediata o hasta los seis meses, luego de conocerse el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no hubiere otro recurso inmediato para la protección del derecho o garantía constitucional que han resultado lesionados. Entendimiento, que está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’.

La SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez afirmó que: ‘…el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto, vale decir, que el recurso no podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses esté superabundantemente vencido o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se acudió previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión al derecho fundamental’. Entendimientos reiterados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0249/2012 de 29 de mayo y 0080/2018-S4 de 27 de marzo. En consecuencia, el cómputo del plazo de los seis meses, a efecto de establecer si la acción de amparo constitucional fue planteada en observancia del principio de inmediatez, comienza a computarse desde la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión, ya sea administrativa o judicial” (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes remitidos a este Tribunal se evidencia que, dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público contra Juan Herbas Grageda y otros, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el Juez de Instrucción Penal Primero -en suplencia legal de su similar Décimo- de la Capital del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 314/12 de 31 de agosto de 2012, dispuso la incautación, entre otros, del bien inmueble ubicado en el barrio “Las Pampitas”, calle 5, casa 43 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, Agueda Taborga Mendoza -ahora accionante-, interpuso ante el Juez de la causa, incidente sobre calidad de bienes y pidió la desincautación del citado bien inmueble que alega ser de su propiedad, encontrándose en posesión real y registrado en las oficinas de DD.RR., bajo la matrícula computarizada 7.01.2.01.0000329. En mérito a ello, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento -ahora codemandados-, en audiencia, emitieron el Auto Interlocutorio 147/2022 de 26 de septiembre, rechazando el incidente planteado; decisión que fue recurrida de apelación en dicho actuado procesal. Como resultado de la impugnación formulada, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -hoy demandados-, pronunciaron el Auto de Vista 14/2023 de 18 de enero, declarando improcedentes las cuestiones planteadas, disponiendo confirmar el Auto recurrido, sobre consideración de incidente de calidad de bienes.

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la inmediatez es uno de los principios que rige la acción de amparo constitucional; el cual, consiste en que la misma debe ser planteada de forma inmediata o dentro del plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida alegada o de la notificación con la última decisión, ya sea administrativa o judicial, siempre que no exista otro recurso inmediato para la protección del derecho o garantía constitucional que resultó lesionado. Con carácter previo, corresponde señalar que si bien cursa en el expediente un certificado de envío del memorial de acción de amparo constitucional, a través del buzón judicial el 18 de julio de 2023, a horas 19:58 (fs. 1377); cabe aclarar que este sistema informático, está previsto para la presentación de memoriales y recursos en plataforma virtual, fuera del horario judicial y en días inhábiles en caso de urgencia, según determina el art. 1 de su Reglamento; situación que no acontece en el caso que se analiza, debido a que la indicada fecha era día hábil; por tal motivo, la acción tutelar debió ser presentada en el horario judicial establecido para tal fin, no existiendo justificativo respecto a un eventual caso de urgencia; en consecuencia, no resulta idónea dicha presentación. En ese marco, el entendimiento anotado precedentemente, es aplicable al caso en análisis; ya que, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que la impetrante de tutela fue notificada con el Auto de Vista 14/2023 de 18 de enero, pronunciada por los Vocales demandados, el 18 de enero del mismo año (Conclusión II.4); determinación que se constituye en la última Resolución de cierre en el ámbito de la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, es a partir de la notificación con el mencionado fallo que resolvió su recurso de apelación planteado, que debe computarse el plazo de los seis meses, hasta la interposición de esta acción tutelar, habiendo sido presentada la misma el 19 de julio de 2023; es decir, seis meses y un día después de la señalada notificación, y por ende fuera del término previsto para su formulación. Consecuentemente, en el caso en estudio se advierte la concurrencia del principio de inmediatez; pues, una vez que la solicitante de tutela asumió conocimiento de la aludida Resolución de alzada, dejó transcurrir el plazo para interponer la presente acción de amparo constitucional, formulándolo después de fenecido el término de los seis meses, desnaturalizando con dicha demora el mencionado principio que caracteriza a esta acción de defensa; por cuanto, este mecanismo tutelar tiene por objeto proteger de forma inmediata los derechos y garantías fundamentales de las personas que consideren fueron vulnerados por actos ilegales u omisiones indebidas de funcionarios públicos o particulares, conforme al razonamiento jurisprudencial glosado en el Fundamentos Jurídico III.1 de este fallo constitucional; debiendo tomarse en cuenta que, en el intermedio en que se emitió el Auto de Vista cuestionado y la formulación de esta acción tutelar, se pronunció la sentencia que dispuso la confiscación definitiva del bien inmueble en cuestión (Conclusión II.5); lo que exigía a la accionante tener un máximo de diligencia en el planteamiento de la misma.

Por todo lo expuesto, corresponde denegar la tutela demandada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 115/23 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 1450 a 1453 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo la problemática en estudio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1416_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 30ee9ad1486fc1836a3dd2f6cd1619d6591cf1e54e5c86aa23ead26c7fab854f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →