Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de su derecho a una vida libre de violencia; aduciendo que inició dos procesos penales contra Jorge Daniel Condori Machaca, su ex cónyuge ahora codemandado, por agresiones verbales y físicas de las que fue objeto; pese a ello, las mismas no cesaron, recibiendo constantes amenazas por parte del prenombrado y Daniela Sanabria Rojas -actual pareja de aquel, ahora demandada-, para desistir de esas causas y siendo que comunicó este aspecto mediante diversos memoriales a Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia, que a su vez dirige una investigación en su contra; esta autoridad no asumió ninguna medida de protección a su favor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 200/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 851 a 853, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional manteniendo invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela impetrada dispuesta por la mencionada Sala Constitucional, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1412/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 58616-2023-118-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 200/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 851 a 853, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Abigail Belén Aguilar Machaca contra Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia; Jorge Daniel Condori Machaca y Daniela Sanabria Rojas.
Por memoriales presentados el 25 de octubre y 10 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 136 a 154 y 156 a 160, la accionante refirió que:
Es víctima de tentativa de feminicidio aspecto que se puede corroborar de los dos procesos penales que inició contra su ex cónyuge Jorge Daniel Condori Machaca -codemandado-, signados con Código Único del Caso (CUD) 201103052100207 y 201502022101391, estando el primero con acusación formal en espera de señalamiento de juicio oral y el segundo en etapa preparatoria. Producto de las agresiones que sufrió se expidieron cinco certificados médicos forenses y se sometió a dos pericias psicológicas que demostraban que estaba en peligro de feminicidio. Como un medio para que desista del primer proceso descrito precedentemente su agresor falsificó un informe del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). De esa forma se le inició una causa penal a cargo de Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia -demandado-, con CUD 201502022106918.
Por otra parte la actual pareja de su presunto agresor, Daniela Sanabria Rojas -codemandada-, la contactó por teléfono y le exigió que desista del proceso penal, además de amenazarla en diversas oportunidades por ese medio y a través de mensajes efectuados desde su número de celular. Estos episodios de violencia constante fueron puestos a conocimiento del Fiscal de Materia demandado mediante once memoriales en distintas fechas y en reiteradas oportunidades, explicando que los codemandados tenían como único fin que desista de los procesos penales; motivo por el cual, debió aplicarse a su favor el protocolo para juzgar con perspectiva de género; ya que la referida autoridad no tomó en cuenta esos aspectos y rechazó sus solicitudes con simples decretos. Toda la situación que relata le afectó al punto de mermar su capacidad para desempeñarse como abogada y trabajar, sintiéndose inútil y sin hallar razón a su vida; por tal motivo, sería aplicable la SCP 0836/2020-S3 de 7 de diciembre, respecto a la obligación del Estado a establecer mecanismos eficaces de protección a las mujeres en situación de violencia.
Denunció la lesión de su derecho a una vida libre de violencia, citando al efecto el art. 15.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Jorge Daniel Condori Machaca y Daniela Sanabria Rojas -codemandados-, se abstengan de realizar cualquier acto de violencia o persecución en su contra, por sí o terceras personas, ni de forma directa o indirecta a través de redes sociales, llamadas telefónicas o cualquier medio de comunicación, considerando que el proceso penal no fue suficiente para evitar esas agresiones; y, b) Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia demandado, cumpla con la obligación de aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, considerando y ejerciendo cautela de las denuncias que efectuó, mediante once memoriales, en los que expuso que el proceso penal que se le instauró por una supuesta falsedad tenía como finalidad obligarla a desistir del proceso penal por tentativa de feminicidio iniciado en su contra.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 824 a 837 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que: 1) “…va retirar el Amparo en contra del Fiscal, porque el Fiscal anoticiado de todos estos mensajes, de todas estas llamadas y todas las agresiones, ha rechazado el proceso en contra de la víctima. (…) El amparo solo lo vamos a dirigir contra los agresores” (sic); 2) La SCP 0033/2013 de 4 de enero, establece que las amenazas, las agresiones verbales y otras son objeto de tutela vía amparo constitucional, ya que podrían generar una escalada que derive en el suicidio de la víctima; y pese a que se retiró la acción de defensa contra el Fiscal de Materia, el referido fallo constitucional también estableció que la tutela puede ser otorgada de forma provisional, aún la autoridad fiscal no hubiera sido demandada; 3) Se recabaron cinco certificados médicos forenses que demostraban las lesiones físicas que sufrió, asimismo se tiene “…la existencia de un proceso penal que da cuenta a base fáctica necesaria para llegar a la conclusión de una protección de tutela vía Amparo porque el proceso penal de referencia no ha sido suficiente para protegerla de estas amenazas” (sic); de igual forma las medidas de protección no fueron suficientes para que pueda mantenerse libre del círculo de violencia, toda vez que el hostigamiento y amenazas continuaron; 4) A través de la acusación, registro del lugar del hecho y la fotografía de su persona se demostraba que fue objeto de severas lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo; 5) Pese a que uno de los procesados está cumpliendo detención preventiva y con acusación, esas medidas no fueron suficientes; por cuanto, la violencia continúa ya que recibió amenazas vía WhatsApp del número prepago 70552017 que pertenece a Daniela Sanabria Rojas; también recibió dos mensajes de amenaza del 62464848, número que José Daniel Condori Machaca presentó en un memorial junto con su correo electrónico; esos números telefónicos fueron corroborados mediante requerimientos fiscales; 6) Recibió dos llamadas de un centro telefónico, de las cuales se pidió un análisis de radio bases que fue solicitado oportunamente; y, 7) Conforme la SCP 0030/2019-S1 de 25 de marzo, se modula el petitorio de la acción de amparo constitucional para que se requiera “…al Fiscal Omar Condori, la Fiscal Godelia Vázquez Almaguer, que es la Fiscal que tiene a su cargo el proceso penal con acusación formal y el Fiscal Omar Condori que tiene a su cargo el nuevo proceso penal por violencia, en el cual es víctima de las mismas personas la Sra. Abigail Belén, emita mayores medidas de protección en favor…” (sic) de su persona. Ante la pregunta de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de si sufrió alguna agresión más contestó: “…si bien no he sido agredida de manera física en estas oportunidades, si mediante gestos e intimidaciones, no solamente por parte de la Sra. Daniela Sanabria, sino también por su Asistente Legal, el Sr. Aldo Ramírez…” (sic).
Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia; no presentó informe escrito alguno; pese a su legal notificación cursante a fs. 165; no obstante a ello, la accionante retiró la presente acción de defensa en su contra. Daniela Sanabria Rojas y Jorge Daniel Condori Machaca, por informe escrito presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 641 a 656 vta., y en audiencia de garantías, manifestaron que: i) Dentro del proceso con CUD 201502022106918, se celebró audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa cuyo resultado fue anular la imputación forma contra la accionante, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de sellos, papel sellado y timbres; y, uso de instrumento falsificado, fallo que fue ejecutoriado; ii) La impetrante de tutela omitió señalar que dentro del caso con “CUD 0207”, tiene activado el botón de pánico, en su equipo celular que le permitiría resguardar su integridad; pese a ello, recurrió en amparo a sabiendas que con esa aplicación puede realizar grabaciones o filmaciones, así como emitir señal de su ubicación en tiempo real; iii) La SCP “033/2003” no era aplicable al caso; de igual forma la “Sentencia Constitucional 0248” resolvió por denegar la tutela, decisión que fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; asimismo, la “sentencia constitucional” “836/2020-S3” tenía un voto disidente y de igual forma la decisión fue revocada en todo y no se dio lugar a las garantías solicitadas; en suma con esos fallos constitucionales que no fueron aparejados de forma completa se admitió esta acción de defensa; iv) Daniela Sanabria Rojas no era parte de ninguno de los procesos penales iniciados a instancias de la solicitante de tutela, siendo su participación como abogada del codemandado Jorge Daniel Condori Machaca, en ese ínterin la referida profesional detectó documentación falsificada, relativa al domicilio del prenombrado; v) Se pidió un requerimiento a la empresa “VIVA” para que informe si del número de celular 70552017, que pertenece a la codemandada se hubiera mantenido contacto o llamadas con el celular de la accionante, mereciendo como respuesta que no se tienen ni mensajes ni llamadas; además tendría bloqueada a la impetrante de tutela desde el 2019, en la aplicación WhatsApp; vi) El día que la solicitante de tutela presuntamente sufrió una agresión denunciada en el “caso 207” por parte de la codemandada, esta se encontraba en el municipio de San Pedro de Tiquina, conectada a una audiencia como manifestó la asesora legal de ese municipio en respuesta a un requerimiento fiscal; vii) Se remitan antecedentes por uso de instrumento falsificado en esta acción amparo constitucional por la impetrante de tutela, se deniegue la tutela para ambos codemandados, y respecto a Daniela Sanabria Rojas se remitan antecedentes por la violencia laboral que sufre a raíz de este problema con la solicitante de tutela; viii) Jorge Daniel Condori Machaca está cumpliendo detención preventiva y no cuenta con equipo celular al estar dentro el Centro Penitenciario de San Pedro; por lo cual, resulta imposible que hubiera amenazado a la peticionante de tutela; ix) El “…28 de febrero aparentemente ha sido golpeada…” la peticionante de tutela; sin embargo, ella se encontraba ese día haciendo su cierre de campaña en el municipio de Viacha, lo que resultaba incoherente; por cuanto, la prenombrada denunció que fue víctima de tentativa de feminicidio; asimismo el “primero de marzo”
dio una conferencia en el canal “ATB” sin signos de violencia con el rostro sano; y, x) Solicita se deniegue la tutela recomendando a la accionante abstenerse de realizar afirmaciones que no son correctas, y se le exhorte a colectar pruebas dentro el marco del debido proceso, y a que utilice el botón de pánico ante futuras presuntas agresiones. En el desarrollo de la audiencia de garantías, específicamente durante la intervención del abogado de la impetrante de tutela, el demandado Jorge Daniel Condori Machaca en reiteradas oportunidades manifestó que no lograba escuchar nada; ante esa situación, los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se comunicaron con el Centro Penitenciario San Pedro y pidieron la asistencia de un funcionario policial, quien corroboró que no había problema en la conexión, prosiguiendo el desarrollo de ese actuado.
Pese al decreto de 26 de octubre de 2022, cursante a fs. 155, emitido por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el que se instruyó a la accionante cumplir entre otras observaciones la de identificar de forma concreta y precisa a los terceros interesados; se tiene que, por memorial de 10 de noviembre de 2022, la prenombrada expresó “…NO EXISTEN TERCEROS INTERESADOS, puesto que se basa en actos de hecho, de violencia reiterativos por parte de los accionados...” (sic); en mérito a ello no cursan notificaciones a ningún otro sujeto procesal.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 200/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 851 a 853, concedió la tutela solicitada, disponiendo que Jorge Daniel Condori Machaca y Daniela Sanabria Rojas, se abstengan de realizar cualquier acto de acoso o persecución contra la accionante; y, se tuvo por retirada la acción de amparo constitucional contra Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia; con base en los siguientes fundamentos: a) Desde el 26 de febrero de 2021, la impetrante de tutela indica que viene recibiendo amenazas, agresiones verbales y físicas por parte de su ex pareja Jorge Daniel Condori Machaca, quien en compañía de su madre Eulogia Machaca Ticona, el 3 de marzo del señalado año, se constituyó al domicilio de la impetrante de tutela, para exigirle la suma de $us5000.- (cinco mil dólares estadounidenses), por daños y perjuicios, además de anunciar que se vengarían si no desistía de la causa; b) El 23 del referido mes y año, la solicitante de tutela recibió amenazas vía WhatsApp del número de celular 70552017 en el sentido de que retire la denuncia penal; es así que Jorge Daniel Condori Machaca y Daniela Sanabria Rojas le agredieron físicamente; y, c) El causar amenazas, agresiones verbales o físicas a una persona constituyen vías de hecho y al ser la víctima una mujer que fue presuntamente agredida verbal y físicamente por su ex pareja Jorge Daniel Condori Machaca, por no haberle dado el pago de daños y perjuicios que aquel exigió, se configuran en una forma de violencia ejercida contra la mujer y ameritaba protección.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp, de 26 de febrero de 2021, en la que se advierte el número de celular +519 62464848 del cual presuntamente Abigail Belén Aguilar Machaca -accionante- recibió amenazas (fs. 5 a 6); para corroborar ese extremo la prenombrada adjunta una fotocopia de memorial sin fecha presumiblemente perteneciente a Jorge Daniel Condori Machaca -codemandado-, quien en ese escrito hubiese señalado como número de celular el 62464848 (fs. 788 a 790). II.2. Consta fotocopia de captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, de 23 de marzo de 2021 en el que se observa el número de celular +591 70552017 desde el cual la impetrante de tutela recibió amenazas (fs. 3); esa línea telefónica presumiblemente pertenecería a Daniela Sanabria Rojas -demandada-, según la nota Cite: NT/Informe/3553/2022 de 25 de abril, expedido por la empresa de telecomunicaciones VIVA (fs. 4). II.3. Dentro del proceso penal con CUD 201103052100207, seguido por el Ministerio Público a instancia de la solicitante de tutela contra el codemandado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, consta inicio de investigación e imputación formal más la remisión en calidad de aprehendido del prenombrado suscrita por la Fiscal de Materia Liliana Cardona Choque Valda quien solicitó la medida cautelar de la detención preventiva (fs. 417 a 426). II.4. El 11 de marzo de 2022, la Fiscal de Materia Juana Fidelia Gómez Nolasco, dentro la referida causa penal, formuló acusación formal contra el codemandado (fs. 407 a 416). II.5. Dentro del proceso penal con CUD 201502022106918, seguido por el Ministerio Público a instancia del SEGIP contra la peticionante de tutela, por la presunta comisión de los delitos uso de instrumento falsificado y falsificación de sellos, papel sellado y timbres; el Fiscal de Materia Ramiro Nelson Prieto Villegas -demandado- el 4 de enero de 2023, dispuso el rechazo de la investigación (fs. 815 a 823).
II.6. Consta fotocopia de Formulario para la predicción y prevención de feminicidios sin fecha, con sello y firmas ilegibles, que registra riesgo medio (fs. 77). II.7. Cursa Disco Compacto (CD), con dos grabaciones de audio en el cual aparentemente una familiar del codemandado interactúa con la accionante para que esta desista de la acción penal instaurada contra aquel; asimismo, se encuentra una grabación donde se observa a una persona de sexo femenino con barbijo y abrigo rojo apuntando hacia quien graba y un funcionario policial detrás de esta, medios digitales de los que no es posible precisar su fecha (fs. 2).
La accionante denuncia la lesión de su derecho a una vida libre de violencia; aduciendo que inició dos procesos penales contra Jorge Daniel Condori Machaca, su ex cónyuge ahora codemandado, por agresiones verbales y físicas de las que fue objeto; pese a ello, las mismas no cesaron, recibiendo constantes amenazas por parte del prenombrado y Daniela Sanabria Rojas -actual pareja de aquel, ahora demandada-, para desistir de esas causas y siendo que comunicó este aspecto mediante diversos memoriales a Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia, que a su vez dirige una investigación en su contra; esta autoridad no asumió ninguna medida de protección a su favor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular la SCP 0762/2019-S4 de 11 de septiembre, señaló lo siguiente: «…El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de sus diferentes etapas y mediante reiterada jurisprudencia, ha precisado que a partir de la doctrina, el desistimiento es una declaración de voluntad y un acto procesal que implica dejar atrás la acción, el recurso o el incidente promovido; entendimiento general que puede ser aplicado a la jurisdicción constitucional, que implica que el accionante tiene la posibilidad de utilizar esta figura procesal a efectos retirar o renunciar la pretensión formulada en vía tutelar.
Así, la SC 0978/2004-R de 23 de junio, haciendo cita a otras Sentencias Constitucionales, señaló lo siguiente: “…el retiro o el desistimiento de un recurso de amparo en este caso cuando responde a la decisión libre y voluntaria de la parte recurrente, expresada de manera clara, expresa y contundente, constituye un acto de manifestación de voluntad que debe ser respetada, en razón de que los derechos se ejercen por voluntad del titular del mismo; consecuentemente, cuando una persona acude a la jurisdicción constitucional en busca de la protección de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales y previo a la consideración y resolución de la demanda de amparo retira la misma o desiste de ella, corresponde únicamente, su aceptación.
Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 1151/2003-R, de 15 de agosto –entre otras–, enseña que: 'conforme a los mandatos de la misma Constitución y como ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional, los derechos se ejercen por voluntad del titular de los mismos, de modo que bajo ningún motivo se puede obligar a ejercerlo, salvo algunos derechos que por su naturaleza deban ser obligatoriamente protegidos por esta jurisdicción…ʼ”.
Complementando dicho entendimiento, el AC 0008/2005-O de 26 de abril, estableció que: ‵…el desistimiento es una forma de conclusión o extinción extraordinaria de un proceso o acción judicial, toda vez que constituye una renuncia o abdicación expresa del demandante o accionante a las pretensiones jurídicas planteadas en la demanda y los derechos perseguidos en ella.
Dicha facultad procesal es aplicable en la jurisdicción constitucional dentro de los recursos que admiten el desistimiento, tal es el caso del recurso de amparo constitucional, siempre y cuando sea expuesto en forma expresa antes del pronunciamiento de la respectiva sentencia constitucional, y no existan razones de orden público o relevancia nacional′.
Entendimiento doctrinal de orden procesal que se aplica a los recursos, cuando se encuentran con los jueces o tribunales de amparo e inclusive en grado de revisión ante este Tribunal.
Partiendo de dichos entendimientos, la SCP 0352/2012 de 22 de junio, sostuvo que aquellos casos en los cuales la parte accionante formule su desistimiento o retiro de la demanda dentro de una acción de amparo constitucional, sea ante el juez o tribunal de garantías, o en grado de revisión, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, dicha pretensión debe ser aceptada sin ingresar a ningún estudio de fondo de la problemática planteada, pues conforme a lo establecido precedentemente, los derechos se ejercen por voluntad propia de su titular y no puede obligarse a su titular a ejercerlos, a no ser que se trata de derechos que por su naturaleza, deban ser obligatoriamente resguardados por esta jurisdicción.
En ese sentido, la señalada SCP 0352/2012, estableció los siguientes criterios de concurrencia, para determinar la aceptación del desistimiento o retiro de la acción de amparo constitucional presentada:
“1) El desistimiento o retiro de la demanda es de carácter voluntario, por lo que debe emerger de una manifestación de voluntad inequívoca y que no denote la existencia de presión o mediación alguna que conlleve al accionante a efectuar contra su voluntad el desistimiento o retiro.
2) El memorial de desistimiento o de retiro de demanda, debe presentarse en forma escrita, con la firma del o de la titular del derecho y la de su abogado, excepto en los casos en los que se hubiese otorgado poder en el que se especifique la facultad de desistir o retirar la demanda; actuado que deberá ser realizado antes del pronunciamiento de la respectiva Sentencia Constitucional, pues aunque se haya enviado por fax el memorial correspondiente, es imprescindible que se presente el memorial original a los fines de constatar su autenticidad.
3) Se aceptará el desistimiento o retiro de demanda, siempre y cuando no existan razones de orden público o relevancia nacional que conlleven a denegar dicha solicitud. En este sentido, en un estado democrático, el orden público no debe entenderse como un fin en sí mismo sino como una situación de paz para el ejercicio de derechos y los valores democráticos, de forma que para la aceptación del desistimiento de un derecho subjetivo en una acción de amparo constitucional, no debe afectarse un bien jurídico constitucional superior” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
No obstante, dada la sumariedad de las acciones de defensa que implica la inmediata resolución del conflicto a efectos de la restauración inmediata del derecho conculcado, y atendiendo a los principios de informalismo, pro actione e inmediación, que conllevan a la interpretación y aplicación de la norma más favorable en favor de quien acude ante la justicia constitucional, así como de la participación directa del Juez o Tribunal de garantías en la resolución de causas que involucren la tutela de derechos fundamentales, se hace preciso modular la jurisprudencia previamente glosada.
En este sentido, a los criterios establecidos por la SCP 0352/2012, a efectos de determinar la aceptación del desistimiento o retiro de la acción de amparo constitucional, deberá adicionarse lo siguiente:
En el punto 1: El desistimiento o retiro de la demanda, podrá ser formulado oralmente o por escrito.
Como presupuesto 2, deberá consignarse lo siguiente: El desistimiento o retiro de demanda que sea planteado de forma oral, solo podrá ser propuesto ante el Juez o Tribunal de garantías por el accionante o su representante legal con poder específico y suficiente, en el que se conceda la facultad expresa de desistir o retirar la demanda inclusive en audiencia suscitada; actuado que deberá ser realizado al inicio del acto procesal señalado.
El numeral 2 deberá modificarse por el 3 de la siguiente forma: El memorial de desistimiento o de retiro de demanda, podrá interponerse ante el Juez o Tribunal de garantías e incluso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, antes del pronunciamiento de la respectiva Sentencia Constitucional, debiendo presentarse el mismo, de forma escrita, con la firma del o de la titular del derecho y la de su abogado, excepto en los casos en los que se hubiese otorgado poder en el que se especifique la facultad de desistir o retirar la demanda; pues aunque se haya enviado por fax el memorial correspondiente, es imprescindible que se presente el memorial original a los fines de constatar su autenticidad.
El numeral 3 deberá cambiarse por el 4.
Modulación que se efectúa en razón a que, dada la libertad de acción que la Constitución Política del Estado reconoce en el ejercicio de los derechos fundamentales a su titular, no puede establecer condiciones que restrinjan o limiten la voluntad de quien, aún en el último momento y ante autoridad constitucional, desea renunciar a un procedimiento judicial en un acto espontáneo que implica la renuncia a las pretensiones formuladas en su demanda, y por ende extingue el pretendido derecho, independientemente de que éste exista o no» (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0033/2013 de 4 de enero, sobre el contenido esencial mínimo del derecho a la vida a protegerse y promoverse por el Estado y las autoridades públicas, refiere que:“Todos los derechos fundamentales son iguales en jerarquía proclama el art. 13.III de la Constitución, sin embargo, es lógico asumir que el derecho a la vida implica ciertas situaciones particulares que deben ser consideradas a momento de tramitar su protección jurisdiccional en instancias de la jurisdicción constitucional, pues si no se cuenta con este derecho fundamental ningún otro podrá ser ejercido, además de ello, toda la sociedad políticamente organizada no tendría sentido de no ser para garantizar a los seres humanos el derecho a una vida digna.
De ahí se tiene que toda decisión administrativa, legislativa o judicial siempre deberá compulsar dos principios esenciales, que son: i) el principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable de la protección exhaustiva del derecho a la vida. Estos dos principios se deducen de la estructura normativa y jurisprudencial de este derecho en el contexto internacional de los Derechos Humanos y en el contexto constitucional boliviano.
Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado)…” (las negrillas nos corresponden).
Sobre el intitulado, la SCP 0042/2019-S4 de 1 de abril, citando a la SCP 0890/2013 de 20 de junio, sostuvo que: “ʽPor su naturaleza jurídica, la acción de amparo constitucional, tutela derechos reconocidos por la CPE y la Ley, que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos, ni reconocer derechos; tales hechos deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinariaʼ. Al respecto, el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: ‘…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’ b) La SC 0278/2006-R de 27 de marzo, señaló: ‘…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos’; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: «…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…»; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: ‘…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: «…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…»´.
En ese mismo orden, la jurisprudencia constitucional estableció lo siguiente: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: ‘De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional’; 2) La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre refirió: ‘…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria’; y, 3) Asimismo, el fallo precitado, más adelante estima que si bien es posible activar directamente la acción de amparo constitucional ante la existencia de medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, empero, dicha regla no es absoluta, puesto que restringe y limita el uso de la presente acción tutelar, cuando concurren hechos controvertidos; en ese sentido, refiere que: ‘…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho, una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos.
En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria’” (el resaltado nos pertenece).
La accionante pretende a través de esta acción de defensa el cese del hostigamiento, amenazas y agresiones, que presuntamente los codemandados constantemente realizaban con el objetivo que desista de los procesos penales que instauró contra su ex cónyuge; y, que el Fiscal de Materia demandado le otorgue medidas de protección en un proceso penal en el cual ella estaba siendo investigada; no obstante, posterior a ello, en audiencia de garantías desistió de la acción de amparo constitucional contra la referida autoridad en mérito a que hubiera pronunciado resolución de rechazo a su favor en esa causa penal (Conclusión II.5). Por otro lado, modificó su petitorio conforme lo establecido por la SCP 0030/2019-S1 de 25 de marzo, para que se requiera “…al Fiscal Omar Condori, la Fiscal Godelia Vázquez Almaguer, que es la Fiscal que tiene a su cargo el proceso penal con acusación formal y el Fiscal Omar Condori que tiene a su cargo el nuevo proceso penal por violencia, en el cual es víctima de las mismas personas…” (sic), emitan mayores medidas de protección en favor de su persona. En ese antecedente y conforme la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la figura del desistimiento o retiro de una acción de amparo constitucional debe obedecer a los siguientes presupuestos: 1) El desistimiento o retiro de la demanda, podrá ser formulado oralmente o por escrito, hecho que en el caso presente aconteció con la manifestación de la solicitante de tutela en audiencia de garantías; 2) Solo podrá ser propuesto ante el Tribunal de garantías por el impetrante de tutela o su representante legal con poder específico y suficiente; 3) Podrá interponerse ante el Juez o Tribunal de garantías e incluso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, antes del pronunciamiento de la respectiva Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo presentarse el mismo, de forma escrita, con la firma del o de la titular del derecho y la de su abogado; y, 4) Siempre y cuando no existan razones de orden público o relevancia nacional que conlleven a denegar dicha solicitud; no se observa que se configure este requisito, siendo al contrario, ya que el derecho por el que se accionó, es de orden individual y no involucraban cuestiones de orden público o relevancia que motiven su denegatoria. En ese orden, entendiendo que es prerrogativa del titular de derechos ejercerlos a voluntad, resulta viable el planteamiento de retiro de la acción de amparo constitucional impetrada por la accionante, quien además concierne puntualizar ejerce la profesión de abogado; por lo cual entiende perfectamente el efecto jurídico de retirar su demanda contra el Fiscal de Materia demandado, quien hubiera rechazado la causa penal que se le instauró por presuntamente fraguar un informe del SEGIP; por tal motivo, y siendo que aparentemente la vida de la accionante estaría en riesgo por la presencia de un formulario de feminicidio con riesgo medio conforme el Fundamento Jurídico III.2 concierne ingresar al análisis respecto a Jorge Daniel Condori Machaca y Daniela Sanabria Rojas. En lo referente a Jorge Daniel Condori Machaca, la impetrante de tutela manifiesta que en distintas ocasiones fue presuntamente agredida, incluso llegó a ser ahorcada por aquel de lo cual contaba con cinco certificados médicos forenses y dos procesos penales abiertos contra el supuesto agresor. En ese marco, la solicitante de tutela adjunta fotocopia de una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp de 26 de febrero de 2021, con el numero +519 62464848, del cual presuntamente recibió amenazas; para corroborar ese extremo la prenombrada adjunta una fotocopia de memorial sin fecha presumiblemente perteneciente al codemandado quien en ese escrito hubiese señalado como número de celular el 62464848 (Conclusión II.1); al respecto cabe puntualizar que si bien el número de celular parecería guardar identidad, llama de sobremanera la atención a este Tribunal el prefijo “+519”, por cuanto nuestro país utiliza el prefijo +591, lo que genera una duda respecto a esa presunta amenaza efectuada por la citada red social que no corresponde dilucidar en la jurisdicción constitucional. No obstante, de ello se tiene un formulario de riesgo de feminicidio medio sin mayores datos -fecha, identificación a que causa penal pertenece autoridad que lo expide-(Conclusión II.6) Asimismo, se tiene constancia de una Resolución de imputación formal, y pedido de detención preventiva contra el codemandado, de 18 de septiembre de 2021 (Conclusión II.3); y posterior acusación formal (Conclusión II.4), lo que denota la prosecución del proceso penal con CUD 201103052100207; y siendo que al momento de sustentarse la audiencia de garantías de esta acción de defensa se tiene que el prenombrado estaba cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro (desde el cual se conectó a dicho actuado); por lo cual resulta que la supuesta amenaza descrita en el párrafo anterior así como las presuntas agresiones físicas fueron realizadas de forma anterior a ser aprehendido y detenido preventivamente; en ese entendido, al ya haberse impuesto la medida de extrema ratio que prevé nuestro ordenamiento en materia penal respecto a Jorge Daniel Condori Machaca, se advierte que se asumió efectivamente una medida en favor de la integridad de la impetrante de tutela; en ese entendido, al existir un proceso penal dentro del cual ya se ejecutó la detención preventiva para precautelar la integridad de la accionante y proseguir con la causa penal no es posible otorgar la tutela respecto a una presunta lesión al derecho a una vida libre de violencia descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, supuestamente cometida por Jorge Daniel Condori Machaca. Sin perjuicio de lo anterior, en lo concerniente a las grabaciones adjuntadas en el CD (Conclusión II.7); específicamente a las grabaciones de 1 minuto y 19 segundos, y 3 minutos y 19 segundos, en las cuales aparentemente una tía del codemandado, hubiera contactado a la peticionante de tutela para que esta desista de la causa penal o se atenga a las consecuencias y que “activarían” al “Fiscal de Materia”, con quien tienen contacto para que le aplique medidas cautelares; no es posible determinar la fecha en la que se efectuaron tales conversaciones o su idoneidad, siendo aquello atribución exclusiva de la justicia ordinaria. Es prudente aclarar que la impetrante de tutela tiene la prerrogativa de iniciar acciones o procesos contra terceros que amenacen o lesionen su integridad teniendo para ello expedita la vía penal. Respecto a Daniela Sanabria Rojas -demandada-, consta fotocopia de captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, de 23 de marzo de 2021, en la que se observa el número de celular +591 70552017, desde el que la impetrante de tutela supuestamente recibió amenazas, y esa línea telefónica presumiblemente pertenecería a la demandada según la nota Cite: NT/Informe/3553/2022 de 25 de abril expedida por la empresa de telecomunicaciones VIVA (Conclusión II.2). Al respecto si bien existe un mensaje con amenazas -se infiere- de muerte, la supuesta agresora en audiencia de garantías manifestó que se remitan antecedentes al Ministerio Público; por cuanto, la accionante hubiera adjuntado documentos falsificados como prueba en esta acción de amparo constitucional, refiriendo “…quisiera dejar en sus manos, la documentación donde se evidencia que los memoriales que estuviera utilizando la Sra. Aguilar, en la cual a mí me estuviera, realmente (…) difamando con documentación falsificada (sic). Situación que se constituye en hechos controvertidos; por cuanto, existiría un conflicto personal entre ambas ciudadanas que no concierne dilucidar en esta instancia conforme el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; por lo cual, corresponde denegar la tutela; máxime si la accionante en dicho actuado manifestó que no fue objeto de mayores agresiones o amenazas, salvo gestos e intimidaciones que la demandada y su asistente legal le hubieran hecho en público. Finalmente respecto a la modificación de su petitorio, consistente en que Omar Condori Mamani y Godelia Vásquez Almaguer, Fiscales de Materia, que conducen las investigaciones penales contra Jorge Daniel Condori Machaca, le otorguen mayores medidas de protección, como se razonó en párrafos precedentes, el prenombrado estaba cumpliendo detención preventiva; además dichas autoridades no fueron demandadas en esta acción tutelar; por lo cual, no concierne acoger tal petitorio.
Dada la determinación asumida, es pertinente tomar en cuenta el alcance de la denegatoria de tutela y la concesión otorgada por la Sala Constitucional que provocó efectos jurídicos, en el entendido que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; en tal sentido, corresponde traer a colación lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia, determinando que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”. En tal sentido, y siendo que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, entendió que se suscitaron vías y medidas de hecho contra la accionante disponiendo el cese de las mismas y que los demandados se abstengan de realizar cualquier acto de acoso o persecución hacia la prenombrada; si bien aquella decisión no era precisa, tuvo como consecuencia la protección inmediata a una mujer en presunta situación de violencia, por lo cual es viable dimensionar los efectos de este fallo y mantener aquella previsión a su favor; más aún dado el transcurso del tiempo, considerando que desde la data de la Resolución 200/2023 de 24 de agosto a la fecha de pronunciamiento de esta Sentencia Constitucional Plurinacional transcurrieron más de dos años, por razones no atribuibles a las partes. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 200/2023 de 24 de agosto, cursante de fs. 851 a 853, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional manteniendo invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela impetrada dispuesta por la mencionada Sala Constitucional, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1412_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): b8b0e647dbeaa04891f10967f8b8cf46f480dc835b83dc3898c2511ae507e176
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