Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia vulneración a sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; en razón que: Desde el 16 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022, prestó sus servicios al Gobierno Municipal de Trinidad del departamento del Beni, en diferentes cargos, habiendo suscrito más de seis contratos continuos a plazo fijo y permanentes; posteriormente, sin ninguna explicación, y sin considerar su situación de inamovilidad por ser persona con discapacidad grave, lo desvincularon de la institución, bajo el argumento que su contrato feneció al cumplimiento del plazo, además de existir un informe desfavorable en su contra; el cual, nunca se le hizo conocer, desconociendo el contenido del mismo hasta la fecha de la presentación de la presente acción de amparo constitucional; Manifiesta que de forma oportuna dio a conocer a la entidad empleadora, su condición de persona con discapacidad, y consiguientemente su derecho a la inamovilidad laboral, solicitando por ello su reincorporación laboral, al amparo de la CPE y la Ley de Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-; pese a ello, no fue restituido a su fuente de trabajo, bajo el argumento que su relación laboral estaba regida por la Ley 1178 y DS 0181 NB-SABS y no por la Ley General de Trabajo; denunció además que tampoco se tomó cuenta que, al amparo de lo dispuesto por la Ley 321 y RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, al haber existido una relación ininterrumpida con la entidad empleadora, a través de la suscripción de más de seis contratos, correspondía convertir los mismos a contratos indefinidos.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 076/2023, cursante de fs. 136 a 139 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1407/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58585-2023-118-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 076/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 136 a 139 vta. Pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilson Tapia Aguilera contra Cristhian Miguel Cámara Arratia, Alcalde y Carlos Alfonso Ruiz Ortíz, Secretario Municipal de Planificación y Organización Territorial ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad del departamento de Beni.
Por memorial presentado en fecha 5 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 70 a 77 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Desde el 16 de enero de 2017, ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad del departamento de Beni (GAMT), bajo distintas modalidades de contratación y en diferentes cargos, tales como: Alarife en la Dirección de Planificación Urbana, Inspector de Obras dependiente de la Dirección de Planificación Urbana, Inspector de Lotes Baldíos, Técnico V, Inspector de Predios Baldíos y Operador 6 Sereno II de la SMPOT Gestión 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022; trabajos que desempeñó con total normalidad, dedicación y responsabilidad, hasta que la entidad empleadora lo desvinculó de su fuente laboral, bajo el argumento de haberse cumplido el plazo del contrato, existiendo un informe desfavorable en su contra, del cual nunca se le comunicó por lo que desconocía el mismo.
Ante tal situación, el 31 de enero de 2023, presentó memorial al Alcalde del GAMT del departamento de Beni-ahora demandado-, solicitando la restitución a su fuente de trabajo por inamovilidad laboral, dada su condición de persona con discapacidad. Dicha solicitud fue respondida mediante nota DESP.G.A.M.T.FICIO 183/2023 de 8 de febrero, se le entregó Informe Legal 091/2023 de 3 de febrero, evacuado por la abogada Encargada de Procesos Laborales y otros de la referida entidad edil; el cual, sin realizar un debido análisis y una correcta motivación y fundamentación, le negó su solicitud amparándose en la aplicación de la Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG) -Ley 1178 de 20 de noviembre de 1990, y Decreto Supremo (DS) 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS). Asimismo, denuncia que no se tomó en cuenta que su persona solicitó su inamovilidad laboral en base a la Ley de Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- y la Ley General del Trabajo, en mérito a la relación laboral ininterrumpida que sostuvo con la entidad municipal, desde el 16 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022, a través de la suscripción de más de seis contratos a plazo fijos y permanentes, que no fueron reconocidos en el marco de la Ley que 321 de 18 de diciembre de 2012, que prohíbe a los Gobiernos Autónomos Municipales, realizar contrataciones que encubran tareas propias y permanentes de la institución; así como la Resolución Ministerial (RM) 193/72 de 15 de mayo de 1972, que prohíbe la realización de más de tres contratos sucesivos en tareas propias y permanentes de la institución, habiéndose convertido dichos contratos en indefinidos, situación que debió ser tomada en cuenta por los demandados, antes de no contratarlo nuevamente. Por último, alegó que, no se le otorgó la información relacionada al supuesto informe que ocasionó que no lo vuelvan a contratar, información que fue brindada al Presidente de la Federación Beniana de Personas con Discapacidad y no a su persona, lo que ocasionó la vulneración de sus derechos constitucionales.
Denunció lesión al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 24, 46, 47, 48, 67, .68, 70, 115, 117 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad el departamento del Beni, le reincorpore a su fuente laboral; y, b) La imposición de costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 131 a 135 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en el desarrollo de la audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándola, manifestó que: 1) En reiteradas oportunidades se dio a conocer al GAMT del departamento de Beni, la condición de persona con discapacidad del accionante, presentando en tiempo oportuno la documentación pertinente, a fin de solicitar la reincorporación laboral, al amparo de lo dispuesto en el art. 70 de la CPE y art. 34 de la Ley 223; 2) El informe presentado por la parte demandada, se amparó en que las contrataciones del solicitante de tutela, fueron realizadas bajo el régimen de consultoría en línea, argumento que no desvirtuó lo solicitado, puesto que al ser una persona con discapacidad grave, se encuentra protegido por la inamovilidad laboral prevista en la normativa antes señalada; 3) El DS 0181 NB-SABS regula la contratación de personal, a través de consultorías en línea; sin embargo, no debió olvidarse que la entidad edilicia, se encuentra regida por la Ley 321, que incorporó al ámbito de la aplicación de la Ley General del Trabajo a los trabajadores asalariados permanentes, que desempeñan funciones de servicios manuales, técnicos operativos y administrativos de los Gobiernos Autónomos Municipales; normativa que resultaba aplicable al accionante, quien conforme demostró, inició su relación laboral con la institución desde el año 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022, en cargos manuales y técnico operativos, encontrándose dentro del alcance de la citada Ley; y, 4) La parte demandada, no puede tratar de encubrir una relación laboral constante y consecutiva que se dio a través de contratos por más de cinco años, debiendo aplicar lo dispuesto por la Ley 223, y lo establecido por la Ley 321 en cuanto a la inamovilidad y estabilidad laboral.
Cristhian Miguel Cámara Arratia, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad del departamento de Beni, a través de su representante legal, por memorial de fs. 104 a 106, ratificado en audiencia, señaló que: i) El accionante fue contratado a través de la modalidad de consultoría en línea, la cual se rige por el DS 0181 NB-SABS, normativa que es diferente al régimen de la Ley General del Trabajo, por cuanto no se puede solicitar que un asunto que, claramente es controvertido entre ambas partes, pueda ser dilucidado mediante el planteamiento de una acción de amparo constitucional; ii) La jurisprudencia constitucional, a tiempo de referirse a los consultores en línea, sostiene que tal situación laboral no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, tampoco se encuentra inmerso en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por la Ley 1178, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente a la modalidad de prestación de servicios en la calidad de empleados, pues el consultor no es un empleado en esencia, constituyéndose en una persona natural, que presta servicios especiales al sector público de acuerdo a lo establecido por el DS 0181 NB-SABS; y, iii) Sobre el financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, están sujetas al Plan Operativo Anual (POA), aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas; tomando en cuenta que, conforme lo establecido en el art. 5 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2020, ninguna entidad puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados; concluyendo que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad, para cada gestión. Carlos Alfonso Ruiz Ortíz, Secretario Municipal de Planificación y Organización Territorial del GAMT del departamento del Beni, no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 82.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, mediante Resolución 076/2023, de 15 de diciembre, cursante de fs. 136 a 139 vta., denegó la tutela solicitada; determinación que se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, SCP 1135/2016-S3 de 19 de octubre y 0625/2016-S3 de 1 de junio, se tiene que quienes se encuentran sujetos a contrato de trabajo a plazo fijo, no gozan del beneficio de inamovilidad laboral; dado que, el vínculo contractual, se traba con base al establecimiento de una fecha determinada y, en conocimiento del término de su finalización, por lo que, el vencer el periodo de vigencia, se extingue toda obligación del empleador respecto al empleado; b) En el caso presente, el accionante suscribió el Contrato Administrativo SMPOT 336/2022, como Operador 6 Sereno II de la SMPOT gestión 2022, con un tiempo estipulado de 4 meses, a partir del mes de julio de 2022 hasta el 24 de noviembre del mismo año, y contrato administrativo ampliatorio Nº 1 desde el 25 de noviembre hasta el 31 de diciembre del mismo año, manifestando este su conformidad con los términos estipulados; c) El referido contrato de trabajo fue celebrado en base a la Ley 1178, DS 0181 NB-SABS, Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión, Ley del Procedimiento Administrativo -Ley 2341- y demás disposiciones relacionadas, con una fecha cierta de inicio y finalización, respondiendo a la naturaleza del contrato de trabajo a plazo fijo que no contempla, la inamovilidad laboral en el caso de persona con discapacidad; por ende, la pretensión de que se ordene su reincorporación, a través de un recontratación forzada, resultaba inviable, por lo que se concluye que al fenecer la vigencia del contrato, la relación laboral también ha concluido, no evidenciándose vulneración alguna al derecho a la inamovilidad laboral, pues de acuerdo a la jurisprudencia, la inamovilidad se encuentra garantizada únicamente hasta la conclusión de cada contrato.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Carnet de Discapacidad e Informe de Registro en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUN PCD) del accionante, donde se establece que el prenombrado padece discapacidad física motora grave (fs. 4 a 5). II.2. En fecha 16 de enero de 2017, se suscribió el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios para Personal Eventual, entre el GAMT del departamento de Beni y el accionante, a objeto que el mismo desempeñe funciones como Alarife en la Dirección de Planificación Urbana de aquel municipio, desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 2017 (fs. 59 a 62). II.3. El 8 de marzo de 2018, el GAMT del departamento del Beni y el solicitante de tutela suscribieron el Contrato Administrativo 052/2018 “Consultor de línea Auxiliar Administrativo Inspector de Obras Dependiente de la Dirección de Planificación Urbana – Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad”, vigente del 9 de marzo al 31 de diciembre de 2018 (fs. 52 a 54) II.4. Cursa Contrato Administrativo DPU 24/2019 de 9 de enero, por prestación de servicios de “Consultor de Línea Técnico IV Inspector de Lotes Baldíos”, suscrito por el GAMT del departamento del Beni y el accionante, con una duración del 16 de enero al 31 de diciembre de 2019; dicho contrato fue ampliado por Contrato Administrativo Ampliatorio o Modificatorio 1 de 31 de diciembre de 2019, por el lapso de cuatro meses computables desde el vencimiento del contrato principal (fs. 45 a 51). II.5. El 3 de julio de 2020, el GAMT del departamento del Beni y el solicitante de tutela, suscribieron el Contrato Administrativo PPTO 05952020 para la prestación de servicios de “Consultor de Línea Técnico IV Inspector de Lotes Baldíos 2020”, vigente del 6 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020 (fs. 41 a 44 vta.) II.6. Cursa Contrato Administrativo SMPOT 336/2022 de 21 de julio, suscrito entre el GAMT del departamento del Beni y el accionante, bajo la modalidad de contratación menor sujeta al DS 0181 de 28 de junio de 2009, para que el prenombrado preste servicios como “Operador 6 Sereno II de la SMPOT Gestión 2020”, con una duración del 25 de julio al 24 de noviembre de 2022; dicho contrato fue ampliado por Contrato Administrativo Ampliatorio 1, de 24 de noviembre de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año (fs. 33 a 40 vta. y 57 a 58). II.7. Por memorial presentado el 31 de enero de 2023, el accionante solicitó al Alcalde del GAMT del departamento del Beni -ahora demandado-, restitución a su fuente de trabajo por inamovilidad laboral, dada su condición de persona con discapacidad, alegando haber prestado sus servicios de forma continua desde el 16 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2022, mediante la suscripción de más de seis contratos a plazo fijo y permanentes (fs. 26 a 27). II.8. Mediante Oficio DESP.G.A.M.T.-OFICIO 183/2023 de 8 de febrero, la autoridad demandada, emitió respuesta, remitiendo al accionante al Informe Legal 091/2023 de 3 de febrero, el cual en las Conclusiones y Recomendaciones estableció: “…el Sr. WILSON TAPIA AGUILERA mantuvo una relación laboral bajo el RÉGIMEN DEL D.S. 0181, LEY SAFCO Y NORMAS BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, encontrándose cumplido los términos establecidos en el contrato, por lo que NO PROCEDE LO SOLICTADO” (fs. 28 a 32). II.9. Por memorial presentado el 17 de febrero de 2023, el impetrante de tutela solicitó complementación al DESP.G.A.M.T.-OFICIO 183/2023 de 8 de febrero, a efectos que se pronuncie sobre la petición de copias legalizadas de los contratos suscritos entre su persona y la entidad municipal; asimismo, se le proporcione información y documentación relacionada al supuesto informe que justificó su no recontratación en la gestión 2023, tomando en cuenta que tal información fue remitida al Presidente de la Federación Beniana de Personas con Discapacidad y no directamente a él. Dicha solicitud fue respondida por Oficio DESP.G.A.M.T.-OFICIO 286/2023 de 1 de marzo, el cual se ratificó en el Informe Legal 091/2023 (fs. 19 a 25). II.10. Mediante memorial de 7 de marzo, el accionante reiteró solicitud de complementación de respuesta, pidiendo pronunciamiento sobre si en su caso precede aplicar la Ley de Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-; dicha petición fue respondida por Oficio DESP.G.A.M.T.-OFICIO 376/2023 de 16 de marzo, mediante Informe Legal 153/2023 de 13 del mismo mes, el cual ratificó los términos de la conclusión del Informe Legal 091/2023 (fs. 7 a 15).
El accionante, denuncia vulneración a sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; en razón que: Desde el 16 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022, prestó sus servicios al Gobierno Municipal de Trinidad del departamento del Beni, en diferentes cargos, habiendo suscrito más de seis contratos continuos a plazo fijo y permanentes; posteriormente, sin ninguna explicación, y sin considerar su situación de inamovilidad por ser persona con discapacidad grave, lo desvincularon de la institución, bajo el argumento que su contrato feneció al cumplimiento del plazo, además de existir un informe desfavorable en su contra; el cual, nunca se le hizo conocer, desconociendo el contenido del mismo hasta la fecha de la presentación de la presente acción de amparo constitucional; Manifiesta que de forma oportuna dio a conocer a la entidad empleadora, su condición de persona con discapacidad, y consiguientemente su derecho a la inamovilidad laboral, solicitando por ello su reincorporación laboral, al amparo de la CPE y la Ley de Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-; pese a ello, no fue restituido a su fuente de trabajo, bajo el argumento que su relación laboral estaba regida por la Ley 1178 y DS 0181 NB-SABS y no por la Ley General de Trabajo; denunció además que tampoco se tomó cuenta que, al amparo de lo dispuesto por la Ley 321 y RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, al haber existido una relación ininterrumpida con la entidad empleadora, a través de la suscripción de más de seis contratos, correspondía convertir los mismos a contratos indefinidos.
La jurisprudencia constitucional a partir de la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, estableció que no era obligatorio acudir ante el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) previo a interponer la acción de amparo constitucional, estableciendo una excepción al principio de subsidiariedad, tratándose de personas con discapacidad; posteriormente la SC 1483/2011-R de 10 de octubre señaló:
…si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado... Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad.
1El FJ III.3, señala: “Sin embargo del fallo mencionado, dichos organismos encargados de proteger a los discapacitados, no constituyen en sí una vía reparadora y efectiva para el restablecimiento de los derechos de aquellos que se lesionan, sino un medio para llegar a esa instancia en la que deben restablecerse las garantías y los derechos reclamados, pues conforme a las disposiciones legales por los que han sido instituidos, únicamente asumen la defensa ante las instancias respectivas, es decir que no están facultados para solucionar las situaciones que son puestas en su conocimiento, lo que no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”. 2El FJ III.1, refiere: “Ahora bien, en el marco estrictamente proteccionista de velar por el interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad, la jurisprudencia constitucional a instituido la excepción al principio de subsidiariedad, a partir de la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, que marcó el cambio de línea jurisprudencial con relación al principio de subsidiariedad tratándose de personas con discapacidad, pues sostuvo: ʽ…no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional. El presente Fundamento Jurídico fue extraído de la SCP 0105/2019-S1 de 5 de abril.
A partir de la SC 0351/2003-R de 24 de marzo, con referencia al trabajo de los consultores en línea, al definir los contratos de prestación de servicios profesionales, se asumió el siguiente entendimiento:
Que, el contrato de prestación de servicios es aquel a través del cual una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio a cambio de una remuneración convenida, como se desprende de la lectura de las previsiones contenidas en los arts. 732 y siguientes del Código Civil, de 06 de agosto de 1975 (CC). Al estar el contrato de prestación de servicios regulado en el Código Civil (Libro Tercero, de las obligaciones, parte segunda, título II, de los contratos en particular) queda librado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y en la esfera jurídica de lo laboral equivale al desempeño de funciones o tareas contratadas de acuerdo con su especialidad y cuya forma de pago de la remuneración convenida se determina de un modo preciso en el contrato que al efecto se suscribe.
A partir de dicha definición, la SCP 0281/2013-L de 2 de mayo determinó que la relación laboral de los consultores en línea, no ingresa en el discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado´; entendimiento que fue reiterado por la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, entre otras, que además agregó: ʽEsta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada´ (las negrillas son nuestras); entonces, los progenitores o personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad tienen expedita la acción de amparo constitucional a efectos de evitar la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los discapacitados”. 3 En su F.J. III:1 señaló que: La relación laboral descrito por nuestra jurisprudencia, a tiempo de referirse a los consultores en línea, sostiene que tal situación laboral no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, tampoco se encuentra inmerso en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente de la modalidad de prestación de servicios en calidad de empleados, pues el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público, así lo señaló la SC 0605/2004-R de 22 de abril.
El art. 5 inc. q) del DS 0181 de 28 de junio de 2009, sobre la naturaleza de los servicios, que cumple el consultor individual de línea, señala: “Son los servicios prestados por un consultor individual, para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato”. De dicha definición podemos concluir que, por excelencia el consultor en línea es una persona natural, que presta servicios especiales en el sector público, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Dentro de esa perspectiva el entendimiento del Tribunal Constitucional, determinó lo siguiente: Los consultores en línea, al no ser funcionarios públicos, no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, menos se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios.
Por otro lado, sobre el financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, ya de manera posterior por mandato del art. 5 de la Ley del Presupuesto General de la Nación - Gestión 2000, ninguna entidad puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.
En consecuencia, la definición de remuneración para consultores en línea, se encuentra prevista en función a la escala salarial, debiendo las Unidades Administrativas de cada entidad elaborar el cuadro de equivalencia de funciones, avalada por ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, y tampoco se encuentra inmersa en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente de la modalidad de prestación de servicios en calidad de empleados, pues el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público; por lo que, no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, menos se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios, bajo esa perspectiva, en cuanto al financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, ya de manera posterior por mandato del art. 5 de la Ley del Presupuesto General de la Nación- Gestión 2000, ninguna entidad puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados, concluyendo que:
…la definición de remuneración para consultores en línea, se encuentra prevista en función a la escala salarial, debiendo las Unidades Administrativas de cada entidad elaborar el cuadro de equivalencia de funciones, avalada por la Unidad Jurídica y autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, de donde podemos concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad (las negrillas y el subrayado es nuestro). De igual forma, a fin de determinar lo que son los contratos de consultoría en línea, la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio, haciendo referencia a la SC 0165/2005-R de 28 de febrero, puntualizó que el DS 0181 de 28 de junio de 2009, modificado por el DS 1497 de 20 de febrero de 2013, que regula las Normas Básicas del Sistema de la Unidad Jurídica y autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, de donde podemos concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad. 4En su F.J. III.1. señaló que: Previamente a examinar el presente caso, cabe distinguir el carácter y alcances de los contratos de consultoría para determinar si se encuentran vinculados a la Ley General del Trabajo y al Estatuto del Funcionario Público.
En ese orden, el 31 de enero de 2004 ha sido emitido el DS 27328, con el objeto de establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, las obligaciones y derechos que se derivan de estos, en el marco de la LSAFCO que establece el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
El art. 47 de dicho Decreto Supremo señala que la “contratación de servicios de Consultoría Individual es la modalidad competitiva que permite la participación de un número indeterminado de profesionales independientes que reúnan las condiciones de solvencia académica e idoneidad profesional (...) La contratación de servicios de consultoría individual será por producto y tiempo determinado, y siempre que el servicio no sea de carácter multidisciplinario. El proceso de contratación de Consultores Individuales, los tipos de convocatoria, las condiciones, los términos de referencia, forma de presentación y evaluación de las propuestas, así como los requisitos, procedimientos y plazos, se efectuarán de acuerdo a la magnitud del servicio y cuantías establecidas”.
Administración de Bienes y Servicios, que mantiene la regulación de los procesos de contratación y la disposición de bienes y servicios:
…asume el mismo criterio en cuanto al contrato en línea, al indicar en su art. 5 inc. qq): ‘Servicios de Consultoría Individual de Línea: son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato’. Esta modalidad de contratación se encuentra bajo la denominación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, cuya cuantía es de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) hasta Bs 1 000 000.- (un millón bolivianos); determinación que se encuentra en el art. 13 del indicado DS 0181, que está modificado por DS 1497; es así, que considerando el entendimiento que hace el DS 0181 de lo que es contratos en línea, se tiene que en este cuerpo legal mantiene la naturaleza de esta modalidad de contratación; y, por ende sujetos a régimen especial previsto en dicha normativa no así al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General de Trabajo (negrillas son nuestras). En ese ámbito, la SCP 0510/2019-S2 de 12 de julio, determinó que el DS 0181 en cuanto a la prestación de servicios intelectual, distingue los servicios de consultoría individual de línea para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato (art. 5.qq de la NBSABS); y, los “Servicios de Consultoría por Producto” para un consultor individual o por una empresa consultora, por un tiempo determinado, cuyo resultado es la obtención de un producto conforme los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato (art. 5.rr de la NBSABS), definiendo que:
…el consultor individual en línea es la persona física que presta servicios intelectuales para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, en sujeción a los términos de referencia y las condiciones fijadas en el contrato; en otros términos, lo que prácticamente realiza el consultor individual en línea es la prestación de trabajo intelectual en forma personal, bajo condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad a cambio de una remuneración. De lo señalado, se colige que la naturaleza de los contratos de consultoría de línea, se encuentran sujetos a un régimen normativo especial -Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios- y la contratación de servicios será de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato, por producto y tiempo determinado bajo condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad a cambio de una remuneración.
Fundamento Jurídico citado en la SCP 0159/2021-S1 de 10 de junio.
de resolución atribuibles al consultor
Al respecto, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio señaló que:
…se establece que las personas contratadas bajo la modalidad de consultoría en línea no están sujetas ni a la Ley General de Trabajo y tampoco al Estatuto del Funcionario Público, ello debido a que están regulados por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que está sujeto a las condiciones en las que se suscribe el mismo, y la naturaleza de los servicios a prestarse, acordándose como contraprestación una remuneración… Consecuentemente, al no existir una relación obrero patronal propiamente dicha sino una naturaleza distinta sujeta a un régimen especial, la cual dispone una vigencia previamente establecida para la adquisición de un determinado servicio, no se puede impetrar estabilidad o inamovilidad laboral, dado que la naturaleza de su contratación responde a una necesidad temporal que tiene una determinada institución, por otro lado no se puede exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajusta a sus necesidades o presupuesto.
En ese sentido, la estabilidad laboral tanto de padres progenitores, madres con hijos menores de un año de edad, así como también de personas con capacidades distintas es viable mientras se encuentre vigente los términos de su contrato de consultoría en línea y siempre que no existan causales de resolución atribuibles al consultor, dado que la justicia constitucional no puede disponer la inamovilidad laboral sin considerar los diferentes aspectos que rodean a cada caso en concreto. A partir de dicha percepción, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0230/2017-S2 de 20 de marzo, definió que la excepción establecida respecto a la estabilidad laboral de consultores en línea que sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año de edad, así como también de personas con discapacidad, debe ser extendida a otros casos en los que se advierta que una entidad contratante haya afectado de manera arbitraria la vigencia de los contratos suscritos con los consultores en línea, con argumentos que se encuentran al margen de las estipulaciones contenidas en dichos convenios y las normas que las sustentan, ya que se estaría ante actos que atentan flagrantemente la estabilidad laboral de dichos trabajadores, que por las labores que desempeñan, se constituyen también en trabajadores, que realizan servicios a favor de una entidad contratante, por un tiempo determinado, en horarios establecidos y bajo una remuneración mensual, lo cual a su vez implica, que las consultorías individuales en línea, son una forma de contrato de trabajo, que encuentran su marco de protección en el art.46 de la CPE; toda vez que, al ser contratos de trabajo (con matices especiales como la temporalidad y tarea específica), regulados por la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamentales, DS 0181, Ley de Procedimiento Administrativo y el DS 27113 de 23 de julio de 2003, entre otras normas, no pueden estar al margen de la protección constitucional, con el único argumento que no se encuentran regulados por la Ley General del Trabajo y el Estatuto del Funcionario Público, ya que por mandato constitucional, cualquier tipo de trabajo en relación de dependencia, debe ser entendido en el marco de esta disposición constitucional y encontrar su protección en la misma, concluyendo, que:
…la estabilidad laboral, no sólo podrá ser exigida cuando se trate de empleados (protegidos por la Ley General del Trabajo) o servidores públicos (protegidos por el Estatuto del Funcionario Público), sino también podrá ser exigido por los consultores en línea, claro está de acuerdo a matices diferenciados, pero bajo ninguna circunstancia podrá dejárselos sin protección y tutela constitucional, ya que es deber del Estado proteger el ejercicio del trabajo y la estabilidad laboral en todas sus formas tal como se tiene precisado, incluyendo en este marco a los trabajos realizados por los consultores en línea, en el marco de su regulación especial y diferenciada. Ya que el principio de la estabilidad laboral ‘…Denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido’ (SCP 0177/2012 de 14 de mayo); merece protección especial por nuestro Estado puesto que cuando se lo vulnera, no solo se lesiona el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, y también de todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, por lo que su protección debe ser pronta e inmediata, debiendo incluso hacerse abstracción del principio de subsidiariedad. Consecuentemente, podrá invocarse estabilidad laboral ante la jurisdicción constitucional, en casos en los que una entidad contratante determine dar por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan, siempre y cuando el contrato esté aún vigente y la resolución no sea atribuible al consultor; no siendo necesario acudir ni agotar las instancias de solución de controversias establecidas en el propio contrato, ya que si se llegase a evidenciar lesión alguna al derecho a la estabilidad laboral, la jurisdicción constitucional, sólo procederá a efectuar una tutela provisional, que podrá ser modificada con posterioridad en proceso judicial o administrativo, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de consultoría. Bajo ese marco conforme se expresó en la SCP 0807/2018-S1 de 28 de noviembre, se extrae que no puede invocarse estabilidad e inamovilidad laboral, cuando se trate de personas contratadas bajo la modalidad de consultoría en línea, debido a que no se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público; pero, también que puede operar una excepción a esta regla, y ser viable de esa manera la inamovilidad y estabilidad laboral, cuando se trate de consultores en línea que sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año, personas con discapacidad o cuando se dé por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan, siempre y cuando el contrato esté vigente y no existan causales de resolución atribuibles al consultor.
El entendimiento citado precedentemente fue extraído de la SCP 0159/2021-S1 de 10 de junio, reiterado por la SCP 238/2024-S1 de 25 de junio, entre otras.
El accionante denuncia vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; señalando que sostuvo una relación de trabajo ininterrumpida con el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad del departamento del Beni, desde el 16 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022, a través de la suscripción de más de seis contratos fijos y permanentes, para el desempeño de distintos cargos en la referida entidad municipal; no obstante, la parte demandada, sin motivo alguno, lo desvinculó de la institución, aduciendo el cumplimiento de plazo del contrato de trabajo y la supuesta existencia de un informe desfavorable contra su persona, es así; que mediante memorial presentado el 31 de enero de 2023, solicitó al Alcalde del referido municipio, se le restituya a su fuente laboral dado que gozaba de inamovilidad por su condición de persona con discapacidad; sin embargo, la entidad empleadora se negó a dar curso a su solicitud bajo el argumento que su relación de empleo fue sustentada en la Ley 1178 y el DS 0181 NB-SABS, y no por la Ley General del Trabajo, desconociendo su derecho a la inamovilidad laboral como persona con discapacidad grave.
Ahora bien, previo al análisis del caso, corresponde remitirnos a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que establece que tratándose de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia personas con tal calidad, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, en mérito a la protección reforzada que merecen; por lo que el solicitante de tutela al activar directamente esta acción tutelar sin que en forma previa acuda a la instancia administrativa o judicatura laboral, actuó conforme a derecho; aspecto que permite ingresar al análisis de fondo de la problemática a efecto de verificar si se vulneraron o no los derechos denunciados, prescindiendo de la subsidiariedad exigida en acciones de amparo constitucional.
En ese marco, de acuerdo a lo establecido en la Conclusiones II.2, II.3, II.4, II.5 y II.6, se evidencia que la entidad demandada y el accionante suscribieron los siguientes contratos: 1) Contrato Administrativo de Prestación de Servicios para Personal Eventual a objeto que el último desempeñe funciones como Alarife en la Dirección de Planificación Urbana de aquel municipio, desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 2017; 2) Contrato Administrativo 052/2018 de prestación de servicios como Consultor de línea Auxiliar Administrativo Inspector de Obras Dependiente de la Dirección de Planificación Urbana – Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad, vigente del 9 de marzo al 31 de diciembre de 2018; 3) Contrato Administrativo DPU 24/2019, por prestación de servicios de Consultor de Línea Técnico IV Inspector de Lotes Baldíos, con duración del 16 de enero al 31 de diciembre de 2019; contrato ampliado por Contrato Administrativo Ampliatorio o Modificatorio 1 de 31 de diciembre de 2019, por el lapso de cuatro meses computables desde el vencimiento del contrato principal; 4) Contrato Administrativo PPTO 05952020 de prestación de servicios de Consultor de Línea Técnico IV Inspector de Lotes Baldíos 2020, vigente del 6 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020; 5) Contrato Administrativo SMPOT 336/2022, bajo la modalidad de contratación menor sujeta al DS 0181, para la prestación de servicios como Operador 6 Sereno II de la SMPOT Gestión 2020, del 25 de julio al 24 de noviembre de 2022; ampliado por Contrato Administrativo Ampliatorio 1, del 24 de noviembre de 2022, hasta el 31 de diciembre del mismo año. De la descripción de los contratos citados ut supra, se puede establecer que, solo el primero de ellos fue suscrito como contrato laboral a plazo fijo, habiendo fenecido por cumplimento de plazo el 31 de diciembre de 2017 y a cuyo término el accionante, no reclamó ningún derecho laboral, dejando prelucir cualquier derecho que hubiera considerado emergente de tal relación laboral.
Posterior a ello, la relación contractual sostenida entre el accionante y la parte demandada fue a través de contratos de consultoría en línea y contrataciones menores, ambos regidos por el DS 0181 NB-SABS y normas conexas, los cuales al ser contratos administrativos de prestación de servicios y no contratos laborales, se encuentran dentro del marco previsto en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que establece que la situación laboral de quienes se sujetan a este tipo de contratación, no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, tampoco se encuentra inmerso en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por el Estatuto del Funcionario Público, sino que tiene un tratamiento especial y diferente a la modalidad de prestación de servicios en calidad de empleados, tomando en cuenta que por la naturaleza del contrato administrativo al que se somete el consultor en línea o proveedor de servicios, para el caso de contrataciones menores, este no tiene la calidad de servidor público; por lo que no goza de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, y menos se constituyen en titulares de los beneficios sociales que brinde la Ley General del Trabajo, ni tampoco se encuentran sometidos a los previsto por la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012.
Es así que, para el financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea y otros proveedores de bienes y servicios, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, entendiéndose que dichos gastos deben ser presupuestados con anterioridad, en función de las necesidades de cada institución pública, no pudiendo improvisar los mismos, ni ejecutar gastos no programados.
En base a dicho entendimiento, se establece las contrataciones de prestación de servicios suscritas en base al DS 0181 NB-SABS, se constituyen en contratos administrativos mediante los cuales una persona natural o jurídica se obliga a ejecutar determinadas actividades o servicios en favor de una entidad pública, a cambio de una retribución económica, sin que se genere una relación laboral; asimismo es necesario enfatizar que, si bien la jurisprudencia constitucional citada solo se refiere a las consultorías en línea, este entendimiento también alcanza a las contrataciones menores para prestación de servicios, dado que ambas se encuentran regidas por el marco normativo del DS 0181 NB-SABS; consiguientemente, se constituye en una relación contractual de tipo administrativo, que no genera relación laboral alguna. Bajo ese marco normativo y jurisprudencial, queda establecido que el solicitante de tutela suscribió con la parte demandada contratos de prestación de servicios mediante consultorías en línea y contrataciones menores (Conclusiones II.3, II.4, II.5 y II.6), a partir de los cuales no se puede impetrar estabilidad o inamovilidad laboral, dado que la naturaleza de su contratación responde a la satisfacción de las necesidad des temporales o recurrentes, de una entidad pública, a través de la cual se contrata a un consultor o proveedor de servicios para un servicio específico con un tiempo determinado, sin que el contratista adquiera la condición de servidor público o empleado dependiente; en tal sentido no se puede exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajusta a sus necesidades o presupuesto.
Ahora bien, en el marco de lo fundamentado, y en consonancia con lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3, debe dejarse establecido que, tratándose de padres progenitores, madres con hijos menores de un año y personas con discapacidad, es posible que los consultores de línea reclamen la estabilidad laboral, siempre y cuando esté vigente el contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor, excepción que fue ampliada ante los casos en los que se advierta que una entidad contratante haya afectado de manera arbitraria la vigencia de los contratos suscritos con los consultores de línea, con argumentos que se encuentran al margen de las estipulaciones contenidas en dichos convenios y las normas que las sustentan.
a En ese orden, si bien el accionante, en su condición de persona con discapacidad grave (Conclusión II.1), gozaba de inamovilidad laboral por la condición antes descrita; debe tenerse en cuenta, que conforme la jurisprudencia citada supra, dicho beneficio puede ser tutelado siempre y cuando el contrato administrativo esté vigente; sin embargo, en el caso presente, se puede advertir que el último contrato administrativo celebrado entre el solicitante de tutela y el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad del departamento del Beni, fue el Contrato Administrativo SMPOT 336/2022 de 21 de julio, cuya vigencia era del 25 de julio al 24 de noviembre de 2022, posteriormente ampliado por Contrato Administrativo Ampliatorio 1 de 24 de noviembre de 2022, hasta el 31 de diciembre del mismo año (Conclusión II.6), lapso en el cual se respetó su inamovilidad y estabilidad laboral, sin advertirse una desvinculación sin causa justa; toda vez que la misma se produjo una vez cumplido el plazo de duración de la contratación de servicios; consecuentemente, al no evidenciarse vulneración los derechos denunciados por el demandante de tutela, corresponderá denegar la acción de amparo constitucional.
En consecuencia, el Tribunal de Garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 076/2023, cursante de fs. 136 a 139 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1407_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): f08554ef0feace45d37979c6bf68e947df96ea762747eec3ebabe3c7b6fb918a
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