B.IA.LEGAL

SCP 1406/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58582-2023-118-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación o doble instancia, y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; en razón a que, la autoridad ahora demandada a través de las providencias de 29 de marzo de 2023 y 6 de abril del igual año, rechazó de forma ilegal la concesión del recurso de apelación alternativamente planteado contra el Auto de 21 de marzo 2023 y el recurso de compulsa con el argumento que no es parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 109/2023 de 11 de septiembre, cursante de fs. 118 a 123 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación o doble instancia, y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos determinados por la Sala Constitucional. 2º DENEGAR respecto a la denuncia de vulneración del derecho a la propiedad privada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Respecto a la naturaleza del recurso de compulsa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1406/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58582-2023-118-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 109/2023 de 11 de septiembre, cursante de fs. 118 a 123 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Grinelda Carminia Castro de Romero contra Ronald Patón Chuquimia, Juez Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 y 31 de agosto ambos de 2023, cursantes de fs. 2, 73 a 79 vta.; y, 85 a 87 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En ejecución de sentencia del proceso civil de división y partición seguido por Justina García Zambrana Vda. de Castro y José Óscar Valdivia García contra Pablo García Zambrana, el 4 de octubre de 2022, fue notificada con el Auto de 15 de septiembre de igual año, mediante el cual Ronald Patón Chuquimia, Juez Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, ordenó y conminó a los poseedores del bien inmueble identificado como lote de terreno en la jurisdicción de Vinto signado como Lote A, con una superficie de 5 066,67 m, inscrito bajo la Matrícula Computarizada 3.09.4.01.0016212, Asiento A-1 de titularidad del dominio de 4 de agosto de 2021 a entregarlo en el plazo de diez días a su propietario Pablo García Zambrana.

Al percatarse que el inmueble referido, tiene el mismo antecedente dominial de su inmueble adquirido el 5 de febrero de 2013 de quien fuera propietaria Justina García Zambrana Vda. de Castro -ahora tercera interesada-; mediante memorial de 18 de octubre de 2022, interpuso incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, debido a que dicho inmueble fue objeto de un proceso de división y partición sin haberla incluido en la demanda; a pesar que, la demandante Justina García Zambrana Vda. de Castro ya no tenía derecho alguno sobre el referido inmueble y no podía estar incluida en el proceso de división y partición, incidente que mereció el decreto de 6 de marzo de 2023, mediante el cual el Juez de la causa dispuso que con carácter previo cumpla con lo previsto en el art. 1538 del Código Civil (CC), es decir, que acompañe el título propietario inscrito en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), otorgándole el plazo de tres días bajo conminatoria de aplicarse lo dispuesto en el art. 113 del Código Procesal Civil (CPC). El 13 de marzo de 2023, dentro del plazo establecido, interpuso recurso de reposición contra el referido decreto, solicitando se revoque y se deje sin efecto dicha determinación y se tramite el incidente de nulidad interpuesto conforme a procedimiento; por efecto de dicha solicitud, el 22 de marzo de 2023, le notificaron con el Auto de 21 de igual mes y año, en cuya parte resolutiva rechazó su apersonamiento y consiguientemente el incidente de nulidad, ante esta decisión dentro del plazo establecido en el art. 262 del CPC, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación en contra del Auto de 21 de marzo de 2023, solicitando se deje sin efecto y se tramite conforme a procedimiento el incidente planteado y en caso de persistir en la decisión se conceda la apelación alternativa. El 29 de marzo de 2023, la autoridad ahora demandada, emitió la providencia mediante la cual rechazó su apersonamiento y determinó sin lugar a lo solicitado al no ser parte del proceso, no haber acreditado un interés legítimo, y el proceso encontrarse en ejecución de sentencia, contra dicha determinación, dentro del plazo establecido en el art. 279 del CPC, interpuso recurso de compulsa al haberle negado el trámite del recurso de apelación alternativamente planteado, solicitando se tramite, con el fin de que el superior en grado declare la legalidad o ilegalidad del mismo, empero, el Juez ahora demandado por proveído de 6 de abril de 2023, y en total contradicción al contenido del art. 279 del CPC, remitió al Auto de 21 de marzo del mismo año y providencia de 29 de igual mes y año, sin conceder el recurso de compulsa solicitado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación o doble instancia, y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, citando al efecto los arts. 56, 115, 117 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto los decretos de 29 de marzo y de 6 de abril, ambos de 2023; b) Se disponga que la autoridad demandada dicte nueva resolución concediendo el recurso de apelación alternativamente interpuesto y como el recurso de compulsa, debiendo conforme a procedimiento remitirse al superior en grado; y, c) Se condene en costas y costos al demandado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual, el 11 de septiembre de 2023, según consta en el acta, cursante de fs. 116 a 117, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La solicitante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, se ratificó de manera íntegra en el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ronald Patón Chuquimia Juez Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 8 de septiembre de 2013, cursante de fs. 98 a 105 vta., y en audiencia, manifestó que: 1) La ahora accionante en la causa de división y partición tramitada en su despacho, no demostró ser legitima propietaria del bien inmueble que supuestamente hubiera adquirido de Justina García Zambrana Vda. de Castro conforme a lo dispuesto en el art. 1538 del CC; 2) Las boletas de pago de los impuestos anuales de un inmueble de ningún modo demuestran el derecho propietario, el que solo puede ser demostrado con el registro en la Oficina de DD.RR.; 3) La Escritura Pública 314/2019 de 2 de agosto, solo surte efecto entre las partes contratantes, por lo que, la ahora accionante adolece de legitimación activa para reclamar la propiedad del bien inmueble objeto del proceso de división y partición; 4) La accionante afirma haber adquirido el bien inmueble el 5 de febrero de 2013, es decir, antes que se haya emitido la Sentencia de 7 de julio de 2016; sin embargo, no informa que el proceso de división y partición de una propiedad de 15 200 m, ingreso el 8 de febrero de 2010, lo que implica que la supuesta adquisición fue efectuada cuando el proceso ya estaba tramitado y concluido restando solo pronunciar la sentencia; 5) El proceso de división y partición cuenta con Sentencia con calidad de cosa juzgada y por efecto de la misma, la superficie que ocupa la hoy accionante se encuentra registrado a nombre de Pablo García Zambrana -ahora tercero interesado-; 6) Una vez notificada la ahora accionante con el auto que disponía la entrega del inmueble, en el marco del art. 427.II del CPC, debió deducir oposición y no lo hizo en los plazos previstos dejando precluir su derecho; y, 7) Al no haber aceptado su apersonamiento, no se tramito los recursos de reposición con alternativa de apelación y compulsa, puesto que dichos mecanismos impugnatorios están reservados para las partes y terceros legalmente incorporados al proceso. Con base a estos fundamentos, solicitó se rechace la acción de amparo constitucional por falta de legitimación activa o en su caso se declare improcedente.

I.2.3. Informe del tercero interesado

Pablo García Zambrana, mediante escrito presentado el 11 de septiembre de 2023, cursante de fs. 107 a 109, reiterado de fs. 131 a 133 y en audiencia, manifestó que: i) El proceso ordinario de división y partición incoado en su contra por Justina García Zambrana y José Oscar Valdivia García, concluyó con la emisión de la Sentencia de 7 de julio de 2016 y por acuerdo conciliatorio de 6 de febrero 2020, se procedió a la división y partición de los bienes sucesorios con conformidad de las partes intervinientes; ii) La accionante el 18 octubre de 2022, se apersonó al proceso interponiendo incidente de nulidad parcial de obrados, lo que originó que el Juez de la causa por decreto de 6 de marzo de 2023, dispusiera que con carácter previo, la ahora accionante de cumplimiento al art. 1538 del CC., otorgando para el efecto el plazo de tres días, al no cumplirse lo dispuesto, se emitió el Auto de 21 de mismo mes y año, donde se rechaza el apersonamiento de la accionante dentro del proceso de división y partición; y, iii) La acción de amparo constitucional es improcedente, al no contar la hoy impetrante de tutela con la legitimación activa por no estar acreditado su derecho propietario o sea su interés legítimo, conforme lo establecido en el art. 52 del Código de Procesal Constitucional (CPCo), con base a estos fundamentos solicitó se deniegue la tutela impetrada. Justina García Zambrana y José Oscar Valdivia García, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 92 y 94.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 109/2023 de 11 de septiembre, cursante de fs. 118 a 123 vta., concedió en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto el decreto de 6 de abril de 2023, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación, emita nueva determinación con relación al memorial de 5 de abril de 2023 -Recurso de compulsa-, con base en los siguientes fundamentos: a) En el marco del principio de inmediatez y subsidiariedad, el análisis se efectuará respecto al decreto de 6 de abril de 2023 que se pronunció sobre la compulsa planteada; b) La compulsa es la queja que se presenta ante la autoridad superior, denunciando la forma indebida o ilegal asumida por el Juez a quo que niega la concesión del recurso de apelación o casación con el propósito de controlar la decisión del juez inferior en cuanto a la admisibilidad o no del recurso planteado; c) Presentado el memorial de compulsa, correspondía a la autoridad judicial, remitir fotocopias legalizadas de las piezas estrictamente necesarias al superior en grado, quien deberá declarar la legalidad o ilegalidad del recurso, ordenando se sustancie o conceda el recurso denegado; d) Del decreto de 6 de abril de 2023, se advierte que la autoridad demandada rechazó la solicitud de compulsa, remitiendo a la ahora accionante al Auto de 21 de marzo de 2023 y la providencia de 29 de marzo de 2023, con el argumento de no ser parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad, y como consecuencia determinó, se devuelva a su presentante el memorial de compulsa, lo que demostró que el decreto observado no se encontraba conforme a la ley ni a la jurisprudencia, ya que, una vez presentado el recurso de compulsa, la única actuación procedente del juez de instancia, es la remisión de antecedentes al superior en grado, puesto que no existe precepto legal que prohíba la interposición del recurso de compulsa por quien no sea parte formal del proceso, pues lo contrario implicaría negar la posibilidad de revisión de la decisión cuestionada por la instancia superior y vulneraría el derecho a la doble instancia o impugnación, reconocido por el art. 180. II del CPE; e) Respecto del derecho a la propiedad privada de la accionante, señaló que no existió fundamentación suficiente sobre el particular, motivo por el cual no correspondía pronunciarse al respecto; y, f) Finalmente, aclaró que la justicia constitucional no puede disponer la paralización de un proceso civil en etapa de ejecución de sentencia, dado que el mismo se rige por normas específicas de ejecución propias del ámbito procesal ordinario.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 18 de octubre de 2022, Grinelda Carminia Castro de Romero -ahora accionante-, planteó ante el Juez Público Civil y Comercial de Quillacollo del departamento de Cochabamba -hoy demandado- incidente de nulidad parcial de obrados hasta el vicio más antiguo, indicando haber adquirido el inmueble objeto de división y partición de Justina García Zambrana Vda. de Castro el 6 de febrero de 2013, tal como se tiene demostrado por la Escritura Pública 314/2019 de 2 de agosto, razón por la cual correspondía que sea parte del referido proceso (fs. 50 a 54 vta.). II.2. Por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, la ahora impetrante de tutela planteó recurso de reposición contra el decreto de 6 de marzo de 2023, que dispuso que con carácter previo a su apersonamiento y/o trámite del incidente de nulidad, debe cumplir con lo previsto en el art. 1538 del CC y acompañar el título que originó su inscripción en la oficina de DD.RR.

otorgándole el plazo de tres días bajo conminatoria de aplicarse lo dispuesto en el art. 113 del CPC (fs. 56 a 57 vta.). II.3. A través del Auto de 21 de marzo de 2023, la autoridad ahora demandada determinó, que al no haber la ahora accionante, interpuesto oposición conforme establece el art. 427.II del CPC, corresponde rechazar su apersonamiento a la causa y consiguientemente la interposición del incidente de nulidad parcial de obrados, al considerar que no es parte del proceso (fs. 58 a 59 vta.). II.4. Por memorial de 27 de marzo de 2023, la hoy solicitante de tutela planteó recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 21 de igual mes y año (fs. 60 a 62 vta.), recurso que mereció la providencia de 29 marzo de 2023, mediante la cual la autoridad demandada determinó sin lugar a la solicitado por no ser parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad, y la causa se encuentra en ejecución de sentencia, disponiendo se devuelva el memorial a la parte presentante (fs. 63). II.5. Mediante memorial de 5 de abril de 2023, la hoy impetrante de tutela planteo recurso de compulsa por negativa de concesión del recurso de apelación alternativamente planteado (fs. 64 a 65). II.6. A través del decreto de 6 de abril de 2023, el Juez ahora demandado, remitió a la ahora accionante al Auto de 21 de marzo de 2023 y la providencia de 29 de igual mes y año, con el argumento de que no es parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad, disponiendo la devolución del memorial a la parte presentante (fs. 66).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación o doble instancia, y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; en razón a que, la autoridad ahora demandada a través de las providencias de 29 de marzo de 2023 y 6 de abril del igual año, rechazó de forma ilegal la concesión del recurso de apelación alternativamente planteado contra el Auto de 21 de marzo 2023 y el recurso de compulsa con el argumento que no es parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, sobre este derecho, estableció lo siguiente: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del 3 El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que, contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

Razonamiento que fue reiterado en la SCP 1185/2023-S3 de 30 de septiembre.

9 FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

III.2. Respecto a la naturaleza del recurso de compulsa

En cuanto al mencionado recurso la SCP 0309/2020-S3 de 22 de julio, estableció lo siguiente: “…el recurso de compulsa viene a constituirse en un mecanismo de reclamo que a su vez procura garantizar el derecho de las partes de acceder a los recursos establecidos en la ley, permitiendo cuando corresponda que éstos sean admitidos o en su caso sean corregidos en cuanto al efecto de su concesión, a fin de precautelar sobre todo el derecho a la defensa de los justiciables.

A partir del cual, se evidencia que su objeto se encuentra limitado justamente a la revisión por el superior en grado, de la admisibilidad del recurso de apelación o casación y no a cuestiones de fondo del mismo, siendo su finalidad precisamente la de reencausar el trámite procesal desplegado y adecuar el recurso que fue indebidamente negado. Al respecto, ya este Tribunal se refirió cuando a tiempo de establecer la naturaleza jurídica de este tipo de recurso, en cuanto a su finalidad, precisó que: ‘En el sistema procesal boliviano, el recurso de compulsa constituye una vía de impugnación de la decisión judicial que, de manera indebida o ilegal, niega la concesión de los recursos de apelación o de casación o, en su caso, concede la apelación de manera incorrecta. Este recurso tiene una doble finalidad, de un lado, protege a las partes que intervienen en el proceso en su derecho de impugnar la decisión judicial ante el superior en grado en los casos expresamente previstos por ley; y, de otro, garantiza y asegura la debida observancia de las normas procesales que son de orden público, el cual quedaría vulnerado si no se facilitara el remedio para impedir que una denegación de recurso legal, dispuesta por error, malicia o ignorancia, comprometa la defensa de los litigantes, contraviniendo el presupuesto procesal de igualdad a las partes en todas las actuaciones procesales’ (SC 1468/2004-R de 14 de septiembre).

En ese sentido, a través de este medio de impugnación si bien su fin principal es la de permitir el acceso del afectado al recurso interpuesto corrigiendo lo tramitado; empero, también se garantiza no solo el derecho a la defensa de las partes sino la observancia de las normas procesales que son de orden público al circunscribir su análisis precisamente a los presupuestos de admisión de los mismos, lo que en definitiva halla relación respecto a los principios de legalidad y seguridad jurídica relacionados con el derecho al debido proceso”. Jurisprudencia que fue reiterada en la SCP 0965/2023-S3 de 29 de agosto

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación o doble instancia, y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; en razón a que, la autoridad ahora demandada a través de las providencias de 29 de marzo y 6 de abril ambos de 2023, rechazó de forma ilegal la concesión del recurso de apelación alternativamente planteado contra el Auto de 21 de marzo de mismo año y el recurso de compulsa con el argumento que no es parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad. Con carácter previo al análisis de fondo de la problemática planteada, y en marco del principio de subsidiariedad; toda vez que, en la presente acción tutelar la parte accionante pretende se deje sin efecto el decreto de 29 de marzo de 2023 que no concedió la apelación alternativa al recurso de reposición y de 6 de abril de igual año, que determinó no tramitar el recurso de compulsa, identificándolos como actos lesivos de sus derechos. Al respecto, debe considerarse que el análisis se realizará a partir del decreto de 6 de abril de 2023, emitido a raíz de la interposición del recurso de compulsa, considerando la naturaleza jurídica de este instituto, estará referido a la revisión de la negativa de concesión del recurso de apelación alternativa planteada. Asimismo, corresponderá referirnos a lo alegado por la autoridad demandada en su informe y por Pablo García Zambrana -ahora tercero interesado- quienes cuestionaron la legitimación activa de la accionante, argumentando no haber acreditado su derecho propietario sobre el inmueble objeto del proceso de división y partición y no haber sido parte del referido proceso; al respecto, cabe señalar que conforme se refirió anteriormente, la naturaleza del recurso de compulsa cuya resolución ahora es objeto de la presente acción tutelar, únicamente se limita a verificar la admisibilidad del recurso de apelación alternativamente planteado y de ninguna forma a cuestiones de fondo del proceso; en este caso, se advierte que lo manifestado por la citada autoridad demandada y el tercero interesado se encuentra directamente relacionado a la falta de demostración del derecho propietario de la hoy accionante para pretender la nulidad del proceso de división y partición, cuestionando además la calidad de parte de la accionante dentro del proceso referido, lo que de manera alguna puede ser dilucidado en esta acción tutelar. En ese sentido, considerando que el objeto de la presente acción tutelar se circunscribe al examen de la providencia de 6 de abril de 2023 que rechazó tramitar el recurso de compulsa, debe tenerse en cuenta que al haber sido este interpuesto por la accionante, la misma a partir de tal formulación adquiere la legitimación necesaria a fin del planteamiento de la presente acción tutelar, cuyo objeto de análisis, como se tiene dicho, precisamente recae en dicha providencia que rechazó tramitar el recurso de compulsa, permitiendo en ese sentido, ingresar a resolver la problemática establecida en relación al citado pronunciamiento. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, mediante memorial de 18 de octubre de 2022, la ahora accionante-, plantea ante el Juez Público Civil y Comercial de Quillacollo del departamento de Cochabamba -hoy demandado- incidente de nulidad parcial de obrados, argumentando haber adquirido el inmueble objeto de división y partición de su vendedora Justina García Zambrana Vda. de Castro el 6 de febrero de 2023, tal como se tiene demostrado por la Escritura Pública 314/2019 de 2 de agosto, razón por la cual correspondía que sea parte del referido proceso (Conclusión II.1.). Posteriormente, por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, la ahora impetrante de tutela interpone recurso de reposición contra el decreto de 6 de marzo de 2023, mediante el cual la autoridad ahora demandada dispuso que con carácter previo a su apersonamiento y/o trámite del incidente de nulidad, debe cumplir con lo previsto en el art. 1538 del CC y acompañar el título que originó su inscripción en la Oficina de DD.RR. otorgándole el plazo de tres días bajo conminatoria de aplicarse lo dispuesto en el art. 113 del CPC (Conclusión II.2.). A través del Auto de 21 de marzo de 2023, la autoridad ahora demandada determinó que al no haber interpuesto -la ahora accionante-oposición conforme establece el art. 427.II del CPC, se rechaza su apersonamiento a la causa y consiguientemente la interposición del incidente de nulidad parcial de obrados, al considerar que no es parte del proceso (Conclusión II.3.). Como consecuencia de la indicada Resolución, por memorial de 27 de marzo de 2023, la hoy solicitante de tutela planteó recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 21 de igual mes y año, recurso que mereció la providencia de 29 marzo de 2023, mediante la cual la autoridad demandada resolvió declarar sin lugar lo solicitado por no ser parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad, señalando además que la causa se encuentra en ejecución de Sentencia, disponiendo se devuelva el memorial a la parte presentante (Conclusión II.4.). Posteriormente, mediante memorial de 5 de abril de 2023, la hoy impetrante de tutela planteo recurso de compulsa por negativa de concesión del recurso de apelación alternativamente planteado (Conclusión II.5.). Finalmente, a través del decreto de 6 de abril de 2023, el Juez ahora demandado, remitió a la ahora accionante al Auto de 21 de marzo de 2023 y la providencia de 29 de igual mes y año, con el argumento de que no es parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad, disponiendo la devolución del memorial a la parte presentante (Conclusión II.6.). En ese sentido, en el caso en análisis se advierte que la parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación o doble instancia, y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; en razón a que, la autoridad ahora demandada a través de la providencia de 6 de abril de 2023, rechazó de forma ilegal el recurso de compulsa con el argumento que no es parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional todo fallo debe dictarse con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el Juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el Juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él. En ese sentido, en el caso en análisis se advierte que, mediante memorial de 5 de abril de 2023, la hoy impetrante de tutela planteó recurso de compulsa por negativa de concesión del recurso de apelación alternativamente planteado, como consecuencia, el Juez ahora demandado, emitió la providencia de 6 de abril de 2023, remitiendo a la ahora accionante al Auto de 21 de marzo de 2023 y la providencia de 29 de igual mes y año, con el argumento de que no es parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad, disponiendo la devolución del memorial a la parte presentante. De la revisión de la providencia precedentemente expuesta, que rechazó tramitar el recurso de compulsa interpuesto por la hoy impetrante de tutela, como medio de impugnación contra la indebida negativa de concesión de la apelación alternativamente planteada, se evidencia que no contiene la debida fundamentación sustentada en normativa pertinente, como una motivación en torno a las razones por las cuales, a su juicio, no correspondía tramitar el recurso de compulsa bajo el argumento que dichos mecanismos impugnatorios están reservados para las partes y terceros legalmente incorporados al proceso, ignorando que la parte accionante ya había planteado el recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 21 de igual mes y año, impugnación que mereció la providencia de de 29 marzo de 2023, mediante la cual la autoridad demandada determinó sin lugar a lo solicitado por no ser parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad, señalando además que la causa se encuentra en ejecución de Sentencia, disponiendo se devuelva el memorial a la parte presentante, lo que demuestra la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, al no mencionar precepto legal y las razones por las cuales se prohíbe la interposición del recurso de compulsa por quien no sea parte formal del proceso. Asimismo, la autoridad demandada no observó la naturaleza del recurso de compulsa, que fue definida por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que la definió de la siguiente manera: “que el recurso de compulsa es una vía de impugnación de la decisión judicial, que de manera indebida o ilegal, niega la concesión de los recursos de apelación o de casación, o, en su caso de aquella que concede la apelación en la vía incorrecta para que el superior en grado pueda controlar la decisión del inferior y sea corregida, cuando la decisión emitida por el a quo resulte incorrecta”. En cuanto a su finalidad ha señalado, que tiene un doble propósito, primero, proteger a las partes que intervienen en el proceso en su derecho de impugnar la decisión judicial ante el superior en grado en los casos expresamente previstos por ley; segundo, garantiza y asegura la debida observancia de las normas procesales que son de orden público, el cual quedaría vulnerado si no se facilitaría el remedio para impedir que una denegación de recurso legal, dispuesta por error, malicia o ignorancia, comprometa la defensa de los litigantes, contraviniendo el presupuesto procesal de igualdad a las partes en todas las actuaciones procesales. Consiguientemente, el Juez ahora demandado, al remitir a la ahora accionante al Auto de 21 de marzo de 2023 y la providencia de 29 de igual mes y año, con el argumento de que no es parte del proceso ni haber acreditado su interés legítimo en su oportunidad, disponiendo la devolución del memorial, inobservó la naturaleza y la finalidad que tiene el recurso de compulsa, como son el de proteger a las partes del proceso en su derecho de impugnación y garantizar y asegurar la debida observancia de las normas procesales, por cuanto correspondía a dicha autoridad en el marco de lo establecido en el art. 281. I del CPC, recibido el memorial de compulsa, decretar se remitan fotocopias legalizadas de las piezas estrictamente necesarias al superior en grado, con el propósito de que pueda revisar, compulsar y en su caso corregir los errores en que hubiera incurrido en la Resolución impugnada a través del recurso de reposición con alternativa de apelación, no siendo de su competencia rechazar la compulsa ni pronunciarse sobre su admisibilidad. No haber obrado de esa manera, la autoridad demandada arrogó una competencia que no le correspondía, privando a la accionante del control judicial por una instancia superior, lo que configura una restricción indebida del derecho a la impugnación, a la doble instancia y, por ende, una vulneración del debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la propiedad privada de la accionante, este Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de pronunciarse, al tratarse de un tema de fondo del incidente de nulidad planteado y serán las autoridades correspondientes quienes determinen lo que corresponda en su oportunidad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obro de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 109/2023 de 11 de septiembre, cursante de fs. 118 a 123 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación o doble instancia, y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos determinados por la Sala Constitucional. 2º DENEGAR respecto a la denuncia de vulneración del derecho a la propiedad privada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

2 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1406_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): eb9838e4c05e80b854d5ba99dc747aab9c3d1bda8eea21c9fcf7946562d3767c

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