Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 19 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, fue sancionado con privación de libertad de veinte años, Sentencia condenatoria con la que a pesar que se notificó a su abogado de Defensa Pública, cuando de acuerdo a lo establecido en el art. 163.3 del CPP debió notificársele de forma personal, se ejecutorió, impidiéndole a apelar la misma y a solicitar la cesación de detención preventiva; omisión que, constituiría nulidad de la notificación en previsión del art. 166 del mismo código; por lo que solicitó se conceda la tutela, consecuentemente se disponga: a) Dejar sin efecto la notificación de 12 de septiembre de 2017; b) Se le notifique en el plazo de veinticuatro horas, conforme a procedimiento; y, c) Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/21 de 3 de marzo de 2021, cursante de fs. 18 vta. a 20, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo del problema planteado, bajo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1405/2025-S3 Sucre, 19 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52167-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/21 de 03 de marzo de 2021, cursante de fs. 18 vta. a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos López Mamani contra José René Quezada Ribera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 1 de marzo de 2021, cursante de fs. 8 a 10 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, le impuso una condena de veinte años, Sentencia condenatoria con la que se notificó a su abogado de Defensa Pública, el 12 de septiembre de 2017. Esta notificación de acuerdo a lo establecido en el art. 163.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) debió realizarse de forma personal; el incumplimiento de esa formalidad procesal, constituiría su nulidad en previsión del art. 166 del mismo cuerpo legal.
Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención América sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la notificación de 12 de septiembre de 2017; b) Se le notifique en el plazo de veinticuatro horas, conforme a procedimiento; y, c) Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de marzo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) En el acta de lectura de sentencia, el secretario informó que las partes fueron notificadas, y que no se encontraban presentes; al encontrarse detenido en el Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, no fue conducido para el actuado señalado, donde debió haber sido notificado, y tampoco existe un informe que se le hubiera notificado en el lugar de su detención; 2) Se ejecutó la sentencia sin notificarle de forma personal, sino, que se realizó en la oficina de su abogado de Defensa Pública; y, 3) El accionar del juez demandado lesionó el derecho al debido proceso porque ejecutorió la sentencia, impidiéndole a asumir defensa; es decir, apelar la misma; así también, vulneró el derecho a la libertad, porque aún tenía oportunidad de solicitar la cesación de detención preventiva. Ante la consulta efectuada por la Jueza de garantías, sobre si planteó recurso de reposición conforme el art. 401 del CPP, si existiría alguna respuesta del tribunal; respondió que, “No tenemos la respuesta en copias” sic.
José René Quezada Ribera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación vía WhatsApp.
La Jueza de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 06/21 de 3 de marzo de 2021, cursante de fs. 18 vta. a 20, denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: i) Los derechos mencionados como lesionados no fueron impugnados en el proceso ordinario; si bien el demandado no remitió el cuaderno procesal, en audiencia el abogado del accionante, sobre la forma de notificación con la sentencia, manifestó que no habría interpuesto recurso de reposición; y, ii) Para que emita un fallo, imprescindiblemente el accionante “demuestre la vulneración cometida por la autoridad demandada y que están vinculadas directamente a la libertad” sic.
Una vez sorteado el expediente, por Decreto Constitucional de 21 de mayo de 2025 (fs. 27), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante Decreto Constitucional de 6 de noviembre del mismo año (fs. 31); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En audiencia de 16 de marzo de 2017, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Juan Carlos López Mamani -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, procedió a dar lectura a la sentencia; acto en el que previamente el secretario informó que las partes no se encontraban presentes en audiencia (fs. 4). II.2. En el formulario de notificación procesal 201504563-1 de 12 de septiembre de 2017, el oficial de diligencias de la Central de Notificaciones, registró notificación en calle Prolongación Beni N° 20 Of. 4 Piso 5, al accionante con la Sentencia de 13 de marzo del mismo año, dejando copia de ley en su domicilio procesal (fs. 5). II.3. El Certificado de ejecutoria de 10 de agosto de 2020, establece que la Sentencia condenatoria 04/2017, se encuentra plenamente ejecutoriada (fs. 6). II.4. Cursa mandamiento de condena de 10 de agosto de 2020, librado por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, contra el accionante (fs. 7).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, fue sancionado con privación de libertad de veinte años, Sentencia condenatoria con la que a pesar que se notificó a su abogado de Defensa Pública, cuando de acuerdo a lo establecido en el art. 163.3 del CPP debió notificársele de forma personal, se ejecutorió, impidiéndole a apelar la misma y a solicitar la cesación de detención preventiva; omisión que, constituiría nulidad de la notificación en previsión del art. 166 del mismo código; por lo que solicitó se conceda la tutela, consecuentemente se disponga: a) Dejar sin efecto la notificación de 12 de septiembre de 2017; b) Se le notifique en el plazo de veinticuatro horas, conforme a procedimiento; y, c) Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada Este Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Así la 0733/2019-S2 de 28 de agosto, sistematizadora de línea jurisprudencial, respecto a esta temática determinó lo siguiente:
«Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
La SC 0008/2010-R de 6 de abrilindicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad:
…empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos, por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas son agregadas).
Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras. En similar sentido, la SC 0608/2010-R de 19 de julio[]concluye que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; toda vez que, este proceder conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico constitucional; entendimiento confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo. De la citada jurisprudencia constitucional, se concluye que, a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; al momento de ser activada esta última, no deben existir otros recursos de carácter ordinario pendientes de resolución.». [el resaltado es añadido].
Dentro del proceso penal seguido en su contra, fue sancionado con privación de libertad de veinte años, sentencia condenatoria con la que a pesar que se notificó a su abogado de Defensa Pública, cuando de acuerdo a lo establecido en el art. 163.3 del CPP debió notificársele de forma personal, se ejecutorió, impidiéndole a apelar la misma y a solicitar la cesación de detención preventiva; omisión que, constituiría nulidad de la notificación en previsión del art. 166 del mismo código.
De los antecedentes y actuados contenidos en el expediente, se corrobora que en el proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de 16 de marzo de 2017, se procedió a dar lectura a la sentencia; por la cual se generó la notificación procesal 201504563-1 de 12 de septiembre de 2017 al accionante, en calle Prolongación Beni 20 Of. 4 Piso 5, dejando copia de ley en su domicilio procesal.
Posteriormente, una vez ejecutoriada la Sentencia condenatoria referida, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, libró mandamiento de condena de 10 de agosto de 2020, contra el accionante.
En la audiencia de la presente acción de defensa, se advierte que el impetrante de tutela presenta su acción de defensa buscando que se deje sin efecto la notificación de 12 de septiembre de 2017 observada, y le notifiquen formalmente de acuerdo a procedimiento; cuestión que no fue reclamada de manera expresa y previamente ante la autoridad jurisdiccional a cargo de la causa, siendo ese el medio previo idóneo para impugnar lo traído directamente a esta vía constitucional.
En ese marco, tomando en cuenta que, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; momento en que esta acción de defensa operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas; el impetrante de tutela no observó la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad que, como se dijo, exige el agotamiento de los mecanismos intraprocesales para la reparación de derechos considerados como transgredidos, como sucedió en el presente caso; omisión que se corrobora, toda vez que, ante la consulta realizada al accionante por la Jueza de garantías, sobre si planteó recurso de reposición, si existiría alguna respuesta del tribunal, éste reconoció que, “No tenemos la respuesta en copias” sic.
De ello, resulta que ante la falta de notificación de la sentencia condenatoria, el accionante bien podía reclamar y cuestionar lo denunciado en esta acción de libertad, a través de la interposición de incidente, el cual debió usar antes de la vía tutelar, la cual no puede ser activada ante la existencia de un medio intraprocesal de defensa para restituir sus derechos alegados de lesionados; lo que imposibilita a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aún con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/21 de 3 de marzo de 2021, cursante de fs. 18 vta. a 20, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo del problema planteado, bajo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
2 El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”.
3 El FJ III.3, determina: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1405_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 47ce48ef4fdeeef5b0a760d67e2628a1d9a12383668ae55c18e266124cfee2ff
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