Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato señaló como vulnerados sus derechos al debido proceso, de locomoción y a ser juzgada por un juez natural, acusando como actos ilegales y arbitrarios que provocaron su procesamiento indebido dentro el proceso penal por estafa, seguido por el Fiscal de Materia Yván Ortiz Tristán, que no se establecieron formalidades legales vinculadas a la competencia territorial respecto a cada una de las víctimas y los presuntos hechos delictivos relacionados a las reglas de competencia territorial conforme lo determinó el art. 49 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2025 de 14 de febrero de 2025, cursante de fs. 60 a 65 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al examen de fondo. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo invariables los actos que eventualmente hubieran sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela por el Juez de garantías, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1404/2025-S3 Sucre, 14 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 71236-2025-143-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2025 de 14 de febrero de 2025, cursante de fs. 60 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Tadeo García Figueroa en representación sin mandato de Valeria Alejandra Corrales Medrano contra Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 13 de febrero de 2025, cursante de fs. 15 a 37, la accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:
Dentro el proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estafa; señaló que es procesada por tres hechos totalmente distintos, los cuales no coinciden los mismos sujetos, objetos, ni las mismas circunstancias. El primer hecho a denuncia de Karem Liseth Méndez García, suscitado el 8 de junio del 2016, por una supuesta estafa por un monto de $us8000.- (ocho mil dólares estadounidenses), ocurrido en un domicilio ubicado por la zona de la Pampa de la Isla. Un segundo hecho a denuncia de Carolina Lázaro Mamani, por un cambio de divisa de dólares americanos, ocurrido en el Segundo Anillo, Av. Melchor Pinto, correspondiendo se realicen los actos investigativos y actos jurisdiccionales en la zona Pampa de la Isla. La tercera denuncia suscitada el 11 de agosto de 2023, a denuncia de Natalia Rosa Ortiz Pino, por una presunta estafa de entrega de dinero para comercializar equipos quirúrgicos, la cual se habría suscitado en el barrio Navidad; todos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Acusó como actos ilegales y arbitrarios que provocaron su procesamiento indebido dentro el proceso penal signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 701102032500243, seguido por el Fiscal de Materia, Yván Ortiz Tristán, al no establecer formalidades legales vinculadas a la competencia territorial respecto a cada una de las víctimas de supuesta estafa y los presuntos hechos delictivos vinculadas a las reglas de competencia territorial conforme lo señala el art. 49 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que, debió establecerse investigaciones penales por cuentas separadas en relación a cada una de las presuntas víctimas, al ser hechos presuntamente suscitados en tiempo, lugares, fechas y circunstancias diferentes; por el contrario, se lesiono el debido proceso, de locomoción y a ser juzgada por un juez natural.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, de locomoción y al juez natural, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, en consecuencia: a) El cese el procesamiento indebido dentro el proceso penal signado con CUD 701102032500243, dejándose sin efecto las citaciones emitidas, hasta tanto y en cuanto se restablezcan las formalidades legales vinculadas a la competencia territorial respecto a cada una de las víctimas y los presuntos hechos delictivos vinculados a las reglas de competencia territorial conforme a lo determinado en el art. 49 del CPP, debiendo establecerse investigaciones penales por cuentas separadas; toda vez que, con relación a cada presunta víctima los hechos de cada una de ellas fueron presuntamente suscitados en tiempo, lugares, fechas y circunstancias diferentes; y, b) Se ordene que para que continúen las investigaciones y los efectos el Fiscal de Materia hoy accionado cumpla con las exigencias del debido proceso; consecuentemente, se le prohíba emitir orden de aprehensión al amparo del art. 226 del CPP.
Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2025, según consta en acta cursante de fs. 47 a 59 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos y términos expuestos en su acción tutelar.
Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: 1) El Juez de garantías invocó el art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala que la acción de libertad podrá interponerse ante cualquier jueza, juez o tribunal competente en materia penal; el resto de las acciones de defensa se interpondrán ante cualquiera de los siguientes juzgados, ante las Salas de Turno de los Tribunales departamentales de justicia ante los juzgados públicos en materia y segundo, fuera de las capitales del departamento, ante los jugados públicos o juzgados públicos mixtos; norma jurídica derogada por la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018; consecuentemente, no puede basar su fundamentación en una ley derogada; 2) La demandada cuenta con veintiún denuncias por el delito de estafa y hasta la presentación de la acción tutelar no ha devuelto el dinero sonsacado a todas sus víctimas 3) Indicó que se le designó un abogado defensor de oficio, que fue rechazado por la impetrante de tutela; ese rechazo se encuentra fuera de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, evidenciándose que su única intención es la de dilatar la investigación; y, 4) Dio a conocer al Juez de control jurisdiccional, enviando mediante Secretaría una captura del sistema “JL2” en el cual se puede verificar que se ha librado la correspondiente imputación formal de carácter provisional contra la accionante.
Octavio Aquino Alanes, Karen Liseth Méndez y Carolina Lázaro Mamani a través de su abogado, en audiencia señalaron lo siguiente: i) La denuncia presentada fue ingresada por conducto regular, presentada ante la autoridad fiscal de tumo de la zona Pampa de la Isla de Santa Cruz de la Sierra, a objeto se pueda digitalizar y enviar en revisión a la Fiscalía de Distrito y posterior a un análisis, revisión de toda la documentación y la prueba adjuntada; ii) La autoridad jurisdiccional ha determinado crear un código CUD con el número 7011020325243/2025, código que ha otorgado la facultad y la competencia para que el Fiscal de Materia, Yván Ortiz Tristán, asuma conocimiento y aperture proceso investigativo contra la denunciante -ahora accionante- por el delito de estafa; iii) Sí en algún momento la accionante se sintió vulnerada en sus derechos o perseguida, debió aplicar lo señalado en el art. 167 del CPP, norma que establece sobre los recursos y el plazo para poder plantear cualquier actividad procesal defectuosa; iv) Solicitó se deniegue la tutela por no ser clara y precisa, por no argumentar en su petición cuáles son los hechos y los agravios que supuestamente se le habrían vulnerado; mencionó que se lesionó su derecho a la libertad, algo que en ningún momento fue coartada por el representante del Ministerio Público; y, v) Manifestaron que es la Jueza de la causa la que debe resolver si es que evidentemente se realizaron algunos actos o hechos de violaciones, por medio de excepciones e incidentes.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, cosntituido en Juez de garantías mediante Resolución 01 de 14 de febrero de 2025, cursante de fs. 60 a 65 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo: a)
Se restablezcan las formalidades legales, en el sentido que se restituya el derecho al debido proceso en su vertiente al juez natural, disponiéndose la remisión de cada una de las presuntas víctimas al asiento fiscal y jurisdiccional correspondiente y acorde a las reglas establecidas en el art. 49 del CPP; y, b) Dejar sin efecto la Resolución fiscal de aprehensión y orden de aprehensión sustentado en el art. 226 del CPP; asimismo, la declaración informativa y por consiguiente la imputación formal de carácter provisional a efecto de evitar nulidades relativas a defecto absoluto. Decisión asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Los supuestos hechos denunciados y supuestos acontecimientos se adecúan a las reglas de competencia territorial, establecidos en el art. 49 del CPP, concordante con los arts. 12 y 14.II la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en el caso concreto, se entiende que todas las causales derivan en que la denuncia presentada por escrito ante el Ministerio Público evidentemente fue admitida sin considerar estos aspectos; toda vez que, de la revisión de la denuncia presentada contra la hoy accionante se tienen los siguientes elementos: i) Con relación al primer hecho, de la revisión de los antecedentes, se tiene que la primera denunciante identificada como Karem Liseth Méndez García, no establece el lugar de los hechos fácticos, pero aclara que vive en Santa Cruz de la Sierra, con domicilio ubicado en la urbanización Palma Verde; señalando que, el 8 de junio de 2016, aproximadamente, a horas 9:00, la prenombrada y la impetrante de tutela suscribieron un contrato privado, aprovechándose de la íntima amistad que tenían y de la información que brindó sobre su actividad de importación de mercadería, llegando a sonsacarle, la suma de $us1.500 (un mil quinientos dólares estadounidenses); ii) Con relación a lo expresado por la codenunciante Carolina Lázaro Mamani, estableciéndose otra fecha, 5 de junio del 2023, a horas 9:00, recibió una llamada telefónica ofreciéndole la venta de dólares estadounidenses, y que de este hecho se puede extraer que la obligan a comprar un monto de $us8000.- y que con engaño le convencen a entregar dicho monto y que este hecho se suscitó en el Segundo Anillo Av. Melchor Pinto exactamente en la puerta de una venta de pollos de nombre “Kingdom”. Por lo que, también se puede extraer que es otro lugar donde se han suscitado los hechos fácticos; iii) Un tercer hecho de 1 de agosto de 2023, a denuncia de Octavio Aquino Alanes, en el que se establece que aproximadamente a horas 15:00 en su domicilio ubicado en la av. Carmelo Ortiz 35, barrio Navidad de Santa Cruz de la Sierra, por medio de su amigo Milton Juan Corales Ayala conoció a Valeria Alejandra Corrales Medrano y Jorge Daniel Arias Rocha, último hecho ocurrido en un nuevo lugar; iv) Se evidenció que no existe relación y congruencia en la denuncia realizada; por lo que, la interpretación del art. 49 del CPP, debe enfocarse en la protección más favorable de los derechos humanos, sea tanto del imputado como también de la víctima y toda autoridad tiene la obligación de observar la máxima protección a los derechos previstos en el art. 15 de la CPE y Convenciones Internacionales; v) Se han relatado hechos fácticos distintos; por lo que, el presunto ilícito de estafa se habría procedido en lugares diferentes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y no fueron de manera continua y sistemática; el Ministerio Público, al admitir la denuncia respectiva, estaría generando una desigualdad para la hoy accionante, vulnerando la tutela judicial efectiva y generando una invisibilidad de los derechos de la accionante, generando propiamente un indebido procesamiento; vi) Se debe señalar que efectivamente la garantía del debido proceso y su componente del juez natural deben ser observados al momento de asumir el control jurisdiccional de una causa con el fin de no ingresar a futuras nulidades procesales. En nuestro modelo constitucional se debe aplicar la Constitución Política del Estado buscando la protección de derechos humanos, tal como la establece el art. 13 de la Norma Suprema; puesto que, en el caso de existir contraposiciones de derechos se debe de acudir a la ponderación de los derechos en juego; y, vii) El art. 49 del CPP, establece la competencia en materia penal, no siendo a elección, siendo el primer elemento donde se hayan suscitado los hechos fácticos y que, al tenerse tres hechos distintos, tres denuncias distintas en diferentes modos, tiempo y lugar, se estaría forzando lo que se denomina una estafa con víctimas múltiples, vulnerándose el derecho a un juez natural. Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia demandado, solicitó aclaración y complementación en función a las determinaciones asumidas, primero se dispuso remitir al asiento fiscal que corresponda y segundo dejar sin efecto la aprehensión, y se anule la imputación contra la accionante, aspectos no solicitados en la acción de libertad, siendo una resolución ultrapetita, y si su autoridad efectivamente aplica el art. 15 del CPCo, que señala que las sentencias constitucionales tiene el carácter obligatorio vinculante y de aplicación efectivamente necesaria; en ese mérito, el aludido Juez de garantías, señaló que: a) Se dictó Resolución de manera clara, precisa y concisa; y, con relación al pronunciamiento ultrapetita, se debe tener en cuenta que esta acción “ha sido presentada el día de ayer”; por lo que, se ha solicitado en la audiencia una aclaración tanto al representante del Ministerio Público como al abogado de la parte accionante, toda vez que la situación jurídica de la hoy accionante, ha cambiado, puesto que únicamente había una citación con la denuncia y “el día de hoy” ya se encontraba bajo una imputación formal. Por todos estos aspectos el suscrito Juez no ha resuelto nada ultrapetita, todo se encuentra grabado en la audiencia y ha resuelto conforme el derecho corresponde; por lo cual, las partes estesen a la Resolución dictada en la audiencia; y, ii) Con relación al segundo elemento, si el suscrito Juez aplica lo establecido respecto al carácter obligatorio y vinculante del valor jurisprudencial de la sentencia previsto en el art. 15 del CPCo, no ha lugar; toda vez que, no es inherente, por el contrario es subjetivo a objeto de resolver la presente acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa formulario con CUD 701102032500243, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, presentadas por Karem Lizeth Méndez Gárcia, Carolina Lázaro Mamani y Octavio Aquino Alanes contra Valeria Alejandra Corrales Medrano -accionante-, ante las oficinas del Ministerio Público, Edificio Pampa de la Isla (fs. 96 a 97).
II.2. Consta memorial de denuncia por estafa agravada de 30 de enero de 2025, dirigido al Fiscal de turno de la Pampa de la Isla, presentado por Karem Lizeth Méndez García, Carolina Lázaro Mamani y Octavio Aquino Alanes contra Valeria Alejandra Corrales Medrano –ahora accionante- (fs. 98 a 100 vta.) II.3. Cursa formulario de declaración de 13 de febrero de igual año, realizada por Valeria Alejandra Corrales Medrano impetrante de tutela, asistida de abogado Defensor de Oficio, negándose a declarar si no es en presencia de su abogado patrocinante (fs. 359 y vta.). II.4 Mediante Resolución de Aprehensión de 13 de febrero de 2025, el Fiscal de Materia, asignado al caso, dispuso la detención de Valeria Alejandra Corrales Medrano -ahora impetrante de tutela-; asimismo, cursa orden de aprehensión de igual fecha (fs. 360 a 367). II.5 Consta imputación formal de 14 de febrero de 2025, emitida por Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia demandado, a denuncia de Karem Lizeth Méndez García, Carolina Lázaro Mamani y Octavio Aquino Alanes contra Valeria Alejandra Corrales Medrano y otros, por el delito de estafa (fs. 369 a 375 vta.).
La accionante a través de su representante sin mandato señaló como vulnerados sus derechos al debido proceso, de locomoción y a ser juzgada por un juez natural, acusando como actos ilegales y arbitrarios que provocaron su procesamiento indebido dentro el proceso penal por estafa, seguido por el Fiscal de Materia Yván Ortiz Tristán, que no se establecieron formalidades legales vinculadas a la competencia territorial respecto a cada una de las víctimas y los presuntos hechos delictivos relacionados a las reglas de competencia territorial conforme lo determinó el art. 49 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, citada a su vez por la SCP 0507/2024-S2 de 21 de agosto, dispuso: “III.1.2. Supuestos de subsidiariedad del hábeas corpus
De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
(…) En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.
Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el resaltado y subrayado fueron añadidos).
En ese orden, la SCP 0407/2019-S2 de 24 de junio, citada por la SCP 1137/2022-S1 de 10 de octubre, estableció: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo.
Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R” (las negrillas fueron añadidas).
La accionante denunció como vulnerados sus derechos al debido proceso, de locomoción y a ser juzgada por un juez natural; manifestando que el Fiscal de Materia demandado, cometió actos ilegales y arbitrarios que provocaron su procesamiento indebido dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa a instancia de Karem Lizeth Méndez, Carolina Lázaro Mamani y Octavio Aquino Alanes, signado con CUD 701102032500243; al no haber establecido formalidades legales vinculadas a la competencia territorial respecto a cada una de las víctimas y los presuntos hechos delictivos vinculadas a las reglas de competencia territorial conforme lo determinó el art. 49 del CPP.
En el caso presente, de antecedentes contenidos en el expediente se tiene que, dentro el proceso penal referido precedentemente, la impetrante de tutela fue denunciada por la presunta comisión del delito de estafa agravada mediante memorial de 30 de enero de 2023, dirigido al Fiscal de turno de la Pampa de la Isla, presentado por Karem Lizeth Méndez García, Carolina Lázaro Mamani y Octavio Aquino Alanes (Conclusión II.2). Realizado el proceso investigativo el Fiscal de Materia determinó tomar la declaración informativa a la ahora demandante de tutela a través de formulario de declaración de 13 de febrero de 2023, asistida de un abogado defensor de oficio, negándose a prestar su declaración si no era en presencia de su abogado patrocinante (Conclusión II.3). También cursa en autos, Resolución de Aprehensión de 13 de febrero de 2025, disponiendo la detención de Valeria Alejandra Corrales Medrano -ahora accionante-, mediante Orden de Aprehensión de esa fecha (Conclusiones II.4), e imputación formal de 14 de ese mes y año, emitida por Yván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia demandado, por el delito de estafa agravada (Conclusión II.4). En la presente acción la demandante de tutela, denunció de manera muy genérica la vulneración de sus derechos al debido proceso, de locomoción y a ser juzgada por un Juez natural, además que debieron establecerse investigaciones penales por cuentas separadas en relación a cada una de las presuntas víctimas, al ser hechos presuntamente suscitados en tiempo, lugares, fechas y circunstancias diferentes; empero, todas las supuestas lesiones generadas por el Fiscal de Materia demandado, previamente debieron ser denunciadas ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional de la investigación y en el presente caso no se evidencia ningún tipo de incidente, denuncia o impugnación contra este supuesto acto arbitrario e ilegal denunciado en la presente acción de libertad; por ello, corresponde traer a colación lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a que no todas las lesiones vinculadas a la libertad pueden ser resguardadas de forma exclusiva por la acción de libertad; dado que, si la normativa ordinaria prevé algún mecanismo de defensa, eficaz e idóneo para la reparación del derecho presuntamente conculcado, este debe ser utilizado con carácter previo a activar la justicia constitucional a través de esta acción tutelar, no pudiendo la peticionante de tutela activar de forma directa la presente acción de libertad, inobservando el principio de subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar -Fundamento Jurídico III.2- de este fallo cosntitucional; puesto que previamente debe agotarse el planteamiento de un incidente de actividad procesal defectuosa, razón por la cual, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia y analizar el fondo de la problemática planteada en virtud a que esta acción no puede ser concebida como un medio alternativo o sustitutivo de los mecanismos intraprocesales previstos en la jurisdicción ordinaria, correspondiendo en consecuencia denegar la acción sin ingresar al examen de fondo.
Dada la determinación asumida, es pertinente tomar en cuenta el alcance de la denegatoria de tutela y la concesión inicialmente otorgada por el Juez de garantías que produjo efectos jurídicos, en el entendido que su Resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; en tal sentido, corresponde traer a colación lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia, determinando que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”. Por consiguiente, sobre la base de los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, se dispone la subsistencia de los actos emergentes de la concesión inicial asumida por el Juez de garantías; por lo que, dado el transcurso del tiempo dichas actuaciones quedan subsistentes. Aspecto que se decide a fin de evitar que los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, repercutan negativamente, máxime si se tiene en cuenta que, desde la interposición de la acción de libertad, el 13 de febrero de 2025, hasta la emisión del fallo, transcurrieron más de nueve meses, por razones no imputables a las partes ni a este Tribunal. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2025 de 14 de febrero de 2025, cursante de fs. 60 a 65 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al examen de fondo. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo invariables los actos que eventualmente hubieran sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela por el Juez de garantías, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1404_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): ebd9857149f043db3dc39442e58e83ca4cc4b2c2c99cc68e64562cc766265c9c
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