Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 40/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela en cuanto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad; sin disponer ninguna orden, emergente de la otorgación de la tutela -en el caso concreto-, constando ya la devolución del legajo de apelación objeto de esta demanda; no existiendo, por ende, disposición alguna a determinar; 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos a la vida, a la defensa, al debido proceso y al juez natural y competente, así como al principio seguridad jurídica, con la aclaración de que al efecto no se ingresó al fondo de la problemática; y, 3º Exhortar a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y, Ángel Flores Medina, Secretario de Cámara, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a respetar los plazos previstos en cuanto a la devolución de apelaciones incidentales, que a futuro sean atendidas por dicha Sala Penal, vinculadas a la resolución de la situación jurídica de personas afectadas en su derecho a la libertad, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1402/2025-S3 Sucre, 14 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55901-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Antonieta Avendaño Velásquez contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y, Ángel Flores Medina, Secretario de Cámara, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 12 a 17 vta., la accionante expresó que:
Dentro del proceso penal signado bajo Número de Registro Judicial (NUREJ) 201464832, fue condenada a la pena de veinte años de prisión, según Sentencia 338/2015 de 14 de julio, de los cuales ya cumplió nueve años, ocho meses y veintiséis días al 13 de febrero de 2023. Durante la tramitación de la apelación incidental, radicada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 15 de mayo del indicado año, a horas 10:00, aproximadamente, fue detenida de forma ilegal y conducida al Centro Penitenciario de Orientación Femenino de Obrajes de La Paz, por orden de un mandamiento de captura emitido el 17 de abril de dicho año, con base en el Auto Interlocutorio 10/2023 de 11 del mismo mes y año, dictado por el Juez de Ejecución Penal Primero del indicado departamento, que revocó su detención domiciliaria; a pesar de su anulación, a través del Auto de Vista 117/2023 de 5 de mayo, de la referida Sala Penal Primera, emitido por los Vocales, César Wenceslao Portocarrero Cuevas y la ahora demandada. En dichas circunstancias, su vida se encuentra en peligro por inanición, estando perseguida ilegalmente desde el mencionado 11 de abril del citado año, porque no se comprobó lo dispuesto por el art. 199 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-. En cuanto a la celeridad, esta debe cumplirse en el marco de lo establecido por los arts. 115.II y 178.I de la Norma Suprema.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al juez competente e imparcial, así como al principio de seguridad jurídica; en vinculación al principio de celeridad, a cuyo efecto citó los arts. 23, 73, 74, 115.II y 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Se conceda la tutela solicitada y se disponga: a) La emisión del mandamiento de detención domiciliaria; b) Se disponga la nulidad de obrados hasta el Auto Interlocutorio 10/2023; c) La devolución de la apelación incidental de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mereció el Auto de Vista 117/2023, que anuló el Auto Interlocutorio 10/2023, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero del referido departamento; y, d) La reparación de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 17 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 29 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ratificó expresamente los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola añadió: La falta de devolución del Auto de Vista 117/2023, de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hizo posible que fuera conducida al Centro Penitenciario de Orientación Femenino Obrajes, pues el Juez a quo ejecutó un mandamiento de captura sin conocer el mencionado Auto de Vista, pasando once días desde su emisión, dado que el Secretario demandado no agilizó dicha devolución.
Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 17 de mayo de 2023, cursante a fs. 24 y vta., señaló: 1) No realiza la transcripción de las actas y resoluciones, ya que esta cuenta con Auxiliar dactilógrafo, siendo una de sus funciones la transcripción de los procesos subidos en grado de apelación, la cual debe ser efectuada en un plazo prudente; por lo que, carece de legitimación pasiva; y, 2) El proceso penal de origen fue remitido al Juzgado de primera instancia por el Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, según oficio adjunto al presente. Ángel Flores Medina, Secretario de Cámara de la Sala Penal señalada, presentó informe escrito el 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 27 a 28, mediante el cual solicitó que se deniegue la tutela, indicando que: i) La impetrante de tutela no identificó ni fundamentó adecuadamente la acción interpuesta; ii) No justifica que su vida estuviera en peligro por el incumplimiento de algún acto; tampoco fundamentó que estuviera ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de su libertad; y, iii) El proceso penal del caso de autos ya fue devuelto al Juzgado de origen, como se acredita por la copia del correspondiente libro de la Sala de movimiento de causas y por el oficio a través del cual se realizó la mencionada devolución, no habiendo incurrido en demora procesal que amerite esta acción de libertad; por lo que, desapareció el objeto procesal de esta demanda tutelar.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 40/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 30 a 31, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La Vocal demandada -junto con el Vocal, César Wenceslao Portocarrero Cuevas-pronunció el Auto de Vista 117/2023 de 5 de mayo, b) El encargado de elaborar y transcribir el desarrollo de la audiencia es el Dactilógrafo de la Sala; posteriormente, pasa para las respectivas firmas, siendo devuelto al Juzgado de origen; en ese caso, la Vocal demandada cumplió con sus funciones; por lo que, no existe legitimación pasiva en esta acción de tutela; y, c) Si bien el Dactilógrafo es el encargado de transcribir el acta y la resolución emitida, el demandado Secretario de la Sala debe controlar a sus funcionarios subalternos en sus respectivas labores, debiendo hacerlas cumplir; en este caso, ya se habría devuelto el legajo de apelación al Juzgado de origen a horas 11:50 del día de la fecha de la Resolución emitida; es decir, una vez que se presentó esta acción de libertad; consiguientemente, la pretensión de esta demanda fue cumplida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Auto Interlocutorio 10/2023 de 11 de abril, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra María Antonia Avendaño Velásquez -accionante-, por la comisión del delito de homicidio, por el cual revocó el beneficio de detención domiciliaria de la impetrante de tutela, debiendo cumplir el resto de su condena en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, a cuyo fin se ordenó la emisión del mandamiento de cumplimiento de condena y de captura (fs. 4 a 7 vta.). II.2. Cursa recurso de apelación de forma oral, planteado por la ahora accionante, ante el Juez a quo, contra el Auto Interlocutorio 10/2023. Concedido dicho recurso, el 14 de abril de ese año, fue sorteado a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual -luego de los recaudos provistos el 21 de dicho mes y año- señaló audiencia de consideración de apelación incidental para el 5 de mayo de 2023 (fs. 8 a 11). II.3. Consta oficio de 17 de mayo de 2023, remitido por la Sala Penal Primera, por el cual devolvió obrados al Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, en cumplimiento del Auto de Vista 117/2023 de 5 de mayo, con cargo de recepción de dicho Juzgado de la misma fecha a horas 11:50 (fs. 22 a 23).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante -quien cumplía su Sentencia condenatoria en su domicilio- denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al juez competente e imparcial, así como al principio de seguridad jurídica; en vinculación al principio de celeridad; por cuanto, la Vocal y el Secretario demandados no devolvieron al Juez a quo el legajo correspondiente a su apelación contra el Auto Interlocutorio 10/2023 de 11 de abril -que revocó su detención domiciliaria y dispuso su detención en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes-, provocando que el mandamiento de captura dispuesto por dicho Juez a quo, haya sido ejecutado el 15 de mayo de dicho año, en desconocimiento del Auto de Vista 117/2023 de 5 de mayo, que -resolviendo la indicada apelación- anuló el citado Auto Interlocutorio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre ese aspecto, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”. Por su parte, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser:
tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas fueron añadidas).
Para abordar el tema anunciado, cabe citar el art. 251 del Código Procedimiento Penal (CPP), que regula el plazo relativo al que tiene el Juzgado de origen para elevar el mencionado trámite al Tribunal de segunda instancia, en los siguientes términos: “…Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad…”.
En complemento de la citada disposición, en lo atingente al plazo que el Tribunal ad quem tiene para devolver la indicada apelación al Juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre -citada por la SCP 0099/2025-S3 de 18 de marzo-, dispuso: “Sin embargo, dicho artículo [251 del CPP], prevé expresamente los plazos en los cuales el juez a quo, debe remitir este recurso ante el Tribunal ad quem, el mismo que es de veinticuatro horas de recibida la apelación, estableciendo asimismo que el Tribunal ad quem, debe resolver la misma en el plazo de tres días. Sin embargo, dicho artículo, no señala el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el juez de origen; punto que fue analizado en la antes citada SSCC 0224/2004-R que establece la celeridad que debe existir en los proceso que involucren el derecho a la libertad de la personas, aspecto que debe ser modulado por la presente sentencia, ya que ante un vaci[o] legal, no se puede dejar en incertidumbre al imputado. (…) En ese entendido, y retornando al tema principal de la presente acción, respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas y el subrayado corresponde al texto citado).
La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril -citada por la SCP 0478/2019-S3 de 26 de agosto-, dispuso: “…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa” (las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, la mencionada SCP 0478/2019-S3, añadió: “En consecuencia, de la Sentencia Constitucional Plurinacional precitada, se tiene claramente establecido que la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial emergente de la presunta lesión de derechos tutelados por esta acción (…) opera en dos situaciones: 1) Producto del incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional, respecto de la ejecución de tareas propias del cargo de dichos servidores; y, 2) En caso de la inobservancia de obligaciones específicas previstas por la norma en el ejercicio de sus funciones”. En ese orden, se entiende que los funcionarios subalternos cuentan con legitimación pasiva en las acciones de tutela, siendo pasibles, por ende, de reproches emergentes de actos u omisiones considerados vulneradores de derechos fundamentales.
La accionante -quien cumplía su Sentencia condenatoria en su domicilio-, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso, a la defensa, y al juez competente e imparcial, así como al principio de seguridad jurídica; en vinculación al principio de celeridad; por cuanto, la Vocal y el Secretario demandados no devolvieron al Juez a quo el legajo correspondiente a su apelación contra el Auto Interlocutorio 10/2023 de 11 de abril -que revocó su detención domiciliaria y dispuso su detención en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes-, provocando que el mandamiento de captura dispuesto por dicho Juez a quo, haya sido ejecutado el 15 de mayo de dicho año, en desconocimiento del Auto de Vista 117/2023 de 5 de mayo, que -resolviendo la indicada apelación-, anuló el citado Auto Interlocutorio.
Establecido el planteamiento del problema corresponde contextualizarlo; al efecto, se advierte que dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la impetrante de tutela, por la comisión del delito de homicidio, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, dictó el Auto Interlocutorio 10/2023, que dejó sin efecto la detención domiciliaria y dispuso que continúe cumpliendo su condena en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes (Conclusión II.1). Contra el citado Auto Interlocutorio, la solicitante de tutela planteó apelación, que fue sorteada a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual programó audiencia al efecto para el 5 de mayo de ese año (Conclusión II.2). A continuación, todo lo obrado en segunda instancia fue devuelto al Juez a quo el 17 del mismo mes y año, a horas 11:50, en atención al Auto de Vista 117/2023, de aquella fecha (Conclusión II.3). Es de hacer notar que no consta en obrados el Auto de Vista 117/2023; sin embargo, su contenido -referente a haber anulado el apelado Auto Interlocutorio 10/2023-, no fue objeto de controversia por parte de quienes fueron demandados en esta acción de tutela; por consiguiente, se tiene que es evidente la decisión que allí se asumió, sobre la cual se continúa con el presente análisis. En ese orden, corresponde examinar si hubo dilación en los actos llevados a cabo por los demandados en cuanto a la devolución al Juez a quo de lo obrado en segunda instancia, referente a la apelación resuelta por el Auto de Vista 117/2023, ya que la anulación de este traía consecuencias en la libertad de la impetrante de tutela, al haber anulado el Auto Interlocutorio 10/2023, que revocaba su detención domiciliaria y disponía que a partir de ese momento cumpla su Sentencia en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; situación que implicaba que los actos de quienes ahora fueron demandados debían adecuarse a la celeridad exigida por la Constitución Política del Estado, según se tiene desarrollado en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que abordó la acción de libertad de pronto despacho, modalidad bajo la cual se resolverá esta demanda tutelar. En ese marco, de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, se evidencia que el Tribunal ad quem tiene un plazo de veinticuatro horas para devolver el testimonio elevado en grado de apelación incidental, después de emitir el correspondiente Auto de Vista 117/2023. En el presente caso, se evidencia que, la Vocal demandada -junto al corelator- emitió el Auto de Vista 117/2023; sin embargo, recién lo devolvió al Juez a quo, el 17 de mayo de dicho año; es decir, mucho después de las veinticuatro horas previstas en la citada jurisprudencia constitucional; consiguientemente, es evidente la dilación en que se incurrió al efectuar dicha devolución de la señalada apelación al Juez de origen, lo que provocó que el 15 de mayo de 2023, se ejecute el mandamiento de captura dispuesto en el Auto Interlocutorio 10/2023, objeto de la mencionada apelación incidental. En consecuencia, corresponde conceder la tutela en cuanto a la Vocal demandada, con relación al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad de la solicitante de tutela, pues la mencionada autoridad judicial tiene la responsabilidad de devolver los Autos de Vista emitidos por su Sala, en los plazos previstos al efecto. Cabe aclarar que dado el análisis que precede, el cual se centró en la falta de celeridad advertida, no es posible disponer favorablemente respecto a la pretensión de la impetrante de tutela de ordenar su detención domiciliaria, menos aún en lo que atinge a la planteada nulidad de obrados, debiendo ser las mencionadas solicitudes puestas a consideración de la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, la presente acción igualmente fue activada contra el Secretario de la referida Sala Penal; al respecto, en aplicación del entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo, en atención a que los funcionarios jurisdiccionales subalternos cuentan con legitimación pasiva en las acciones tutelares, en lo que atañe al incumplimiento tanto de las tareas correspondientes a sus respectivos cargos, como de sus obligaciones previstas en la norma que regula el ejercicio de sus funciones (SCP 0478/2019-S3), la dilación en la que se incurrió en la devolución de la tramitación de la apelación que dio como resultado el Auto de Vista 117/2023, también es responsabilidad del referido Secretario, como se resolvió en la SCP 0099/2025-S3, citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, al conceder la tutela contra un Secretario de Sala -entre otros funcionarios subalternos- en un caso análogo al presente; por consiguiente, advertida la dilación indicada, corresponde conceder la tutela en cuanto al mencionado funcionario. Asimismo, si bien ya se efectuó la devolución del testimonio de la citada apelación incidental el 17 de mayo de 2023, a horas 11:50, al Juzgado de origen, fue después de haber sido notificados los demandados con esta acción de libertad -actuado procesal de notificación que se llevó a cabo dicha fecha, a horas 11:16 y 11:15, respectivamente, según se advierte de fs. 20 y 21 del presente expediente-; consiguientemente, la misma fue efectuada luego de haber incurrido en una dilación indebida y como consecuencia del planteamiento de esta acción de tutela; es decir, una vez consumada la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad de la impetrante de tutela; por lo que, la referida devolución no es un óbice para atender esta acción de libertad en el fondo; en ese marco, es menester exhortar a quienes fueron demandados a que en adelante cumplan con el plazo previsto en lo que atañe a la devolución de testimonios en apelación incidental, más aun cuando se encuentra de por medio la resolución de la situación jurídica de personas afectadas en su derecho a la libertad. Finalmente, la accionante también planteó la vulneración de su derecho a la vida, al debido proceso y a la defensa; empero, no presentó ninguna prueba que sostenga lo alegado, limitándose solo a argüir -con respecto a los ahora demandados- sobre la falta de celeridad con la que actuaron estos. Asimismo, esgrimió el menoscabo de su derecho al juez competente e imparcial y al principio de seguridad jurídica; no obstante, ambos preceptos constitucionales no son objeto de una acción de libertad, sino de una acción de amparo constitucional; por lo que, no existe mérito para resolver al respecto y, por ende, se debe denegar la tutela en relación a la denuncia señalada, sin ingresar al fondo de la pretensión.
Por último, si bien solicitó que se dispongan daños y perjuicios, la impetrante de tutela no explicó el alcance de estos ni cómo fue perjudicada en lo que atañe al tema económico; por consiguiente, no procede disponer favorablemente al respecto.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 40/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela en cuanto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad; sin disponer ninguna orden, emergente de la otorgación de la tutela -en el caso concreto-, constando ya la devolución del legajo de apelación objeto de esta demanda; no existiendo, por ende, disposición alguna a determinar; 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos a la vida, a la defensa, al debido proceso y al juez natural y competente, así como al principio seguridad jurídica, con la aclaración de que al efecto no se ingresó al fondo de la problemática; y, 3º Exhortar a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y, Ángel Flores Medina, Secretario de Cámara, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a respetar los plazos previstos en cuanto a la devolución de apelaciones incidentales, que a futuro sean atendidas por dicha Sala Penal, vinculadas a la resolución de la situación jurídica de personas afectadas en su derecho a la libertad, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1402_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4dfb3529ae9129555624e3bb900441b572db5039ad68fc17a97883289144abee
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