B.IA.LEGAL

SCP 1400/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de noviembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
59096-2023-119-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, alegando que dentro del fenecido proceso de divorcio seguido en su contra por Primitiva Calderón Villca, el 17 de agosto de 2023, se le notificó con la comisión instruida en la que constaba el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de 2017, librado en su contra para que sea recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hasta que cancele la suma de Bs28 200.-, por concepto de asistencia familiar, conforme a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2013; empero, por ser adulto mayor y padecer de ceguera total, le es imposible cancelar la referida deuda; por lo que, solicitó se deje sin efecto el mencionado mandamiento, se expida el mandamiento de libertad a su favor; y, con el fin de satisfacer la asistencia familiar impaga, se proceda con la hipoteca legal del inmueble, parte de los bienes gananciales o se active otro medio previsto en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 175/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del cumplimiento de la asistencia familiar y la emergente emisión del mandamiento de apremio.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1400/2025-S3 Sucre, 14 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 59096-2023-119-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 175/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Teodoro Huayhua Quispe contra Midzi Sidney Mejía Morales; y, Elsa Sangueza Cossio, ex y actual Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 30 a 31, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de divorcio seguido en su contra, por Primitiva Calderón Villca, en representación de Jefersson Charlie y Carol Mariela Huayhua Calderón -sus hijos de treinta y siete y treinta y nueve años de edad, respectivamente-, sustanciada en el Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz; el 17 de agosto de 2023, fue notificado con una comisión instruida, en la que constaba mandamiento de apremio en su contra de 22 de septiembre de 2017, librado en atención al Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2013, emitido por Midzi Sidney Mejía Morales -exjueza del referido juzgado-, por concepto de asistencia familiar en la suma de Bs28 200.- (veintiocho mil doscientos bolivianos), para que sea recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

Debido a que es una persona de la tercera edad, con pérdida visual en ambos ojos, y padece diabetes mellitus, nefropatía secundaria y artritis reumatoidea; por lo que, le es difícil cancelar el monto adeudado, máxime si durante toda su vida, ayudó a sus hijos a educarlos para que sean profesionales; no obstante, refirió que tiene un bien inmueble, parte de los bienes gananciales, sobre el cual pueden solicitar su hipoteca para satisfacer la referida deuda de asistencia familiar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, citando los arts. 67, 68, 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) Dejar sin efecto el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de 2017, por concepto de asistencia familiar; b) Expedir el mandamiento de libertad a su favor; y, c) Efectivizar el cumplimiento de asistencia familiar, mediante la hipoteca legal u otros medios previstos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de agosto de 2023, según consta en acta cursante a fs. 41 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Elsa Sangueza Cossio, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 37 a 38 vta., señaló que: 1) El fenecido proceso de divorcio, seguido por Primitiva Calderón Villca contra Teodoro Huayhua Quispe, se encontraba archivado, recién el 6 de junio de 2023, la prenombrada solicitó el desarchivo, que se efectivizó el 3 de julio del citado año; 2) La notificación al ahora accionante, con la comisión instruida que a su vez tiene la solicitud del mandamiento de apremio, fue diligenciada el 17 de agosto de ese año; posteriormente, se le notificó con el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de igual año, expedido por la entonces Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz – Midzi Sidney Mejía Morales-, ante el incumplimiento de pago de la asistencia familiar; 3) No cursa en antecedentes que acrediten o respalden el estado de salud que señaló el impetrante de tutela en esta acción de defensa; sin embargo, debe acatarse lo previsto en el art. 122 del CFPF; 4) El peticionante de tutela conocía el proceso y también del desarchivo, tal y como lo reconoce en la demanda tutelar, sin que se hubiese apersonado al mismo o hubiese hecho uso de los recursos que prevé la ley; además, no es el único mandamiento de apremio que se expidió en su contra de igual concepto, advirtiendo que se libró uno anterior el 22 de septiembre de 2017; y, 5) No incurrió en ninguna de las causales que motivan la acción de libertad, considerando que existe liquidación de asistencia familiar, de acuerdo a lo prescrito en el art. 127.II del CPFP; por lo que, solicitó se deniegue la tutela, aclarando que asumió funciones como autoridad judicial en el referido juzgado desde el 13 de febrero de 2020, y conoció el proceso desde su desarchivo que aconteció el 3 de julio de 2023. Midzi Sidney Mejía Morales, exJueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 35.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 175/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 42 a 46 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes argumentos: i) El accionante señaló en su acción de libertad que se libró mandamiento de apremio en su contra, por no haber cumplido con sus obligaciones familiares, resultándole imposible de honrar la misma, debido a su estado de salud; ii) El mandamiento de apremio fue de conocimiento del prenombrado, como todo lo obrado dentro del proceso de divorcio, debiendo tener presente lo estipulado en el art. 122 del CFPF; en ese sentido, el referido mandamiento, fue expedido conforme el art. 127 del citado Código, que señala que el mandamiento de apremio tiene vigencia indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad; y, iii) La Jueza demandada informó que no emitió un nuevo mandamiento; por lo que, no hubiese vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional; en consecuencia, conforme el entendimiento asumido en las SCP 0437/2020-S3 de 14 de agosto y 0302/2020-S4 de 27 de julio, concurre la subsidiariedad excepcional, al existir medios idóneos y eficaces para conocer el reclamo intra proceso, como el establecido en el art. 122 del CPFP, y también puede presentar la hipoteca legal o realizar el pago de lo adeudado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa comisión instruida de 8 de agosto de 2023, librada por Elsa Sangueza Cossio, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, documentos entre los cuales se encuentra el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de 2017, librado por Midzi Sidney Mejía Morales, exJueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, ordenando se proceda al apremio del accionante, y sea conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hasta que cancele el monto de Bs28 200.-, por concepto de asistencia familiar (fs. 12 a 21). II.2. Consta certificado médico de 28 de marzo de 2021, emitido por Ximena Oizumi Bruzonic, Médico, respecto al accionante, quien fue diagnosticado con diabetes mellitus, nefropatía secundaria, artritis reumatoidea (fs. 4). II.3. Por informe oftalmológico de 15 de noviembre de 2021, elaborado por Adalid Ramos Valencia, Médico Cirujano Oftalmólogo, del Instituto Nacional de Oftalmología “Javier Pescador Sarget”, informó que el paciente Teodoro Huayhua Quispe -accionante-, de sesenta y tres años de edad, fue diagnosticado con ceguera legal irreversible de ambos ojos (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, alegando que dentro del fenecido proceso de divorcio seguido en su contra por Primitiva Calderón Villca, el 17 de agosto de 2023, se le notificó con la comisión instruida en la que constaba el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de 2017, librado en su contra para que sea recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hasta que cancele la suma de Bs28 200.-, por concepto de asistencia familiar, conforme a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2013; empero, por ser adulto mayor y padecer de ceguera total, le es imposible cancelar la referida deuda; por lo que, solicitó se deje sin efecto el mencionado mandamiento, se expida el mandamiento de libertad a su favor; y, con el fin de satisfacer la asistencia familiar impaga, se proceda con la hipoteca legal del inmueble, parte de los bienes gananciales o se active otro medio previsto en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del cumplimiento de la asistencia familiar y la emergente emisión del mandamiento de apremio.

El art. 127.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, pudiendo ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal, entre ellas, el apremio.

Al respecto, la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.2, con relación al cumplimiento de la asistencia familiar estableció lo siguiente:

[La] liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria. Ahora bien, las medidas compulsivas previstas en el Código de las Familias y del proceso familiar, entre ellas, el embargo, la venta de bienes, el apremio, se encuentran previstas como medidas compulsivas para cubrir el importe de las pensiones devengadas, por ello, la vigencia del mandamiento de apremio es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad hasta que la obligación por asistencia familiar sea cumplida en su totalidad.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que, se vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso debido a que, el 17 de agosto de 2023, se le notificó con la comisión instruida en la que constaba el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de 2017, librado en su contra para que sea recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hasta que cancele la suma de Bs28 200.-, por concepto de asistencia familiar, conforme lo dispuesto en el Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2013; empero, por ser adulto mayor y padecer de ceguera total, le es imposible cancelar la referida deuda.

Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, es pertinente señalar que debido a que el impetrante de tutela es adulto mayor, conforme se tiene la credencial que adjuntó a esta demanda tutelar (fs. 10); corresponde abstraer el principio de subsidiariedad, conforme el entendimiento asumido en la SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre, que al respecto establece: “…debe asegurarse la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad, para aquellos sectores poblacionales considerados de atención prioritaria como los adultos mayores. A partir de dichos argumentos, en el caso concreto, al constituirse el impetrante de tutela en adulto mayor, merece una atención preferente y favorable; por lo que, corresponde prescindir del principio de subsidiariedad”.

Superado lo anterior, de la compulsa de antecedentes, se tiene que, dentro del fenecido proceso de divorcio seguido en su contra por Primitiva Calderón Villca, el 6 de junio de 2023, la prenombrada solicitó se ponga el expediente a la vista, entendiendo que el mismo se encontraba archivado; por esa razón, Elsa Sangueza Cossio, Jueza Público de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz -demandada-, dispuso la notificación personal del ahora impetrante de tutela por el tiempo transcurrido, notificación realizada por comisión instruida, entre los documentos se encuentra el mandamiento de apremio librado el 22 de septiembre de 2017 (Conclusión II.1). Ahora bien, el accionante activó esta acción de libertad con el fin de dejar sin efecto el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de 2017, alegando que debido a su estado de salud (Conclusión II.2 y 3), no le es posible cumplir con el pago de la deuda por concepto de asistencia familiar. De acuerdo al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el momento oportuno para el suministro de la obligación que emerge para el pago de la asistencia familiar, es desde la liquidación de la misma, la cual es aprobada por autoridad competente y notificada al obligado; asimismo, siendo la asistencia familiar una obligación de interés social, su cumplimiento no puede posponerse, dilatarse o condicionarse de ninguna forma, incluso ello no es viable aún si se hubiese activado algún recurso que estuviese pendiente de resolución o al cumplimiento de algún procedimiento. Debido a la importancia que conlleva la efectivización de la satisfacción de esa obligación, se tiene como medidas compulsivas el apremio, la venta de bienes u otras, ello con el fin de cubrir el importe de las pensiones devengadas; por esa razón, la vigencia del mandamiento de apremio es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad hasta que sea cubierta en su totalidad. En el caso concreto, se evidencia que el accionante tuvo conocimiento efectivo del proceso en el cual se dispuso el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de 2017; debido al transcurso del tiempo, la causa se encontraba archivada; empero, tal como estableció la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el mandamiento de apremio tiene vigencia indefinida, motivo por el cual, su ejecución no resulta una medida arbitraria o ilegal, además se reitera que su cumplimiento es insoslayable y no puede estar condicionado a la conveniencia del obligado; en todo caso, es a él a quien le corresponde gestionar y efectivizar cualquier otro medio compulsivo con el fin de garantizar la satisfacción de esa obligación. Por lo expuesto precedentemente, no se advierte que el mandamiento de apremio y su posterior ejecución, sea contrario al principio de legalidad, en contraposición a aquello, se verificó que observa lo previsto en el art. 127 del CFPF, que respalda el apremio como medida compulsiva hasta que se produzca el cumplimiento del importe de la asistencia devengada.

En consecuencia, no se evidencia que la jueza demandada hubiese obrado al margen del principio de legalidad, resultando inviable el pedido del accionante, en cuanto a dejar sin efecto el mandamiento de apremio de 22 de septiembre de 2017. En armonía con lo expuesto ut supra, tampoco es posible acoger el pedido relacionado a que este Tribunal ordene a Primitiva Calderón Villca, a proceder con la hipoteca del inmueble que fuese parte de los bienes gananciales dentro del proceso de divorcio -bien inmueble del cual en el expediente no se tiene mayor información-; entendiendo que, es al obligado a quien le corresponde ofrecer los medios que vea pertinentes para cumplir con la obligación de pago de pensiones devengadas, pues esta acción de defensa no es un recurso extraordinario que supla la negligencia del obligado; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 175/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1400_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 61baa05b69ed4210a2d6d348b743cb88d62fd0a28d6b389e28728a867f766b58

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