Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la celeridad; por cuanto, habiéndose emitido el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal y concluyéndose la etapa preparatoria; el 27 de febrero de 2023, mediante memorial solicitó a la Fiscal demandada requerimiento para obtener certificado de permanencia y conducta del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pese a darse curso no le fue entregado; el 1 de marzo de 2023 reiteró su petición, pero fue rechazada con el argumento que el cuaderno de investigaciones había sido remitido a la Unidad de Fiscales Litigantes; en consecuencia, pide se le otorgue tutela y se disponga que la autoridad demandada emita en el día el requerimiento fiscal dirigido al Director del señalado Centro Penitenciario.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 30 a 35, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1398/2025-S3 Sucre, 14 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55883-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 30 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lizbeth Chino Mamani en representación sin mandato de Nelson Flores Siñani contra Verónica Beatris Miranda Huanca, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 6 de marzo de 2023, cursante de fs. 11 a 14 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio 392/2022 de 6 de septiembre, se ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el lapso de cinco meses, al haberse acreditado la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalándose audiencia de su situación jurídica el 24 de febrero de 2023, a hora 10:00. Habiéndose cumplido más de cinco meses y diez días de la medida extrema, y sin que se realizara el indicado verificativo, el Ministerio Público el 21 de diciembre de igual año, presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, ocasionando que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz perdiera competencia sobre la causa; por tal motivo, para solicitar la cesación de la detención preventiva ante la nueva autoridad judicial a cargo del proceso, debe demostrar con prueba documental idónea y pertinente el tiempo transcurrido en detención preventiva, siendo la única forma válida un informe de permanencia y conducta expedido por el centro penitenciario donde se encuentra, bajo requerimiento fiscal, para acreditar su legalidad. El 27 de febrero de 2023, presentó un memorial a través del portafolio digital del Ministerio Público solicitando la extensión del requerimiento fiscal dirigido al Director del señalado Centro Penitenciario para que se le extienda un informe sobre su permanencia y conducta; la Fiscal de Materia demandada, mediante decreto de 28 del mismo mes y año, dispuso requiérase al fin impetrado, empero el 1 de marzo del citado año, le manifestó que no podría ser entregado porque el cuaderno de investigaciones ya no se encontraba físicamente bajo su custodia. Es así que, en la misma data presentó un memorial reiterando el requerimiento extrañado, siendo respondido el 3 del referido mes y año, por la Fiscal demandada indicando que, según los datos del proceso, el cuaderno de investigaciones había sido remitido a Rina Esperanza Padilla Gerl, Fiscal de Materia, sin embargo, la autoridad demandada fue quien decretó los memoriales y negó dar lugar a su petición, pese a que en el sistema informático el caso seguía registrado a su nombre, con su actitud obstaculizo el acceso a la justicia y una retardación de la misma, lo que impidió que obtuviera legalmente el certificado referido; y, por ese motivo, no pudo solicitar la cesación de la detención preventiva, vulnerando de esta manera sus derechos a la libertad y al debido proceso y la celeridad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y la celeridad, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Fiscal de Materia demandada, entregue en el día el requerimiento fiscal dirigido al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a objeto que informe sobre su permanencia y conducta.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 28 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) La incomparecencia de la parte demandada, tanto en la presentación del informe escrito como en la audiencia de este mecanismo tutelar, activa el principio de veracidad; b) La autoridad demandada de manera indirecta atentó contra su libertad porque se encuentra indebidamente detenido; no cuenta con un control jurisdiccional porque se ha presentado acusación formal, por lo que operaría la excepcionalidad conforme establece el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo); c) Para demostrar que se encuentra detenido por más de diez días de lo determinado, sin que se considere su situación jurídica, solicitó mediante memorial la extensión de un requerimiento fiscal para que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz informara sobre su permanencia y conducta, con el fin de acceder a la cesación o modificación de las medidas cautelares; aunque por decreto se aceptó lo solicitado, no obstante, el requerimiento fiscal no fue expedido bajo el argumento de que el cuaderno de investigaciones se encontraba físicamente con la Fiscal de Materia “Litigadora”; y, d) El 1 de marzo del referido año, reiteró la misma solicitud, y la Fiscal demandada le negó la entrega del citado requerimiento argumentando que ya pasó a otra instancia; sin embargo, en el sistema informático del Ministerio Público sigue como titular del caso, lo que atenta contra su libertad.
Verónica Beatris Miranda Huanca, Fiscal de Materia a través del informe escrito presentado el 7 de marzo de 2023, cursante a fs. 26 y vta. y, en audiencia refirió que: 1) El proceso de investigación contra el accionante estaba a su cargo, pero con la emisión del requerimiento conclusivo de acusación formal, el 27 de febrero del mismo año fue remitido a la Unidad de Fiscales de Materia “Litigantes”, el cual fue recepcionado mediante el sistema informático el 2 de marzo de ese año; 2) El accionante presentó memorial de solicitud de requerimiento fiscal el 1 de marzo del referido año, cuando el caso ya no se encontraba en su despacho, por lo que no correspondía pronunciarse sobre la solicitud, no obstante, para evitar causar indefensión a las partes, adjuntó el requerimiento solicitado; 3) En el caso que se investiga, la víctima es una niña de diez años que sufrió una agresión sexual por parte del solicitante de tutela, durante la etapa preparatoria se señaló la audiencia de su situación jurídica; sin embargo, en la etapa de juicio ese actuado procesal ya no corresponde ser dilucidado; 4) Los fiscales de materia a cargo de un caso tienen competencia únicamente en las etapas preliminar y preparatoria hasta la acusación; después, pasa al fiscal litigante; 5) La solicitud de requerimiento fiscal ingresó el 27 de febrero del referido año, por lo que decretó y emitió el requiriendo fiscal, pero hasta la fecha de la acción de libertad no fue recogido, omisión que no puede atribuírsele; 6) No tiene acceso al aludido caso ni por sistema ni físicamente, ante ello, no podía tener acceso al memorial presentado el 2 de marzo del mismo año, de modo que no existe vulneración de derechos; y, 7) El proceso penal de referencia ya no se encuentra en etapa preparatoria, sino en juicio oral, siendo competente el juez de sentencia penal.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 30 a 35, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante señaló que el caso está radicado en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del indicado departamento, tras la presentación del requerimiento conclusivo de acusación fiscal; mención que tiene relación con el acta de entrega del cuaderno de investigaciones a la Fiscal “Litigadora” que fue recepcionado el 2 de marzo de 2023, a horas 8:00; para que proceda esta acción tutelar, de manera previa es necesario agotar primero los mecanismos de defensa previstos en la ley, utilizando los recursos legales adecuados y oportunos, y pese a haber recurrido a los mismos no se haya restaurado las vulneraciones demandadas, recién se podrá acudir a este mecanismo de defensa; ii) El accionante enfrenta un proceso penal por abuso sexual, en audiencia de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio 392/2022, se dispuso su detención preventiva, por lo que se concluye que su privación de libertad no es indebida, ya que fue dispuesta por una autoridad competente y con jurisdicción; y, iii) El solicitante de tutela alega lesión de su derecho a la libertad por la falta de emisión oportuna de un requerimiento fiscal para obtener un certificado penitenciario, sin embargo, se establece que existen mecanismos legales adecuados que deben agotarse previamente, y que la acción de libertad solo procede cuando, pese a usar esas vías, los derechos no han sido reparados. En este caso, antes de acudir a la vía constitucional, el afectado debió acudir al citado Juez de Sentencia, quien es la autoridad competente para conocer las supuestas vulneraciones, por lo que, no se evidencia afectación a sus derechos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nelson Flores Siñani -accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual; en audiencia de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio 392/2022 de 6 de septiembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por cinco meses, ante la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previsto en los arts. 234. 7 y 235.2 del CPP, dispuesto por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, señalando para el 24 de febrero de 2023 a horas 10:00, audiencia para considerar su situación jurídica (fs. 7 a 9).
II.2. Cursa Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal presentado el 21 de diciembre de 2022, por Verónica Beatris Miranda Huanca, Fiscal de Materia -demandada- al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, con lo que se habría concluido la etapa preparatoria (fs. 18 a 22). II.3. Por memorial presentado el 27 de febrero de 2023, el accionante solicitó a la Fiscal demandada le extienda requerimiento fiscal para que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, informe y/o certifique sobre su permanencia y buena conducta; que mereció como respuesta el decreto de 28 del referido mes y año, en el que dio curso a la solicitud (fs. 4 y vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 1 de marzo del 2023, el solicitante de tutela, reiteró se franquee en el día el requerimiento fiscal anteriormente referido, bajo alternativa de presentar acción de libertad contra la Fiscal demandada; por decreto de 2 del mismo mes y año, la prenombrada mencionó que el cuaderno de investigaciones fue remitido a Rina Esperanza Padilla Gerl, Fiscal de Materia litigante (fs. 5 y vta.). II.5. Cursa requerimiento fiscal de 2 de marzo de 2023, expedido por la Fiscal demandada dirigido al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que informe y/o certifique permanencia y buena conducta del accionante (fs. 25). II.6. A través del acta de entrega de cuaderno de investigaciones de 27 de febrero de 2023, la Fiscal demandada remitió el cuaderno de investigaciones del proceso del impetrante de tutela por el delito de abuso sexual, a la Unidad de Fiscales Litigantes, siendo recepcionado el 2 de marzo del referido año (fs. 24).
El accionante a través de su representante denuncia lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la celeridad; por cuanto, habiéndose emitido el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal y concluyéndose la etapa preparatoria; el 27 de febrero de 2023, mediante memorial solicitó a la Fiscal demandada requerimiento para obtener certificado de permanencia y conducta del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pese a darse curso no le fue entregado; el 1 de marzo de 2023 reiteró su petición, pero fue rechazada con el argumento que el cuaderno de investigaciones había sido remitido a la Unidad de Fiscales Litigantes; en consecuencia, pide se le otorgue tutela y se disponga que la autoridad demandada emita en el día el requerimiento fiscal dirigido al Director del señalado Centro Penitenciario.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Moduladora
La SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, a partir del análisis vertido en la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, moduló la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: «En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló: ‘Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que: 1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. del CPP- se constituye en parte contraria del mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado;
(…)'.
De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales.
En este sentido, se tiene que la Constitución Política del Estado en su art. 225 establece que: I. ‘El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía’. La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 5, relativo a sus principios, entre los atinentes al caso, señala: ‘El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios: 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y las leyes; (…) 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral; (…) y 7. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones’. La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia. A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad. Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución…’. Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas nos corresponden)»
El accionante a través de su representante enfoca su problemática, señalando que, posterior a haberse formulado la acusación formal en su contra, solicitó requerimiento en dos oportunidades a la Fiscal demandada, para que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz informe sobre el tiempo de su permanencia y conducta, requisito indispensable para plantear la cesación de la detención preventiva ante la nueva autoridad judicial competente; pese que el primero, fue aceptado; empero, no fue expedido; y el segundo, le negó con la justificación que el cuaderno de investigación fue remitido a la Unidad Fiscal Litigadora; y, en consecuencia, vulneró sus derechos a la libertad, al debido proceso y la celeridad.
Ahora bien, de acuerdo a los datos consignados en el expediente, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio 392/2022, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por la concurrencia de los requisitos para la detención preventiva y la existencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, señalándose para el 24 de febrero de 2023 a horas 10:00, audiencia para considerar su situación jurídica (Conclusión II.1).
De conformidad con la Conclusión II.2 de este fallo constitucional; se tiene que la Fiscal de Materia demandada presentó el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal el 21 de diciembre de 2022, concluyendo la etapa preparatoria; por consiguiente, el accionante, mediante memorial presentado el 27 de febrero de 2023, solicitó a la prenombrada que emita un requerimiento fiscal dirigido al Director del Penal de San Pedro de La Paz, para que informe y certifique sobre su permanencia y buena conducta, siendo respondida al día siguiente mediante decreto dando curso a dicha solicitud (Conclusión II.3).
Es así que, por escrito presentado el 1 de marzo del referido año, el peticionante de tutela reiteró se franquee en el día el requerimiento anteriormente referido bajo alternativa de presentar acción de libertad en contra de la Fiscal demandada, emitiéndose decreto de 2 del mismo mes y año, en el que se le hace conocer que el cuaderno de investigaciones fue remitido a Rina Esperanza Padilla Gerl Fiscal de Materia litigante; sin embargo, se advierte que cursa requerimiento fiscal dirigido al Director del Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, para que informe y/o certifique permanencia y buena conducta del accionante, de la fecha indicada, expedido por la Fiscal demandada (Conclusiones II.4 y II.5).
De acuerdo con la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, cursa el acta de entrega de cuaderno de investigaciones del proceso penal contra el accionante por el delito de abuso sexual, a la Unidad de Fiscales Litigantes, que fue recepcionada el 2 de marzo de 2023.
En ese marco, el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional, establece que se consolidó el criterio jurisprudencial sobre la atribución del Ministerio Público para emitir requerimientos para obtener documentación necesaria destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que, aunque el Fiscal de Materia presente acusación formal y se constituya en parte contraria del imputado, ello no le impide emitir requerimientos fundamentados para la obtención de documentos que permitan al acusado solicitar la cesación de la indicada medida extrema; puesto que, es un trámite accesorio al proceso principal, en el que no se discute la culpabilidad, sino únicamente si persisten las causales previstas en el art. 239 del CPP, porque en caso de ser declarada procedente, no afecta el fondo del proceso, pues las medidas cautelares tienen carácter excepcional, instrumental y de necesidad, destinadas solo a evitar riesgos de fuga u obstaculización y no generan estado definitivo; por lo que, bajo el principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de facilitar al imputado los medios necesarios para plantear este incidente, incluso después de la acusación formal.
Ahora bien, ingresando a la dilucidación del acto lesivo expuesto por el accionante y efectuando la subsunción del entendimiento desarrollado en el párrafo anterior, este Tribunal advirtió que el accionante al momento de interponer la acción tutelar tenía pleno conocimiento que el 21 de diciembre de 2022, se presentó el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal en su contra por la Fiscal de Materia demandada; y por consiguiente, el proceso penal se encontraba radicado ante el Juez de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; dado que, el proceso ya superó la etapa preparatoria y fue remitido a la instancia de preparación de juicio oral que tiene el control jurisdiccional.
De la solicitud del requerimiento fiscal presentada el 27 de febrero de 2023, se constata que la autoridad demandada, dentro del plazo legal -28 del mismo mes y año-, dispuso se expida el mismo; de ello, se establece que la Fiscal de Materia demandada en ningún momento obstaculizó su pretensión, ni se advierte vulneración de derechos o garantías constitucionales; puesto que, dio curso a la solicitud con celeridad, actuando conforme al art. 5.7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y las competencias atribuidas a su persona, al ser en ese momento la directora de las investigaciones del caso aperturado, así evidenciado, por el requerimiento fiscal de 2 de marzo de 2023, suscrito por la prenombrada dirigido al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que informe y/o certifique la permanencia y buena conducta del accionante, quien además en su informe formulado al Juez de garantías manifestó que, el solicitante de tutela no recogió el indicado actuado, correspondiéndole al mismo hacerlo y ejecutarlo con su presentación en el citado Centro Penitenciario, observándose cierta desidia de su parte, por lo que, la jurisdicción constitucional no puede reparar su propia inacción.
Ahora bien, la Fiscal demandada por decreto de 2 de marzo del mismo año, hizo conocer que el cuaderno de investigaciones fue remitido a la Fiscal de Materia Litigadora Rina Esperanza Padilla Gerl, al haberse superado la etapa preparatoria; por ello, este Tribunal concluye que la autoridad demandada, actuó dentro de los parámetros del entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es así que, el peticionante de tutela también tiene la posibilidad de solicitar los requerimientos que considere pertinentes para plantear las sucesivas peticiones para modificar su situación jurídica a la citada autoridad fiscal, por lo tanto, es concerniente denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 30 a 35, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1398_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 26a2eb5acebdf3b41921b65abf6649922b276ec6d1abb6b354f288e8b3b5cb82
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