Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social; y al trabajo e inamovilidad laboral; puesto que el 14 de marzo de 2023, la Directora General Ejecutiva del Servicio General de Identificación Personal, le agradeció sus servicios del cargo que venía desempeñando en esa institución y pese haber solicitado en dos oportunidades su reincorporación e inamovilidad laboral, por encontrarse su concubina en estado de gestación cuando aún tenía la relación laboral, no tuvo respuestas favorables de dicha entidad hasta la presentación de la presente acción tutelar; por lo que, solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto la nota de agradecimiento de servicios SEGIP-RRHH-MP 052/2023 de 14 de agosto; ii) Se ordene su inmediata reincorporación a su fuente laboral, sin afectar su salario y ubicación de puesto de trabajo; y, iii) El pago de haberes devengados por su despido intempestivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 149/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1388/2025-S3 Sucre, 11 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58369-2023-117-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 149/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Grober Aguilar Cardozo contra Patricia Pamela Hermosa Gutiérrez, Directora General Ejecutiva del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 y 20 a 24, el accionante manifestó lo siguiente:
Mediante Memorándum 1156/2017 de 6 de junio, fue designado en el cargo de portero, posteriormente mediante Memorándum 168/2019 de 2 de julio, fue promovido por el Jefe de la Unidad Nacional de Recursos Humanos del SEGIP, para desempeñar el cargo de Técnico de Operaciones; cargo que, ocupó hasta el 14 de marzo de 2023, fecha en la que sorpresivamente recibió la nota SEGIP-RRHH-MP 052/2023; por el que, le agradecieron sus servicios del cargo de Técnico de Operaciones, conforme al Decreto Supremo (DS) 718 de 1 de diciembre de 2010; disponiendo que, presentara informe de actividades, los trámites pendientes y el estado de los mismos, así como la devolución de activos fijos para el formulario de solvencia, en el plazo de cinco días hábiles, de acuerdo a normativa vigente, la entrega de manuales, reglamentos, documentos, claves y contraseñas de acceso a los sistemas a su cargo; bajo apercibimiento de responsabilidad por la función pública, al margen de realizar su declaración jurada de bienes y rentas por conclusión de relación laboral con la institución.
Ante esa determinación, el 17 de marzo de 2023, presentó ante la autoridad ahora demandada; memorial solicitando su reincorporación laboral sin afectar su salario y ubicación de puesto de trabajo, al amparo de lo establecido en el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado (CPE); considerando que, su concubina quién se encontraba afiliada al seguro de salud como su beneficiaria, -de acuerdo al resultado de test de embarazo de serología (HCG), de 16 del mismo mes y año-; la misma se encontraba embarazada que, a su criterio esos documentos resultaban ser idóneos, útiles y pertinentes, con eficacia probatoria; para demostrar que, su concubina se encontraba en estado de gestación ad-vientre de su tercer hijo, procreado en vigencia de su relación laboral con la institución. Solicitud que mereció respuesta por parte de la Directora de Administración y Finanzas del SEGIP de 11 de abril del mismo año, mediante nota CITE: SEGIP-RRHH-E-0082/2023, adjuntando un informe legal que señalaba: “….el acompañamiento de una prueba de laboratorio de la Caja de Salud de Caminos R.A. de 17 de marzo de 2023, que corresponde a Betsi Pozo Maida, que consigna serología B-HCG (sangre) positivo, sin embargo; aquel documento en su esencia, a todas luces, no se constituye en un certificado de embarazo, de donde se infiere con claridad meridiana, que el impetrante no cumple para su pretensión, con la exigencia taxativa del art. 3 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, peor aún que aquella prueba de laboratorio fue presentada de manera extemporánea a esa instancia administrativa, cuando se tomó la determinación de agradecerse por los servicios presentados a la institución… y que la nota de agradecimiento emitido por la MAE en su condición de Directora General Ejecutiva del SEGIP, reviste perfectibilidad, validez y eficacia por cuanto representa el ejercicio pleno y potestativo de sus atribuciones que tiene como MAE, máxime que el acto emitido no es revisable ni impugnable…”. Posteriormente, el 16 de agosto de 2023, reiteró su solicitud de reincorporación laboral; y se deje sin efecto, la carta de agradecimiento de servicios, adjuntando examen de sonografía de 23 de mayo de idéntico año; acreditando que, el tiempo de embarazo de su concubina -14 semanas y 2 días-, como fecha probable de parto el 19 de noviembre de 2023, informe ecográfico obstétrico e imágenes realizadas el 4 de julio del mismo año y testimonio de reconocimiento ad-vientre de 14 de agosto de similar año. Sin embargo, a su segundo memorial, la Directora de Administración y Finanzas del SEGIP el 6 de septiembre de 2023, determinó rechazar de forma total el mismo; con el fundamento que, no correspondía a derecho, por no contar con sustento normativo que faculte a su pretensión ni adecuarse al procedimiento administrativo. Respuesta que, a su criterio, desconoció los alcances y efectos del art. 48.IV de la CPE, como del DS 0012 de 19 de febrero de 2009; y los precedentes constitucionales que, establecieron mediante sus ratios decidendi, sobre el derecho a la inamovilidad laboral, tratándose de madre y/o padre progenitor de hijos ad-vientre o nacidos; sea cual fuere su estado civil, que trabajen en el sector público o privado.
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, al trabajo; y a la inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 35, 36, 46 y 48.VI de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la nota de agradecimiento de servicios SEGIP-RRHH-MP 052/2023 de 14 de marzo; b) Se ordene su inmediata reincorporación a su fuente laboral, sin afectar su salario y ubicación de puesto de trabajo; y, c) El pago de haberes devengados por su despido intempestivo.
Celebrada la audiencia pública el 25 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 82 a 94 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia pública, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.
William Henrry Bravo Cusicanqui, en representación legal de Patricia Pamela Hermosa Gutiérrez, Directora Ejecutiva del SEGIP, en el desarrollo de la audiencia pública señaló lo siguiente: 1) El accionante ingresó al SEGIP el 6 de junio de 2017, posteriormente el 2 de julio de 2019, fue promocionado al cargo de Técnico de Operaciones de la misma institución; cargo que, desempeño hasta el 14 de marzo de 2023; fecha en la que, se procedió a agradecerle sus servicios; 2) En el tiempo que prestó sus servicios, pese a contar con seguro a corto plazo, no hizo conocer ningún estado de embarazo de su conviviente a la precitada entidad; ni al ente gestor, hasta antes de su desvinculación -14 de marzo de 2023-, sino recién el 17 de idéntico mes y año con su memorial de solicitud de reincorporación; por el que, adjuntó un test de embarazo como elemento de prueba; 3) El 11 de abril, la Directora de Administración de Finanzas de la prenombrada institución; respondió que, su solicitud no sería admitida ni atendida, toda vez que el documentado adjuntado no se constituía en prueba idónea y suficiente, conforme lo establecido en el art. 1 y 3 inc. a) del DS 012; en el que, establece las condiciones y el objeto que tienen que seguir, para solicitar la inamovilidad laboral, así como la presentación de diferentes documentos, certificado médico de embarazo, acta de reconocimiento ad-veinte y certificado de matrimonio-; que, no fueron adjuntados por el solicitante de tutela; 4) Manifestó que el accionante no agotó la vía administrativa e inobservó los plazos administrativos establecidos en el art. 64 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); que a criterio de la parte demandada, él accionante realizó abandono a su nota, pretendiendo después de transcurrido cinco meses, adjuntar documentos con data 4 de julio y 14 de agosto de 2023, cuando él ya no tenía ninguna relación con la institución; 5) La SCP 0033/2022-S3 de 7 de marzo; estableció que, para entrar a revisar el cumplimiento de tutela sobre la inamovilidad laboral; tienen que, cumplir lo establecido en el art. 3 del DS 0012; la cual, no fue acreditada oportunamente por el accionante y que la SCP 1146/2019-S1 de 29 de noviembre; determinó que, no era necesario que el certificado médico sea expedido por el ente gestor al cual se encuentre asegurado; sino también permite, de un ente gestor privado; sin embargo, exige que esa documentación sea presentada para que puedan conceder la tutela; por lo que, a criterio de la parte demandada, consideraron que el Tribunal de garantías no podía conceder la tutela, cuando existió negligencia y abandono por parte del accionante, conforme lo establecido en la SCP 0309/2023-S4 de 22 de mayo, que señala: “..no es posible que el solicitante de tutela demande la lesión de sus derechos fundamentales cuando ello fue provocado por su propia negligencia al no haber cumplido de manera oportuna las obligaciones establecidas en la normativa legal vigente (…) aprovechar la vía constitucional, para pretender suplir de manera sobreviviente un descuido propio…”; 6) Otro punto controvertido es la relación de incumplimiento de la unión libre, dada la desvinculación que existía con su pareja, conforme lo establecido en el art. 137.II del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF), “…para que se reconozca la unión libre, debe haber dos presupuestos, la singularidad y la estabilidad…”; es decir que, tiene que haber una convivencia esporádica o temporal; sin embargo, adjuntaron dos denuncias realizadas por el accionante contra de su esposa Betsy Pozo Maidana de 6 de agosto de 2022 y 11 de enero de 2023; por abandono de hijo y agresiones físicas; y, 7) El 18 de septiembre de similar año, el accionante cambió el domicilio de su residencia a la calle final olañeta; elementos por los que, presumían que ya no convivía con su familia, mucho menos si cumpliría con su obligación de proteger o no el interés del niño o de la madre gestante con esa acción tutelar, conforme lo establecido en el art. 5.III del DS 0012, que establece: “…que la inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumpla con sus obligaciones legales y de asistencia para el hijo o hija….”, al ser ese un hecho controvertido, así se estableció en las SSCCPP “018/2018”; y, 0278/2016 de 27 de marzo. Samuel Lima Carvajal, apoderado de la autoridad demandada, en audiencia pública señaló que: i) Se debe discernir la naturaleza de una entidad pública a una privada, que la administración pública, se rige por lo señalado en los arts. 1 y 2 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO Ley 1178), por lo que no podían discrecionalmente promover acciones como en ese caso, sin revisar y dar cumplimiento a la naturaleza de los cánones determinados de la actividad administrativa; ii) El ingreso y posterior promoción del accionante, se dio mediante memorándums suscritos por el Jefe Nacional de Recursos Humanos; sin embargo, los arts. 6, 9; y, 10 de la Ley del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y del Servicio General de Licencias Para Conducir (SEGELIC);
estableció que, la autoridad ejecutiva y quien ejerce la presentación institucional, es la Directora General Ejecutiva o Director General Ejecutivo; de ese entonces y que existió una designación irregular del solicitante de tutela; por lo que, estaban haciendo un examen de control posterior, para establecer los indicios y grados de responsabilidad al haber percibido sueldos de manera irregular, al no tener el accionante la legalidad de recepción del memorándum de designación conforme lo establecido en la Ley 145; el art. 2 del DS de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP); y el art. 39 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), estando obligados a pesar de los resultados de la acción tutelar; a proseguir con las acciones administrativas y penales que, correspondan; iii) La Ley 2341 y su decreto reglamentario, de forma expresa establece que, una autoridad administrativa, no puede revisar ni revocar de oficio, por sí misma un acto administrativo una vez surte efectos jurídicos, -situación que aconteció con la nota de desvinculación suscrita por la demandada y notificada al solicitante de tutela-; por lo que, el accionante debió revisar los mecanismos de defensa que tenía, para interponer los mismos; iv) El impetrante de tutela; presentó sus documentos de manera tardía, pero tenía los mecanismos para hacer revisar esa determinación, porque en sede administrativa no podían revocarlo de oficio; y, v) Si bien, para el impetrante tutela, la Directora Administrativa Financiera del SEGIP; quién dio respuesta a sus notas; no era autoridad competente, no activó los mecanismos de defensa, buscando de forma retroactiva se revise determinaciones que en su oportunidad él convalido y ratificó, al presentar su declaración jurada de bienes y rentas por cesación del cargo, ante la Contraloría General del Estado -12 de abril de 2023-, que ya surtió efecto; lo que implica que, no se agotó la subsidiariedad.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 149/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 95 a 98, concedió la tutela impetrada, disponiendo que: a) La autoridad demandada reincorpore de forma inmediata al accionante a su fuente laboral, al mismo cargo o a una similar sin afectar la remuneración salarial que percibía; b) Proceda al pago de los sueldos devengados desde el momento de la desvinculación efectiva; y, c) El pago de asignaciones familiares que correspondía. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; se aplica en los casos de una mujer embarazada, circunstancia que también es extensible al caso del padre progenitor-trabajador; hasta que, el hijo o hija cumpla un año de edad, en razón a los derechos que se tutela; que, no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, conforme lo establecido en la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre; acogiendo ese precepto constitucional, para el conocimiento de la acción tutelar, prescindiendo del principio de la subsidiariedad; 2) Del análisis que realizaron de los documentos presentados por ambas partes; así como, los fundamentos desarrollados en audiencia, evidenciaron que no se trataba de un funcionario de carrera; sino de un funcionario de libre nombramiento; sin embargo, la jurisprudencia constitucional emitida mediante las SSCCPP 1073/2019-S4 de 18 de diciembre y 1903/2012 de 12 de octubre, entre otras; señalaron que, en el orden constitucional vigente consagrado en el art. 48.VI de la CPE; estableció que, se garantiza la inamovilidad laboral de la mujer en estado de embarazo y de los progenitores; hasta que, la hija o el hijo cumpla un año de edad, precepto constitucional que hace extensiva no solo para garantizar la inamovilidad laboral; sino que, conlleva el resto de los derechos fundamentales de la madre y esencialmente del ser en gestación y del hijo o hija nacida hasta que cumpla un año; asegurándole en ese tiempo la seguridad social que, comprende las asignaciones familiares constituidas por los subsidios prenatal, postnatal y de lactancia, que están directamente vinculados con la vida como derecho fundamental primario del nuevo ser; considerando que, el accionante tenía derecho a permanecer en su fuente laboral hasta que, el nuevo ser cumpla un año de edad; 3) La autoridad demandada, no atendió favorablemente las dos solicitudes de reincorporación -17 de marzo y 14 de agosto ambas de 2023-; la primera presentada dos días después de haberle notificado con el agradecimiento de servicios; el cual, hizo conocer la situación de embarazo de su concubina y la segunda adjuntaron informes (médico, ecográfico obstétrico), reconocimiento ad vientre del menor, carnet de salud de la madre; que de acuerdo, a la jurisprudencia constitucional sentada por la SCP 0683/2019-S3 de 4 de octubre, correspondía reincorporar al accionante a su fuente laboral; ello hasta que, el nuevo ser cumpla un año de edad; dado que, el embarazo se dio dentro de la relación laboral, situación que fue puesta en conocimiento de la institución, pero que tal circunstancia no fue considerada bajo los alcances del art. 48.VI de la CPE y del DS 0012, que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de progenitores del sector público o privado, ello en protección del menor en gestación y en cumplimiento a la jurisprudencia constitucional que mantiene el estándar más alto de protección en este tipo de casos; y, 4) En relación a los argumentos; de la autoridad demandada que, se hizo alusión en audiencia; de la calidad de conviviente o no del accionante con su concubina, el hecho de que si el accionante va a cumplir o no con su obligación y respecto a la responsabilidad funcionaria del Jefe de Recursos Humanos de la mencionada institución; indicaron que, son cuestiones controvertidas y subjetivas que no hacen a la cuestión de fondo; por lo que, no correspondía sea analizadas o valoradas por ese Tribunal Constitucional Plurinacional. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado; solicitó se, determine el plazo para el cumplimiento de la resolución constitucional; en cuanto a la reincorporación, pago de sueldos devengados y beneficios sociales, a objeto de evitar el mismo se prolongue semanas o meses dejándolo en una situación desfavorable. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional resolvió no ha lugar la enmienda; porque cada institución pública o privada, cuenta con diferentes plazos para la reincorporación, pago de sueldos devengados, beneficios sociales, sujetándose a un procedimiento administrativo del cual no se tiene establecido los plazos fijos; además que, la resolución determinó el cumplimiento inmediato del mismo, que debía sujetarse la entidad demandada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorándum de designación SEGIP-DGE-RRHH/D/1156/2017 de 6 de junio, de Grover Aguilar Cardozo -accionante-, al cargo de Portero, dependiente de la Dirección Departamental de Chuquisaca-Departamental de Administración y Finanzas del SEGIP (fs. 2). Posteriormente el 2 de julio de 2019, mediante memorándum SEGIP-DGE-RRHH/D/168/2019, fue designado al cargo de Técnico de Operaciones de la misma institución (fs. 50). II.2. Se tiene nota de agradecimiento de servicios SEGIP-RRHH-MP 052/2023 de 14 de marzo; al solicitante de tutela, del cargo de Técnico de Operaciones, suscrita por la Directora Nacional de Administración y Financias del SEGIP; en el que, señaló: “…según detalle de vacaciones su saldo actual es de 20 días, los cuales le serán otorgados de 15 de marzo al 12 de abril de 2023..”; (sic); por lo que, su relación laboral concluye al finalizar la jornada del 12 de abril de 2023; debiendo presentar su informe final de actividades, documentos y realizar su declaración jurada de bienes y rentas por la conclusión de la relación laboral con el SEGIP ante la CGE (fs. 3). II.3. Por memorial de 17 de marzo de 2023, el impetrante de tutela solicitó reincorporación laboral; por el que, hizo conocer que su concubina se encontraba en estado de embarazo y adjuntó Laboratorio de Análisis Clínico de Test de embarazo de Betsi Pozo Maida de fecha 15 de idéntico mes y año; así como, laboratorio de sangre de la Caja Nacional de Caminos Y R.A. de 16 de similar mes y año; que, es lo más relevante del referido memorial (fs. 4 a 6 vta.). II.4. Mediante nota CITE:SEGIP-RRHH-E-0082/2023 de 11 de abril, la Directora Nacional de Administración y Financias del SEGIP; respondió al accionante que, de la revisión de su memorial de solicitud de reincorporación y los documentos adjuntos al mismo, no se constituían en un certificado de embarazo, conforme lo establecido en el art. 3 del DS 0012; y, que la prueba de laboratorio fue presentada de manera extemporánea, cuando ya se tomó la determinación de agradecerle sus servicios; máxime que, el acto emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en su condición de Directora General Ejecutiva del SEGIP, no era revisable ni impugnable (fs. 7). II.5. Posteriormente el 14 de agosto de 2023, el accionante reiteró su solicitud de reincorporación laboral, adjuntando documentación consistente en: Informe Médico, ecográfico obstétrico de embarazo, descripción sonográfica, testimonio de reconocimiento ad-vientre realizada ante la Oficial de Registro Civil; y carnet de salud de control de embarazo (fs. 8 a 15 vta.). II.6. Por nota de respuesta de la Directora Nacional de Administración y Financias del SEGIP, CITE: SEGIP-RRHH-E-0175/2023 de 6 de septiembre, bajo los argumentos del Informe Legal CITE:SEGIP/DNJ/INF-00389/2023; que no reitero el acto emitido, -agradecimiento de servicios- no es revisable ni impugnable; por la calidad de funcionario provisorio que, lo tenía vinculado a esa institución; más aún que, en su momento no cumplió con las exigencias de la Ley 2341 y el DS 0012. Asimismo, que la nota de agradecimiento de servicios, revistieron perfectibilidad; correspondiendo rechazar de forma total la solicitud, por no corresponder a derecho y no encontrar sustento normativo que faculte su pretensión, mucho menos adecuarse al procedimiento administrativo vigente (fs. 16).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social; y al trabajo e inamovilidad laboral; puesto que el 14 de marzo de 2023, la Directora General Ejecutiva del Servicio General de Identificación Personal, le agradeció sus servicios del cargo que venía desempeñando en esa institución y pese haber solicitado en dos oportunidades su reincorporación e inamovilidad laboral, por encontrarse su concubina en estado de gestación cuando aún tenía la relación laboral, no tuvo respuestas favorables de dicha entidad hasta la presentación de la presente acción tutelar; por lo que, solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto la nota de agradecimiento de servicios SEGIP-RRHH-MP 052/2023 de 14 de agosto; ii) Se ordene su inmediata reincorporación a su fuente laboral, sin afectar su salario y ubicación de puesto de trabajo; y, iii) El pago de haberes devengados por su despido intempestivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0138/2022-S1 de 26 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 0505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional. En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 0873/01-R de 20 de agosto de 2001 sentó la línea jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010-R de 15 de octubre. Posteriormente, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, efectuó una mutación implícita, ya que concedió la tutela de reincorporación laboral dispuesta en la conminatoria laboral. Luego, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, moduló el entendimiento sobre la excepción del principio de subsidiariedad, en el caso que el trabajador opte por la reincorporación, estableciendo los siguientes supuestos: 1) Deberá denunciar este hecho ante las jefaturas departamentales de trabajo, entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo, si corresponde, la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso que el empleador incumpla la referida conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional; 2) La conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador; por cuanto, el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, interponiendo la acción laboral, instancia en la que en definitiva, se establecerá si el despido fue o no justificado; y, 3) En los casos en que el trabajador, fuera sometido a un proceso interno; dentro del cual, se determine su despido por una de las causales establecidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) -Ley de 8 de diciembre de 1942- y 9 del DS 224 de 23 de agosto de 1943 -Reglamento de la Ley General del Trabajo-; en su caso, por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495 no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral; dicho entendimiento fue modulado implícitamente por la SCP 0735/2013, la que en razón a la protección de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral reforzada de los padres, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el artículo único del DS 0496 complementario del art. 6 del DS 0012, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496 es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a pedir su reincorporación e interponer directamente la acción de amparo constitucional. A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial, en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013; por cuanto, permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional. Este razonamiento fue expuesto en la sistematización jurisprudencial contenida en la SCP 0081/2018-S2.
Este Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada sobre la protección reforzada que goza la mujer embarazada y el progenitor hasta que el hijo o la hija cumpla un año de edad, al respecto la SCP 0131/2015-S1 de 26 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1.1, respecto a esta temática determinó lo siguiente:
[L]a Constitución Política del Estado, reconoce a favor de la mujer embarazada, del progenitor, así como del ser en gestación y del recién nacido hasta el año de su nacimiento, una protección especial, de innegable importancia, al constituir un sector de la población vulnerable, que requiere de cuidados máximos y especiales a fin de garantizar esencialmente, los derechos a la vida y a la salud de los titulares de dicho amparo. En ese marco, el art. 45.V de la CPE, dispone que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”; estableciendo a su vez, el art. 48.VI de la misma Ley Fundamental: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (negrillas añadidas). Resalta de las normas transcritas que, la Norma Suprema, otorga protección no sólo a las mujeres en estado de gestación sino también a los progenitores, justamente para resguardar no sólo los derechos de la madre, sino principalmente los del nasciturus. En igual sentido de tutela a este sector, se halla la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que prevé: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”. Por su parte, el DS 0012, en sus arts. 1 y 2, establece la inamovilidad de la madre y el padre progenitores que presten funciones en el sector público o privado hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo; regulando en su art. 3, los requisitos a objeto de beneficiarse de la inamovilidad laboral aludida; a cuyo efecto, determina que deben presentarse los siguientes documentos: “a) Certificado médico de embarazo extendido por el Ente Gestor de Salud o por los establecimientos públicos de salud. b) Certificado de matrimonio o Acta de reconocimiento ad vientre extendido por el Oficial de Registro Civil. c) Certificado de Nacimiento del hijo o hija extendido por el Oficial del Registro Civil”. Reglamentando asimismo que: “Quienes incurran en la falsificación o alteración de los documentos requeridos en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo, serán pasibles a las sanciones establecidas en la normativa vigente” (art. 4); previendo de otro lado, en cuanto a la vigencia del beneficio, que: “I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona previo cumplimiento por parte del empleador público privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral…” (negrillas aumentadas) (art. 5). Finalmente, el art. 6 del DS 0012, refiere: “I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador, para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral” (negrillas adicionadas) -Artículo complementado por DS 0496 de 1 de mayo de 2010-.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en relación a este punto, a través de la SCP 0351/2013 de 18 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2.3 entre otras, se ha pronunciado en relación al aviso al empleador sobre el embarazo no es condicionante para conceder la tutela, en el que tuvo el siguiente razonamiento:
[E]n el caso de exégesis, se advierte también que la accionante no puso en conocimiento del empleador su estado de embarazo, toda vez que conoció del mismo posteriormente; sin embargo, lo mencionado no resulta óbice para otorgar protección si correspondiere, por cuanto la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, tomando en cuenta la tutela a la mujer embarazada consagrada en la Constitución Política del Estado, determinó que ésta: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año Norma que, es directamente aplicable, en virtud a lo expresamente dispuesto por el art. 109.I de la CPE, que refiere que: 'I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección'. Bajo ese razonamiento, debe entenderse que la tutela que brinda la Constitución Política del Estado a la mujer embarazada y con hijos menores a un año, y a los progenitores, es más amplia y, por lo mismo, no se puede aplicar la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1416/2004-R citada precedentemente, al haber realizado una interpretación restrictiva de la Ley 975. Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos. En ese entendido, se debe cambiar el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, en sentido que no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora, para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado a la mujer gestante y con niño menor a un año; siempre que acuda de manera inmediata al empleador solicitando el respeto y vigencia de sus derechos a través de su reincorporación a su fuente de trabajo y el acceso a los beneficios que conlleva…” (las negrillas nos corresponden).
En este punto, concierne referirnos al razonamiento establecido por este Tribunal Constitucional Plurinacional, en el Fundamento Jurídico III.1.3 de la SCP 0131/2015-S1 de 26 de febrero, en relación al principio de eficacia de los derechos fundamentales, de prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, favorabilidad, justicia material, en un caso similar, tuvo el siguiente razonamiento:
[A]l respecto, es esencial citar el razonamiento asumido por la SCP 0139/2012 de 4 de mayo, que en su Fundamento Jurídico III.2, al referirse a la protección de los derechos fundamentales en general y la justicia material, y su prevalencia respecto a la justicia formal para casos de manifiestas vulneraciones a derechos fundamentales, expresó: “La Constitución Política del Estado, como norma suprema del ordenamiento, señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, y define como uno de los fines esenciales del Estado, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados por ella. La voluntad del constituyente en este sentido, hizo que la Constitución configure la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas y de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos como uno de los ejes más importantes del Estado. (…) Igualmente, es necesario señalar que la Constitución Política del Estado, además de establecer que ella goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, de acuerdo con lo previsto por el art. 410.II de la CPE, determina que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos (además de las normas de Derecho Comunitario). En ese mismo contexto, de acuerdo al art. 13 de la CPE, inserto en el Capítulo relativo a los Derechos Fundamentales y Garantías; los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconoce los derechos humanos, prevalecen en el orden interno y, además, que los derechos y deberes consagrados en la Norma Fundamental se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. (…) En ese marco, corresponde señalar, de igual modo que el principio pro-actione se configura como una pauta esencial no sólo para la interpretación de derechos fundamentales, sino también como una directriz esencial para el ejercicio del órgano de control de constitucional y la consolidación del mandato inserto en el art. 1 de la CPE; además, asegura el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad material, postulados axiomáticos directrices del nuevo modelo de Estado y reconocidos de manera expresa en el Preámbulo de la Constitución Política del Estado y en el art. 8.1 también del texto constitucional. En efecto, el principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material” (las negrillas nos pertenecen). Por otra parte, la SC 0897/2011-R de 6 de junio, estableció en relación al principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal, que: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en si mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos" (las negrillas son nuestras). En ese mérito, constituyendo la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional, la de velar por la supremacía de la Ley Fundamental, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar por el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, debe tenerse en cuenta en su función, lo establecido por la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, que expresa que el principio de justicia material o verdaderamente eficaz: “…se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales” (negrillas añadidas). En igual sentido, la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre, citando a su vez a la SC 0548/2007-R de 3 de julio, indicó que este principio se desprende como: “…una vivificación del valor superior 'justicia' la obligación, en la tarea de administrar justicia, de procurar la realización de la 'justicia material', como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia…" (negrillas agregadas).
En el presente caso, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, al trabajo e inamovilidad laboral; puesto que, su persona se encontraba trabajando en el SEGIP desde la gestión 2017; sin embargo el 14 de marzo de 2023, la autoridad demandada, le agradeció sus servicios del cargo que venía desempeñando en esa institución;, y que posteriormente, pese a que en dos oportunidades solicitó su reincorporación laboral; adjuntando diferentes documentos por el que, daba a conocer que su concubina estaba embarazada; pese a ello no se procedió a su reincorporación, más al contrario tuvo respuestas negativas a la sus solicitudes de reincorporación laboral, vulnerando de esa manera su derecho a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor. Previo a ingresar al análisis de fondo, de acuerdo a lo manifestado por la parte demandada de que, no se habría cumplido con los plazos para interponer los recursos pertinentes ante la desvinculación del mismo; y que, no se había agotado la vía administrativa para interponer la presente acción tutelar, corresponde referirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1; de este fallo constitucional que establece, la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; en los casos en los que, se denuncia vulneración a la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y padre progenitores, ante despidos intempestivos al trabajo, en el que permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados; no pudiendo estar supeditada o condicionada, al agotamiento de recursos o vías administrativas, aclarada la misma, en el presente caso se ingresará al análisis de fondo. Identificada la problemática traída en revisión, y de las conclusiones arribadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, el 6 de junio de 2017, Grover Aguilar Cardozo -accionante-, fue designado al cargo de Portero del Servicio General de Identificación Personal SEGIP, dependiente de la Dirección Departamental de Chuquisaca-Departamental de Administración y Finanzas; posteriormente el 2 de julio de 2019, fue designado al cargo de Técnico de Operaciones de la misma institución, cargo que ocupó hasta el 14 de marzo de 2023; fecha en el que, se le notificó con el agradecimiento de servicios del cargo; que venía desempeñando a esa fecha para que, a partir del 15 de igual data, haga uso de los veinte días de vacación que tenía a su favor, terminando la relación laboral a la conclusión de la jornada laboral del 12 de abril del mencionado año (Conclusiones II.1 y II.2). Posteriormente el 17 de marzo de 2023, el impetrante de tutela solicitó su reincorporación a su fuente laboral; haciendo conocer que, su concubina Betsi Pozo Maidana se encontraba embarazada, de acuerdo al Laboratorio de Análisis Clínico -Tes de embarazo (HGC)- de 15 de idéntico mes y año y del laboratorio de sereología B-HCG (sangre) realizado el 16 de marzo del mismo año; en la Caja Nacional de Caminos con resultado positivo, documentos que se evidencia fueron adjuntados al referido memorial (Conclusión II.3). Solicitud que, mereció respuesta por parte de la Directora Nacional de Administración y Finanzas del SEGIP; que señaló, la prueba de laboratorio presentada no constituía en un certificado de embarazo; y no cumpliría la exigencia establecida en el art. 3 del DS 0012, máxime si la misma fue presentada de manera extemporánea (Conclusión II.4). Con relación a este punto, corresponde referirnos también a lo manifestado; por la autoridad demandada a través de sus representantes en audiencia, de la presente acción tutelar; de que el accionante, hizo conocer el estado de embarazado de su concubina de manera extemporánea; cuando se tomó la determinación de agradecer sus servicios, al respecto la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; establece que, el aviso al empleador sobre el estado de embarazo, no es condicionante para conceder la tutela, considerando que la misma no puede estar supeditada a condiciones o requisitos previos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y por lo mismo para su ejercicio; no se requiere previo aviso al empleador del estado de embarazado, para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado; siempre y cuando acuda de manera inmediata, al empleador solicitando su reincorporación a su fuente de trabajo y al acceso de los beneficios que el mismo conlleva. En el presente caso, se advierte que el accionante hizo conocer en su memorial de 17 de abril de 2023; -tres días después de su notificación de agradecimiento de servicios-, el estado de embarazo de su concubina Betsi Pozo Maida; solicitud que realizó de manera inmediata, más aún cuando incluso a esa fecha; el solicitante de tutela, continuaba con el vínculo de relación laboral con la institución, de acuerdo a la nota de agradecimiento de servicios; en la que claramente señala que, la relación laboral concluía al finalizar la jornada laboral del 12 de abril de 2023; en el cual a la fecha de presentación de los documentos, acreditó el estado de embarazo de su concubina y solicitó su reincorporación, continuaba la relación laboral del accionante con la institución. Debe tenerse en cuenta los glosados en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; que señala de acuerdo a la Ley fundamental, se garantiza la inamovilidad laboral del puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas, de las mujeres embarazadas, y progenitores; hasta que, la hija o el hijo cumpla un año de edad, esto en consideración del resguardo de los derechos fundamentales que se busca proteger, principalmente del ser en gestación.
Finalmente, corresponde referirnos a la observación realizada por la parte demandada, de que los documentos presentados por el accionante, no cumplían con lo establecido en el art. 3 del DS 0012, que exige como requisito, la presentación de un certificado médico expedido por el ente gestor de salud o por los establecimientos públicos de salud; al respecto es menester mencionar que, la referida autoridad tampoco tomó en cuenta los documentos presentados por el solicitante de tutela, el 14 de agosto de 2023; en el que, reiteró su solicitud de reincorporación laboral, adjuntando informe médico, ecográfico, testimonio de reconocimiento ad-vientre, así como el carnet de salud de control de embarazo de su concubina (Conclusión II.5), a tiempo de dar respuesta a la misma; con el fundamento de que, la disposición de agradecer sus servicios no es revisable ni impugnable; por la calidad de funcionario provisorio que, lo tenían vinculado con la institución. Al respecto en el presente caso, debe aplicarse los principios de eficacia de los derechos fundamentales y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, de favorabilidad de la justicia material a la formal, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por cuanto, en dicho acápite establece que, es necesario asegurar el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad material, a cuyo efecto no debe primar la forma sobre el fondo, al comprender la finalidad mayor, la tutela efectiva de los derechos fundamentales; debiendo existir una preocupación esencial, por los efectos de la decisión y por la persona destinataria, concretizando efectivamente los principios, valores, así como sus derechos fundamentales. En ese sentido la no presentación del certificado médico en el primer memorial presentado por el ahora accionante, pero si otros documentos incluso del ente gestor, no pueden ser óbice para dejar de lado la protección especial consagrada en la Ley Fundamental, como pretende la entidad ahora demandada; más aún si se considera que, de acuerdo a los documentos presentados el 14 de agosto, no merecieron una adecuada valoración; por lo que, claramente los argumentos de la entidad demandada van por el presunto incumplimiento de formalidades procesales, cuando el fondo material del presente caso es la protección de los derechos fundamentales de la inamovilidad laboral del padre progenitor; por lo que, tales argumentos carecen de relevancia constitucional. Conforme lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional y al análisis realizado en este apartado, concierne confirmar la decisión asumida inicialmente por el Tribunal de garantías; instancia que, adecuadamente otorgó la tutela impetrada por el accionante, en consideración al sector de vulnerabilidad en el que, se hallaba comprendido por el estado de gestación de su cónyuge.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obro de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 149/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1388_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): af7fdb9656475cd1ee63d950bf44c3c294e8bed12435ec5a18529673b5ba112c
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