Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la igualdad, al debido proceso como garantía constitucional y del principio de seguridad jurídica; ello en mérito a que, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio, al confirmar el rechazo a su solicitud de rectificatoria, que fue determinado en las resoluciones anteriores, dentro del proceso administrativo que inició ante Impuestos Nacionales a objeto de solicitar la rectificación del IVA e IT con números de orden 6086041838 y 6086041852, correspondientes al periodo fiscal de febrero del 2019 no consideró que la rectificatoria solicitada, en su criterio merece el valor de una simple tramitación administrativa, denunciando además que no se realizó el proceso de determinación y que la misma no es una actividad que tenga por objeto originar derechos y tampoco obligaciones tributarias, siendo el hecho generador el único que crea una obligación; sin embargo, a partir de la emisión de la resolución cuestionada el Servicio de Impuestos Nacionales pretende en realidad cobrar dos veces una obligación tributaria, a partir de una declaración jurada que no genera una obligación tributaria.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 130/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 285 vta. a 289, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los términos señalados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1385/2025-S3 Sucre, 11 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58316-2023-117-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 130/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 285 vta. a 289, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Raúl Humberto Gonzales Castro contra Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
Por memoriales presentados el 20 de enero y 16 de febrero de 2023, cursantes de fs. 18 a 25 y 37 a 39 vta., el accionante manifestó que:
En su condición de contribuyente, el 19 de noviembre de 2021, solicitó por escrito a la Administración Tributaria la rectificación del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) e Impuesto a las transacciones (IT) con los números de orden 6086041838 y 6086041852 del periodo fiscal de febrero de 2019, adjuntando Formularios 521 versión 1 con número de orden 6086086350 (formulario 200) y número 6086086967 (formulario 400), facturas de ventas del mes de febrero de 2019, comprobantes contables de ingreso del mes de febrero, constancia de presentación de Libros de Compras y Ventas (LCV), rectificatoria, formulario 200v3, formulario 400v3 y extracto bancario del mes de febrero de 2019. En respuesta a ello, el 10 de enero de 2022, fue notificado por la Administración Tributaria con la Resolución Administrativa 232260000001, de 7 de enero de 2022, con el rechazo a su solicitud de rectificatoria de las declaraciones juradas (DDJJ) del IVA e IT del periodo fiscal febrero de 2019, argumentando que no presentó la documentación suficiente a objeto de respaldar y dar curso a su solicitud de rectificación. Consecuencia de ello, interpuso recurso de alzada contra la Resolución Administrativa 232260000001 de 7 de enero de 2022, para posteriormente ser notificado con la Resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) signada como ARIT-CBA/RA 0089/2022 de 25 de abril de 2022, que confirmó la resolución impugnada, que rechazó su solicitud de rectificatoria respecto al IVA e IT del periodo fiscal de febrero de 2019; finalmente, interpuso recurso jerárquico; emergente de ello, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio, confirmando el fallo de alzada, motivo por el cual interpone la presente acción de amparo constitucional contra la mencionada Resolución. Considera que la rectificatoria merece el valor de una simple tramitación administrativa, que no crea derechos y tampoco genera obligaciones tributarias, toda vez que no constituye un hecho generador, pero que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio, le negó su derecho a la rectificatoria por una obligación que cumplió en febrero de 2019; sin embargo, la observación realizada por el Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Tarija, fue en abril de 2019, y a partir de ello pretenden cobrar dos veces una obligación tributaria que ya fue cumplida en una declaración jurada pasada. Refiere que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio, lesionó sus derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica y al debido proceso como garantía constitucional; al respecto, señala que existe una vulneración de su derecho a la igualdad porque existe una desigualdad en la aplicación de la norma, con una diferenciación clara entre el sujeto pasivo y el sujeto activo que no permite realizar un análisis objetivo de la realidad, toda vez que, cuando la rectificatoria genera como consecuencia, el aumento de saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del declarante no necesita una verificación, pero sí requiere una previa aprobación de la Administración Tributaria, cuando la rectificación como consecuencia genera el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo en favor del fisco, contradiciendo lo establecido en el art. 323.I de la Constitución Política del Estado (CPE). Respecto al debido proceso como garantía constitucional, advierte que, dentro de su expresión existen dos vértices, una procesal y otra sustantiva, la primera destinada a garantizar que nadie pueda ser sancionado, sino, con base en un proceso desarrollado según los presupuestos procesales mínimos que respeten las garantías fijadas por la CPE y las leyes; segundo, prohíbe que una conducta sea calificada como falta o delito sin estar descrita en una ley o norma, también señala que en materia administrativa sancionadora tienen validez las sanciones administrativas previstas a través de reglamentos fijados en el marco del principio de legalidad y con los requisitos esenciales exigidos para su aplicación.
En ese sentido, al haberse confirmado la Resolución determinativa y mantener firme y subsistente la Resolución del recurso de alzada, la AGIT infringe lo dispuesto por el principio de retroactividad consagrado en los arts. 123 de la CPE y 150 del Código Tributario Boliviano (CTB). Finalmente, en lo que concierne a la lesión de su derecho a la seguridad jurídica, señala que, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SC 095/2001 de 21 de diciembre estableció que el Estado Democrático de Derecho se organiza y se rige por dos principios fundamentales; entre ellos, el de seguridad jurídica, que lo señala, como condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran y que presenta la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben cuáles son sus derechos y obligaciones; y que en el caso particular la AGIT a través de la Resolución Jerárquica cuestionada violo su derecho a la seguridad jurídica.
Denunció la lesión de su derecho a la igualdad, al debido proceso como garantía constitucional y del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II y 123 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto la Resolución AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio; y, b) Se determine la rectificatoria de las Declaraciones Juradas (DDJJ) del IVA e IT del periodo fiscal 2019.
Celebrada la audiencia pública el 5 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 279 a 284 vta, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó inextenso los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) El CTB en su art. 78.II, establece la obligación que tienen los contribuyentes de presentar declaraciones juradas y que las mismas puedan ser rectificadas, siendo ese un derecho que les asiste a los mismos, y que de acuerdo a la norma, existe dos tipos de rectificatorias, las que pueden resultar a favor del sujeto activo que es el Estado, que no merece ningún tipo de revisión ni aprobación por parte de la Administración Tributaria y las rectificatorias que pueden resultar a favor del sujeto pasivo, que debe de ser objeto de revisión por parte de la administración tributaria mediante un procedimiento de determinación para establecer la validez de las pruebas, cargos y descargos que hagan a la rectificación a favor del contribuyente, en ese sentido es que el 19 de noviembre de 2021, presentó su solicitud de rectificatoria de los formularios IVA e IT del periodo tributario febrero 2019; toda vez que, existió un error respecto a la declaración de ese mes, emergente de una relación económica con una institución pública; 2) Se identificó erróneamente el origen de un hecho generador en el mes de febrero, siendo la rectificatoria una corrección a esa obligación aparente del referido mes para que quede establecida en el mes de abril de 2019; 3) La Resolución Jerárquica 0703/2022 de 18 de julio, violenta sus derechos a la igualdad y a la petición, además de la garantía del debido proceso, toda vez que surge de la discriminación y desigualdad que se aplica en la relación jurídica tributaria que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que genera una diferencia cuando se trata de saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente, puesto que cuando se trata de saldo a favor del contribuyente, está obligado a una revisión por parte de la administración tributaria y a una eventual disposición de rechazo, cuando por el contrario debería ser una relación de igualdad netamente jurídica; y, 4) La Administración Tributaria no aplicó su facultad de determinación, cuyo procedimiento indica que tiene doce meses para poder revisar lo que vea conveniente, sin embargo en el caso en particular emitió la Resolución de rechazo en el plazo de dos meses, al respecto, la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1179 de 11 de septiembre de 2017, en concordancia con el art. 28.II del Decreto Supremo (DS) 27310, establece que la rectificatoria en favor del contribuyente está sujeta a aprobación de la Administración Tributaria, como resultado de una verificación formal o la verificación mediante un procedimiento de determinación; en ese contexto, no corresponde el rechazo de la declaración jurada rectificatoria a favor del contribuyente, cuando se evidencia que la Administración Tributaria sustenta su rechazo en observaciones referidas a los requisitos de validez del crédito fiscal, es en ese sentido, se debe tener presente que el hecho de aceptar la declaración jurada rectificatoria del periodo mencionado, no limita a la Administración Tributaria a ejercer sus facultades de verificación, control, fiscalización establecidos en los arts. 66 y 100 del CTB. Así mismo en audiencia de garantías, Israel Ramiro Campero Méndez, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz, preguntó al impetrante de tutela, si adjuntó a su trámite de rectificatoria el deposito que le hubiere realizado el GAMT por la venta que realizó, obteniendo como respuesta que no cuenta con ese respaldo, extremo que fue constatado por Wilfredo Aguirre peñaranda en representación de la tercera interesada quien señalo que no adjuntaron ningún documento de respaldo al trámite de rectificatoria.
Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva a.i. de la AGIT, por informe escrito presentado el 5 abril de 2023, cursante de fs. 212 a 218 vta., señaló que: i) Del análisis del memorial de acción de amparo constitucional se evidencia que el mismo no cumple con los requisitos esenciales de procedencia, toda vez que contiene una extensa transcripción de disposiciones legales, extractos de Sentencias Constitucionales y apreciaciones subjetivas sobre principios jurídicos, sin explicar de qué manera la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0703/2022 habría vulnerado derechos fundamentales; es decir, no se establece la necesaria relación de causalidad entre los hechos alegados, el resultado obtenido en sede jerárquica y los derechos presuntamente lesionados; ii) La labor interpretativa desarrollada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en su condición de autoridad competente para conocer y resolver recursos jerárquicos, no puede ser objeto de revisión por la jurisdicción constitucional, por no constituir una función propia de dicha instancia; más aún cuando la parte accionante no demostró de qué manera la supuesta interpretación normativa contenida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0703/2022 resulta lesiva de derechos, limitándose a reproducir artículos de la Constitución Política del Estado, nociones sobre los principios de verdad material y taxatividad, así como extractos de sentencias constitucionales, sin vincularlos con la vulneración denunciada; iii) La acción de defensa interpuesta carece de la carga argumentativa mínima que permita identificar de forma clara y precisa cómo la presunta errónea interpretación y aplicación de las normas habría afectado derechos fundamentales, situación que constituye un impedimento para que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento de fondo, puesto que hacerlo implicaría convertir a dicha instancia en una vía adicional a los recursos administrativos ya agotados; iv) La jurisdicción constitucional no puede ingresar a revisar lo actuado en la jurisdicción ordinaria o administrativa, considerando además la naturaleza y finalidad de la acción de amparo constitucional, siendo obligación de la parte accionante precisar la acción u omisión atribuida a las autoridades demandadas, identificar los derechos supuestamente vulnerados y establecer la relación de causalidad entre ambos extremos, lo que no ocurre en el caso concreto, ya que el impetrante de tutela se limitó a enunciar los derechos que considera afectados por la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0703/2022, sin desarrollar una explicación que permita comprender qué aspecto, elemento o fundamento de dicha resolución sería incorrecto o contrario a la normativa aplicable; v) De la revisión de los antecedentes administrativos se advirtió que el impetrante de tutela solicitó la rectificatoria de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal febrero de 2019, con la finalidad de disminuir el impuesto determinado a favor del fisco, bajo el argumento de que la Factura 103, de 19 de febrero de 2019, emitida a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Provincia Cercado, por la adquisición de mobiliario destinado al funcionamiento de una nueva infraestructura educativa por un importe de Bs1 150 560.- (un millón ciento cincuenta mil quinientos sesenta bolivianos), fue anulada el 28 de marzo de la misma gestión, habiéndose emitido en su lugar la Factura 113, de 12 de abril de 2019; no obstante, la Administración Tributaria rechazó dicha solicitud, señalando que, conforme a la revisión de la documentación presentada y a la información reportada por el sistema SIRAT-2, la Factura 103 fue emitida en cumplimiento del contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, y que las actas de recepción y entrega definitiva, así como las notas de ingreso 1075, 1076 y 1077, corroboraron la ejecución del referido contrato, concluyéndose que el hecho generador correspondía al periodo fiscal febrero de 2019 y no al periodo fiscal abril de 2019, por lo que no procedía la anulación de la mencionada factura; en ese contexto, la instancia jerárquica determinó que, si bien los sujetos pasivos pueden invalidar facturas, dicha circunstancia no puede afectar el nacimiento de la obligación tributaria, puesto que el hecho generador y el momento de su perfeccionamiento se encuentran definidos en norma especial; vi) De igual manera se advirtió que la documentación que acompaño el Sujeto pasivo demuestra que el hecho generador se configuro a partir del cumplimiento de las condiciones contractuales y que el concepto facturado en febrero de 2019 de ninguna manera se trata de un negocio simulado, corroborándose así que el hecho generador de la factura en virtud de la cual el sujeto pasivo pretendía la rectificatoria de su declaración jurada se produjo en febrero de 2019 y no así en abril de 2019; y, vii) Es necesario que se tenga presente que si bien el sujeto pasivo está facultado a impugnar los actos administrativos definitivos emitidos por la Administración Tributaria, dicha potestad no puede extenderse al desconocimiento del objeto de las declaraciones rectificatorias, las cuales tienen por finalidad corregir datos erróneamente consignados o incorporar información omitida en la declaración original, presupuestos que no concurrieron en la solicitud de rectificatoria analizada en la fase recursiva administrativa.
Así mismo, en audiencia de garantías a través de su abogado señaló que: a) De la documentación adjunta a la solicitud de rectificatoria se evidencia que el mobiliario objeto de la transacción que dio lugar a la emisión de la factura ingresó al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija en el marco de los contratos suscritos con el impetrante de tutela el 1 de febrero de 2019, existiendo notas de ingreso, informes de recepción y actas de recepción y entrega definitiva, todos suscritos por el GAMT en su calidad de beneficiario de los bienes adquiridos, lo que confirma que el hecho generador de la transacción se produjo en febrero de 2019; no obstante, el impetrante de tutela decidió unilateralmente anular la factura un mes después en el sistema y posteriormente emitir, en abril, la Factura 113 por el mismo concepto y monto, la cual respaldó la solicitud de rectificatoria, conforme a lo dispuesto por el art. 4 inc. b) de la Ley 843; b) La solicitud de rectificatoria carece de sustento, toda vez que su finalidad es corregir un dato erróneamente consignado o incorporar información omitida en la declaración jurada original, a efectos de que, mediante la declaración rectificatoria, se subsane e incluya en la casilla correspondiente, situación que no se configuró en el caso concreto; y, c) Sobre la vulneración del derecho a la igualdad alegada por el impetrante de tutela, se advierte que su argumento se sustenta en una presunta desigualdad entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en la medida en que este último estaría sujeto a verificación y autorización de la Administración Tributaria cuando la rectificatoria genera una disminución en favor del fisco, lo que no ocurre cuando el saldo es a favor del fisco; al respecto, se concluyó que dicho planteamiento desnaturaliza el objeto de la acción de amparo constitucional, evidenciándose que la pretensión del impetrante es la realización de un control normativo y no un control tutelar.
De igual manera en audiencia de garantías, Israel Ramiro Campero Méndez, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, consultó a la autoridad demandada sobre los requisitos para la procedencia de la rectificatoria, obteniendo como respuesta la existencia de un dato erróneamente registrado o de un dato omitido. Asimismo, consultó si el impetrante de tutela había efectuado dos veces el pago del impuesto ante la existencia de un solo hecho generador, a lo que la autoridad demandada respondió que el hecho generador se produjo en febrero de 2019, que el propio impetrante reconoció no haber realizado el pago en dicho mes, sino en abril, y que, conforme a la normativa vigente, la Administración Tributaria debe imputar dicho pago al periodo fiscal en el que se produjo el hecho generador.
Carola Carolina Martínez Vedia, Gerente Distrital de Tarija a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, por informe escrito presentado el 22 de mayo de 2023, cursante de fs. 262 a 274 vta., a través de sus representantes señaló que: 1) Conforme a la normativa vigente, se efectuó la verificación formal de la Factura 103, correspondiente a ingresos declarados por el impetrante de tutela ante la Administración Tributaria, con número de autorización 18160160008420, constatándose que el 28 de marzo de 2019 dicha factura fue inactivada a través del Sistema de Facturación Virtual (SFV), bajo el número de trámite 6019547578; tal actuación incumplió lo dispuesto por el inciso b) del art. 46 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0021-16, que establece que, en las modalidades de facturación mediante oficina virtual, electrónica web o electrónica por ciclos, la anulación de facturas o notas fiscales debe ser reportada a través del SFV hasta el vencimiento del periodo fiscal del IVA, es decir, dentro del mismo periodo fiscal; asimismo, se evidenció que el 12 de abril de 2019 el impetrante de tutela emitió la Factura 113 por un importe de Bs1 150 560.- (un millón ciento cincuenta mil quinientos sesenta bolivianos), a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, con NIT 1011325023, verificándose la doble emisión de facturas por un mismo hecho generador en el periodo fiscal abril de 2019; 2) A raíz de la solicitud de rectificatoria, se procedió a verificar el perfeccionamiento del hecho generador conforme a lo dispuesto en el art. 4 inc. b) de la Ley 843, que establece que, en los contratos de obra, de prestación de servicios o de cualquier otra prestación, el hecho generador se perfecciona desde el momento en que finaliza la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, lo que ocurra primero; en ese marco, se estableció que el 1 de febrero de 2019 el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado emitieron la nota de ingreso, el informe de la comisión de recepción y el acta de recepción y entrega definitiva, evidenciándose que, en el caso concreto, el hecho generador se encontraba plenamente perfeccionado; 3) Las declaraciones juradas correspondientes al periodo fiscal febrero de 2019, presentadas por el impetrante de tutela, constituyen manifestaciones de hechos comunicados bajo juramento, conforme al art. 78 del Código Tributario Boliviano (CTB), las cuales, en el presente caso, no eran susceptibles de modificación en base a los argumentos expuestos por el sujeto pasivo, ni con la documentación presentada como prueba, toda vez que la misma no respaldaba la solicitud de rectificatoria formulada; 4) Mediante proveído de observación de 23 de enero de 2023, previo a considerar la admisión de la acción de amparo constitucional, se requirió a la parte accionante que identifique de manera precisa los derechos o garantías que consideraba vulnerados; sin embargo, del análisis del memorial de acción de amparo constitucional y del escrito de subsanación, se advierte que el impetrante de tutela no dio cumplimiento a lo observado, limitándose a enunciar derechos y garantías que supuestamente habrían sido conculcados con la emisión de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0703/2022, sin desarrollar una explicación que permita comprender qué aspecto, elemento o fundamento de dicha resolución sería incorrecto o contrario a la normativa aplicable; 5) El impetrante de tutela no identificó de manera concreta cuál sería el acto u omisión atribuible a la Autoridad General o Regional de Impugnación Tributaria que habría lesionado su derecho a la igualdad de partes; por el contrario, y de manera contraria a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, denunció como acto vulneratorio el art. 78 del CTB, extremo que se encuentra fuera del ámbito de la referida acción, toda vez que esta no constituye la vía idónea para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes; 6) La Administración Tributaria, al emitir la Resolución Administrativa 2322600000001 de 7 de enero de 2022, observó plenamente el debido proceso, aplicando de forma correcta la normativa legal vigente al objeto de la solicitud; asimismo, en el caso concreto no se aplicó norma alguna con efecto retroactivo favorable al contribuyente, ni se cuestionó la extemporaneidad, ni se invocó la prescripción en el ejercicio de la potestad sancionadora inherente a la Administración Tributaria, por lo que corresponde desestimar el argumento del contribuyente relativo a la supuesta vulneración del debido proceso; 7) En aplicación de la normativa vigente, la Administración Tributaria efectuó el análisis formal y de fondo de la solicitud, y el 10 de enero de 2022 notificó al impetrante de tutela con la Resolución Administrativa N° 2322600000001 de 7 de enero de 2022, mediante la cual se rechazó la solicitud de rectificatoria formulada a través del proyecto de Rectificación del Formulario 400-v3 IVA, con número de orden 6086041838, y del Formulario 400-v3 IT, con número de orden 6086041852, en base a la información declarada en la solicitud de Rectificación del Formulario 521-v1 IVA, con número de orden 6086086350, y del Formulario 521-v1 IT, con número de orden 6086086967, correspondientes al periodo fiscal febrero de 2019; en consecuencia, no resulta evidente lo manifestado en el memorial de acción de amparo constitucional, puesto que el impetrante recibió una respuesta oportuna, debidamente motivada y fundamentada en la normativa tributaria vigente; en ese sentido, el rechazo de la solicitud no implica la falta de valoración de la misma. Por el contrario, se advierte que el accionante pretende que la Administración Tributaria responda afirmativamente de manera automática, sin efectuar un análisis de fondo de los periodos a rectificar, como ocurre cuando la rectificatoria incrementa el saldo a favor del fisco, pretensión que ha sido descartada de forma reiterada por la jurisprudencia, incluso en casos análogos; 8) La seguridad jurídica invocado por el impetrante de tutela no se encuentra reconocido como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, conforme al art. 178 de la Constitución Política del Estado, y como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano, de acuerdo con lo previsto por el parágrafo III del art. 306 de la CPE; en consecuencia, no es posible solicitar la tutela de dicho principio a través de la acción de amparo constitucional; y, 9) Según el impetrante de tutela, la Administración Tributaria se encuentra obligada a aprobar y aceptar la rectificatoria en tanto no verifique mediante un procedimiento de determinación, argumento que deja en claro el desconocimiento que tiene sobre la norma jurídica tributaria, pretendiendo usar como precedente administrativo una Resolución Jerárquica que no se asemeja a su caso, según lo establecido en el art. 78 del CTB y el art. 5 del D.S. 25183, el proyecto de la declaración jurada rectificatoria debe de ser presentada ante la Administración Tributaria para que sea sometido a un proceso de verificación con todos los documentos que respaldan la determinación del tributo rectificado, una vez concluida la verificación corresponde su aprobación o rechazo a través de una resolución expresa, en ese sentido si bien la verificación por parte de la Administración Tributaria en las solicitudes de rectificatoria no son procesos de determinación como tal, empero la Administración Tributaria se encuentra legalmente facultada en virtud del art. 78 del CTB para realizar una verificación de la documentación respaldatoria con la finalidad de verificar si efectivamente correspondía consignar en las Declaraciones Juradas los datos que el contribuyente pretendía.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 130/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 285 a 289, denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Se advierte la existencia de un elemento que es de alta relevancia, independientemente del criterio que tenga el impetrante de tutela en relación a su pretensión, ello es la razón que tuvo Impuestos Nacionales para rechazar la solicitud de rectificatoria; en ese sentido, la argumentación realizada por dicha entidad radica en el hecho que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la norma, uno de ellos tiene que ver con la ausencia de un justificativo razonable que dé cuenta a las dos condiciones para dejar sin efecto una nota fiscal, puesto que normativamente se entiende que existen solo dos circunstancias por las que la nota fiscal pueda ser anulada; es decir, que se consigne un dato erróneo o se haya omitido algún dato, extremos que debieron ser demostrados por el impetrante de tutela; sin embargo, en la sustanciación del procedimiento administrativo no existe dato alguno que dé cuenta por un medio probatorio pertinente, conducente y necesario que esa circunstancia haya sucedido; más al contrario reiteradamente la Administración Tributaria, en todas sus instancias, hasta la Autoridad Jerárquica hoy accionada, dio cuenta que el impetrante no cumplió con los presupuestos para la consideración de su rectificación; y, ii) En base a las reglas de predictibilidad de los actos procesales, un Tribunal de garantías constitucionales solo puede conceder la tutela, cuando la vulneración del derecho sea de tal grado, que su subsanación sea de tal relevancia que implique que en la decisión de fondo se consigne un cambio trascendental en el razonamiento de la propia autoridad para cambiar el fondo de le determinado; lo contrario, implicaría que se tutele generando que se dé la misma decisión, en el caso particular, sin la presentación de los dos requisitos esenciales exigidos para la procedencia de la rectificación, la determinación final sería inevitablemente la misma; por consiguiente, la eventual concesión de la tutela únicamente generaría una carga administrativa innecesaria para la Administración Tributaria. En ese entendido, no se advierte mérito suficiente para la concesión de la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Resolución Administrativa 232260000001 de 7 de enero de 2022, emitida por la Gerente Distrital a.i. del departamento de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, por la cual resuelve rechazar la solicitud de rectificatoria correspondiente al contribuyente Raúl Humberto Gonzales Castro con NIT 1844639019 respecto al IVA e IT del periodo fiscal febrero de 2019 (fs. 74 a 81) II.2. Consta Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0089/2022 de 25 de abril de 2022 emitida por el Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, por la cual confirma la Resolución Administrativa 23226000001, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 124 a 131 vta.) II.3. Cursa Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio de 2022, emitida por la Directora Ejecutiva General a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria –ahora demandada-, que confirma la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0089/2022 de 25 de abril de 2022 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 186 a 193)
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la igualdad, al debido proceso como garantía constitucional y del principio de seguridad jurídica; ello en mérito a que, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio, al confirmar el rechazo a su solicitud de rectificatoria, que fue determinado en las resoluciones anteriores, dentro del proceso administrativo que inició ante Impuestos Nacionales a objeto de solicitar la rectificación del IVA e IT con números de orden 6086041838 y 6086041852, correspondientes al periodo fiscal de febrero del 2019 no consideró que la rectificatoria solicitada, en su criterio merece el valor de una simple tramitación administrativa, denunciando además que no se realizó el proceso de determinación y que la misma no es una actividad que tenga por objeto originar derechos y tampoco obligaciones tributarias, siendo el hecho generador el único que crea una obligación; sin embargo, a partir de la emisión de la resolución cuestionada el Servicio de Impuestos Nacionales pretende en realidad cobrar dos veces una obligación tributaria, a partir de una declaración jurada que no genera una obligación tributaria.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0370/2018-S2 de 24 de julio, citando a la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que los errores o defectos de procedimiento, serán calificados como lesivos del derecho al debido proceso y corregidos vía acción de amparo constitucional, solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional; en tal sentido indicó que: A tiempo de ingresar a considerar el fondo del recurso, corresponde recordar que los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) Esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados. Por su parte, la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló que:
Es posible concluir que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso, sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales.
El 19 de noviembre de 2021, el impetrante de tutela, solicitó por escrito a la Administración Tributaria la rectificación del IVA e IT con números de orden 6086041838 y 6086041852, respectivamente, correspondientes a su declaración tributaria del periodo fiscal febrero de 2019, a objeto de que dichas declaraciones puedan ser introducidas y validadas en el periodo abril de 2019; sin embargo, el 10 de enero de 2022, la Administración Tributaria notificó al impetrante de tutela con la Resolución Administrativa 23226000001 de 7 de enero de 2022, por la cual rechazó la rectificatoria; a consecuencia de ello, interpuso recurso de alzada, emitiéndose una resolución que confirmó lo resuelto en primera instancia; finalmente, interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio, emitido por la Directora Ejecutiva General a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria por la cual se confirmó la negatoria a la rectificación; por lo que, el impetrante de tutela considera que a través de la emisión de la Resolución AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio se le vulneron sus derechos a la igualdad, al debido proceso como garantía constitucional y el principio de seguridad jurídica. Refiere que la Resolución cuestionada no advirtió que la rectificatoria merece el valor de una simple tramitación administrativa, además que no se llevó a cabo el proceso de determinación para su resolución y que su tramitación no crea derechos y obligaciones tributarias, siendo el “hecho generador” el único que las genera; sin embargo, la confirmación de la resolución de primera instancia a través de la Resolución AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio, manifiesta la intención de cobrar dos veces una obligación tributaria por la emisión de una declaración jurada que no generó una nueva obligación, motivo por el cual a través de la presente acción tutelar pretende se deje sin efecto la resolución cuestionada a objeto que determine la rectificatoria de las declaraciones juradas efectuadas en el periodo fiscal de febrero de 2019. Bajo ese contexto es necesario referirnos al marco normativo relativo a la problemática jurídica conforme al procedimiento administrativo tributario que genera los lineamientos para su resolución; al respecto, el art. 16 del CTB, establece que el hecho generador es aquel que genera el nacimiento de la obligación tributaria, sobre ello el art. 17 del referido Código, acerca de su perfeccionamiento refiere que al tratarse de situaciones de hecho se materializa desde el momento en que se hayan contemplado o realizado las circunstancias materiales previstas por ley. En consecuencia, toda obligación tributaria debe de ser declarada mediante una declaración jurada en el periodo correspondiente en el que se materializó la obligación tributaria emergente del hecho generador; ello, en razón de lo señalado en el art. 78 del CTB. Partiendo de lo señalado precedentemente, se debe mencionar también que el art. 78 del CTB en su numeral II, establece que, podrán rectificarse a requerimiento de la Administración tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento de saldo a favor del fisco o la disminución de saldo a favor del declarante; de igual manera podrá rectificarse a libre iniciativa del declarante cuando la rectificación tenga como efecto el aumento de saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del fisco previa verificación de la Administración Tributaria; en el mismo sentido, sobre la tramitación de la rectificación, el art. 28.II del Reglamento al Código tributario, aprobado mediante DS 27310 de 9 de enero de 2004, establece que, cuando se trata de una rectificación a favor del contribuyente, deberán ser aprobadas por la Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero y que ello será resultado de la verificación formal y/o la verificación mediante procesos de determinación.
En ese sentido, es necesario referirnos a los antecedentes de la solicitud de rectificatoria conforme al procedimiento administrativo que rige su tramitación; es así que, el 7 de enero de 2022, la Gerente Distrital a.i. del departamento de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales a través de la Resolución Administrativa 232260000001 resolvió rechazar la solicitud de rectificatoria correspondiente al contribuyente Raúl Humberto Gonzales Castro con NIT 1844639019 respecto al IVA e IT del periodo fiscal febrero 2019 (Conclusión II.1), evidenciando del contenido de la referida resolución que la decisión se fundamenta en el hecho que la Autoridad Tributaria determinó conforme a las pruebas (nota de ingreso, informe de la comisión de recepción y acta de recepción y entrega definitiva) que el hecho generador nació el 1 de febrero de 2019; es decir, que la documentación presentada en calidad de prueba no respalda la existencia del hecho generador pretendido correspondiente al periodo abril de 2019. De igual forma, de los antecedentes de la acción tutelar, se tiene la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0089/2022 de 25 de abril emitida por el Presidente Ejecutivo General a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria por la cual se confirma la Resolución Administrativa 23226000001 de 7 de enero de 2022 (Conclusión II.2), finalmente consta la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio de 2022 emitido por la Directora Ejecutiva General a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada (Conclusión II.3) y de su contenido se advierte que la autoridad demandada entiende que las declaraciones rectificatorias son aquellas que tienen por objeto corregir un dato mal registrado o completar una declaración omitida en la declaración original presentada; en ese entendido, refiere que la Administración Tributaria rechazó la solicitud debido a que de la documentación aportada por el contribuyente y la información reportada por el Sistema SIRAT-2 dan evidencia que la Factura 103 fue emitida en cumplimiento del contrato suscrito con el GAMT y la Provincia Cercado y que la acta de recepción y entrega definitiva como las notas de ingresos 1075, 1076 y 1077 les permite concluir que el hecho generador pertenece al periodo fiscal febrero 2019; por lo que, concluye que la Declaración Jurada presentada por el contribuyente es una manifestación de hechos comunicados bajo juramento y que ello no puede ser modificado con base en los argumentos expuestos por el sujeto pasivo, más aun cuando la prueba no respalda el hecho generador pretendido. En consecuencia, de la solicitud de rectificatoria de la declaración jurada iniciada por el impetrante de tutela y lo resuelto a través de la Resolución Administrativa 23226000001 de 7 de noviembre que fue confirmada en última instancia por la Resolución AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio de 2022, siendo la última resolución la cuestionada por el accionante, se evidenció que, el impetrante de tutela, no aportó la prueba suficiente a objeto de demostrar a la Administración Tributaria que el hecho generador que dio origen a la obligación tributaria fue perfeccionado en abril de 2019 y no así en febrero del mismo año y en consecuencia haya existido un error que debió ser rectificado, de la misma forma de la Resolución cuestionada se advierte que la autoridad demandada realiza un correcto análisis a objeto de confirmar la negatoria, toda vez que del proceso de determinación realizado por la Administración Tributaria en primera instancia evidencio que los documentos aparejados por el contribuyente y los reportados por el Sistema SIRAT 2, como ser el acta de recepción y entrega definitiva así como las notas de ingresos 1075, 1076 y 1077 corroboraron la ejecución del contrato suscrito en febrero de 2019, todo ello a raíz del contrato efectuado entre el impetrante de tutela y el GAMT y la Provincia Cercado por la adquisición de mobiliario para el funcionamiento de una nueva infraestructura educativa por el importe de Bs1 150 560.- (un millón ciento cincuenta mil quinientos sesenta bolivianos); por otro lado, es necesario establecer que el impetrante de tutela, más allá, de la denuncia de sus derechos a la igualdad, al debido proceso como garantía constitucional y del principio de seguridad jurídica, a través de la presente acción tutelar, pretende se deje sin efecto la Resolución AGIT-RJ 0703/2022 de 18 de julio que confirmó la Resolución de primera instancia, todo ello con la finalidad de que se permita la rectificación de sus DJJJ del IVA e IT del periodo fiscal 2019. Sin embargo, corresponde aclarar, que este Tribunal a través de un criterio previsor considera que el análisis de la presente acción tutelar carece de relevancia constitucional, y una posible concesión de tutela soló generaría una carga injustificada para la administración pública, toda vez que el problema central que dio origen a la presente acción tutelar radica en la negatoria de la rectificación solicitada por el impetrante de tutela y que como principal sustento de la Administración Tributaria es la carencia de medios probatorios que permitan establecer la existencia de un hecho generador en el periodo abril 2019, sobre ello la rectificación como premisa normativa específica estableció que para su procedencia el contribuyente debe demostrar que el hecho generador de la obligación tributaria fue realizado en el mes que se pretende se introduzca la declaración jurada. Sin embargo, ello no fue demostrado por el accionante a través de medios probatorios suficientes que acrediten el perfeccionamiento de la obligación tributaria en el mes de abril de 2019; razón por la cual, más allá del análisis que se pretenda realizar sobre los supuestos actos vulneratorios y su relación con los derechos supuestamente lesionados, y que de ello devenga una supuesta concesión de tutela, en el fondo la determinación seguirá siendo la misma, toda vez que, los aspectos que se demandan en la presente acción tutelar no son suficientes y relevantes, menos resuelven el problema neurálgico a objeto de cambiar la decisión de fondo en el proceso administrativo tributario; toda vez que, solo generaría que nuevamente se evidencie la inexistencia de la documental que acredite que el hecho generador de la obligación tributaria corresponde a abril de 2019. Al respecto, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso, sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional; es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, en razón de que no tendría sentido jurídico alguno, conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegara a los mismos resultados a los que se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales. Si bien, el accionante denuncia un posible doble cobro de la obligación tributaria a partir de un sólo hecho generador, de los antecedentes del proceso administrativo, y el informe realizado por la autoridad demandada en la audiencia de garantías, se concluye que, lo manifestado no es evidente; toda vez que, la Administración Tributaria determinó que el impetrante de tutela al no haber cancelado la obligación tributaria en el mes de febrero, debido a que canceló su factura correspondiente a ese hecho generador, dicha declaración jurada no generó obligaciones tributarias en ese mes; sin embargo, el mismo impetrante de tutela al haber realizado su declaración jurada, a partir del referido hecho generador para el periodo de abril de 2019, realizó un solo pago; es decir en el mes de abril de 2019 y que de acuerdo a normativa, lo que corresponde es que administrativamente la Autoridad Tributaria direccione el pago efectuado en ese periodo al mes que corresponde el hecho generador; es decir, a febrero de 2019. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 130/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 285 vta. a 289, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los términos señalados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1385_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): f4d1a78c85fa8abdce9897b93f2e4b3053ac31f1188cf3ccf617cb5b69bfdffd
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