B.IA.LEGAL

SCP 1382/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58270-2023-117-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad, a la vivienda y al debido proceso, así como de los principios de legalidad y seguridad jurídica; manifestando que, desde el año 2008, desempeñó funciones como portera del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí y que, a partir de 2014, ocupa en calidad de locataria el garaje y las habitaciones del inmueble institucional, administrando dicho garaje como medio de sustento; señaló que su relación contractual fue renovada de manera sucesiva, con modificaciones en el canon de arrendamiento, hasta la suscripción del contrato de 1 de agosto de 2020, cumpliendo puntualmente con los pagos acordados; sin embargo, la Directiva del Colegio, mediante nota de julio de 2023, desconoció la vigencia del referido contrato, alegando su conclusión en diciembre de 2022, y exigió el desalojo inmediato del inmueble, sin reconocer la continuidad de la locación ni otorgar un plazo razonable; ante esta situación, la accionante promovió una audiencia de conciliación, la cual fue declarada fallida; posteriormente, los ahora demandados ejecutaron medidas de hecho, asegurando con candados la puerta de ingreso, impidiéndole continuar con la administración del garaje y la ocupación de los ambientes, afectando su subsistencia y la de su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución Constitucional 74/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 90 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia:

1. CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al derecho a la vivienda, respecto a los dos ambientes que la accionante los utiliza como vivienda, garantizando su libre acceso;

2. DENEGAR la tutela respecto al derecho al trabajo (uso del garaje con fines de usufructo) y en cuanto a los derechos a la dignidad y los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los argumentos expuestos dentro del análisis del caso concreto. 3. Se llama la atención a los Vocales integrantes de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, por la confusa redacción de la parte resolutiva de la Resolución Constitucional 74/2023.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho
  3. III.3. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1382/2025-S3 Sucre, 11 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58270-2023-117-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución Constitucional 74/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 90 a 97, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cynthia Asunción Fernández contra Justo Fernández Guzmán, María Del Pilar Vázquez Román, Elba Jordán de López y Carlos Colque Jiménez, Presidente, Vicepresidente, Secretaria General, Vocal de Finanzas y de Deportes del Ilustré Colegio de Abogados de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 39 a 45 vta., la accionante expresa lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La accionante ingresó a trabajar en el año 2008 como portera del inmueble del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí, ubicado en la calle Lanza 29, zona San Anselmo; posteriormente, en la gestión 2014, ante la imposibilidad de que se le cancele su salario, se le otorgó en calidad de locación el garaje y las habitaciones que actualmente ocupa como vivienda, suscribiendo inicialmente el contrato con su entonces esposo, el fallecido expresidente de dicha institución, abogado Félix Genaro Callapino Gonzales; posteriormente, los contratos de arrendamiento fueron renovados con distintas directivas del Colegio, afirmando que el 1 de agosto de 2020 se suscribió un nuevo contrato con la actual directiva, representada por Justo Fernández Guzmán (Presidente) y Elba Jordán de López (Vocal de Finanzas), mediante documento privado, desarrollando desde entonces actividades laborales vinculadas a la administración del garaje arrendado, utilizado como parqueo de vehículos.

Cuando se le otorgó en calidad de locataria el indicado garaje, inicialmente cancelaba el monto de Bs1 300.- (mil trescientos bolivianos), incrementándose el monto posteriormente a Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos); sin embargo, la nueva Directiva le presionó para firmar un nuevo contrato con un canon de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos ), cifra excesiva, pero que se vio obligada a firmar, al no tener un lugar donde vivir con su familia y no contar con una fuente laboral, pudiendo cancelar tal monto por dos meses con mucha dificultad, por lo que solicitó que se le rebaje el canon llegando el canon al monto de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos), que canceló de manera regular hasta el mes de junio de 2023, encontrándose al día con el pago del alquiler. El 13 de julio de 2023 recibió una carta remitida por los directivos del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí, en la que se indicó que el contrato de arrendamiento habría concluido el 31 de diciembre de 2022 y que existiría falta de pago del canon de alquiler, disponiéndose además la entrega de los ambientes hasta el 31 de julio de 2023; la accionante sostuvo que dicha determinación no tomó en cuenta que, ante la inexistencia de un nuevo contrato escrito, operó la tácita reconducción, por lo que el contrato se encontraría vigente por tiempo indefinido, no existiendo documento que acredite lo contrario, habiéndose modificado únicamente el monto del canon y la duración del vínculo contractual. Por tal motivo, presentó un memorial solicitando la renovación del contrato o, en su defecto, la concesión de un plazo de noventa días para desocupar los ambientes, petición que fue rechazada, comunicándosele el 27 de julio de 2023 que debía abandonar los ambientes en el plazo de veinticuatro horas; en razón de dicha situación, el 28 de julio de 2023 interpuso una solicitud de conciliación ante el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la ciudad de Potosí, llevándose a cabo audiencias los días 21 y 23 de agosto, sin que se arribara a acuerdo alguno. Denuncia que el 1 de agosto de 2023, la directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí adoptó medidas de hecho de manera unilateral, restringiendo su derecho al trabajo y, de forma accesoria, su derecho a la vivienda, al disponer que los cobros por el servicio de parqueo fueran realizados por la contadora y la secretaria de la institución (Faviola Acarapi y Kimberly Rodríguez, respectivamente), así como la colocación de un candado en la puerta del garaje en horarios en los que no podían estar presentes, impidiendo su acceso a los usuarios que resguardaban sus vehículos durante la noche. El 16 de agosto de 2023, se le hizo llegar una carta notariada mediante la cual se le otorgó un plazo de diez días calendario para desocupar los ambientes, hecho que -según sostuvo- evidenciaría la adopción de medidas unilaterales sin orden judicial previa, afectando sus derechos al trabajo y a la vivienda, al privarla arbitrariamente de la administración del garaje y, en consecuencia, de su fuente de ingresos económicos

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos al trabajo, a la dignidad, a la vivienda y al debido proceso, además de los principios a la legalidad y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 15.I, 19.I, 21 num. 2, 46.I.II y III, 47.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los arts. 8 y 20 del Pacto de San José de Costa Rica.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) El cese de todos los actos y medidas de hecho mediante los cuales se le habría negado el derecho al trabajo y, por consiguiente, se restituyan sus derechos; y, b) El pago de costas, daños y perjuicios a cargo de la institución recurrida, por la presunta violación flagrante de derechos y garantías, al considerar que tales actuaciones no serían excusables conforme al art. 110 de la Constitución Política del Estado.

I.2 Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de septiembre de 2023, según el acta de audiencia cursante de fs. 71 a 89 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogada, se ratificó en los argumentos expuestos en su demanda.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Justo Fernández Guzmán, María del Pilar Vázquez Román, Elba Jordán de López y Carlos Colque Jiménez, en sus calidades de Presidente, Vicepresidente, Secretaria General, Vocal de Finanzas y Vocal de Deportes del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí, mediante informe escrito presentado el 6 de septiembre de 2023, cursante de fs. 61 a 65 vta., manifestaron lo siguiente: 1) En relación con la supuesta violación de derechos reconocidos en los artículos 20 y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, el ICAP argumentan que dichos artículos tratan sobre el derecho a la nacionalidad y las garantías procesales en casos penales, por lo que no guardan relación con el caso ni con el derecho al trabajo alegado por la accionante, afirmando que no se demostró ninguna afectación real a tales derechos; 2) Respecto al derecho al trabajo, indicaron que no existió vínculo laboral alguno con la accionante, sino una relación de naturaleza civil derivada de un contrato de locación, razón por la cual no resultaría aplicable la normativa laboral ni procedente la tutela constitucional, debiendo la interesada acudir a la vía civil ordinaria en caso de controversia; 3) El ICAP presentó una cronología documental correspondiente a los años 2020 a 2023, en la que la accionante habría reconocido deudas, solicitado plazos de pago, pedido renovación contractual y aceptado la desocupación de los ambientes, lo que -a criterio de la institución- constituye actos expresos y consentidos que no pueden ser objeto de tutela constitucional, conforme al art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 4) Negaron haber colocado candados o impedido el ingreso de la accionante al garaje, afirmando que la misma contaba con llaves y libre acceso a las dependencias, y que, además, habría ocupado ambientes adicionales a los autorizados, permitiendo la permanencia de terceros, en contravención a las cláusulas contractuales que prohíben el subarrendamiento o la ocupación por personas ajenas; 5) Sobre la supuesta vulneración al derecho a la dignidad, se argumentó que no se evidenció ningún trato degradante, humillante o discriminatorio, y que la accionante no demostró hechos concretos que configuren dicha vulneración; 6) En cuanto al derecho a la vivienda, afirmó que nunca se restringió el acceso a las habitaciones, y que la accionante sigue ocupando indebidamente los espacios sin pagar alquiler. Por ello, negó haber afectado su derecho a la vivienda o a un hábitat digno; y, 7) ICAP concluyó que no existe evidencia de violación a ningún derecho constitucional o humano, y que los hechos denunciados carecen de relación con las normas invocadas, solicitando al Tribunal de garantías denegar la tutela solicitada, imponga costas y resarcimiento de daños y perjuicios a la accionante, y disponga la inmediata entrega de los ambientes ocupados por ella. En audiencia pública de la presente acción tutelar, el abogado Justo Fernández, en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí, respondió a la acción de amparo constitucional de Cynthia Asunción Fernández, ratificando su posición y pidiendo que se lea íntegramente el informe presentado, con los siguiente fundamentos: i) Negó que se hubieran vulnerado los derechos al trabajo, a la vivienda, a la dignidad o al debido proceso, señalando que entre las partes no existió relación laboral alguna, sino un vínculo de naturaleza civil derivado de un contrato de locación de inmuebles, En ese sentido, sostuvo que la accionante no ostentaba la calidad de empleada, sino de locataria del garaje y habitaciones, encontrándose obligada al pago mensual del canon de arrendamiento, obligación que habría incumplido de manera reiterada; ii) El abogado explicó que, conforme a las cláusulas cuarta y quinta del contrato suscrito, la mora en el pago del canon de alquiler ocasionaba la resolución automática del contrato; al efecto, citó diversas notas y conminatorias cursantes de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, mediante las cuales se habría notificado a la ahora accionante sobre las deudas pendientes y se le conminó a la desocupación de los ambientes; añadió que, pese a habérsele otorgado plazos y rebajas temporales por razones humanitarias durante la pandemia, la accionante no cumplió con los pagos adeudados ni con las obligaciones de limpieza y administración; iii) También negó las acusaciones referidas al cierre con candado del garaje, señalando que se cuenta con actas notariales y registros fotográficos que demostrarían que la accionante mantenía la posesión de las llaves y el acceso a los ambientes. Asimismo, afirmó que la propia demandante reconoció deudas pendientes y solicitó ampliaciones y prórrogas contractuales, lo que resultaría contradictorio con su afirmación de encontrarse al día en los pagos; iv) La accionante fue formalmente notificada con la finalización del contrato el 12 de julio de 2023 y que, en dicha oportunidad, se habría comprometido verbalmente a entregar el garaje el 1 de agosto de ese año, compromiso que no fue cumplido. Ante su negativa, el Ilustre Colegio de Abogados de Potosí procedió a conminarla al desalojo y realizó una intervención notarial a objeto de verificar la situación de los ambientes; y, v) Finalmente, solicitó al Tribunal de garantías denegar la acción de amparo constitucional, al considerar que no se evidenció vulneración de derechos fundamentales, toda vez que el conflicto suscitado corresponde ser dilucidado en la vía civil ordinaria y no mediante la jurisdicción constitucional.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución Constitucional 74/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 90 a 97, concedió parcialmente la tutela impetrada, solo con relación al derecho a la vivienda, y se deniega respecto a la solicitud de restitución del cobro por parqueo del garaje; determinación que se dio con los siguientes fundamentos: a) Se evidenció la existencia de un contrato de locación suscrito entre el ICAP y Cynthia Asunción Fernández, ahora accionante, el 1 de agosto de 2020, mediante el cual se le otorgó en calidad de alquiler dos habitaciones y un garaje, con una duración inicial de cinco meses y un canon de arrendamiento de Bs8 000.-, posteriormente reducido a Bs4 000.-; no obstante su vencimiento, la ocupación se prolongó por acuerdo mutuo entre las partes hasta el 31 de julio de 2023; dicho contrato reconocía la condición de locataria de la accionante; sin embargo, se constató que, a la fecha de interposición de la acción tutelar, el contrato ya había concluido formalmente y que las partes acudieron, sin éxito, a una audiencia de conciliación ante el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la ciudad de Potosí, lo que demuestra la existencia de una vía ordinaria abierta para la resolución del conflicto; b) La jurisprudencia constitucional establece la flexibilización del principio de subsidiariedad cuando se denuncian vías de hecho; empero, para su procedencia, la parte accionante debe acreditar objetivamente la ejecución de actos arbitrarios de justicia por mano propia, en desconocimiento del orden legal, así como la existencia de un daño irreversible y la titularidad del derecho afectado; en caso de no cumplirse tales presupuestos, no resulta viable la activación de la acción tutelar; c) En relación con las medidas de hecho denunciadas, se verificó que en el contrato se otorgó a la accionante dos ambientes y un garaje, fijándose un canon de alquiler que posteriormente fue reducido, concediéndose además plazo hasta el 31 de julio de 2023 para la entrega de los ambientes y el pago de lo adeudado; asimismo, se demostró que las partes recurrieron a la vía legal preliminar de conciliación ante el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la ciudad de Potosí, sin lograr acuerdo; de la prueba aportada se advierte que el ICAP, al pretender desalojar a la impetrante de tutela, otorgándole diversos plazos y restringiendo su acceso al garaje sin contar con autorización de autoridad jurisdiccional competente, incurrió en una medida de hecho, puesto que no es posible disponer el desalojo sin acudir previamente a las instancias legales correspondientes; razón por la cual se concedió la tutela respecto al derecho a la vivienda; y, d) En cuanto a los demás fundamentos expuestos, respecto a los recibos, pagos, o deudas pendientes, que claramente se encuentran controvertidos por las partes, tales extremos no pueden analizarse, ya que tales aspectos serán de competencia de la autoridad jurisdiccional que pueda conocer y resolver lo que corresponda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa contrato de locación suscrito el 1 de agosto de 2020 entre el ICAP y Cynthia Asunción Fernández Vda. de Méndez, mediante el cual se otorgaron en alquiler dos habitaciones y un garaje ubicados en la calle Lanza, zona San Clemente de la ciudad de Potosí, estableciéndose un canon mensual de Bs8 000.- y una vigencia de cinco meses, comprendida entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020 (fs. 2 a 5). II.2. Mediante nota CITE: ICAP 080/2023 de 12 de julio, Rosmery Leyton Linarez, en su condición de Secretaria General del ICAP, notificó a Cynthia Asunción Fernández, actual accionante, con la conclusión del contrato de locación (fs. 6). Posteriormente, la citada locataria, mediante memorial de 19 de julio de 2023, solicitó al Directorio del ICAP la renovación del contrato o, en su defecto, la concesión de un plazo para desocupar los ambientes; dicha solicitud fue respondida mediante nota CITE: ICAP 0087/2023 de 26 de julio, por la cual se rechazó la renovación y se conminó a la locataria a desocupar los ambientes hasta el 1 de agosto de 2023 (fs. 8 a 11). II.3. Cynthia Asunción Fernández, en su condición de locataria y ahora accionante, mediante memorial de 1 de agosto de 2023, puso en conocimiento del Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí la audiencia de conciliación programada para el 18 del mismo mes y año; esta comunicación fue respondida mediante nota CITE: ICAP 0090/2023 de 9 de agosto, otorgándosele un plazo de diez días calendario para desocupar los ambientes, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, la institución recurriría a las vías legales correspondientes (fs. 12 a 13); asimismo, cursa el acta de audiencia de conciliación de 23 de agosto de 2023, celebrada ante el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la ciudad de Potosí, la cual fue declarada fallida por falta de acuerdo entre las partes (fs. 25). II.4. Cursan en antecedentes actuaciones notariales de fechas 9 y 10 de agosto de 2023, consistentes en certificaciones y declaraciones voluntarias, además de material fotográfico que evidencia que la puerta del garaje se encuentra asegurada con candado, constatándose dicho extremo mediante muestrario fotográfico adjunto (fs. 14 a 23). II.5. En obrados cursa un Comunicado emitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Potosí, mediante el cual se informa la conclusión irrevocable del contrato de la locataria a partir del 31 de julio de 2023, disponiéndose que, desde el 1 de agosto del mismo año, todo contrato de estacionamiento se realice directamente en las oficinas del referido colegio (fs. 24). II.6. En el expediente consta documentación contenida en sobre manila, consistente en fotocopias simples presentadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Potosí como descargo dentro de la acción de amparo constitucional, que incluyen detalles de pagos efectuados por la locataria Cynthia Asunción Fernández, material fotográfico, actuaciones notariales y otros documentos (fs. 67).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad, a la vivienda y al debido proceso, así como de los principios de legalidad y seguridad jurídica; manifestando que, desde el año 2008, desempeñó funciones como portera del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí y que, a partir de 2014, ocupa en calidad de locataria el garaje y las habitaciones del inmueble institucional, administrando dicho garaje como medio de sustento; señaló que su relación contractual fue renovada de manera sucesiva, con modificaciones en el canon de arrendamiento, hasta la suscripción del contrato de 1 de agosto de 2020, cumpliendo puntualmente con los pagos acordados; sin embargo, la Directiva del Colegio, mediante nota de julio de 2023, desconoció la vigencia del referido contrato, alegando su conclusión en diciembre de 2022, y exigió el desalojo inmediato del inmueble, sin reconocer la continuidad de la locación ni otorgar un plazo razonable; ante esta situación, la accionante promovió una audiencia de conciliación, la cual fue declarada fallida; posteriormente, los ahora demandados ejecutaron medidas de hecho, asegurando con candados la puerta de ingreso, impidiéndole continuar con la administración del garaje y la ocupación de los ambientes, afectando su subsistencia y la de su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, reiterada por la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio, así como la SCP 0069/2019-S2 de 3 de abril, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:

La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En esa comprensión el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas nos corresponden). Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que:“…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras); empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificadas. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyan uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.

III.2. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre entendió que el desconocimiento de particulares o servidores públicos que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así señaló que:

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: 1) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; 2) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, 3) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: i) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; ii) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, iii) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión.

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la Constitución, esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional; sin exclusión y, por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, en especial, por los órganos jurisdiccionales de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución (SCP 0112/2012) que conforman la función judicial única (art. 179 de la CPE), bajo la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló está compuesta por los órganos judiciales formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas -en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina); y, otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos (SCP 112/2012). En efecto, la Constitución reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, de comunidades, de sindicatos, de corporaciones en general, etc. que se autorregulan y ejercen un tipo de funciones jurisdiccionales y solucionan conflictos que demuestran que no sólo el Estado crea derecho y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independiente del aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.

III.3. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

Continuando con la jurisprudencia constitucional referida a medidas de hecho, la SCP 0344/2018-S2, así como la SCP 0373/2018-S2, asumieron el siguiente entendimiento:

La jurisprudencia estableció las siguientes sub reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo puede ser activada directamente, es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos no expresamente demandados pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos aún en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; y d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el peticionante de tutela quien debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.4. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, corresponde determinar si los actos ejecutados por la Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí -consistentes en disponer el desalojo inmediato de la accionante y, presuntamente, asegurar con candados el acceso al garaje e impedirle el ingreso a los ambientes que ocupaba y administraba-, sin la tramitación de un proceso legal previo ni la existencia de resolución judicial alguna que los respalde, configuran medidas de hecho contrarias al orden jurídico y, en consecuencia, vulneratorias de los derechos fundamentales de la señora Cynthia Asunción Fernández al trabajo, a la dignidad humana, a la vivienda y al debido proceso, todos reconocidos y garantizados por la Constitución Política del Estado.

Asimismo, corresponde examinar si, pese a la alegación de vencimiento del contrato de locación, la conducta asumida por las partes evidenció una reconducción tácita de la relación contractual, generando en la accionante una expectativa legítima de continuidad en el uso y administración del bien; en tal supuesto, la interrupción unilateral de dicha situación por parte del Colegio de Abogados podría constituir una afectación arbitraria y desproporcionada de los derechos constitucionales invocados, al haberse ejecutado al margen de los procedimientos y garantías que rigen el ejercicio del derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva.

En ese entendido, de la revisión de los antecedentes descritos en las conclusiones del presente Fallo Constitucional, se advierte la existencia del contrato de locación, la nota de notificación CITE: ICAP 080/2023, los memoriales presentados por la accionante ante el ICAP, las actuaciones notariales de 9 y 10 de agosto de 2023, el comunicado institucional, el acta de conciliación fallida, la documentación adicional presentada por el demandado, así como otros elementos probatorios de cargo y descargo. De dicho cúmulo probatorio se desprenden los siguientes hechos que este Tribunal considera debidamente acreditados:

1) En primer lugar, se constata la existencia del contrato de locación, documento privado suscrito el 1 de agosto de 2020 entre el Ilustre Colegio de Abogados de Potosí (ICAP) y la ahora accionante, Cynthia Asunción Fernández, mediante el cual se otorgaron en alquiler dos habitaciones y un garaje, estableciéndose un canon mensual, además de cláusulas referidas a obligaciones, prohibiciones y causales de resolución por mora. Dicha circunstancia configura la calidad de la actora como locataria de los mencionados ambientes, mientras subsistiera la relación contractual o fáctica entre las partes; 2) Se evidencia la continuidad de la ocupación, pues, pese a la vigencia inicial limitada prevista en el contrato, las notas, comunicaciones y actuaciones posteriores demuestran que la actora continuó ejerciendo la posesión y administración del garaje, además de ocupar las habitaciones durante el periodo 2021 a 2023. Incluso se advierten pagos y comunicaciones recíprocas entre las partes respecto a plazos y condiciones del arrendamiento; 3) Tales intercambios y conductas evidencian, al menos en el plano fáctico, la prolongación o reconducción tácita de la relación locativa, la cual se mantuvo vigente hasta el mes de julio de 2023.

De la revisión de los antecedentes, se tiene que la accionante suscribió, el 1 de agosto de 2020, un contrato de locación con la Directiva del ICAP, por el cual se le otorgaron en calidad de alquiler dos habitaciones y un garaje, por un canon mensual de Bs8 000.- (Conclusión II.1); posteriormente, en el mes de julio de 2023, la actual Directiva del ICAP notificó a la accionante la conclusión del contrato de locación y conminó a la impetrante de tutela a desocupar los ambientes objeto del arrendamiento (Conclusión II.2); entre la prueba presentada constan actas notariales y material fotográfico cursante en antecedentes, mediante los cuales se constató que, el 1 de agosto de 2023, la puerta del garaje se encontraba asegurada con un candado (Conclusión II.4). Se advierte que la impetrante de tutela acudió ante la jurisdicción ordinaria, a objeto de arribar a una conciliación en el mes de agosto de 2023, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la ciudad de Potosí, siendo dicho intento infructuoso por la falta de acuerdos (Conclusión II.3). Ahora, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3, se establece que la parte accionante tiene que cumplir determinados presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional, cuando se denuncian medidas o vías de hecho, específicamente en cuanto a la carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas de hecho, que en este caso se demuestra por los constantes requerimientos y notas emitidas por los demandados, exigiendo que la accionante desocupe los ambientes alquilados; y, de manera específica, por las muestras fotográficas (fs. 21 a 22), en las que se constata la colocación de candados que impidieron a la impetrante de tutela el acceso a dichos ambientes. Tales actuaciones constituyen medidas de hecho, lo que justifica la aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia; toda vez que se ha demostrado que los miembros de la Directiva del ICAP, en las notas mediante las cuales solicitaron el desalojo de la impetrante de tutela, expresaron de manera contradictoria que, en caso de incumplimiento de sus requerimientos, acudirían a las instancias competentes para obtener dicho desalojo. De la revisión del informe presentado por los demandados, contrastado con la postulación de la accionante, se concluye que en ningún momento se denunció que los demandados hubieran impedido el acceso de la accionante a las dos habitaciones donde tiene constituida su vivienda; sin embargo, del análisis de la prueba documental aportada, se constata la existencia de varias notas y oficios en los que se conmina a la impetrante de tutela a un desalojo inmediato, lo que configura un acto de hostigamiento; ello debido a que, como entidad propietaria, y existiendo un contrato cuya vigencia se encuentra controvertida, tiene pleno derecho a acudir a las instancias legales para reclamar el desalojo, la entrega o la acción judicial que considere pertinente; empero, no le es permitido persistir en actos de hostigamiento ni restringir el libre acceso a la vivienda de la impetrante de tutela; en consecuencia, corresponde conceder la tutela, exhortando a la entidad demandada a inhibirse de realizar actos de hostigamiento, salvando su derecho de acudir a la vía legal que corresponda. Por lo previamente desarrollado, se concluye que los demandados recurrieron a actos o medidas de hecho con el objeto de lograr que la accionante desaloje los ambientes referidos, vulnerando de ese modo el derecho de acceso a la justicia, conforme a lo establecido por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2; asimismo, la ejecución de acciones de hecho sin acudir a las instancias competentes para tal efecto implica también la lesión del derecho al debido proceso y de los principios de legalidad y seguridad jurídica. En cuanto al derecho al trabajo, que en el presente caso se encuentra vinculado al uso del garaje con fines de usufructo, para que proceda su tutela, se debería contar con un título o contrato vigente no sometido a controversia alguna; circunstancia que no concurre en el caso concreto, toda vez que tanto la vigencia del contrato como su pretendida reconducción constituyen derechos controvertidos, que no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional, al corresponder su resolución a los jueces y tribunales en materia civil; en consecuencia, ante tales circunstancias, corresponde denegar la tutela. Conforme a lo previamente razonado, tampoco corresponde dar curso al reclamo invocado por la parte demandada al momento de impetrar la complementación y enmienda, mediante el cual solicitó la devolución de otros ambientes ajenos al contrato en controversia, que supuestamente estarían ocupados por la accionante; dado que la presente acción tutelar no puede ser instrumentalizada para resolver aspectos de fondo que son de competencia exclusiva de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria -en este caso, en materia civil-, pues la acción de amparo constitucional no es sustitutiva de las acciones ordinarias que franquea la ley para la definición de derechos controvertidos. Finalmente, respecto a los derechos a la dignidad y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, más allá de su simple enunciación, la accionante no explicó en qué sentido ni de qué manera habrían sido vulnerados, correspondiendo denegar la tutela impetrada por falta de carga argumentativa.

III.4.1. Otras consideraciones

De la revisión de la parte resolutiva de la Resolución Constitucional 74/2023, se advierte que esta se limita a enunciar textualmente que: “CONCEDE PARCIALMENTE LA TUTELA solicitada por la accionante (…)”, sin especificar respecto a que derecho fundamental se está concediendo y sobre que otros derechos se estaría denegando la tutela, extremo que se detalla en el acta de la audiencia de esta acción tutelar, pero que se omite en la resolución emitida por el Tribunal de garantías, omisión que no debe repetirse, por cuanto genera confusión en las partes e inseguridad jurídica. En consecuencia, corresponde llamar la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. En consecuencia, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, al haber concedido parcialmente la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución Constitucional 74/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 90 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia:

1. CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al derecho a la vivienda, respecto a los dos ambientes que la accionante los utiliza como vivienda, garantizando su libre acceso;

2. DENEGAR la tutela respecto al derecho al trabajo (uso del garaje con fines de usufructo) y en cuanto a los derechos a la dignidad y los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los argumentos expuestos dentro del análisis del caso concreto. 3. Se llama la atención a los Vocales integrantes de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, por la confusa redacción de la parte resolutiva de la Resolución Constitucional 74/2023. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1382_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): b953284cc60245b2af32f8ce73281ca624cdb3ad330d0957060e1e486a0a719d

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