B.IA.LEGAL

SCP 1366/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
58310-2023-117-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, al debido proceso en su vertiente fundamentación y congruencia; y, de adecuada valoración de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal que interpusieron contra los terceros interesados, por la presunta comisión del delito de estafa; el Fiscal Departamental -ahora demandado- ratificó la Resolución conclusiva de sobreseimiento, sin fundamento alguno ni realizar un análisis adecuado del caso; omitiendo efectuar una adecuada valoración de la prueba, respecto del contrato de anticrético con reconocimiento de firmas y rúbricas suscrito por las partes; y sin considerar la figura de estafa mediante negocio criminalizado, introducida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que implica la suscripción de un contrato a sabiendas y con manifiesta intención de incumplir el mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución Constitucional 165/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en los alcances del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  3. III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1366/2025-S3 Sucre, 11 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 58310-2023-117-AAC Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 165/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Pañuni Alanoca y Alicia Quispe Loza de Pañuni contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentado el 3 y 25 de julio de 2023, cursante de fs. 18 a 27 y 37 a 41, los accionantes manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Los terceros interesados, Eva María Vargas Mamani y Freddy Porfirio Paco Nuñez, se apersonaron a su negocio y le ofrecieron en calidad de alquiler una tienda, más una cocina en plena Av. Panorámica, de la zona central de la localidad de Patacamaya del departamento de La Paz, solicitándoles un adelanto, supuestamente para pagar un interés en una entidad bancaria; por lo que, el 6 de marzo de 2016, entregaron Bs3000.- (tres mil bolivianos), acordando el canon de arrendamiento en Bs2000.- (dos mil bolivianos) y la entrega de la tienda para el 30 de agosto de ese año; sin embargo, trascurrido un tiempo, los señalados terceros interesados, cambiaron de opinión de alquiler a un anticrético por la suma de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos) o su equivalente en $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses), por el lapso de cinco años. Agregaron que, a fin de reunir dicha suma, obtuvieron dos préstamos de las entidades bancarias CRECER y CIDRE, entregando a los señalados terceros interesados, la suma de Bs67 000.- (sesenta y siete mil bolivianos), que se suman al adelanto entregado con anterioridad, comprometiéndose verbalmente estos últimos a entregar la tienda para el 28 de noviembre de 2016; sin embargo, llegada la fecha prevista, estos no se hicieron presentes ante la Notaria de Fe Pública; y, posteriormente, a mucha insistencia, el 6 de enero de 2017, los terceros interesados, realizaron documento privado de anticresis comprometiéndose a entregar la tienda el “15 de 2017” (Sic) que tampoco cumplieron, comprometiéndose a entregar luego el 1 de febrero del referido año, además que, cancelarían los intereses de la deuda que contrajeron en las entidades bancarias señaladas; todos los compromisos asumidos por los terceros interesados no fueron cumplidos, habiendo incluso los mismos señalado que les devolverían el monto con dinero que recibirían de contratos de construcción; habiendo transcurrido el tiempo sin que se les hiciera entrega de la tienda o devolución del capital entregado, causándoles daño económico.

Por lo que, el 5 de noviembre de 2020, interpusieron una querella contra los señalados terceros interesados, por el delito de estafa; empero, Wilbert David Ergueta Machaca, Fiscal de Materia, mediante requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 13 de marzo de 2022, desestimó su denuncia refiriendo que existía una insuficiencia de elementos de prueba para enjuiciar y que se carecían de elementos objetivos de estafa; por lo que, objetaron dicha determinación; sin embargo, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, -ahora demandado- mediante Resolución FDLP/WEAL./S-817/2022 de 18 de noviembre, ratificó el Requerimiento cuestionado.

Tales hechos lesionaron sus derechos y garantías constitucionales dado que: a) Su querella de 5 de noviembre de 2020, fue desestimada por Requerimiento conclusivo de sobreseimiento del Fiscal de materia, sin realizar un análisis minucioso de la denuncia en vulneración de su derecho a la protección oportuna y efectiva del Estado; y objetado el mismo, el Fiscal Departamental, ahora demandado, sin fundamento alguno y sin realizar un análisis adecuado del caso ratificó el sobreseimiento; y, b) El Fiscal de materia, al disponer el sobreseimiento, no consideró que el documento privado de anticresis, con reconocimiento de firmas y rúbricas suscrito ante Notario de Fe Pública, que señala que ante el incumplimiento se constituye una deuda; denota que, los terceros interesados suscribieron este contrato, en pleno conocimiento que no tenían intención de cumplir; y, por su parte, el Fiscal Departamental demandado, al resolver la objeción; no realizó una adecuada valoración de la prueba, y omitió considerar el entendimiento del Auto Supremo 269/2012 de 17 de septiembre, que introdujo la figura de estafa mediante negocio criminalizado, figura que se traduce en un engaño típico, en que se asumen obligaciones sin la más mínima intención de cumplir, por lo que el acuerdo suscrito solo es una apariencia puesta al servicio del delito de estafa. Habiendo dispuesto así el sobreseimiento, bajo el criterio que no se habría agotado la vía civil además que el contrato principal estaría pendiente; con lo que se vulneraron sus derechos reclamados.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia, y valoración adecuada de la prueba; citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Los accionantes solicitaron se les conceda la tutela, disponiendo la Revocatoria de la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre y consecuentemente se emita una nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 14 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 98 a 100, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, previamente a solicitud de la Sala Constitucional, a objeto de establecer el cumplimiento del principio de inmediatez, aclararon sobre la notificación con la Resolución jerárquica, señalando que les fue notificada el 9 de febrero de 2023; por lo que la acción de defensa se encontraría dentro de plazo. Por lo que el Vocal de la Sala Constitucional, solicitó que se remita constancia al respecto, disponiendo la continuación de la audiencia. En audiencia posteriormente, se ratificaron in extenso en los términos expuestos en su memorial de acción amparo constitucional y de subsanación; y, ampliando la demanda señalaron que: 1) Se debe enfatizar el resguardo del derecho de acceso a la justicia, a objeto de acudir a la vía penal para obtener una sanción ejemplificadora por el delito de estafa de $us10000.-; y, 2) Ante la solicitud de la Sala Constitucional, en sentido de señalar qué elementos de convicción no hubieran sido compulsados de manera correcta por el Fiscal Departamental Demandado, que se hubieren generado en la etapa preparatoria; el abogado de los accionantes, refirió que es el contrato de anticrético que establece que los terceros interesados recibieron de los accionantes la suma de $us10000.-.

I.2.2. Informe del demandado

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito de 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 44 a 46 vta., señaló que: i) Conforme la SC 0685/2006-R de 17 de julio, la acción de amparo constitucional no se configura como una instancia procesal de revisión de las resoluciones pronunciadas en procesos judiciales o administrativos; y solo se encuentra abierta respecto a actos que lesionan derechos y garantías constitucionales, mas no a objeto de analizar el fondo del proceso; ii) Respecto al reclamo de vulneración del debido proceso en su vertiente de congruencia, debido a que la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre, no guardaría congruencia con la denuncia de delito de estafa en la modalidad de negocio criminalizado por suscribir los denunciados un contrato con la absoluta intención de incumplir; se tiene que dicha Resolución, cumple las exigencias del debido proceso en su elemento de debida fundamentación, motivación y congruencia; dado que, valoró todos los elementos de convicción y documentación presentados; concluyendo que los mismos resultaban insuficientes para demostrar la probable comisión del hecho y su adecuación al tipo penal denunciado, al no establecer cuáles fueron los artificios o engaños desplegados para lograr la disposición patrimonial, requiriendo el delito que la víctima tenga conocimiento errado de la realidad a raíz de la conducta engañosa grave del sujeto activo basada en la simulación o disimulación, que no se da en el dolo subsequens, cuando el incumplimiento surge en forma posterior; y, contrariamente, la génesis del caso deriva del incumplimiento de la obligación, dado que los denunciados no cumplieron la entrega acordada para el 18 de diciembre de 2016; iii) El Auto Supremo 56/2016 de 21 de enero, establece que a objeto del “negocio jurídico criminalizado” se debe contar con indicios que permitan establecer que el contrato fue suscrito con la absoluta intención de incumplir, que no aconteció en el caso; pretendiendo los accionantes para subsanar omisiones que cometieron en el proceso penal; incurriendo en causal de improcedencia reglada conforme a lo previsto por el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo); siendo fundada, motivada y congruente la Resolución en los alcances de lo establecido por la SCP 1762/2013 de 21 de octubre y la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, respecto al contenido mínimo con que debe contar una Resolución; habiendo evaluado adecuadamente el hecho denunciado, la conducta desplegada por los denunciados y los elementos aportados asignándoles un valor específico; iv) En relación a que, no se hubiera considerado el documento privado de anticrético de 6 de enero de 2017, por el que, los denunciados se comprometieron a entregar una tienda y cocina el 15 de igual mes y año; se debe considerar que, el delito de estafa que refiere el art. 335 del Código Penal (CP), requiere que, la víctima tenga un conocimiento errado de la realidad, debido a la conducta engañosa del sujeto activo, basada en la simulación o disimulación capaz de inducir a error, a objeto de lograr disposición patrimonial; en el caso, resulta insuficiente, para establecer dicha conducta por parte de los denunciados, estableciéndose contrariamente que la génesis del caso deriva del incumplimiento de obligación; v) Los accionantes pretenden que el Tribunal revise la valoración realizada; siendo que ello es atribución privativa de los órganos jurisdiccionales ordinarios; sin que sea posible activar la acción tutelar para revisar la actividad probatoria desplegada en un proceso judicial o administrativo, y los accionantes debieron acreditar la relevancia de la prueba que reclaman como denegada; y, vi) Respecto al reclamo de vulneración del debido proceso en su elemento de acceso a la justicia, el Auto Supremo 241/05 de 1 de agosto de 2005, establece que “la vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de obligaciones, (…)” (sic); en el caso se advierte la manifestación del acuerdo de voluntades, que constituye un acto jurídico, y la jurisprudencia constitucional establece que el derecho penal es de “ULTIMA RATIO”. Con tales argumentos, solicitó se deniegue la tutela. Rodrigo Quispe, Auxiliar del referido Fiscal, en audiencia de acción de amparo constitucional; ante la pregunta de la Vocal de Sala Constitucional, en sentido de explicar la razón por la que se emitió un Requerimiento conclusivo de sobreseimiento, cuando de los antecedentes remitidos también existe un Requerimiento conclusivo de imputación contra Freddy Porfirio Paco Nuñez y Eva María Vargas Mamani, de 6 de mayo de 2021, así como acta de conciliación y solicitud de gravamen hipotecario; señaló que no tiene los antecedentes del cuaderno de investigaciones y que la Fiscalía Departamental se pronunció conforme a los antecedentes del caso.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Los terceros interesados, Freddy Porfirio Paco Nuñez y Eva María Vargas Mamani; no asistieron a audiencia, pese a sus legales notificaciones cursantes a fs. 96 vta. y 97.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución Constitucional 165/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 101 a 103 vta. denegó la tutela solicitada; sin perjuicio, determinó la anotación preventiva del inmueble ubicado en calle Abaroa s/n, zona pórvenir, con una superficie de 332.12 m², bajo matrícula 2135010000139 computarizada, registrado a nombre de Fredy Porfirio Nuñez y Eva María Vargas Mamani, en favor de los accionantes Roberto Pañuni Alanoca y Alicia Peñaloza de Pañuni, debiendo expedirse las respectivas ejecutoriales de ley por ante la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) competente, debiendo registrar dicha entidad siempre y cuando el referido inmueble corresponda a los señalados terceros interesados; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: a) La parte accionante considera como acto lesivo la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre, en relación al análisis de un documento de anticrético suscrito con los ahora terceros interesados; b) La autoridad demandada, señala que no se advierte del memorial de impugnación, cuáles hubieran sido los engaños o artificios que hubieran desplegado los imputados a objeto de lograr la disposición patrimonial por los denunciantes; y, contrariamente se establece que la génesis del caso es el incumplimiento de una obligación, que debe ser exigida en la vía competente, más cuando se busca la devolución del dinero entregado; y, no es posible utilizar al derecho penal a objeto del referido cumplimiento; por lo que, el requerimiento de sobreseimiento fue objetivo en la compulsa de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones; c) Visto el acto que presuntamente lesiona los derechos reclamados, no es evidente que se hubieren lesionado los mismos, dado que los accionantes se limitaron a señalar, tanto en la impugnación como en la demanda tutelar, que no se hubiera considerado el documento privado de anticresis con reconocimiento de firmas de 6 de enero de 2017; respecto al cual, se advierte, que en la Resolución jerárquica se realizó el análisis y se concluyó que su contenido conlleva relaciones contractuales vinculadas al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones, que no puede ser atendida por la jurisdicción penal, y corresponde a autoridad competente; que la Sala Constitucional entiende que es en materia civil; d) No se advierte restricción al derecho a la jurisdicción, o que la decisión que se cuestiona resulte arbitraria o irrazonable en afectación del debido proceso, o se hubiere generado incongruencia u omisión valorativa de la prueba; habiéndose circunscrito el demandado al memorial de impugnación de los denunciantes; que si bien, señala que se hubieran ignorado elementos probatorios; sin embargo, la Sala Constitucional, advierte que el documento base sobre el que versa la petición de los accionantes es el contrato de anticresis, de cuya lectura se tiene que reconoce obligaciones sinalagmáticas para ambas partes, y la explicación de la autoridad demandada, no resulta incongruente ni arbitraria ni que hubiese generado omisión de consideración de los antecedentes; por lo que, no genera afectación de derechos no correspondiendo la tutela impetrada; y, e) No obstante, de las declaraciones informativas de los terceros interesados, se tiene que existe pendiente el cumplimiento de una obligación contractual, al extremo de haberse generado un fallido acto de conciliación a solicitud de uno de ellos; por lo que, apelando los criterios de verdad material, razonabilidad y objetividad, no siendo posible dejar en desamparo la situación en que se encuentran los accionantes, y, aunque pueda generarse un criterio distinto en revisión, es pertinente asumir, al amparo de lo previsto por el art. 3.2 del CPCo, medida de anotación preventiva del inmueble cuya titularidad corresponde a los hoy terceros interesados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 5 de noviembre de 2020, dirigido al Fiscal de Materia de Turno de Sica-Sica del departamento de La Paz, suscrito por Roberto Pañuni Alanoca y Alicia Quispe Loza de Pañuni, ahora accionantes; denunciando penalmente a Freddy Porfirio Paco Nuñez y Eva María Vargas Mamani –ahora terceros interesados-, por la presunta comisión del tipo penal de estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CP, con cargo de recepción de 5 de noviembre de 2020 (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Por memorial de 13 de marzo de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal y Niñez y Adolescencia de Sica-Sica del Departamento de La Paz, Wilbert David Ergueta, Fiscal de Materia, presentó Requerimiento conclusivo de sobreseimiento, dentro de la denuncia penal interpuesta por Roberto Pañuni Alanoca y Alicia Quispe Loza de Pañuni contra Freddy Porfirio Paco Nuñez y Eva María Vargas Mamani, por la presunta comisión del citado, con cargo de recepción de 17 de mayo de 2022; señalando el requerimiento conclusivo: 1) como “ELEMENTOS CURSANTES EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIÓN”: fotografías a colores, documento privado de anticrético de 6 de enero de 2017, suscrito por las partes con reconocimiento de firmas y rúbricas, contrato de préstamo de dinero con intereses de 19 de octubre de 2016, plan de pagos de 29 de diciembre de 2016, a nombre de Alicia Loza de Pañuni, memorial de denuncia de 27 de octubre de 2020, acta de registro del lugar de los hechos, actas de declaraciones informativas de las partes, además de Rubén Darío Pañuni Loza, Pascual Amato Kapa y Mónica Noemí Sarzuri, e informe técnico de registro del lugar del hecho de 3 de enero de 2021, con muestrario fotográfico; 2) En el punto de “CONCLUSIONES Y FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO” SEÑALA que: i) No se ha efectuado ningún actuado con posterioridad a la imputación; ii) La base de la etapa preparatoria se encuentra contenida en la imputación formal respecto a la presunta comisión del delito de estafa; iii) Existe documento suscrito entre las partes concluyéndose que el incumplimiento del mismo es un tema de materia civil conforme a los arts. 450 y ss. y 494 de la norma civil; iv) Conforme la doctrina la teoría del delito se apoya en dos pilares, un hecho antijurídico y la atribuibilidad del mismo a su autor; al respecto, el delito de estafa, implica la acción de inducir a error a una persona con la intención de obtener beneficio económico mediante engaños o artificios causando un acto de disposición patrimonial; en el caso no existe documento que demuestre que el sindicado obró de mala fe, ni existe elemento que establezca la imposibilidad de concretarse el contrato, no habiéndose agotado la vía civil de la relación contractual; v) Citando jurisprudencia ordinaria penal, señala que esta establecería a la aplicación de la vía penal es de última ratio, que la misma no puede ser utilizada para el cumplimiento de obligaciones, y que para la configuración del señalado tipo se requiere la concurrencia del dolo; vi) Citando doctrina señala que, conforme a lo concluido en los anteriores numerales, no existe material incriminatorio suficiente que permita demostrar fehacientemente la culpabilidad en la comisión del delito de estafa; y, conforme a lo previsto por el art. 323.3 del CPP, la insuficiencia de elementos de prueba le faculta a disponer de manera fundamentada el sobreseimiento, en el caso se está ante un déficit probatorio, al ser insuficiente la prueba documental y testifical para probar los hechos denunciados; y, vii) El art. 278 del CPP, establece la abstención de acusar cuando no se encuentre fundamento para ello, en relación al principio de objetividad que refieren los arts. 72 del mismo Código, y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que dispone la obligación de velar por las garantías constitucionales. Con tales fundamentos resuelve el sobreseimiento de Freddy Porfirio Paco Nuñez y Eva María Vargas Mamani, por la presunta comisión del referido tipo penal de estafa (fs. 6 a 8). II.3. Cursa memorial de impugnación de 6 de julio de 2022, suscrito por los ahora accionantes, dirigido al Fiscal de Materia, Wilbert David Ergueta, impugnando la “Resolución conclusiva de sobreseimiento” -debió decir Requerimiento conclusivo de sobreseimiento-, de 13 de mayo del señalado año, al efecto: a) Alegan su derecho a impugnar una Resolución conclusiva de sobreseimiento, citando los arts. 11, 177 y 324 del CPP; b) Refieren que, la decisión impugnada se limitó de manera contradictoria a determinar la inexistencia de elementos de convicción para sustentar la acusación; puesto que: se dispuso el sobreseimiento, pese a existir solicitud de conciliación en que los imputados reconocen la deuda; y, no se tomaron en cuenta los elementos objetivos del tipo penal que son: comportamiento engañoso, error producido a causa del daño, acto de disposición emprendido por el engañado y perjuicio patrimonial; c) Se premió la impunidad, sin haber ejecutado una evaluación integral de los elementos de convicción recogidos, omitiendo revisar la conciliación fallida en la que los imputados reconocen el delito; actuado que constituye elemento de convicción suficiente para determinar la existencia del hecho; y, d) Los elementos de convicción permiten establecer la existencia del hecho y la participación en el mismo; sin embargo, la decisión impugnada, no mencionó las siguientes actuaciones: el informe preliminar del asignado al caso, el acta fallida de conciliación; y, el Auto Interlocutorio de consideración de la conciliación. Con tales argumentos solicitaron que se revoque la Resolución conclusiva de sobreseimiento y se intime al Fiscal de Materia a presentar requerimiento conclusivo de acusación. (fs. 9 a 14). II.4. Consta Resolución FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre, suscrita por William Edward Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por la que resuelve la impugnación a requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 13 de mayo de 2022, emitido por Wilbert David Ergueta Machaca, señalando: 1) En el punto I intitulado “ANTECEDENTES DE RELEVANCIA JURÍDICA” refiere los antecedentes del hecho investigado y de la imputación formal contra Freddy Porfirio Paco Nuñez y Eva María Vargas Mamani; 2) En el punto II intitulado “Fundamentos Jurídicos de la Resolución Jerárquica” describe los fundamentos que motivaron el requerimiento conclusivo de sobreseimiento impugnado, así como los extremos señalados por los ahora accionantes en el memorial de impugnación a dicho requerimiento; 3) En el punto de “Análisis del caso concreto” refiriendo realizar valoración y análisis de los elementos obtenidos en el desarrollo de la investigación a objeto de determinar si son suficientes para acreditar la existencia de un hecho delictivo en relación a la participación o no de los imputados en el hecho investigado; señala que: i) Previamente citando doctrina y jurisprudencia en relación a lo que se entiende por autor de un hecho delictivo; ii) Se imputó a Fredy Porfirio Paco Nuñez y Eva María Vargas Mamani, por la presunta comisión del tipo penal previsto por el art. 335 del CP, que implica utilizar ardides a objeto de inducir a error al sujeto pasivo para aprovechar ilícitamente su patrimonio a favor del defraudador; en el caso, de la compulsa de los antecedentes de la investigación y el análisis de la conducta desplegada, se tiene que los imputados suscribieron un documento privado de anticrético de 6 de enero de 2017, sobre anticrético de una tienda por la suma de $us10 000.-, sin que a la fecha se hubiera cumplido; dichos elementos documentales resultan insuficientes para establecer con objetividad y certeza que hubieran adecuado su accionar al delito de estafa, y no advierte cuáles fueron los artificios desplegados para lograr la disposición patrimonial; contrariamente, la génesis del caso deriva del incumplimiento de obligación, que debe ser exigida en la vía competente, y el derecho penal no puede ser utilizado para el cumplimiento obligaciones; iii) Por lo que se determina que la Resolución conclusiva emitida por el director de la investigación fue objetiva y coherente con la compulsa de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones; y, no se cuenta con elementos de convicción objetivos e idóneos que permitan demostrar en una eventual Resolución de acusación fiscal que los imputados hubieran hecho incurrir en error o engañado a los denunciantes, ejerciendo el Ministerio Público sus funciones de acuerdo al principio de objetividad que señala el art. 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012- que establece que se debe considerar las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal así como las que sirvan para reducirla o eximirla; y iv) Como resultado de la revisión se estima la insuficiencia de elementos de prueba para enjuiciar, evidenciándose que el Director funcional de la investigación evaluó de manera integral los elementos obtenidos en la investigación; por lo que, resulta pertinente ratificar el sobreseimiento (fs. 15 a 17 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, al debido proceso en su vertiente fundamentación y congruencia; y, de adecuada valoración de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal que interpusieron contra los terceros interesados, por la presunta comisión del delito de estafa; el Fiscal Departamental -ahora demandado- ratificó la Resolución conclusiva de sobreseimiento, sin fundamento alguno ni realizar un análisis adecuado del caso; omitiendo efectuar una adecuada valoración de la prueba, respecto del contrato de anticrético con reconocimiento de firmas y rúbricas suscrito por las partes; y sin considerar la figura de estafa mediante negocio criminalizado, introducida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que implica la suscripción de un contrato a sabiendas y con manifiesta intención de incumplir el mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

Respecto al derecho a una decisión judicial fundamentada, motivada y congruente, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero señala que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0551/2020-S1 de 23 de septiembre; 0083/2021-S1 de 24 de mayo; 0118/2021-S1 de 2 de junio; -entre otras-que formularon el siguiente razonamiento: “La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental -SC 0316/2010-R de 15 de junio, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.

En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución sea esta judicial o administrativa; puesto que, el correcto desarrollo de estos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto.

Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre; y, citando a la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, señaló que la misma desarrolló el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:

“Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica”. (el resaltado corresponde al texto original).

Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, puesto que, resulta de vital importancia que estos expresen las razones y motivos por los que asumen una determinación, sin que sea suficiente un simple enunciado general, dado que la función de dirigir la investigación constituye una función clave en el sistema penal para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros eficientes. Entonces, al corresponderle al Fiscal asumir decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas, estas deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen fundamentada y motivadamente el por qué y cómo se llegó a la decisión tomada.

Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que: “…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (negrillas ilustrativas).

En esa misma línea la SCP 0426/2014 de 25 de febrero, reiteró dichas exigencias y complementando la misma señaló que, la fundamentación y motivación debe ser emitida de manera clara y concreta, bajo un sustento apegado en derecho que permita conocer y convencer al justiciable las razones de la determinación, estableciendo que tal obligación también debe ser observada por la autoridad Fiscal Jerárquica. Bajo ese uniforme razonamiento seguido por este Tribunal, la SCP 0641/2018-S2 de 15 de octubre, explico que, siendo el Ministerio Público quien ejerce la acción penal pública cumpliendo el mandato inserto en el art. 225 de la CPE, lo cual le obliga a desarrollar sus funciones y facultades respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales y bajo el principio de objetividad entre otros, que se encuentran contemplados por la norma fundamental; en tal sentido, sus determinaciones conclusivas luego de la etapa de investigación, deben ser emitidas cumpliendo los parámetros del debido proceso; puesto que, estos son requisitos ineludibles a cumplir por cualquier autoridad judicial o administrativa de la cual no está exenta el Fiscal; así, en el marco de esos preceptos la citada SCP 0641/2018-S2 estableció que:

Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser: i) Rechazo de una querella; ii) Imputación formal; y, iii) Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP.

Este estándar, debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo, que asuma el Ministerio Público, pues la motivación y fundamentación que se realice, debe satisfacer tanto al querellante como al querellado; y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia” (las negrillas son agregadas).

En tal sentido, las decisiones tomadas por los representantes del Ministerio Público, deben tener una base racional y seguir lo establecido en el nuevo modelo constitucional y el ordenamiento jurídico, respetando los derechos de los involucrados, para que no quede ni la menor duda que lo resuelto está acorde a derecho, observancia que deberá ser plasmada a través de una resolución que contenga una debida motivación, desde un punto de vista racional como razonable, garantizando a la persona que la decisión que ha obtenido -sea o no favorable a sus intereses-, es producto de un razonamiento correcto, en el que además se haya considerado los valores y principios contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión objetivamente justa.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

La SCP 0835/2016-S2 de 12 de septiembre, en relación a la valoración de prueba en sede constitucional estableció lo siguiente: “Sobre esta temática, la SCP 0030/2014 de 3 de enero, refirió que la labor de valoración de pruebas es atribución de la jurisdicción ordinaria, señalando además, que este Tribunal: ...no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, excepto, en los casos en los que resulta evidente que la prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión a derechos y garantías fundamentales (...)”.

En ese marco de consideraciones, la doctrina constitucional a través de la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, identificó los supuestos en que ésta jurisdicción puede ejercitar el control de constitucionalidad, sobre labores propias de la jurisdicción ordinaria, como es la valoración de las pruebas, conforme al entendimiento que sigue: ...siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del tribunal constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma.

En ese mismo sentido, la SCP 0411/2014 de 25 de febrero, dejó establecido que: ...los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales" (las negrillas son del texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos de acceso a la justicia, al debido proceso en su vertiente fundamentación y congruencia; y, de adecuada valoración de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal que interpusieron contra los terceros interesados, por la presunta comisión del delito de estafa; el Fiscal Departamental -ahora demandado- ratificó la Resolución conclusiva de sobreseimiento, sin fundamento alguno y sin realizar un análisis adecuado del caso; omitiendo realizar una adecuada valoración de la prueba, respecto del contrato de anticrético con reconocimiento de firmas y rúbricas suscrito por las partes; y sin considerar la figura de estafa mediante negocio criminalizado, introducida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que implica la suscripción de un contrato a sabiendas y con manifiesta intención de incumplir el mismo. Identificada la problemática, de la revisión y compulsa de las Conclusiones del presente fallo constitucional, se constató que: Los accionantes interpusieron denuncia penal contra Freddy Porfirio Paco Nuñez y Eva María Vargas Mamani -ahora terceros interesados- por la presunta comisión del tipo penal de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, presentándola ante el Fiscal de Materia de turno de Sica Sica del Departamento de La Paz, siendo recepcionada el 5 de noviembre de 2020; (Conclusión II.1); posteriormente, por memorial de 13 de marzo de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal y Niñez y Adolescencia de Sica-Sica del Departamento de La Paz, el Fiscal de Materia asignado al caso, Wilbert David Ergueta, presentó Requerimiento conclusivo de sobreseimiento, argumentando en lo principal que del documento suscrito entre partes –documento privado de anticresis de 6 de enero de 2017- se concluye que se trata de un incumplimiento, mismo que es un tema de materia civil conforme a los arts. 450 y ss. y 494 del Código Civil (CC); y que en el caso, se denunció el tipo penal de estafa que implica la acción de inducir a error a una persona con la intención de obtener beneficio económico mediante engaños o artificios causando un acto de disposición patrimonial; sin que exista documento que demuestre que los imputados obraron de mala fe; como tampoco existe elemento que establezca la imposibilidad de concretarse el contrato; por lo que, la vía civil de la relación contractual, no se encontraba agotada; asimismo, citó jurisprudencia ordinaria penal, que establece que la aplicación de la vía penal es de ultima ratio, y que ésta no puede ser utilizada para el cumplimiento de obligaciones, y que el delito de estafa requiere la concurrencia de dolo; con tales argumentos dispuso el sobreseimiento de los imputados (Conclusión II.2.). En conocimiento de dicha decisión, los accionantes impugnaron el Requerimiento Conclusivo de sobreseimiento por memorial de 6 de julio de 2022; siendo resuelta la impugnación por Resolución FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre, pronunciada por el Fiscal Departamental de La Paz, William Edward Alave Laura -ahora demandado- que dispuso ratificar el Requerimiento Conclusivo de sobreseimiento, el consiguiente cese de las medidas cautelares y la cancelación de antecedentes penales referidos al caso. En ese contexto, de lo expuesto por el accionante en la demanda de acción tutelar, se tiene que éste considera lesivos a sus derechos reclamados, los fallos pronunciados por el Ministerio Público, señalando que tanto el Requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 13 de marzo de 2022, pronunciado por el Fiscal de Materia, así como la Resolución FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre, suscrita por William Edward Alave Laura, ahora demandado, incurrieron en lesiones; solicitando se deje sin efecto los mismos. Al respecto de lo solicitado por el accionante, se debe aclarar que el presente fallo constitucional, en mérito al principio de subsidiariedad ingresará solamente a dilucidar respecto al último acto considerado lesivo, cual es la Resolución FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre, suscrita por William Edward Alave Laura.

En ese contexto, se tiene que los accionantes reclaman que el Fiscal Departamental, hubiera ratificado la Resolución conclusiva de sobreseimiento, sin fundamento alguno, ni realizar un análisis adecuado del caso, lo que a su entender conllevaría vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación y congruencia. Asimismo, reclaman vulneración del debido proceso en su elemento de valoración probatoria, respecto al documento privado de anticrético, con reconocimiento de firmas y rúbricas suscrito el 6 de enero de 2017. Por lo que se pasará a dilucidar cada uno de ellos:

III.4.1. En cuanto al reclamo de lesión del derecho al debido proceso en su elemento de debida fundamentación al pronunciar la Resolución FDLP/WEAL/S- 817/2022 de 18 de noviembre

Al respecto, del examen de los antecedentes remitidos al Tribunal, se tiene que los accionantes reclaman en la acción de amparo constitucional que, su querella de 5 de noviembre de 2020, fue desestimada por requerimiento conclusivo de sobreseimiento del Fiscal de Materia, sin realizar un análisis minucioso de la denuncia; y que una vez objetado dicho requerimiento el Fiscal Departamental, ahora demandado, sin fundamento alguno, ni realizar un análisis adecuado del caso, ratificó el sobreseimiento.

En tal estado del análisis corresponde referir que, una vez pronunciado el Requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 13 de marzo de 2022, los accionantes impugnaron el mismo, por memorial de 6 de julio de igual año; alegando en lo principal que, la decisión impugnada se limita a disponer el sobreseimiento por inexistencia de elementos de convicción; el fallo no tomó en cuenta los elementos objetivos del tipo penal; y, no se realizó una evaluación integral de los elementos de convicción; siendo que en la conciliación fallida los imputados reconocen el delito (Conclusión II.3).

En conocimiento de dicha impugnación la autoridad demandada, emitió la Resolución FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre, por la que dispuso ratificar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento; del análisis de dicho fallo se tiene que el mismo: describe los fundamentos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento; asimismo, los extremos señalados por los ahora accionantes en su memorial de impugnación; exponiendo doctrina y jurisprudencia en relación a lo que se entiende por autor de un hecho delictivo, así como los elementos del tipo penal de estafa, estableciendo de la compulsa de los mismos que los imputados suscribieron documento privado de anticrético de 6 de enero de 2017, sin que se hubiera cumplido, y que dicha documental resulta insuficiente para establecer con objetividad y certeza que los imputados hubieran adecuado su accionar al delito de estafa, dado que no se advierte cuáles fueron los artificios desplegados y contrariamente la génesis del caso deriva del incumplimiento de obligación, que debe ser exigida en la vía competente. (Conclusión II.4.).

De lo señalado en el memorial de impugnación de 6 de julio de 2022, lo resuelto por la Resolución FDLP/WEAL/S-817/2022 y lo expuesto por los accionantes en la demanda de amparo constitucional; se advierte que el reclamo de lesión al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación motivación y congruencia que se reclama, se centra en que el fallo ahora cuestionado se hubiera pronunciado sin fundamento alguno; sin embargo, de los antecedentes descritos en el presente acápite, se tiene que, el Fiscal Departamental demandado, se pronunció ratificando el sobreseimiento, describiendo los elementos del tipo penal de estafa entre ellos el ardid o engaño a objeto de inducir a error, concluyendo que de los elementos colectados, no se advirtió cómo hubiera incurrido por los imputados en ardid o error a objeto de inducir a error para el desprendimiento patrimonial de los denunciantes; y que, contrariamente a lo denunciado de la documental de 6 de enero de 2017, se establecería que la génesis del caso es el incumplimiento de obligación que no puede ser reclamado en la vía penal; al efecto, la referida Resolución del Fiscal Departamental, señala, doctrina, jurisprudencia penal ordinaria y normativa penal y procesal penal así como del Ministerio Público; de lo que se concluye que no es evidente el reclamo de vulneración del derecho ahora analizado, habiendo el fallo cuestionado, ajustado a los parámetros que refiere la jurisprudencia constitucional descrita en los Fundamento Jurídicos III.1. y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

III.4.2. En cuanto al reclamo de lesión del derecho al debido proceso en su elemento de valoración probatoria con relación a la documental consistente en documento privado de contrato de anticrético de 6 de enero de 2017, con reconocimiento de firmas y rúbricas

Al respecto, corresponde referir que conforme a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, no es posible a la jurisdicción constitucional ingresar a revisar la actividad probatoria desplegada en procesos judiciales o administrativos, dado que dicha tarea es atribución de tales jurisdicciones; siendo los únicos supuestos que permiten ingresar a revisar la valoración realizada cuando exista apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad en su valoración; o cuando exista arbitraria omisión de valoración de la prueba.

Del examen de los antecedentes, remitidos a este Tribunal, se tiene que los accionantes, reclaman en la acción de amparo constitucional que, el Fiscal Departamental demandado, al resolver la objeción, no realizó una adecuada valoración de la prueba, respecto al contrato de 6 de enero de 2017, consistente en documento privado de anticrético con reconocimiento de firmas y rúbricas, en relación al entendimiento del Auto Supremo 269/2012 de 17 de septiembre, que introduce la figura de estafa mediante negocio criminalizado, y que dicho contrato, es solo una apariencia puesta al servicio del delito de estafa.

En tal estado, del análisis de los antecedentes descritos en Conclusiones, específicamente con relación a la documental de 6 de enero de 2017; se tiene que respecto a la misma, no concurren los supuestos que señala la jurisprudencia, dado que la misma fue valorada y no se advierte que hubiera apartamiento de los marcos de equidad y razonabilidad que se expuso por los impetrantes de tutela; asimismo, la alusión a la jurisprudencia penal ordinaria señalada por el Auto Supremo 269/2012, que hubiera introducido la figura de estafa mediante negocio criminalizado, y que dicho entendimiento debió aplicarse en relación a la valoración del contrato suscrito el 6 de enero de 2017; resulta un argumento que no fue esgrimido por los accionantes en su memorial de impugnación de 6 de julio de 2022; por lo que, no es posible pronunciarse al respecto en sede constitucional; consiguientemente, en relación al señalado reclamo corresponde denegar la tutela.

Finalmente, con relación al derecho de acceso a la justicia, también corresponde denegar la tutela, al estar los reclamos de vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como valoración probatoria en la Resolución FDLP/WEAL/S-817/2022 de 18 de noviembre, relacionados de manera intrínseca con el mismo; por lo que, al haberse denegado su tutela, corresponde también denegar respecto al reclamo de vulneración del derecho de acceso a la justicia.

Por otra parte, al haber denegado la tutela, no correspondía por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la aplicación de medida cautelar constitucional alguna, en los alcances de lo previsto por el Código Procesal Constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución Constitucional 165/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en los alcances del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candía

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1366_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): dc7b7471a58f4c5e5eaebe70c197bb092d21b688f2a6399e2f7b1b85afa3695b

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