B.IA.LEGAL

SCP 1359/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de noviembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58575-2023-118-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral; toda vez que, mediante Memorando FGE/JLP/AG 028/2023, el Fiscal General del Estado, autoridad ahora demandada, lo desvinculó del cargo de Fiscal de Materia III - Investigador, dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz; por lo que, hizo conocer a dicha autoridad que su concubina se encontraba en estado de gestación y solicitó la revocatoria del memorando de agradecimiento; motivo por el cual, se le restituyó al cargo que ocupaba, pero bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz; por lo que, el solicitante de tutela por memorial solicitó la restitución al cargo, respetando la ubicación de su puesto laboral; lo que mereció nota FGE/DAJ/OF. INT. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 168 de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados
  2. III.2. La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores
  3. III.3. Sobre el principio ius variandi o potestad del empleador de efectuar cambios relativos a la modalidad de trabajo, horarios, lugar, cantidad o tiempo de trabajo. Ejercicio y límites
  4. III.4. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1359/2025-S3 Sucre, 10 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58575-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 168 de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Daniel Herrera Jaldín contra Juan Lanchipa Ponce, exFiscal General del Estado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 30 a 35, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Memorando FGE/JLP/RI 052/2023 de 3 de marzo, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, le comunicó su designación como Fiscal de Materia III - Investigador, dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz lo que, al tener domicilio y familia en Santa Cruz de la Sierra, le resultó factible prestar sus servicios en ese destino; así que desde el 6 de igual mes de 2023, que tomó conocimiento del memorando, ejerció sus funciones. Posteriormente, mediante Memorando FGE/JLP/AG 028/2023 de 18 de mayo, el Fiscal General del Estado dispuso la extinción de su relación laboral con el Ministerio Público y determinó su cesación en el cargo, agradeciéndole por los servicios prestados; ante tal decisión, el 24 del citado mes de 2023, presentó memorial en el que hizo conocer que su conviviente -Isabel Gutiérrez Ortuño-, se encontraba en estado de gravidez y que ya se había realizado el reconocimiento ad vientre; motivo por el cual, solicitó que se revocara la finalización del vínculo laboral.

Tras presentar la documentación original correspondiente, se emitió el Memorando FGE/JLP/RC 002/2023 de 16 de junio, a través del cual, el Fiscal General dispuso su restitución al cargo de Fiscal de Materia III - Investigador, pero bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz; por lo que, el ahora impetrante de tutela, ese mismo día en el que fue notificado con tal determinación, solicitó la revocatoria de precitado memorando, cuestionando que se le estaría obligando a cumplir funciones en el departamento de La Paz, ello pese a que la autoridad ahora demandada tenía conocimiento del estado de gestación de su cónyuge; y en consecuencia, este tenía el deber de respetar la inamovilidad laboral. Dicho reclamo fue respondido negativamente, mediante el oficio FGE/DAJ/OF. INT. 000330/2023 de 4 de julio, suscrito por Martha Rosario Bellido Cuellar, Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, quien señaló que el ítem que tenía en Santa Cruz había sido asignado a otra persona y que; por tal razón, no se podía revertir la decisión de su dependencia en La Paz. Ante tal negativa, el 6 de julio de 2023, interpuso recurso de revocatoria; lo que mereció que, el Fiscal General del Estado emita la Resolución Administrativa (RA) FGE/JLP/DAJ 00087/2023 de 17 de igual mes, mediante la cual confirmó el Memorando FGE/JLP/RC 002/2023, y le negó la posibilidad de volver a desempeñar funciones en Santa Cruz; resolución que no se ajustó a la legalidad ni a la justicia y que además vulneró el marco constitucional, legal y jurisprudencial de protección de los derechos laborales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral, citando al efecto el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de la RA FGE/JLP/DAJ 00087/2023, debiendo pronunciarse una nueva, la cual sea respetando su derecho a la inamovilidad laboral, debiendo disponerse que cumpla funciones fiscales en Santa Cruz.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública/virtual el 21 de septiembre de 2023, según consta en acta, cursante de fs. 71 a 77 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante se ratificó íntegramente en los términos expuestos en su demanda y ampliando los mismos, refirió que: a) Goza de inamovilidad laboral reconocida por la Constitución Política del Estado y respaldada por la SCP 1219/2022-S2 de 26 de septiembre, cuya protección resulta imprescindible para no afectar no solo a los progenitores, sino también a sus dependientes; que si bien la SCP 1025/2013 de 27 de junio, reconoció la facultad del empleador de modificar condiciones de trabajo (ius variandi), dicha atribución tenía límites; tal es así que la SCP 0296/2006-R de 29 de marzo, estableció que el cambio de lugar de trabajo no podía imponerse sin el asentimiento del trabajador; y de no respetarse esas condiciones, se configuraba la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral; b) El Fiscal General del Estado si bien dispuso su reincorporación, lo hizo bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz, lo cual considera incompatible con la inamovilidad laboral; puesto que, la Fiscalía ya conocía que su conviviente –Isabel Gutiérrez Ortuño– se encontraba en estado de gestación y que ambos convivían en Santa Cruz de la Sierra, convivencia que se acreditó con antecedentes, entre ellos una declaración voluntaria de mayo de 2023; por lo que, dicha institución ya tenía conocimiento de la existencia de un núcleo familiar asentado en Santa Cruz; por lo que, no correspondía modificar el lugar de trabajo de Santa Cruz a la ciudad de La Paz y que la confirmación del memorando que ordenaba ese traslado afectaba no solo la inamovilidad laboral sino también el núcleo familiar; y, c) Si bien la parte demandada señaló que no se habría acreditado su convivencia con Isabel Gutiérrez Ortuño, señaló que se presentaron dos declaraciones notariales para acreditar tanto el concubinato como la convivencia, las cuales fueron valoradas y reconocidas en los informes jurídicos emitidos por la Fiscalía General del Estado; motivo por el cual, consideró inválido el argumento de falta de convivencia; y que no correspondía justificar mediante ese argumento el desplazamiento del trabajador desde el lugar donde convivía con su concubina, quien se encontraba en estado de gestación; por lo que, merece atención prioritaria de acuerdo a la normativa y la Constitución Política del Estado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado a través de sus representantes legales mediante informe presentado el 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 68 a 69 vta., refirió que: 1) Por mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el actuar de la Fiscalía se rige por los principios de legalidad, unidad y jerarquía, celeridad y continuidad; y precisamente por el principio de unidad y jerarquía, el Ministerio Público se organiza de forma única e indivisible en todo el territorio, con estructura jerárquica, control funcional y responsabilidad de gestión; y que, por el principio de celeridad, debía actuar de manera pronta y sin dilaciones; en base a lo cual se emitió la RA FGE/JLP/DAJ 00087/2023, a través de la cual, se confirmó el Memorando FGE/JLP/RC 002/2023; 2) Conforme al art. 226 de la CPE y la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General ejerce la jefatura jerárquica superior y tiene atribuciones para efectuar y revocar nombramientos, además de realizar designaciones provisorias e interinas en cargos vacantes, especialmente mientras no se consolidaran designaciones de carrera, en el marco de la disposición pertinente; 3) Si bien el accionante pidió nulidad de la Resolución Administrativa alegando que dicho fallo lesionaba su derecho a la inamovilidad; sin embargo, se debe considerar que la decisión impugnada estableció que, al conocerse la situación del ahora accionante, se dispuso su reincorporación en el mismo cargo de Fiscal de Materia III - Investigador en un ítem disponible en la Fiscalía Departamental de La Paz, sin reducción salarial y con las mismas características del puesto, por tratarse del único ítem disponible con esas condiciones; 4) El Fiscal General atendió el reclamo dentro de la posibilidad real de reincorporación, ponderando el derecho alegado y las necesidades del servicio; por lo que, la asignación a La Paz no respondió a una decisión arbitraria; 5) Al momento de la desvinculación, la institución no conocía sobre la causal de inamovilidad; por lo que, una vez notificada la desvinculación quedó habilitado el ítem de Santa Cruz, el cual fue reasignado a otra servidora mediante memorando posterior; 6) Si bien el accionante invocó afectación a la unidad familiar; sin embargo, no adjuntó prueba suficiente que acreditara una relación de hecho reconocida y convivencia efectiva con la madre del concebido; por lo que, no correspondía tener por demostrada dicha afectación; y, 7) La decisión emitida también se sustentó en los principios de responsabilidad, unidad y jerarquía; toda vez que, los fiscales debían asumir funciones en el lugar donde fueran designados por tratarse de una institución única e indivisible a nivel territorial; por lo que, la Resolución Administrativa, se emitió dentro del marco constitucional y legal –arts. 225 y 226 de la CPE, y disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público– habiéndose dado la valoración de fundamentos y prueba, sin que se configurara vulneración de la inamovilidad laboral; toda vez que, el accionante fue restituido al mismo cargo y nivel salarial, debiendo asumir funciones en la Fiscalía Departamental de La Paz en atención al interés institucional y al servicio a la sociedad. En audiencia señaló que: i) La restitución garantizó el derecho al trabajo del servidor público y, con ello, los medios de subsistencia para la madre y el concebido, así como el acceso a prestaciones y beneficios del régimen de asignaciones familiares; ii) La Entidad actuó dentro de sus facultades y en el marco constitucional y legal; por lo que, no se configuró vulneración a la inamovilidad laboral, y sostuvo que correspondía que el Fiscal de Materia asumiera funciones en La Paz, atendiendo también el interés institucional y el servicio a la sociedad; iii) No existió lesión al derecho de inamovilidad laboral en calidad de progenitor, señalando que el accionante comunicó esa condición con posterioridad a su desvinculación; sin embargo, y pese a ello, se lo reincorporó de manera inmediata conforme a la normativa constitucional, pero que dicha reincorporación no pudo hacerse efectiva en Santa Cruz, siendo el único cargo similar vacante en La Paz; iv) Asimismo, señaló que el cargo de Santa Cruz ya estaba ocupado por María Mónica Martínez Zapata, quien no fue notificada ni llamada como tercera interesada; por lo que, en caso de concederse la tutela, se afectarían sus derechos de la prenombrada; y, v) Por lo antes manifestado solicitó que se deniegue la tutela; toda vez que, al haber sido el accionante reincorporado, no se vulneró su derecho a la inamovilidad laboral como progenitor.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 168 de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79, concedió la tutela solicitada, disponiendo, dejar sin efecto la resolución de reincorporación dictada por el Fiscal General del Estado, debiendo dictar una nueva resolución apegada a la Constitución Política del Estado y a la jurisprudencia constitucional, debiendo considerar fundamentalmente los parámetros de la estabilidad laboral. Decisión que fue asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Pese a que la Entidad ahora demandada reconoció la condición de estabilidad laboral del accionante, dispuso su reincorporación pero trasladándole de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra –lugar donde residía con su familia– a la ciudad de La Paz, misma que se encuentra a una distancia considerable; b) Dicho traslado no podía entenderse como compatible con la estabilidad laboral; toda vez que, implicaba consecuencias materiales y familiares, tales como la necesidad de establecer una nueva vivienda, el incremento de gastos y, en la práctica, el posible alejamiento de su pareja embarazada, quien requería acompañamiento y apoyo durante el embarazo, el parto y el periodo posterior de cuidado del hijo o hija; c) Enfatizó que el salario no constituía el único parámetro para evaluar la conservación de las condiciones laborales, ya que el cambio de ciudad podía afectar indirectamente la remuneración efectiva y la economía del trabajador, al obligarlo a asumir mayores costos e incluso a sostener dos hogares; d) En esa línea, afirmó que el alcance de la estabilidad laboral debía comprender no solo la continuidad del cargo y el nivel salarial, sino también el resto de condiciones que permitían el ejercicio real del derecho y la protección del núcleo familiar, debiendo en estos casos protegerse, además, la vida del nuevo ser, la familia como institución con tutela constitucional, y derechos conexos como la justa remuneración, la alimentación, la salud y la vida; y, e) Aun se hubiera mantenido el cargo y el salario, el traslado de Santa Cruz a La Paz vulneró la estabilidad laboral de la que gozaba el accionante y los derechos derivados de esa estabilidad.

II. CONCLUSIONES

II.1. Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado mediante Memorando FGE/JLP/RI 052/2023 de 3 de marzo, designó al ahora accionante David Daniel Herrera Jaldín, al ítem 1084 como Fiscal de Materia III-Investigador dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, siendo notificado el impetrante de tutela con el mismo el 6 del citado mes de 2023 (fs. 3). II.2. Mediante Memorando FGE/JLP/AG 028/2023 de 18 de mayo, el Fiscal General agradeció los servicios del ahora peticionante de tutela, siendo notificado con el mismo el 22 del citado mes de 2023 (fs. 4). II.3. Mediante Testimonio Sobre Reconocimiento de Hijo(a) Ad-Vientre de 20 de mayo de 2023, suscrito ante el Oficial de Registro Civil 4055 del departamento de Santa Cruz del Servicio de Registro Cívico (SERECI), el impetrante de tutela manifestó su voluntad de reconocer a su hijo(a) ad-vientre que concibió con Isabel Gutiérrez Ortuño (fs. 47). II.4. Por memorial presentado el 24 de mayo de 2023, el ahora accionante hizo conocer al Fiscal General, el estado de gestación de su concubina y solicitó la revocatoria del memorándum de agradecimiento de servicios (fs. 5 a 7). II.5. El Fiscal General del Estado, por Memorando FGE/JLP/RI 124/2023 de 15 de junio, designó a María Mónica Martínez Zapata, al ítem 1084, como Fiscal de Materia III - Investigador dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz (fs. 55). II.6. El Fiscal General, por Memorando FGE/JLP/RC 002/2023 de 16 de junio, dispuso la restitución al cargo de Fiscal de Materia III - Investigador del impetrante de tutela, bajo la dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz, con el que se lo notificó en igual fecha a horas 18:30 (fs. 8). II.7. El solicitante de tutela mediante memorial de 16 de junio de 2023, hizo conocer al Fiscal General del Estado la vulneración de su derecho a la inamovilidad y solicitó la restitución al cargo respetando la ubicación de su puesto laboral (fs. 9 a 13). II.8. Mediante nota FGE/DAJ/OF. INT. 000330/2023 de 4 de julio, Martha Rosario Bellido Cuellar, Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos – SL de la Fiscalía General del Estado, dio respuesta a la nota precedentemente descrita señalando que, se procedió a su reincorporación sin afectársele su nivel salarial, y que haciendo las consultas respectivas a la Unidad Nacional de Recursos Humanos, al no estar disponible el cargo que ocupaba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se lo reincorporó en igual cargo al que tenía bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz (fs. 14). II.9. El ahora accionante por memorial de 6 de julio de 2023, interpuso recurso de revocatoria contra nota: FGE/DAJ/OF. INT. 000330/2023 (fs. 15 a 19). II.10. Cursa Resolución Administrativa (RA) FGE/JLP/DAJ 00087/2023 de 17 de julio, a través de la cual el Fiscal General del Estado, confirmó el Memorando FGE/JLP/RC 002/2023, que disponía la reincorporación del ahora accionante como Fiscal de Materia III – Investigador, bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz (fs. 20 a 23). II.11. Corre Informe Morfológico realizado a Isabel Gutiérrez Ortuño, el 31 de julio de 2023, quien cuenta con veinticuatro semanas de gestación (fs. 42 a 43).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral; toda vez que, mediante Memorando FGE/JLP/AG 028/2023, el Fiscal General del Estado, autoridad ahora demandada, lo desvinculó del cargo de Fiscal de Materia III - Investigador, dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz; por lo que, hizo conocer a dicha autoridad que su concubina se encontraba en estado de gestación y solicitó la revocatoria del memorando de agradecimiento; motivo por el cual, se le restituyó al cargo que ocupaba, pero bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz; por lo que, el solicitante de tutela por memorial solicitó la restitución al cargo, respetando la ubicación de su puesto laboral; lo que mereció nota FGE/DAJ/OF. INT. 000330/2023, a través de la cual la Dirección de Asuntos Jurídicos, le comunicó que al no estar disponible el puesto que ocupaba antes de su desvinculación, se tomó la determinación de reincorporarlo al mismo cargo, pero bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz, sin afectarle su nivel salarial; ante lo cual, considerando que afectaba su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral por ser padre progenitor, el accionante interpuso recurso de revocatoria contra dicha nota, lo que mereció como respuesta la emisión de la RA FGE/JLP/DAJ 00087/2023, a través de la cual, la autoridad demandada confirmó el Memorando que disponía la reincorporación del ahora accionante como Fiscal de Materia III - Investigador, bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz, manteniendo la vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados

El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE). Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado, a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Entonces, a partir de obligaciones del Estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 130/2005-R, de 10 de febrero de 2005, hace referencia a la protección jurídica otorgada al 1El F.J. III.4, señala: “…durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”. 2El F.J. III.4, refirió que: “De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’. La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle. Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”. 3En el FJ III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de “todas las personas”, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, ha establecido que la garantía de inamovilidad laboral:

… es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.

Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo (el subrayado nos corresponde). Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.

En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que ha sido reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:

… todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad.

Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos.

La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:

Se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE. Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril efectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre entiende que respecto de dichos cargos, no hay 4El FJ.III.2 expresa: “…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza". 5Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo. 6 El FJ.III.5. señala que “(…) al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección. 7El art. 71 del EFP, que refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”. 8El FJ.III.8, expresa: La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto. El Fundamento Jurídico precedente fue desarrollado en la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre.

III.2. La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores

El art. 48.VI de la CPE, garantiza la inamovilidad laboral de la mujer en estado de embarazo y de los progenitores hasta que el nuevo ser cumpla un año de edad; en ese marco, el DS 0012 estableció en el art. 2, que:

“La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”. Respecto a la garantía de inamovilidad laboral de padres progenitores, las SSCC 0505/2000-R -en el Cuarto Considerando- y 0068/2003-R de 21 de enero, entre otras, refiriéndose al fundamento de la garantía de la; inamovilidad funcionaria, señalaron que no solo se debe proteger el derecho al trabajo sino otros derechos primarios del trabajador y del nuevo ser, que resultan afectados con el despido intempestivo, como son la seguridad social, que a su vez resguarda la salud y finalmente la vida; por su parte, la SCP 0424/2012 de 22 de junio complementó que la finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y a su familia con un menor de edad, estabilidad no solo económica, sino también, la consiguiente atención médica y emocional. En cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la SC 1536/2005-R de 29 de noviembre indicó que la misma, no solo protege la permanencia en la fuente laboral del trabajador, sino, además, que no puede afectarse su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo; dicho entendimiento, fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0434/2010-R de 28 de junio y 0105/2012 de 23 de abril (las negrillas son nuestras). El Fundamento Jurídico precedente fue desarrollado en la SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo.

III.3. Sobre el principio ius variandi o potestad del empleador de efectuar cambios relativos a la modalidad de trabajo, horarios, lugar, cantidad o tiempo de trabajo. Ejercicio y límites

La SCP 1025/2013 de 27 de junio, efectuando un análisis de la doctrina sobre la estabilidad laboral, estableció lo siguiente:

“La Constitución Política del Estado, consagra derechos fundamentales del trabajador, entre ellos, en el acápite del derecho al trabajo y al empleo, el art. 46.I., señala que: ‘Toda persona tiene derecho:

(…)

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias’.

En ese mismo sentido, el art. 48.II de la norma suprema, establece: ‘Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador’.

10El FJ III.3, indica: “Cabe aclarar que la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que conforme a su art. 2 también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo…”. 11El FJ III.4, manifiesta: “…Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que: `…también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo´ (SC 1536/2005-R de 29 de noviembre)”. 12El FJ III.3, menciona: “Respecto a la inamovilidad funcionaria de la mujer embarazada, la jurisprudencia constitucional se ha expresado a través de la SC 0434/2010-R de 28 de junio, señalando que: `…Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que: «…también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo» (SC 1536/2005-R de 29 de noviembre)´”.

La estabilidad laboral sin la menor duda, es el estandarte de los derechos sociales, pues se constituye en una garantía del trabajo, en cuya virtud el obrero no puede ser despedido sin una causa legítima y sin el desarrollo imparcial de un proceso, donde tenga el pleno ejercicio de su derecho a la defensa; estableciéndose así que, la disolución del vínculo laboral no dependa únicamente del empleador, pudiendo desvincularse de la relación laboral de manera excepcional ante la concurrencia de las causas que efectivamente hagan imposible su continuación, previo desarrollo de los procesos establecidos al efecto y en resguardo de los derechos y garantías reconocidos a favor del procesado.

Desde la concepción doctrinal, la estabilidad laboral puede ser comprendida desde sus dos acepciones; la primera; absoluta, referida a la conservación del empleo durante el periodo para el que fue contratado o toda la vida laboral, hasta que adquiera el derecho a la jubilación o pensión, no pudiendo ser despedido hasta ese momento, salvo que existan causas legítimas que medien en la desvinculación laboral. Segunda; relativa, a que, no obstante, de haberse adquirido el derecho a la estabilidad laboral; empero, el obrero se encuentra sujeto a la voluntad del empleador, de ahí que, ante la materialización de la desvinculación laboral, tiene derecho a la indemnización, cuya finalidad es cubrir o justificar la pérdida de su fuente de trabajo. Entonces, cualquier determinación de despido o desvinculación sin previo proceso, claramente implica vulneración de los derechos del trabajador, tornándolo en un acto en arbitrario, discrecional y unilateral.

Ahora bien, la doctrina laboral ha desarrollado el ‘ius variandi’ (el derecho de variación que le asiste al empleador de cambiar las condiciones de trabajo), cuyo ejercicio faculta al empleador variar las modalidades de prestación de las tareas del trabajador; es decir, es una prerrogativa excepcional que le asiste al empleador, para alterar ciertos aspectos del contrato dentro de ciertos límites, lo cual no limita al trabajador a oponerse cuando la misma resulte ser perjudicial, arbitraria y discriminatoria. En este sentido, la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, en la SC 1579/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…conviene en que conforme al principio ius variandi, el empleador tiene la facultad de cambiar el lugar de trabajo del empleado; es decir, puede trasladarlo a otro asiento laboral; sin embargo, esa facultad no es absoluta ni mucho menos se puede utilizar de forma caprichosa y bajo ningún concepto, mucho menos como forma de sanción o como un mecanismo de amedrentamiento…’. Por otro lado, es menester recurrir a la jurisprudencia comparada; así, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-797 de 3 de agosto de 2005, precisó que el ius variandi: ‘es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo’ (las negrillas son nuestras).

Según se acaba de decir, el ejercicio del ‘ius variandi′ no es una prerrogativa discrecional, absoluta ni caprichosa del empleador; es decir, si bien tiene la potestad de instrucción y decisión respecto a ciertos cambios relativos a la modalidad de trabajo, horario, lugar, cantidad o tiempo de trabajo, la misma no debe exceder los marcos de razonabilidad, en el entendido que, la modificación del curso de la relación laboral o las condiciones de trabajo, pueden ser lesivas a los derechos fundamentales del trabajador, si la decisión se adopta en forma arbitraria sin previo consenso ni justificación del por qué se dan los cambios o cuál la necesidad de implementarlos. Así, para ampliar este entendimiento, es menester acudir nuevamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que en la Sentencia T-483 del 27 de octubre de 1993, estableció: ‘El jus variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas…, así como por los principios mínimos fundamentales… Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera adecuada y coherente'. En esa línea, la misma Corte, en la Sentencia T-543/09 de 6 de agosto de 2009, retomando los razonamientos de la Sentencia T-483 de 27 de octubre de 1993, señaló: 'frente al ejercicio del ius variandi, en cada caso particular el empleador tiene la carga de observar el conjunto de estos condicionamientos, y en especial de los derechos fundamentales del empleado y tomar una decisión que los consulte de forma adecuada y coherente, teniendo siempre presente que dicha potestad no lo reviste 'de atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del patrono' (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, se debe dejar claramente establecido que, la estabilidad laboral es un derecho fundamental que asiste al trabajador; por consiguiente, se debe señalar que, el principio de razonabilidad constituye un elemento axiológico que permite la materialización de los derechos fundamentales, entre ellos y en particular los derechos inherentes al trabajador. Así, el entendimiento contenido en la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señaló que: ‘…la validez real y material de la irradiación de los derechos fundamentales y de los valores justicia e igualdad en la vida social, es decir, en actos públicos y privados, está garantizada por el principio de razonabilidad, el cual a su vez constituye un presupuesto esencial para el ejercicio del control de constitucionalidad.

En el orden de ideas desarrollado, debe señalarse que el principio de razonabilidad constituye un estándar axiológico, que asegura el respeto a los valores imperantes en un determinado régimen constitucional, por eso, el tratadista argentino Linares, citando a Cossío, afirma que en axiología jurídica se habla de razonabilidad cuando se busca el fundamento de los valores específicos del plexo axiológico: solidaridad, cooperación, poder, paz, seguridad, orden y justicia entre otros.

En el orden de ideas expresado, debe señalarse que todos estos valores, inequívocamente forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales; por tanto, será el control de constitucionalidad a través del amparo constitucional y a la luz del principio de razonabilidad, el encargado de la eficacia horizontal y vertical de los derechos y por ende de la materialización del denominado fenómeno de irradiación antes explicado’. De cuyo análisis es factible sostener que, el principio de razonabilidad es un elemento catalizador en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales; de ahí que, cualquier acto emergente de las personas particulares o autoridades públicas, que repercutan directamente en el ejercicio de los derechos, deben estar enmarcados dentro del principio de razonabilidad.

Entonces, el ejercicio del ‘ius variandi’ también debe ser desplegado en el marco del principio de razonabilidad; es decir, si bien el empleador tiene la atribución de variar las condiciones de prestación de trabajo, ello debe efectuarse en el estricto marco de las disposiciones constitucionales inherentes a los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, lo cual supone el respeto y la observancia de los valores, los principios y, particularmente la vigencia de los derechos laborales, en la medida que las decisiones del empleador no repercutan de manera negativa en el ejercicio de sus derechos -no precisamente laborales o sociales, sino también los conexos con ellos- del trabajador; consiguientemente, en lo concerniente al cambio del lugar y modo de prestación o trabajo, la misma será considerada arbitraria e irrazonable, cuando: sin previo consentimiento, el empleador de manera unilateral y omnímoda decida el desplazamiento del trabajador o cambio del modo de prestación, para el que fue contratado, siendo así que, la nueva asignación o nuevo destino signifique mayores gastos para su subsistencia y disminución en sus ingresos; asimismo, implique un cambio en el modo de vida del trabajador, de manera que, con la nueva forma de prestación o su desplazamiento tenga que trasladarse grandes distancias erogando mayores gastos para ello o, cuando la variación implique mayor esfuerzo a menor compensación, lo cual puede traducirse en mayor costo de transporte debido a que el trabajador para asistir a su nuevo destino tenga que recorrer considerables distancias; asimismo, el desplazamiento o el cambio de asignación signifique la disminución en las horas de descanso, distracción, o implique disgregación familiar para el trabajador. Frente a estas situaciones, el ejercicio del ius variandi será considerado ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo a los derechos del trabajador o de la trabajadora” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso en concreto

El accionante denunció la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral; toda vez que, mediante Memorando FGE/JLP/AG 028/2023, el Fiscal General del Estado lo desvinculó del cargo de Fiscal de Materia III - Investigador dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz; por lo que, hizo conocer a dicha autoridad que su concubina se encontraba en estado de gestación y solicitó la revocatoria del memorando de agradecimiento; motivo por el cual, se le restituyo al cargo que ocupaba pero bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz; por lo que, el solicitante de tutela por memorial solicitó la restitución al cargo respetando la ubicación de su puesto laboral; lo que mereció nota FGE/DAJ/OF. INT. 000330/2023, a través de la cual la Directora de Asuntos Jurídicos – SL, sostuvo que al no estar disponible el puesto que ocupaba, se lo reincorporó al mismo cargo bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz sin afectarle su nivel salarial; ante lo cual el accionante interpuso recurso de revocatoria contra dicha nota, lo que mereció RA FGE/JLP/DAJ 00087/2023, a través del cual, la autoridad demandada confirmó el Memorando que disponía la reincorporación del ahora accionante como Fiscal de Materia III -Investigador bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz.

Al respecto, corresponde precisar que de la revisión de antecedentes que cursan en el expediente de la presente acción de amparo constitucional, se evidencia que Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado, por Memorando CITE FGE/JLP/RI 052/2023, designó al ahora accionante como Fiscal de Materia III - Investigador dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, quien ejerció sus funciones desde el 6 de marzo de 2023; hasta el 22 de mayo de 2023, fecha en la que se le notificó con el Memorando FGE/JLP/AG 028/2023 de agradecimiento de servicios; por lo que, mediante memorial presentado el 24 de igual mes y año, el accionante hizo conocer a la autoridad demandada el estado de gestación de su concubina y solicitó la revocatoria del memorándum de agradecimiento de servicios; lo que mereció que la autoridad demandada por memorando FGE/JLP/RC 002/2023, disponga la restitución del accionante al cargo de Fiscal de Materia III - Investigador bajo la dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz.

El impetrante de tutela por memorial de 16 de junio de 2023, solicitó al Fiscal General del Estado la restitución a su cargo respetando la ubicación de su puesto laboral, memorial que fue respondido por la Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, quien mediante nota FGE/DAJ/OF. INT. 000330/2023, señaló que, se procedió a su reincorporación sin afectarle su nivel salarial, y que al no estar disponible el cargo que ocupaba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se lo reincorporo en igual cargo al que tenía, bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz.

El ahora accionante por memorial de 6 de julio de 2023, interpuso recurso de revocatoria contra la nota FGE/DAJ/OF. INT. 000330/2023, recurso que fue resuelto mediante Resolución Administrativa, a través del cual el Fiscal General del Estado, confirmó el Memorando FGE/JLP/RC 002/2023, que disponía la reincorporación del ahora accionante como Fiscal de Materia III – Investigador, bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz.

De estos antecedentes, se advierte que el ahora accionante, a tiempo de la determinación de desvincularlo de su fuente laboral como Fiscal de Materia III - Investigador dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, se encontraba comprendido dentro de uno de los sectores vulnerables de protección reforzada por parte del Estado, como son la madre embarazada o gestante y el padre progenitor hasta el primer año de edad del hijo; por lo que, comunicado el estado de gestación de su concubina a la autoridad demandada y solicitando la revocatoria de su memorando de agradecimiento de servicios, la Entidad demandada tenía la obligación de procurar la validez plena y efectiva de sus derechos, ya que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional tanto la madre y el padre progenitor que presten funciones en el sector público o privado, no pueden ser despedidos, afectarse su nivel salarial, ni su ubicación en su puesto de trabajo hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad; normativa que se sustenta además en valores y otros derechos fundamentales, como el derecho a una fuente laboral estable y en el deber que tiene el Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior del niño.

Dicha situación que no fue tomada en cuenta, por la autoridad demandada pues, el accionante al haber sido notificado con el Memorando de agradecimiento de servicios FGE/JLP/AG 028/2023; dio a conocer a la autoridad demandada que su concubina se encontraba en estado de gestación; por lo que, solicitó la revocatoria de dicho memorando; siendo restituido como Fiscal de Materia III -Investigador bajo la dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz; lo que motivó, a que el accionante por memorial solicite la restitución al cargo respetando la ubicación de su puesto laboral; lo que mereció respuesta de parte de la Directora de Asuntos Jurídicos – SL de la Fiscalía General del Estado, quien mediante nota FGE/DAJ/OF. INT. 000330/2023, le señaló que al no estar disponible el puesto que ocupaba, se lo reincorporó al mismo cargo bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz sin afectársele su nivel salarial; ante tal respuesta, el accionante interpuso recurso de revocatoria contra dicha nota, lo que mereció RA FGE/JLP/DAJ 00087/2023, mediante el cual, la autoridad demandada confirmó el Memorando que disponía la reincorporación del ahora accionante como Fiscal de Materia III Investigador, bajo dependencia de la Fiscalía Departamental de La Paz, aspecto que hace ver que al resolver el recurso de revocatoria, confirmando el Memorando que disponía la reincorporación del accionante en otra ciudad a la que inicialmente prestaba sus servicios; que si bien se dispuso manteniéndole en el mismo cargo e igual nivel salarial; sin embargo, la determinación de reincorporarlo en una ciudad diferente a la que prestaba sus servicios, afecta su derecho a la inamovilidad laboral, en el que se incluye otro derecho inmerso que viene a ser la imposibilidad de afectarse la ubicación en el puesto de trabajo. Es decir, que no existe la posibilidad durante el tiempo de gestación y hasta que el hijo de la madre o padre progenitor cumpla un año, que el empleador pueda cambiar las condiciones de trabajo, pues podría afectarse con ello la salud de la madre en gestación y las condiciones económicas del padre, o los derechos del menor.

Si bien el derecho de que no se pueda afectar la ubicación en el puesto laboral del padre o madre progenitor, no es un derecho absoluto; y considerando que la autoridad demandada, cabeza del Ministerio Público, justificó el cambio de lugar de prestación de servicios del ahora accionante por razones de necesidad del servicio y que en el ítem que ocupaba ya estaba otra persona. Dicha decisión claramente hace referencia al ejercicio del principio ius variandi, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se hace referencia al derecho de variación que le asiste al empleador, de cambiar las condiciones de trabajo, cuyo ejercicio faculta al empleador variar las modalidades de prestación de las tareas del trabajador; es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo. Ahora, dicha potestad debe ejercerse en el marco del principio de razonabilidad, dado que, si bien el empleador tiene la atribución de variar las condiciones de prestación de trabajo, esto debe efectuarse en el estricto marco de las disposiciones constitucionales inherentes a los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, con mayor razón en relación a sectores vulnerables como el de la madre y padres progenitores de un menor hasta su primer año de edad, lo cual supone el respeto y la observancia de sus derechos que son objeto de protección reforzada por parte del Estado. De lo manifestado, el ejercicio del ius variandi es aceptado en la medida que las decisiones del empleador, en el caso presente el Ministerio Público, no repercutan de manera negativa en el ejercicio de los derechos del accionante, que no solo se circunscribe a lo laboral, sino también los derechos conexos; tal es así que, las determinaciones respecto al cambio del lugar de prestación de servicios, la misma será considerada irrazonable, cuando, sin previo consentimiento, el empleador de manera unilateral decida el desplazamiento del funcionario padre progenitor de un menor a un año, cuando la nueva asignación o nuevo destino signifique mayores gastos para su subsistencia y disminución en sus ingresos; en tal razón, el cambio no debe implicar una variación en el modo de vida del trabajador. Consiguientemente, en el caso en análisis, se advierte que si bien el ejercicio del ius variandi por parte de la autoridad demandada, tiene sustento o base legal; se debe tener en cuenta que en el caso particular del ahora accionante, la determinación de restituir a su fuente laboral, al mismo cargo y con el mismo sueldo, pero a una ciudad diferente; es decir, de Santa Cruz a La Paz, resulta irrazonable; siendo contrario a lo que establece la jurisprudencia constitucional desarrollada en el presente fallo constitucional, que otorga protección reforzada a los padres de menores hasta un año de edad, en virtud y aplicación del principio del interés superior del niño. De lo manifestado, se colige que la disposición asumida por la autoridad demandada, lesiona el derecho a la inamovilidad laboral, del impetrante de tutela, que goza de protección reforzada, al ser un padre progenitor, pues la determinación de restitución si bien fue al mismo cargo y con el mismo nivel salarial; sin embargo, este fue a una ciudad diferente, decisión que fue asumida por la autoridad demandada de manera unilateral, y que de aplicarse la misma, repercutirá en la economía del padre progenitor, quien deberá trasladarse a otra ciudad erogando gastos extras para ello, implicando además disgregación familiar para el accionante; puesto que, su concubina quien se encuentra en estado de gestación tiene residencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, implicando tal situación, la vulneración del derecho de su hijo gestante, a vivir y crecer junto a su familia y a ser cuidado y criado en un entorno familiar unido y estable, por lo menos en el primer año; la Constitución Política del Estado, refuerza la protección de sus derechos del menor; haciéndolos extensible a la inamovilidad laboral de sus padres, en cuanto al nivel salarial y ubicación del puesto de trabajo; motivo por el cual, corresponde otorgar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 168 de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas”. “En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.

gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores. 9El FJ III.1, refiere: “…este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela `...por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (…)´”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1359_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): c69f52adfb2bf3a63e62f62a29d27b90e94afafb405c70d2b16afc35719ef124

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