B.IA.LEGAL

SCP 1353/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
58564-2023-118-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante afirma que se produjo la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, además del acceso a la justicia y principio de celeridad, señalando que luego de haber complementado toda la documentación requerida y de haber subsanado oportunamente las observaciones formuladas por el Ministerio Público a su denuncia -incluyendo la individualización de conductas, el detalle del ardid, la cuantificación del perjuicio económico y la inexistencia de una vía alternativa distinta a la penal-, la Fiscal de Materia emitió la Resolución de Desestimación 136/2023 el 22 de junio, sin valorar la prueba presentada, ni los elementos que demostraban supuestamente el engaño, la disposición patrimonial y la posible defraudación tributaria. Indicó que dicha Resolución fue objetada el 29 de junio de 2023 y elevada un día después, emitiéndose en la misma fecha la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 de 30 de ese mes y año, cuya notificación se practicó recién el 18 de julio del indicado año, configurando retardación. Sostuvo que, la Resolución jerárquica se limitó a cuatro argumentos insuficientes y contradictorios que omitieron un análisis integral del material aportado, incluyendo extractos tributarios, comprobantes de transferencias, informes contables y comunicaciones relevantes, lo que evidenció falta de fundamentación, incongruencia interna y ausencia de valoración razonable de la prueba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 173/2023 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 94 a 103, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, al ser evidente la vulneración de los derechos alegados, únicamente en cuanto a Aly Rosario Venegas Miranda, entonces Fiscal Departamental de La Paz en Suplencia Legal, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; dejando sin efecto la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 de 30 de junio, emitida por la prenombrada.

(corresponde a la SCP 1353/2025-S3, viene de la pág. 30) 2° Disponer que el actual Fiscal Departamental de La Paz, emita en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, nueva resolución jerárquica de acuerdo a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Denegar por falta de legitimación pasiva con relación a William Eduard

Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, al no ser la autoridad que emitió la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023; y, Nilda Gudelia Calle Condori Fiscal de Materia; conforme a los fundamentos contenidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  3. III.3. De la desestimación de denuncia prevista en el art. 55 de la Ley
  4. III.4. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba
  5. III.5. Revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1353/2025-S3 Sucre, 10 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 58564-2023-118-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 173/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 94 a 103, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge y Alejandra ambos de apellidos Coca Machicado, y Victor Raúl Roca Gutiérrez contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz; Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal; y, Nilda Gudelia Calle Condori, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 24 de julio y 1 de agosto de 2023, cursantes de fs. 39 a 55 y 59 a 61, los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Conforme a los arts. 76 y 81 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -que regulan la presentación de denuncias y querellas- interpusieron querella contra Javier Enrique Thenier Loza y Carla Thenier por la presunta comisión de los delitos de estafa con víctimas múltiples (arts. 335 y 346 bis del Código Penal [CP]) y Defraudación Tributaria (art. 177 del Código Tributario Boliviano [CTB]). Señalaron que, mediante un accionar conjunto, los sindicados habrían inducido mediante engaños a los ciudadanos Jorge y Alejandra ambos Coca Machicado y Víctor Coca Gutiérrez, convenciéndolos de que Javier Enrique Thenier Loza regularizaría las obligaciones tributarias y laborales pendientes de sus empresas, a partir de la gestión 2020.

Expuso que, Carla Thenier, quien trabajó anteriormente con uno de los denunciantes, presentó a su padre Javier Enrique Thenier Loza, afirmando falsamente que éste era parte de la firma contable “Grant Thornton Acevedo y Asociados” y que era especialista en materia tributaria, asegurando que en un plazo de tres meses podría regularizar la situación fiscal de las empresas. Javier Enrique Thenier Loza reforzó este engaño atribuyéndose cualidades inexistentes, incluyendo supuestos vínculos profesionales con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), extremo igualmente falso. Con base en esas aseveraciones, los afectados acordaron contratar sus servicios y, en fecha 7 de mayo de 2022, transfirieron la suma de Bs33 500.- (treinta y tres mil quinientos bolivianos) a la cuenta personal del denunciado, bajo el pretexto de pago por contabilidad y regularización tributaria. Posteriormente, Javier Enrique Thenier Loza dejó de responder llamadas y mensajes, limitándose a solicitar transferencias periódicas supuestamente destinadas al pago de impuestos, sin que dichos montos fueran efectivamente cancelados ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Ante la insistencia de los contribuyentes, Carla Thenier igualmente dejó de responder, reforzando la hipótesis de un actuar conjunto destinado al engaño. Indicó que, tras varios requerimientos infructuosos, en abril de 2023, los afectados verificaron en oficinas del SIN que las empresas tenían restricciones de dosificación y que no se habían pagado impuestos desde junio de 2022, además de haberse realizado declaraciones “sin movimiento” mediante el formulario 1000, lo que evidenció una conducta defraudatoria. El 19 de mayo de la misma gestión, Félix Flores, nuevo contador contratado, corroboró, que durante casi un año no se habían efectuado pagos tributarios, confirmando que los fondos transferidos por los contribuyentes nunca se destinaron al pago de sus obligaciones fiscales. Ante estos hechos, los accionantes interpusieron denuncia el 1 de junio de 2023, misma que fue desestimada por falta de documentación. Una vez complementada, presentó una nueva denuncia el 16 del mismo mes y año, signada con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012304844, en la cual la Fiscal de Materia emitió un decreto de observación con cinco requerimientos aclaratorios relativos a la descripción fáctica, individualización de conductas, determinación del ardid, nexo causal y precisiones sobre montos y obligaciones tributarias, conforme a los criterios doctrinales del delito de estafa y a la jurisprudencia constitucional sobre delitos de naturaleza instantánea (SCP 0190/2007). Por esa razón el 19 del mencionado mes y año, presentaron un memorial subsanando oportunamente dichas observaciones, detallando que: a) Carla Thenier utilizó ardides basados en falsas cualidades profesionales de su padre, conduciendo a los denunciantes a entregar documentos, claves tributarias y sumas de dinero; b) Javier Enrique Thenier Loza simuló ser perito contable y trabajador de firmas prestigiosas, generando el error y la disposición patrimonial; c) Los pagos efectuados para supuestos tributos ascendieron a Bs190 331,35.- (ciento noventa mil trecientos treinta y uno 35/100 bolivianos), monto que supera ampliamente las 10.000 UFV exigidas por el art. 177 de la CTB; además del pago inicial de Bs33 500.-, totalizando aproximadamente Bs318 986,46.- (trecientos dieciocho mil novecientos ochenta y seis 46/100 bolivianos), dinero que los ahora accionantes, entregaron mediante engaños; y, d) No existía contrato civil susceptible de reclamación previa, ni otra vía idónea distinta a la penal, considerando el carácter última ratio del derecho penal según la SCP 1420/2011-R y el Auto Supremo 276/2014-RRC. Señaló también que Javier Enrique Thenier Loza cambió las contraseñas tributarias, retuvo documentación física (facturas, descargos, respaldos) y desapareció tras descubrirse la maniobra, impidiendo acceder a la información necesaria para cuantificar las deudas tributarias. Refiere que, pese a la subsanación presentada, la Fiscal de Materia, emitió la Resolución de Desestimación 136/2023 el 22 de junio, la cual fue oportunamente objetada (29 de ese mes de 2023) y elevada el 30 de igual mes y año a la instancia jerárquica, fecha en la cual supuestamente se emitió también la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, firmada por Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental de La Paz, en suplencia legal; no obstante, afirmó que la notificación recién se practicó el 18 de julio del indicado año, evidenciándose una retardación de aproximadamente dos semanas hábiles. Sostuvo que la mencionada Resolución jerárquica contiene únicamente cuatro argumentos insuficientes, contradictorios entre sí y omite la valoración del material probatorio aportado tanto con la denuncia, como con el memorial de subsanación y con la objeción. En ese marco, señalaron como actos indebidos de los servidores públicos ahora demandados, la emisión de las Resolución de desestimación 136/2023 del 22 de junio (por la Fiscal Nilda Gudelia Calle Condori) y la resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 (por Aly Rosario Venegas Miranda, en suplencia de William Eduard Alave Laura). Afirmó que ambos actos administrativos carecen de fundamentación, presentan incongruencias internas y externas y omiten la valoración razonable de la prueba, lo cual vulnera su derecho al debido proceso, conforme al art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y a los parámetros sobre motivación y congruencia desarrollados por el Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, además del acceso a la justicia y principio de celeridad citando al efecto el art. 115.I y II (CPE) y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; disponiendo que: 1) Se deje sin efecto la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023; 2) Aly Rosario Venegas Miranda y William Eduard Alave Laura, Fiscal departamental de La Paz, en el término de cuarenta y ocho horas de su notificación con la resolución que se emita, pronuncien una nueva Resolución, “…sea con los lineamientos emanados por está autoridad y por consecuencia se disponga la revocaría de la resolución 136/2023 de 27 de junio” (sic); 3) “Se ordene a la Fiscal NILDA CALLE CONDORI una vez revocada la resolución 136/2023 en cuestión emitida por esta autoridad la emisión admisión inmediata de la denuncia incoada dentro del proceso en cuestión” (sic); y, 4) “Se disponga la remisión de antecedentes al órgano disciplinario a efecto de la determinación de faltas conforme la ley orgánica del ministerio público” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 1 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 88 a 93, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su representante manifestaron que: i) En cuanto a los antecedentes reiteró los hechos presentados en su demanda; ii) Respecto a las determinaciones asumidas por las autoridades demandadas, explicó que pese a la subsanación, la Fiscal Nilda Gudelia Calle Condori emitió la Resolución de Desestimación 136/2023, la cual, a su criterio, incurre en dos vulneraciones esenciales al debido proceso: falta de fundamentación y de congruencia interna. Señalaron que, la referida Fiscal copió parcialmente la doctrina sobre el delito de estafa -citando incluso el Auto Supremo 237/2006- y reconoció expresamente que el engaño puede recaer en la cualidad del sujeto, pero luego concluyó contradictoriamente que ese elemento no se acreditó, sin explicar por qué el mismo razonamiento que acepta no sería aplicable al caso concreto. Afirmaron que, la decisión ignora elementos aportados por las víctimas, omite evaluar el supuesto de víctimas múltiples y desatiende indicios relevantes del engaño; iii) Respecto al delito de defraudación tributaria (art. 177 del CTB), sostuvo que la fiscal limitó su fundamentación a señalar que no es “clara” la cuantificación del perjuicio ni las declaraciones juradas, pese a haberse presentado extractos tributarios, cuadros individualizados por empresa y evidencia de que el monto defraudado superaría las UFV 10000.- (diez mil unidades del fomento a la vivienda) necesarias para la tipicidad penal; iv) Indicaron que impugnó oportunamente la desestimación ante el Fiscal Departamental, conforme la SCP 092/2014-S3. No obstante, la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 - emitida sospechosamente expedita el mismo día que ingresó el cuaderno, 30 de junio- incurrió en nuevas vulneraciones, particularmente incongruencia externa, pues introduce argumentos ajenos a la resolución primigenia, entre ellos la supuesta relación con delitos de abuso de confianza y apropiación indebida, extremos que nunca fueron observados inicialmente ni forman parte de los hechos denunciados. También realizó consideraciones improcedentes sobre inexistentes “contratos laborales”; v) El fallo jerárquico sí compulsa parte del material probatorio ignorado por la Fiscal de Materia de origen, pero igualmente concluyó de manera contradictoria que no se cumplen los elementos de delito de estafa, pese a reconocer indicios claros del engaño en la cualidad del denunciado, la apropiación de dinero, las declaraciones tributarias falsas y el perjuicio a múltiples víctimas. En relación con la defraudación tributaria, afirmó que la decisión jerárquica desconoce los cuadros y extractos presentados e incurre en una falsa premisa al sostener que no existe individualización por empresa; vi) Agregaron que ambas Resoluciones desconocen el carácter vinculante de la SC 815/2009-S2, que prohíbe desestimar denuncias por supuesta falta de elementos de convicción; puesto que, dichos elementos deben ser obtenidos en la investigación y su ausencia no puede erigirse en un obstáculo de cumplimiento imposible para la víctima. Dicha omisión constituye vulneración al derecho de acceso a la justicia, reforzado por la SCP 0648/2018-S2; y, vii) Finalmente, denunciaron dilación indebida y falta de transparencia, pues la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, fue notificada recién el 18 de julio -veinte días después-, afirmándose en el Ministerio Público que “no había salido de despacho”. Esto sugiere que se emitió con fecha retroactiva o que se retrasó injustificadamente su notificación, afectando nuevamente el acceso a la justicia. En conclusión, la parte accionante sostuvo que ambas resoluciones vulneran el derecho al debido proceso, en sus elementos de motivación, congruencia y valoración racional de la prueba, así como el derecho al acceso a la justicia. Solicitaron la tutela, la anulación de las Resolución de desestimación 136/2023 y la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, y la orden de admisión e inicio inmediato de la investigación penal para esclarecer los hechos en la vía ordinaria. Concluida la intervención de las partes, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ingresó a la etapa de preguntas. El Vocal, René Oscar Delgado Ecos, dirigió inicialmente sus consultas al abogado de la parte accionante, requiriendo precisión respecto a la documentación presentada junto con la denuncia fiscal, tomando en cuenta que inicialmente fue observada por insuficiencia de elementos. Los accionantes a través de su abogado explicó que, tras una primera observación, adjuntaron posteriormente: comprobantes de transferencias bancarias realizadas a Javier Enrique Thenier Loza, carta notariada solicitando la devolución del dinero y documentos contables, conversaciones de WhatsApp, informe económico-financiero elaborado por un auditor externo, extractos tributarios obtenidos en el SIN, recibos de pago de impuestos y extractos bancarios de las empresas involucradas. Señaló que, dichos elementos figuran enumerados en la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, pero no fueron objeto de una valoración material, limitándose la autoridad a listarlos sin análisis. El mismo Vocal consultó luego sobre la secuencia temporal de la denuncia, dado que existían varias fechas en el cuaderno. Los accionantes por medio de su abogado, detalló que la denuncia fue presentada el 14 de junio del año 2023; la observación fiscal fue emitida el 15; su subsanación se presentó el 19 en ambos casos del mismo mes y año; la Resolución de Desestimación 136/2023 se dictó el 22 del mes y año citado; la impugnación fue presentada el 29; y el 30 del mismo el cuaderno fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz y ese mismo día se habría emitido la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023. No obstante, afirmó que la notificación recién se practicó el 18 de julio del año mencionado, lo que -a su criterio- constituye un retraso de veinte días desde la emisión del acto jerárquico.

I.2.2. Informe de los demandados

Williams Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito presentado el 24 de agosto de 2023 cursante a fs. 70 y vta., solicitó se deniegue la tutela argumentado que la presente acción se interpuso contra la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 de 30 de junio, misma que ha sido emitida por Aly Rosario Venegas Miranda, mientras ejercía la suplencia legal del Fiscal Departamental de La Paz; por lo que, citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2525/2012 de 14 de diciembre y la 1511/2014 de 16 de julio, concluyó que su autoridad carece de legitimación pasiva, resultando incongruente que la acción de amparo constitucional, sea dirigida contra su persona. Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, a través de informe escrito presentado el 24 de agosto de 2023 cursante a fs. 67 a 68 solicitando que se deniegue la tutela informo: a) La Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, que baso su fundamentación en la SC 830/2007-R de 10 de diciembre, que estableció que el Derecho Penal es de “Última Ratio”, no es posible restituir o reparar los bienes jurídicos supuestamente vulnerados de otro modo, por lo cual la parte denunciante debió acudir a la vía legal correspondiente para hacer valer su derecho; toda vez que, el Ministerio Público no es la institución idónea para logar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; b) La conducta del denunciado Javier Enrique Thenier Loza, se enmarca en un incumplimiento de la obligación contraída con los ahora impetrantes de tutela, relación jurídica que se encuentra ampliamente determinada en la Ley; c) Resulta inviable disponer el inicio de la investigación; toda vez que, los hechos descritos no se subsumen al tipo penal denunciado, por falta del elemento principal constituido por el engaño; d) El denunciante no pudo establecer ni en el memorial de denuncia ni en el de objeción, el doble nexo causal, el ardid, el engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial, elementos necesarios para la adecuación al delito de estafa; e) Con relación al delito de defraudación tributaria, no se advierte la configuración del citado tipo penal, por cuanto no se ha realizado una individualización por empresa sobre el pago de la deuda tributaria que tendría cada una de las empresas involucradas;

f) El accionante señaló un daño global que asciende a Bs464 407,64 (cuatros cientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos siete 64/100 bolivianos) entre las tres empresas; g) El informe económico financiero elaborado por otro profesional auditor y dado a conocer al Ministerio Público, a tiempo de presentar la denuncia, da cuenta del pago al SIN mediante formularios 200, 400 y 608 -en cero y algunos meses con retraso-, pero concluye que aún se encuentra en revisión; es decir, no se cuenta con un informe económico financiero completo; por lo que, no se tiene clara la relación fáctica del hecho, siendo este un requisito indispensable para la admisión de una denuncia y el inicio de una investigación; y, h) Finalmente indicó que la resolución jerárquica cuestionada cuenta con la motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, conforme a la documentación presentada por la parte accionante. Nilda Gudelia Calle Condori, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 75 a 76 vta., solicitando se deniegue la tutela y se deje firme y subsistente la Resolución de Desestimación 136/2023 de 22 de junio, emitida por su persona; así como también, la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 emitida por la Fiscal Departamental de La Paz, en suplencia legal; en ese sentido, informó que: 1) El 14 de junio de 2023, Juan Carlos Camacho Terceros en representación legal de Victor Raúl Coca Gutiérrez, Jorge y Alejandra ambos de apellidos Coca Machicado, presentó denuncia penal en contra de Javier Enrique Thenier Loza y Carla Thenier por la presunta comisión de los delitos de estafa con agravación en caso de víctimas múltiples y defraudación tributaria; 2) Conforme a la facultad conferida por el art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que permite a dicha institución observar las denuncias presentadas, la Fiscal de Materia, mediante Decreto Fiscal de 15 de junio de 2023, realizó cinco observaciones, mismas que fueron respondidas por el denunciante dentro del término legal; 3) Analizado el “relato del hecho”, tanto de la denuncia como del memorial de respuesta a las observaciones, se emitió la Resolución de Desestimación 136/2023; 4) La decisión asumida en la referida Resolución, se basa en los agravios expuestos por el accionante, siendo equivocada la afirmación que no se haya emitido pronunciamiento alguno sobre el delito de estafa; puesto que, luego de exponer la doctrina jurisprudencial vigente sobre el señalado delito, se realizó el análisis y la contrastación de los hechos relatados en la denuncia; 5) El denunciante relató que sus poderdantes fueron víctimas del delito de estafa debido a que Carla Thenier -hija del supuesto estafador- conociendo de los problemas contables y tributarios de sus empresas, les hizo creer que su padre Javier Enrique Thenier Loza tenía la capacidad para llevar adelante la administración contable de sus empresas, de esta manera el prenombrado se comprometió a realizar esa tarea en tres meses, solicitando dinero para el pago de impuestos, aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y seguros, pagos que no fueron realizados, declarando inclusive ante el SIN, sin movimiento impositivo el negocio de sus poderdantes, hechos que a juicio del denunciante constituyen las argucias para el engaño realizado por los denunciados, dado que realizaron distintos pagos desde el 7 de mayo de 2022 hasta el 5 de mayo de 2023; 6) Sin embargo, la apreciación es incorrecta, tomando en cuenta que el engaño es un modo artificioso de actuar, por el que el sujeto activo muestra como verdadero lo falso, como existente lo inexistente y destaca cualidades o característica que no son reales; 7) Haciendo referencia al art. 346.bis del CP, sobre la agravación en caso de víctimas múltiples, explicó que la misma, no tiene una conducta antijurídica propia, previamente debe identificarse si se sujetan al tipo penal del art. 335 del mismo Código, sobre la estafa; 8) Enfatizó que el reclamo de los accionantes, proviene de una tergiversada comprensión de la motivación que se expuso en los fundamentos de la Resolución de Desestimación 136/2023; 9) El trabajo que realiza la unidad de análisis se encuentra enmarcado en el art. 55 de la LOMP, que permite emitir una resolución de desestimación, “…para evitar el ingreso de causas penales cuyo relato fáctico, relato del hecho no tenga entidad penal…” (sic), tiene el objetivo de depurar el ingreso de denuncias o querellas penales desde el momento de su presentación, se enmarcó en el relato del hecho expuesto por el denunciante o querellante; 10) La afirmación expuesta por el denunciante de no haberse valorado los elementos adjuntos como conversaciones, los depósitos, las llamadas y otros constituye un error de compresión del alcance que tiene la mencionada Resolución de Desestimación, pues entiende que el relato fáctico que propuso en su denuncia y que fue objeto de análisis, es producto de la información que extrajo de los documentos que señala; por lo que, dedujo la posible comisión de un delito que fue denunciado, pero que analizado por la Fiscal Analista que suscribió el informe, y la Resolución de Desestimación, no existían los elementos fácticos necesarios para su admisión en relación al delito de estafa con agravación; 11) Explicó que “la Resolución de Desestimación en cuanto al delito de Estafa fue desestimada, no por falta de elementos de convicción, sino por insuficiente en la descripción del hecho, o la falta de elementos fácticos necesarios para admitir la denuncia” (sic); y, 12) Finalmente, con relación al análisis de los hechos contrastados con el delito de defraudación tributaria, identificó los hechos poco claros expuestos por el denunciante, en relación a la actividad comercial que realizan la tres empresas de los impetrantes de tutela, el antes y el después de la relación laboral que mantuvieron con el denunciado, la vaguedad en el relato en cuanto al pago de impuesto, seguros y AFP, que le llevó a la conclusión “que el relato del hecho `no era claro’” (sic), lo cual dio lugar a desestimar la denuncia en el marco de los presupuestos del art. 55.II de la LOMP.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Carla Thenier, a través de su representante, en audiencia solicitó se deniegue la tutela por los siguientes motivos: i) Alegó falta de legitimación activa y defectuosa identificación de las autoridades demandadas, citando la SC-1113/2012 de 6 de septiembre, que exige que el accionante demuestre la relación entre el acto impugnado y la afectación directa a sus derechos fundamentales. Señaló que, la acción de amparo constitucional solicita revocar tanto la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 como la Resolución de Desestimación 136/2023, pero el accionante confunde a las autoridades responsables e identifica erróneamente como accionados a personas que no emitieron el acto supuestamente lesivo (Nilda Gudelia Calle Condori, Aly Rosario Venegas Miranda y William Eduard Alave Laura), lo que genera una disfunción procesal suficiente para denegar la tutela; ii) En cuanto al fondo, sostuvo que la parte accionante tergiversa el contenido de ambas Resoluciones fiscales y pretende forzar su revocatoria pese a que la Fiscal de Materia analista emitió un criterio debidamente fundamentado para desestimar la denuncia. Indicó que su defendida, únicamente fue notificada con memoriales, pero no con prueba documental, y que de los elementos aportados por la parte accionante no se desprende que ella hubiese inducido a error ni que hubiese afirmado que su padre trabajaba en “Grand Thornton Acevedo y Asociados” o que fuese especialista contable. Recalcó que incluso la firma contable desmintió cualquier relación con Javier Enrique Thenier Loza, y que la supuesta recomendación atribuida a su defendida no existe ni de forma verbal ni escrita; iii) Agregó que, aun en el supuesto de que hubiera existido una referencia respecto al trabajo de su padre de la tercera interesada, las Resoluciones de Desestimación 136/2023 y la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 ya valoraron adecuadamente ese extremo y determinaron que los hechos no configuran delito. Señaló que, la denuncia nunca debió ser admitida porque pretende criminalizar una relación contractual de naturaleza civil, basada en una supuesta contraprestación incumplida. Enfatizó que, conforme al principio de ultima ratio del derecho penal, desarrollado en la jurisprudencia constitucional y en normas internacionales, los conflictos derivados de incumplimientos contractuales deben ser resueltos en la jurisdicción civil, no penal; y iv) Finalmente, sostuvo que el caso representa un eventual incumplimiento de contrato o deuda civil; por lo cua, el Ministerio Público no sería competente. Invocó el art. 7 de la CADH, relativo a la prohibición de detenciones por deudas, y el art. 410 de la CPE, señalando que las obligaciones civiles no pueden perseguirse penalmente. Bajo esos fundamentos, solicitó que se deniegue la tutela, por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y por tratarse de un asunto propio de la vía civil. El Vocal René Oscar Delgado Ecos dirigió sus preguntas al abogado de la tercera interesada, indagando si su clienta tuvo conocimiento previo de la denuncia o de la documentación presentada por la parte accionante ante el Ministerio Público. El abogado indicó que su patrocinada no fue notificada ni tuvo noticia alguna de la documentación aportada en sede Fiscal y que únicamente tomó conocimiento de los antecedentes a partir de la interposición de la presente acción de amparo, no existiendo comunicación previa por parte del Ministerio Público. Al ser consultado sobre la forma en que se enteró del proceso investigativo, reiteró que solo conocieron los hechos a través de las conversaciones proporcionadas por su clienta, pero nunca mediante actos oficiales dentro de la investigación penal.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 173/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 94 a 103, denegó la tutela, con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedente se tiene que los accionantes contrataron a Javier Enrique Thenier Loza -quien se presentó como contador y asesor vinculado a instituciones reconocidas- para regularizar deudas tributarias de tres empresas familiares, luego que su hija, Carla Thenier, generara el contacto. Para ello, los denunciantes entregaron documentación, claves de acceso y realizaron transferencias que alcanzaron Bs33 500.-, con el compromiso de cancelar el saldo cuando se demostrara la inexistencia de deudas con el SIN. Sin embargo, según los denunciantes, Javier Enrique Thenier Loza comenzó a solicitar dinero sin rendir cuentas y finalmente desapareció con recursos y documentación, generando perjuicios económicos y tributarios, situación que motivó la denuncia penal; b) Respecto a la actuación de la Fiscal de Materia, señaló que la autoridad demandada emitió la Resolución de Desestimación 136/2023, señalando que la denuncia carecía de claridad fáctica indispensable para inferir la configuración de los delitos denunciados. El Ministerio Público sostuvo que existían dos escenarios diferenciados: 1) La existencia de deudas tributarias previas a la contratación del denunciado, y 2) La gestión posterior a su contratación. Sin embargo, el denunciante no individualizó montos, conceptos, periodos ni obligaciones adeudadas por cada empresa, lo cual impedía establecer si el daño económico atribuido superaba o no las UFVs 10 000 exigidas en el delito de defraudación tributaria. Además, observó que las afirmaciones sobre el destino del dinero depositado eran conjeturales y sin precisión suficiente para sustentar una sospecha razonable; c) También se valoró el análisis de la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, que confirmó la desestimación al considerar que no se advertían elementos del tipo penal de estafa, pues no se evidenciaron engaños o artificios previos determinantes del consentimiento de los denunciantes. Antes bien, observó que existió una relación de confianza y acuerdos verbales respecto a la gestión contable, pero no un acto engañoso idóneo para configurar el delito. Citó la SC 830/2007-R, recordando que el derecho penal es de última ratio y que situaciones derivadas de obligaciones contractuales deben ventilarse en otras vías legales; d) En cuanto a la supuesta defraudación tributaria, la Sala Constitucional sostuvo que no se cumplían los requisitos típicos, ya que el denunciante expuso un monto global de Bs464 407,64 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos siete 00/100 bolivianos).- sin desagregar por empresa ni periodo fiscal, mientras que el informe contable incorporado mostró declaraciones juradas, pagos parciales y atrasos, pero no evidenció un perjuicio tributario típico atribuible al denunciado; y, e) Finalmente, respecto a la presunta vulneración del debido proceso, se concluyó que tanto la resolución de desestimación como la jerárquica se encontraban debidamente fundamentadas, citando la SCP 169/2015 sobre la obligación de motivar las decisiones y la SC 0287/2011-R, que exige resoluciones coherentes y razonadas. Destacó que la acción de amparo constitucional no constituye una instancia de revisión del fondo de las decisiones del Ministerio Público (SC 0685/2006-R), sino un mecanismo para tutelar derechos fundamentales. En ese sentido, determinó que no existió vulneración al debido proceso ni al derecho a la defensa, concluyendo que las autoridades demandadas actuaron conforme al procedimiento. De antecedentes, se advierte que la parte accionante, a través de su abogado, formuló solicitud de enmienda, complementación y aclaración al amparo del art. 36.9 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto del fallo pronunciado por la Sala Constitucional, planteando tres observaciones esenciales. i) Denunció que la mencionada sala habría incurrido en un anticipo de criterio de fondo al efectuar un desglose de los elementos del delito de estafa conforme a la Resolución cuestionada y, pese a ello, concluir que no se habrían cumplido los presupuestos del tipo penal. Señaló que tal razonamiento implica una valoración propia de una sentencia absolutoria, emitida sin que exista investigación penal, sin etapa preparatoria, sin compulsa probatoria ni debate contradictorio, afectando el debido proceso y generando un pronunciamiento de fondo sobre hechos aún no investigados. Por ello, requirió la aclaración de la norma, jurisprudencia o sentencia constitucional que habilitaría tal anticipación; ii) Asimismo, observó que el Tribunal citó la SCP 2221/2012, referida a la fundamentación arbitraria, pero -a su criterio- de manera incompleta, omitiendo desarrollar su ratio decidendi. Indicó que la Sala redujo indebidamente el análisis, sin verificar la congruencia interna y externa de la Resolución impugnada, los presupuestos aplicables ni la existencia de agravio, generando una suerte de trámite abreviado sobre aspectos no sometidos al objeto de la acción de amparo constitucional. Por ello, solicitó que se complemente la fundamentación en ese extremo; y, iii) Finalmente, señaló que si bien la Sala citó la SC 685/2006 -que establece que la acción de amparo constitucional no puede realizar revisión probatoria-, ello no impide verificar si la autoridad accionada efectuó la compulsa mínima exigible para motivar su resolución. Alegó que, este punto no fue abordado en el fallo; por lo que, pidió su complementación y que conste en actas dicha omisión para efectos de la eventual revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Atendiendo dicha solicitud, el Vocal René Oscar Delgado Ecos, señaló que las referencias efectuadas en el fallo no constituyeron apreciaciones personales de la Sala Constitucional, sino que se basaron en los elementos expuestos por la propia parte accionante en su impugnación, particularmente respecto al engaño, error, disposición patrimonial y beneficio económico indebido alegados. Precisó que la fundamentación del fallo no se sustentó en el análisis del tipo penal de estafa, sino en la conclusión -coincidente con lo manifestado por la Fiscal Departamental en suplencia legal y la Fiscal de Materia-que no se encontraban cumplidos los presupuestos requeridos, correspondiendo a los accionantes activar la vía legal pertinente, considerando que la vía penal es de última ratio. Señaló además que las sentencias constitucionales invocadas fueron aplicadas correctamente y que el caso será sometido a la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por su parte, la Vocal Blanca Isabel Alarcón Yampasi, manifestó que hace suyos los fundamentos desarrollados en la resolución constitucional, al haber sido emitidos luego de un análisis integral de los antecedentes, no siendo necesario profundizar en otros aspectos adicionales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 29 de junio de 2023, ante la Fiscalía Departamental de la La Paz, por Juan Carlos Camacho Terceros en representación de Víctor Coca Gutiérrez, Alejandra y Jorge ambos de apellidos Coca Machicado, por el que indican que en tiempo hábil interponían objeción a Resolución de Desestimación 136/2023 de 22 de junio, señalando que en la misma no se valoró los elementos adjuntos a la denuncia además de ser incongruente (fs. 27 a 32). II.2. Consta Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023de 30 de junio, por la que la Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, resolvió la objeción a resolución de Desestimación 136/2023, ello bajo el siguiente razonamiento:

“Conclusiones En la línea de revisión Jerárquica y atendiendo la objeción interpuesta contra la determinación asumida por la Fiscal Analista se considera que, el basamento jurídico de la Resolución de Desestimación es congruente con los datos que se tiene del proceso; debido a que, no se evidenció la existencia de los elementos constitutivos de los tipos penales de Estafa y Defraudación Tributaria, toda vez que, el hecho narrado en el memorial de denuncia no se adecua a delitos de acción penal publica de los cuales el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal correspondiente, motivo por el cual la suscrita Autoridad Jerárquica no tiene otra alternativa legal que Ratificar la Resolución de Desestimación en virtud a la previsión primera y cuarta (hecho atípico y no exista una relación fáctica clara) del articulo 55 Il. de la Ley 260; sin perjuicio a ello. la parte denunciante tiene las vías legales correspondientes, para lograr la devolución del dinero que le fue entregado al denunciado.

POR TANTO

La Suscrita Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, atendiendo los extremos expuestos en la objeción de Desestimación, en virtud de la autoridad que le confiere la Sentencia Constitucional N° 0092/2014-S3 de fecha 27 de octubre y los artículos 34 numeral 17) de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 305 del Código de Procedimiento Penal, en revisión jerárquica resuelve: RATIFICAR la Resolución de Desestimación N° 136/2023 de fecha 22 de junio de 2023, dictada por la Fiscal Analista Nilda Calle Condori, dentro de la denuncia interpuesta por Juan Carlos Camacho Terceros en representación legal de Víctor Raúl Coca Gutiérrez, Alejandra Andrea Coca Machicado y Jorge Luis Coca Machicado contra Javier Enrique Thenier Loza y Carla Thenier por la probable comisión del hecho adecuado a los tipos penales de Estafa con Agravación de Víctimas Múltiples tipificados y sancionados por los artículos 335 y 346 Bis del Código Penal y Defraudación Tributaria previsto y sancionado en el Art. 177 del Código Tributario, debiéndose proceder al archivo de obrados.” (sic [fs. 35 a 37 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante afirma que se produjo la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, además del acceso a la justicia y principio de celeridad, señalando que luego de haber complementado toda la documentación requerida y de haber subsanado oportunamente las observaciones formuladas por el Ministerio Público a su denuncia -incluyendo la individualización de conductas, el detalle del ardid, la cuantificación del perjuicio económico y la inexistencia de una vía alternativa distinta a la penal-, la Fiscal de Materia emitió la Resolución de Desestimación 136/2023 el 22 de junio, sin valorar la prueba presentada, ni los elementos que demostraban supuestamente el engaño, la disposición patrimonial y la posible defraudación tributaria. Indicó que dicha Resolución fue objetada el 29 de junio de 2023 y elevada un día después, emitiéndose en la misma fecha la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 de 30 de ese mes y año, cuya notificación se practicó recién el 18 de julio del indicado año, configurando retardación. Sostuvo que, la Resolución jerárquica se limitó a cuatro argumentos insuficientes y contradictorios que omitieron un análisis integral del material aportado, incluyendo extractos tributarios, comprobantes de transferencias, informes contables y comunicaciones relevantes, lo que evidenció falta de fundamentación, incongruencia interna y ausencia de valoración razonable de la prueba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

Respecto al derecho a una decisión judicial fundamentada, motivada y congruente, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero señala que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”.

III.2. La motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Sobre el particular, el art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que: “Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…”, norma concordante con el art. 57 de la LOMP, que dispone: “Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…”, preceptos legales que deben ser cumplidos por los representantes del Ministerio Público al momento de pronunciar sus resoluciones, con el objeto que las partes tomen conocimiento sobre las razones, que le conllevaron a asumir una determinada decisión dentro un proceso penal, a fin de resguardar el derecho a la defensa y garantías constitucionales.

Con relación con la normativa desarrollada, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1628/2014 de 19 de agosto, reiteró el entendimiento desarrollado por la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, que señala: …los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMP, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló lo siguiente: '…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas…”

De igual forma, la SCP 1050/2014 de 9 de junio, en lo concerniente a la labor del Fiscal superior jerárquico, refiere que: “Entendimiento a ser aplicado cuando el Fiscal Departamental emita su resolución jerárquica ya sea revocando o ratificando el sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia en favor del imputado, por cuanto no puede limitarse únicamente a la citación de algunas pruebas, sin individualizar la actuación de los imputados y sin examinar su conducta en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que se imputó, debiendo el fiscal superior verter el razonamiento jurídico de su decisión sin dejar duda en el justiciable” .

III.3. De la desestimación de denuncia prevista en el art. 55 de la Ley

Orgánica del Ministerio Público

Sobre el particular la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, señaló que: “La Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 55 establece:

ARTÍCULO 55. (EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA).

I. Las y los Fiscales en cumplimiento de sus funciones, realizarán todos los actos procesales necesarios, de manera pronta, oportuna, cumpliendo los plazos procesales y en tiempo razonable, en el ejercicio de la acción penal pública.

II. Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión, en estos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada.

III. En las denuncias verbales, cuando la denuncia sea realizada en sede Fiscal, el o la Fiscal ordenará inmediatamente a las o los investigadores a concurrir al lugar del hecho a objeto de verificar el mismo sin perjuicio de acudir personalmente, y deberá informar estos aspectos a la o el Fiscal, de existir suficientes elementos se procederá a realizar las investigaciones que correspondan, caso contrario la denuncia será desestimada.

Como puede advertirse la norma señalada, tiene prevista como una atribución de los Fiscales de Materia, la desestimación de una denuncia escrita, querellas e informes policiales de acción directa, cuando concurran cualquiera de los siguientes cuatro supuestos: a) Que el hecho sea atípico; b) Que se encuentre relacionado a la persecución penal privada; c) Cuando no exista una relación fáctica clara; y, d) Cuando no existan los elementos necesarios para tomar una decisión; ahora bien, es preciso entender que el art. 55 de la LOMP, es una norma que evidentemente tiene como objeto, el evitar la activación innecesaria de todo el aparato estatal para la investigación de denuncias que no cumplan con los presupuestos mínimamente requeridos; sin embargo, en esta fase de admisibilidad el análisis debe estar circunscrito solamente a aspectos de orden formal y o de competencia para el procesamiento por parte del Ministerio Público; en efecto, la desestimación no vulnerará derechos fundamentales cuando sea dispuesta ante la insuficiencia descriptiva en la relación de los hechos o ante denuncias que tengan que ver con el procesamiento de delitos de orden privado; sin embargo, será arbitrario el disponer la desestimación por la atipicidad del hecho o por la falta de elementos de convicción necesarios; por cuanto la previsión del art. 55 de la LOMP, no puede equipararse al rechazo de denuncia establecido en el art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por cuanto, queda claro que la desestimación no proviene de ninguna investigación; en tal sentido, menos podría determinar la existencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal para poder establecer la atipicidad del hecho denunciado, al no tenerse los elementos necesarios para efectuar el juicio de tipicidad o juicio de adecuación; es decir, el análisis de la correspondencia exacta entre lo que el agente presuntamente realizó y aquello que se encuentra descrito en la ley; salvo en casos muy excepcionales y extremadamente evidentes.

En el mismo sentido, no podría determinarse la desestimación por falta de elementos necesarios de convicción; puesto que, es lógico que estos solo podrán ser obtenidos en una etapa investigativa y no en una etapa de admisibilidad, en la cual no es posible analizar ni determinar aspectos de fondo respecto a la comisión de un hecho delictivo, dado que al no existir ninguna investigación el fiscal se encuentra impedido de manifestarse sobre ello, caso contrario su decisión sería discrecional y por ende arbitraria” .

III.4. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la jurisprudencia constitucional plasmada en la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:

“En el modelo acusatorio, el Ministerio Público monopoliza el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción penal pública, conduciendo a la investigación desde su inicio para obtener los elementos de convicción que acrediten los hechos punibles y las responsabilidades de sus autores o participes. Una vez que llega la noticia criminal, la denuncia o la querella de un ilícito, el fiscal tendrá que decidir el inicio de la investigación si el hecho reviste carácter delictuoso, disponiendo, por lo general, que la Policía Boliviana realice diligencias preliminares o pesquisas urgentes e inaplazables, siempre bajo su dirección funcional. Las investigaciones preliminares efectuadas por la referida Policía Boliviana deben concluir en el plazo máximo de veinte días de iniciada la prevención, conforme lo dispone el art. 300 del CPP, modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, salvo la necesidad fundamentada de una ampliación.

Ahora bien, tratándose del ejercicio de la acción penal, el fiscal tiene varias alternativas a la conclusión de la etapa preliminar, así, puede imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales; ordenar la complementación de las diligencias policiales fijando plazo al efecto; disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales, en consecuencia su archivo; y, solicitar al Juez de Instrucción Penal la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación de un procedimiento abreviado o la conciliación.

Al realizar el análisis de las actuaciones policiales, el fiscal debe tener en cuenta que al Ministerio Público le interesa el esclarecimiento material de los hechos, lo que no implica una persecución a cualquier costo. Sobre esta base, juega un papel fundamental el principio de objetividad de la labor fiscal contenido en los arts. 225.II de la CPE; 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; y, 72 del CPP que hace responsable al fiscal de indagar los hechos que determinen 7 o acrediten tanto la responsabilidad o no del imputado; le exige que investigue -bajo los principios de oficiosidad y exhaustividad, establecidos en los arts. 7.I y 55.I de la LOMP- las circunstancias que permitan comprobar la atribución de un hecho criminal y también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado; lo mismo puede decirse de la alternativa que tiene el fiscal, una vez concluida la investigación preparatoria, de requerir el sobreseimiento del caso o acusar, dependiendo de la mayor o menor envergadura de los elementos de convicción que haya reunido en el curso de la investigación.

En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, como rechazo, imputación o sobreseimiento, entre otras, debe estar debidamente motivadas, es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación sepan qué elementos consideró para asumir tal decisión; dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho para sustentar su determinación.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, entre otras, se pronunció sobre la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las resoluciones emitidas por los fiscales de materia en sus requerimientos conclusivos, y de las dictadas por las y los fiscales departamentales en la ratificación o revocatoria respecto a las determinaciones de los inferiores.

Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes, sean testificales, documentales, periciales, etc., valorando la información que extrae de cada una de ellas de manera individual y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; vale decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos que necesariamente tienen que estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación, conforme lo exige el art. 40.11 de la Ley de Organización del Ministerio Público (LOMP), en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE y de lo dispuesto en los arts. 5.3 de la LOMP y 72 del CPP.

Este estándar debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo que asuma el Ministerio Público, pues la motivación que se realice debe satisfacer tanto al querellante como al querellado, y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia”.

III.5. Revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

La jurisprudencia Constitucional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente razonamiento:

“El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3)

1El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 2El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 3El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 4El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 5El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

A partir de lo señalado, se concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.

III.6. Análisis del caso concreto

La parte accionante arguye que la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, además del acceso a la justicia y principio de celeridad se originó cuando, la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 del 30 de junio, ratificó la Resolución de Desestimación 136/2023, pese a haber presentado objeción el 29 de junio de 2023, siendo elevada jerárquicamente el 30 de igual mes y año, misma fecha que se dictó la precitada Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, y cuya notificación recién se practicó el 18 de julio de ese año.

En ese contexto, el accionante afirmó que la citada Resolución, se sustentó solo en cuatro argumentos insuficientes y contradictorios, omitiendo el análisis integral de la prueba aportada, lo que reveló falta de fundamentación, motivación, incongruencia y ausencia de valoración razonable de las pruebas aportadas.

Ahora bien, de antecedentes se tiene que mediante memorial presentado el 29 de junio de 2023, ante la Fiscalía Departamental de La Paz, Juan Carlos Camacho Terceros, en representación de Víctor Coca Gutiérrez, Alejandra y Jorge ambos de apellidos Coca Machicado, interpuso objeción a la Resolución de Desestimación 136/2023, alegando que la misma no valoró los elementos aportados a la denuncia y presentaba inconsistencias internas y externas, conforme a los hechos denunciados en la demanda, se señaló que los poderdantes entregaron documentación y realizaron transferencias de dinero, incluyendo Bs33 500.- a la cuenta del denunciado, con el propósito de cumplir con obligaciones fiscales y laborales.

Según se detalló, Javier Enrique Thenier Loza, solicitó los accesos a los sistemas de impuestos de las empresas y cambió contraseñas, impidiendo que la contadora previa y los propios contribuyentes verificaran la situación tributaria y contable, de las mismas. Durante meses, recibió pagos bajo la apariencia de destinar los fondos al pago de impuestos y obligaciones sociales, pero finalmente se constató que no se realizaron dichos pagos, generando un perjuicio económico a los accionantes y a los empleados de las empresas, y pese a los documentos aportados, que incluían comprobantes de transferencias, recibos de pagos, extractos bancarios, comunicaciones vía WhatsApp e informes contables, la Fiscal Analista Nilda Gudelia Calle Condori emitió la Resolución de Desestimación 136/2023, considerando que los hechos narrados no constituían estafa ni defraudación tributaria, alegando que los supuestos eventos posteriores a la disposición patrimonial no podían calificarse como engaño, y que correspondían a incumplimientos contractuales o apropiación indebida (art. 345 CP) sin relación con un acto de estafa.

En la objeción interpuesto el 29 de junio de 2023, los impetrantes de tutela fundamentaron que la Resolución era arbitraria, señalando que la Fiscal Analista no valoró adecuadamente los comprobantes de transferencias, extractos tributarios, recibos de pagos, comunicaciones y el informe económico-financiero, los cuales evidenciaban la existencia de un engaño continuado de Javier Enrique Thenier Loza y Carla Thenier, consistente en percibir dinero con el fin de cumplir obligaciones fiscales y laborales, sin ejecutarlas. Se detalló que los pagos dirigidos al SIN ascendían a Bs190 331,35.- (ciento noventa mil trecientos treinta y tres 35/100 bolivianos) y, al convertirlos a UFV, el monto superaba el umbral de UFV 10 000.- exigido para la tipificación de defraudación tributaria (art. 177 CTB).

Mediante la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, la Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal revisó la objeción y la documentación adjunta, incluyendo transferencias, cartas notariadas, Número de Identificación Tributaria (NIT) y registros de las empresas, conversaciones de WhatsApp, recibos de pagos a Javier Enrique Thenier Loza y extractos tributarios. La autoridad jerárquica concluyó que, con relación al delito de estafa (art. 335 CP), no se evidenció la existencia del engaño o artificios previos a la disposición patrimonial, ni el dolo necesario para configurar el tipo penal.

Sobre la defraudación tributaria, la autoridad jerárquica destacó la falta de individualización de la deuda por empresa y por año, y la incompletitud del informe económico-financiero presentado, lo que impedía determinar si el perjuicio superaba las UFVs 10 000.- En consecuencia, se concluyó que no existía relación fáctica clara que permitiera la admisión de la denuncia y el inicio de investigación penal, calificando los hechos como atípicos.

Atendiendo a lo anterior, la autoridad jerárquica ratificó la Resolución de Desestimación 136/2023, considerando que el basamento jurídico era congruente con los elementos y documentación obrantes en el proceso, y que no se acreditaban los elementos constitutivos de los delitos de estafa con agravación de víctimas múltiples (arts. 335 y 346 Bis del CP) ni defraudación tributaria (art. 177 del CTB).

Refiere que, conforme a la normativa aplicable (arts. 34.17 de la LOMP, 305 CPP y la Sentencia Constitucional 0092/2014-S3), la autoridad jerárquica resolvió que la denuncia debía archivarse, señalando además que la vía penal no era procedente para la reclamación de los montos entregados a los denunciados, correspondiendo a los poderdantes acudir a los mecanismos civiles o contractuales para recuperar su patrimonio.

Bajo estos razonamientos, la Resolución jerárquica ratificó la desestimación de la denuncia, sosteniendo que la conducta de los denunciados no configuraba los tipos penales señalados, y que la actuación del Ministerio Público se ajustó a los principios de legalidad, congruencia y suficiencia probatoria, debiéndose archivar los obrados de manera definitiva.

Ahora bien, resulta necesario precisar que, no corresponde a este Tribunal, ingresar en el análisis de las presuntas vulneraciones en las que hubiese incurrido la Resolución de Desestimación 136/2023 emitida por la Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis de la Fiscalía Departamental de La Paz; puesto que, los agravios en los que hubiese incurrido fueron cuestionados a través de la objeción atendida por la referida Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, siendo ésta la resolución de cierre que pudo haber enmendado o restituido las supuestas lesiones cometidas por la Fiscal de Materia, por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a dicha Fiscal codemandada; puesto, que a esta instancia constitucional, por mandato de la Norma Suprema, únicamente le corresponde revisar la Resolución de cierre, en el caso en estudio la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023.

Con relación a William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, no cuenta con legitimación pasiva dentro de la presente causa, por no haber intervenido de forma directa en la emisión de la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, objeto de la presente acción de amparo constitucional, por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.

En ese sentido, corresponde analizar los aspectos denunciados en la acción tutelar respecto a las vulneraciones incurridas en la emisión de la tantas veces mencionada Resolución jerárquica, a efectos de establecer la congruencia con los aspectos reclamados y si los mismos fueron considerados por las autoridades demandadas; de donde se tiene lo siguiente:

Sobre la falta de congruencia

Ahora bien, previamente cabe indicar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido de manera reiterada que la congruencia constituye un elemento esencial del debido proceso, garantizando que las resoluciones judiciales o administrativas se correspondan con lo solicitado por las partes, debiendo atender y resolver los argumentos, hechos y fundamentos legales planteados, evitando conclusiones generales, ambiguas o que omitan análisis de los elementos esenciales, en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a lo previsto por los arts. 180 de la CPE y 82 inciso h) de la CADH.

En ese marco, cabe referir que mediante memorial de 29 de junio de 2023, la parte accionante interpuso objeción a la Resolución de Desestimación 136/2023, solicitando la revocatoria de la decisión adoptada y el inicio de investigaciones penales contra Javier Enrique Thenier Loza y Carla Thenier, alegando que la autoridad no valoró adecuadamente la prueba presentada y no respondió a los extremos esenciales del caso; en ese contexto se detalla que los impetrantes de tutela confiaron en Javier Enrique Thenier Loza para la gestión contable y el pago de obligaciones tributarias y laborales de tres empresas, entregándole documentos, contraseñas de usuarios de impuestos, y realizando transferencias de dinero destinadas específicamente al pago de impuestos y aportes a la seguridad social, acreditadas mediante comprobantes de transferencias, recibos, extractos bancarios y tributarios, así como conversaciones y auditorías que evidencian reiteradas solicitudes de dinero bajo el pretexto de cumplir con estas obligaciones; que posteriormente se constató que Javier Enrique Thenier Loza no cumplió con el pago de impuestos, declaró sin movimiento y se apropió de los recursos, ocasionando perjuicio económico a los poderdantes y potencial daño al patrimonio del Estado, siendo estos hechos narrados de manera detallada y respaldados con documentación comprobatoria.

Por su parte, la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, al analizar la objeción, reconoce la existencia de la documentación aportada, incluyendo los traspasos de dinero, recibos de pagos a Javier Enrique Thenier Loza, extractos tributarios y bancarios, conversaciones, cartas notariadas y el informe económico-financiero del auditor Félix Flores, pero se limita a concluir que no se advierte engaño previo a la disposición patrimonial ni dolo en los denunciados, afirmando que los hechos corresponden a un incumplimiento contractual y no a los delitos de estafa ni de defraudación tributaria, sin efectuar un análisis detallado y valorativo de los elementos probatorios ni de su relación causal con el perjuicio alegado.

De la confrontación entre lo solicitado en el memorial de objeción y lo resuelto en la Resolución jerárquica se evidencia que la autoridad jerárquica no abordó específicamente los extremos planteados, como el análisis individual de los pagos realizados para obligaciones tributarias y de seguridad social, la reiteración de solicitudes de dinero bajo engaños, la falta de acreditación de pago a impuestos, y la cuantificación del perjuicio económico y fiscal; limitándose a conclusiones generales que no permiten verificar si efectivamente existió una evaluación razonada de los elementos aportados.

En este contexto, la Resolución jerárquica carece de correspondencia directa con los puntos planteados en la objeción, evidenciando una falta de congruencia entre lo solicitado y lo resuelto; toda vez que, no se realizó un examen pormenorizado de la prueba que permitiera determinar si existió dolo, engaño o disposición patrimonial en perjuicio de los ahora solicitantes de tutela, lo que constituye un defecto procesal que vulnera el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, sobre este punto la actuación de la autoridad, al no pronunciarse de manera específica sobre los argumentos y elementos de prueba esenciales presentados por la parte recurrente, incurre en un defecto de congruencia procesal, afectando el derecho a la defensa y la exigibilidad de los derechos de los impetrantes de tutela, siendo imperativo que cualquier resolución posterior cumpla con los estándares de congruencia.

Con relación a la falta de motivación y fundamentación

Respecto a la denuncia de falta de motivación y fundamentación, corresponde recordar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, definió que la motivación constituye un componente esencial del debido proceso y un límite estructural a la arbitrariedad estatal. En ese sentido, la doctrina constitucional -Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional- estableció que la motivación debe ser clara, lógica, completa, razonada y suficiente, de modo que permita comprender el proceso intelectual que condujo a la autoridad a adoptar una decisión. La fundamentación exige que dicha decisión se sustente en normas pertinentes, principios constitucionales y criterios jurídicos aplicables, evitando conclusiones dogmáticas o fórmulas vacías.

Conforme dicha jurisprudencia, la motivación refuerza el derecho a la tutela judicial efectiva, siendo exigible también a las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; puesto que, no solo debe investigar delitos, sino también garantizar los derechos de las víctimas, asegurar que el acceso a la justicia penal no sea restringido irrazonablemente y evitar la clausura prematura de la persecución penal mediante decisiones insuficientemente justificadas. Tal estándar, como se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constiucional, impone que toda decisión fiscal -y con mayor razón una desestimación o su ratificación en sede jerárquica- debe analizar: a) hechos denunciados, b) elementos documentales acompañados, c) argumentos expuestos en la objeción; y d) marco doctrinal y normativo aplicable al caso concreto.

Este entendimiento fue reforzado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, que constituye un precedente vinculante respecto al alcance del art. 55 de la LOMP. En dicha Sentencia se explicó que la desestimación únicamente procede cuando concurren cuatro supuestos estrictos: 1) Atipicidad evidente, 2) Delitos de acción privada, 3) Inexistencia de relación fáctica clara, o 4) Inexistencia de requisitos formales mínimos. El precedente constitucional precisó expresamente que el art. 55 LOMP, tiene por finalidad evitar la activación innecesaria del aparato estatal ante denuncias deficientes desde el punto de vista formal, pero que no autoriza al fiscal a efectuar juicios de tipicidad, adecuación penal o valoración de elementos de convicción propios de una investigación; puesto que, la desestimación no proviene de una actividad investigativa, sino solo de una revisión preliminar. Por ello, la Sentencia fue categórica al señalar que:"…será arbitrario disponer la desestimación por la atipicidad del hecho o por la falta de elementos de convicción necesarios […] dado que al no existir ninguna investigación el fiscal se encuentra impedido de manifestarse sobre ello, caso contrario su decisión sería discrecional y por ende arbitraria”.

Asimismo, la SCP 0815/2019-S2, estableció que la etapa de desestimación no puede equipararse al rechazo de denuncia del art. 304 del CPP, ya que este último sí se basa en elementos investigativos; mientras que en la fase del art. 55 de la LOMP, la autoridad fiscal no cuenta todavía con elementos para efectuar un juicio de tipicidad ni para determinar si existen o no los componentes del delito. En consecuencia, el Tribunal dejó sentado que la desestimación no puede fundarse en la supuesta ausencia de elementos constitutivos del tipo penal, pues tales elementos solo pueden ser esclarecidos en una etapa investigativa y no en sede de admisibilidad.

En el caso concreto, de la revisión de la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, se advierte que si bien la autoridad jerárquica inicia con una descripción formal del material probatorio presentado por los denunciantes hoy peticionantes de tutela, seguida de un desarrollo doctrinal general sobre los delitos de estafa y defraudación tributaria, y posteriormente expone la relación de hechos conforme a la denuncia, su análisis conclusivo incurre en serias deficiencias de motivación. Ello porque, lejos de valorar los elementos aportados mediante un razonamiento objetivo, se limita a afirmar de forma categórica que los hechos no se adecuarían a los tipos penales invocados y que la narrativa fáctica sería insuficiente, confirmando la desestimación por razones que exceden los supuestos del art. 55 de la LOMP y que, según la jurisprudencia citada, solo podrían resolverse mediante investigación.

La resolución que se cuestiona omite considerar a través de esta acción tutelar aspectos esenciales expuestos por los accionantes, tales como: i) La obtención de dinero durante un año mediante manifestaciones falsas, consistentes en afirmar reiteradamente que se estaban realizando trámites ante el SIN, extremo que debía ser analizado para evaluar el elemento del ardid; ii) La falsedad en la información sobre los empleos del denunciado, quien señaló trabajar en “GRANT THORNTON ACEVEDO ASOCIADOS” y en la “Federación Boliviana de Fútbol”, instituciones en las que ya no laboraba o de las que fue desvinculado por hechos similares, lo que constituye un indicio relevante del patrón defraudatorio; iii) La importancia determinante que tales afirmaciones tuvieron para generar confianza y obtener el consentimiento verbal de los denunciantes para gestionar los trámites tributarios; y, iv) La existencia de una conducta continuada, manifestada en la reiteración del engaño por un largo periodo, que constituye un elemento típico del delito de estafa y que no fue siquiera mencionado por la autoridad jerárquica.

Tales elementos no solo eran relevantes, sino que resultaban indispensables para un examen motivado de la denuncia; sin embargo, fueron completamente omitidos. La autoridad jerárquica no explica por qué tales hechos no configurarían ardid ni por qué, aun de modo preliminar, no ameritan la apertura de una investigación, limitándose a conclusiones genéricas sobre falta de claridad o ausencia de adecuación típica. Esta omisión contradice directamente el precedente sentado por la SCP 0815/2019-S2; puesto que, la resolución jerárquica realiza juicios de fondo sobre tipicidad y sobre la inexistencia de elementos necesarios, pese a encontrarse en una etapa en la cual no puede examinar la existencia o inexistencia de los elementos constitutivos del tipo penal.

Esta actuación fiscal jerárquica evidencia un déficit cualificado de motivación, pues no da respuesta a los argumentos esenciales expuestos en la objeción, no analiza los hechos relevantes y aplica de manera incorrecta el art. 55 de la LOMP, atribuyéndole alcances que la jurisprudencia constitucional prohibió expresamente. Además, exige a los denunciantes un nivel de acreditación propio de la etapa investigativa, desconociendo que el análisis de desestimación debe limitarse a verificar la claridad mínima de la relación fáctica y los requisitos formales, sin prejuzgar sobre la correspondencia exacta entre los hechos y el tipo penal denunciado.

Ahora bien, corresponde señalar que la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 carece de motivación suficiente y adecuada, vulnera el deber constitucional de fundamentación y desconoce el precedente obligatorio de la SCP 0815/2019-S2, configurando así una vulneración al derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia penal de los accionantes.

Respecto a la valoración de la prueba

De la revisión integral del contenido de la Resolución jerárquica impugnada, se advierte que, si bien dicha autoridad realiza una enumeración de los elementos probatorios cursantes en el cuaderno procesal, limitándose a consignarlos de manera descriptiva, no desarrolla ninguna labor de análisis, contraste ni valoración razonada de la información que cada uno de dichos elementos proporciona individualmente ni del conjunto probatorio en su integridad. Tal actuación resulta incompatible con las exigencias impuestas por la jurisprudencia constitucional respecto al deber de fundamentación y motivación en decisiones que definen la situación jurídica de las partes.

En efecto, conforme estableció el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo, la actividad valorativa en sede fiscal -y por extensión en toda autoridad administrativa o cuasi jurisdiccional- debe realizarse bajo el principio de objetividad, lo que implica que todas las actuaciones deben ser evaluadas con sujeción a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, circunstancia que necesariamente debe plasmarse en una motivación expresa, suficiente y coherente. Así, la autoridad debe explicar qué información concreta aportó cada elemento, cómo influyó en su convencimiento y por qué se otorga mayor o menor fuerza persuasiva a determinados medios de prueba; lo contrario constituye una actuación arbitraria y vulneradora de derechos fundamentales.

Asimismo, el estándar jurisprudencial para la valoración probatoria en sede constitucional ha sido precisado por la SCP 0014/2018-S2, que, retomando la línea jurisprudencial previa, establece que la justicia constitucional está habilitada para revisar dicha labor cuando: a) la autoridad se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; b) omite arbitrariamente considerar pruebas relevantes, sea de manera total o parcial; o, c) Basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja hechos distintos. En complemento, la SCP 1215/2012 determinó que la revisión constitucional se circunscribe a verificar si existió ausencia de razonabilidad, equidad, verdad material o una actitud omisiva en la actividad valorativa, dejando claro que, si bien la justicia constitucional no sustituye a la jurisdicción ordinaria, sí debe intervenir cuando la falta de valoración tiene relevancia constitucional por incidir directamente en la vulneración de derechos fundamentales.

En el caso concreto, conforme se constata que la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023, se limitó a detallar una lista de documentos sin efectuar la valoración individual ni conjunta que exige la jurisprudencia citada. No se evidencia que la autoridad haya extraído la información relevante contenida en cada medio probatorio, o que hubiese confrontado su contenido con las alegaciones de las partes, razones por la cuales, carece de una motivación sustentada en parámetros de lógica y coherencia interna. Esta omisión constituye un vacío valorativo incompatible con el deber de motivación, puesto que, impide conocer cuáles fueron las razones que sustentaron su decisión y cómo se llegó a la conclusión adoptada.

De este modo, queda acreditado que la autoridad jerárquica demandada incurrió en una omisión de valoración de prueba con relevancia constitucional, al no considerar de manera adecuada los elementos presentados ni efectuar un análisis que responda a los criterios de razonabilidad, equidad, verdad material y sana crítica. Al no plasmar en la resolución la justificación lógica de su decisión, la omisión se traduce en la afectación directa al derecho al debido proceso en su componente de motivación suficiente, al derecho a la defensa y al acceso a una resolución fundada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 173/2023 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 94 a 103, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, al ser evidente la vulneración de los derechos alegados, únicamente en cuanto a Aly Rosario Venegas Miranda, entonces Fiscal Departamental de La Paz en Suplencia Legal, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; dejando sin efecto la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023 de 30 de junio, emitida por la prenombrada.

(corresponde a la SCP 1353/2025-S3, viene de la pág. 30) 2° Disponer que el actual Fiscal Departamental de La Paz, emita en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación con el presente fallo constitucional, nueva resolución jerárquica de acuerdo a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Denegar por falta de legitimación pasiva con relación a William Eduard

Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, al no ser la autoridad que emitió la Resolución FDLP/ARVM/D-331/2023; y, Nilda Gudelia Calle Condori Fiscal de Materia; conforme a los fundamentos contenidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1353_2025-S3.pdf · páginas 1 a 32.

Huella digital del PDF (SHA-256): dcde39d8798c9178e8f9af34ee88848dc0c82d2b34d9b80c0185e80c12d2c37c

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