Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de noviembre de 2025
Concede en parte la tutela
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y presunción de inocencia; alegando que, en su condición de Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ante la fiscalización constante al Ejecutivo, les instauraron juicios políticos ante la Comisión de Ética por la supuesta comisión de las faltas previstas en los arts. 6.3 y 5; y, 7.6 y 8 de la Ley Municipal 1170/2022 de 8 de junio; siendo injustamente sancionadas a través de la RM 9170/2023 de 11 de julio, a Escarlen Micaela Terrazas Olivera, con veinte días de suspensión sin goce de haberes, y a Lady Silvia Soliz Lobo, con una llamada de atención escrita. Interpuesto recurso de reconsideración, el Pleno del Concejo Municipal por RM 9179/2023 de 21 de julio, resolvió rechazar su recurso sin sustento alguno, incumpliendo los estándares mínimos del debido proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-097/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 528 a 531 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos de la aludida Sala Constitucional. 2° DENEGAR la tutela demandada, en relación a los derechos a la valoración de la prueba, presunción de inocencia y al plazo razonable para preparar medios de prueba.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1351/2025-S3 Sucre, 10 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 58522-2023-118-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-097/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 528 a 531 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Escarlen Micaela Terrazas Olivera y Lady Silvia Soliz Lobo contra Nadya Marcela Vidaurre Inturias, Jhonny Joel Flores Flores, Manfred Sergio Reyes Villa Avilés, Marilyn Carol Rivera Peralta, Diego Hugo Adolfo Murillo Téllez, Walter Reynaldo Flores Uriarte, Alexander García Torrico, Daniela Cabrera Guillén, Claudia Flores Cossío, Edgar Zurita Herbas y Eugenio Zarate Pardo, Concejales del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 11, 23 y 31 de agosto de 2023, cursantes de fs. 52 a 73 vta., 79 a 85 vta., y 91 a 93, las accionantes manifestaron que:
Fueron elegidas Concejalas por el municipio de Cochabamba por la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), y en razón al ejercicio de sus funciones de fiscalizadoras constantes al Ejecutivo, les instauraron juicios políticos ante la Comisión de Ética por la supuesta comisión de las faltas señaladas en los arts. 6.3 y 5 y 7.6 y 8 de la Ley Municipal de Organización de la Comisión de Ética del Concejo Municipal de Cochabamba y sus Procedimientos 1170/2022 de 8 de junio, de cuyo resultado en primera instancia se emitió la Resolución Municipal (RM) 9170/2023 de 11 de julio, mediante la cual les impusieron sanciones a Escarlen Micaela Terrazas Olivera, con veinte días de suspensión sin goce de haberes, por habérsele encontrado responsable en la comisión de los artículos objeto de denuncia, y a Lady Silvia Soliz Lobo, llamada de atención escrita, por haberla encontrado responsable en la comisión del art. 6.3 y 5 de la Ley 1170/2022. Resolución emitida en completa contravención a sus derechos subjetivos; en razón a que, los hechos no se adecuarían al tipo de falta disciplinaria grave, prevista en el art. 7.6 de la citada Ley 1170/2022, por cuanto los elementos constitutivos de la misma no concurrían; así mismo, no se consideró la condición de madre de un menor de edad que goza de protección reforzada en el caso de Escarlen Micaela Terrazas Olivera, imponiéndoles sanciones incumpliendo los estándares mínimos del debido proceso; razón por la que, el 14 de julio de 2023, de manera fundamentada con una redacción de treinta páginas impugnaron la citada Resolución mediante recurso de reconsideración. Impugnación que de acuerdo a procedimiento, fue elevada al Pleno del Concejo Municipal como instancia de revisión que no reconoce recurso ulterior; sin embargo, fue rechazado mediante Resolución Municipal 9179/2023 de 21 de julio, dejando incólume la sanción de primera instancia, omitiendo el informe técnico que desarrolle las razones por las que se rechazó su informe y reduciendo la decisión a un simple voto, sin que cada Concejal que compone el pleno exprese de manera fundamentada su postura con relación al recurso interpuesto y responda a cada uno de los agravios expuestos, para que se determine la procedencia o en su defecto el rechazo de su recurso de reconsideración.
Por lo que, consideran que, el proceso disciplinario al que fueron sometidas y con especial énfasis en la revisión del recurso de reconsideración, fue manejado con consignas políticas y no con criterios jurídicos con la finalidad de imponerles sanciones de manera forzada por ser de un partido político distinto al oficialista, emitiendo una resolución sin la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba.
Denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba, a la presunción de inocencia de imponerse sanción con base en dudas razonables y pruebas suficientes; y, a contar con un plazo razonable para preparar los medios de defensa, sin citar preceptos constitucionales que los contengan.
Solicitan se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la RM 9179/2023 de 21 de julio; y, b) Se ordene a los demandados emitan una nueva resolución conforme a los lineamientos jurídicos constitucionales que vayan a ser expuestos en la resolución a emitirse y la jurisprudencia constitucional.
Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 521 a 527, se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes, a través de su abogado ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo manifestaron que: 1) La Resolución que se está impugnando vulnera el derecho al debido proceso en su garantía de fundamentación, motivación y congruencia, entre otras; siendo así que, fueron sancionadas por supuestamente contravenir e incurrir en falta leve prevista en el art. 6.3 y 5, y falta grave prevista en el art. 6.6 y 8 de la Ley 1170/2022; estas faltas en lo principal y esencial de su contenido dispositivo sancionan; primero, la palabra sin pedir permiso; segundo, de que se haga uso de la palabra sin establecer una noción establecida en su Reglamento, esto como falta leve; y, como falta grave el no acatar las decisiones asumidas por el Pleno del Concejo Municipal y esta falta grave se transforma en gravísima por no acatar las resoluciones del Pleno del Consejo Municipal, causando afectación al normal desenvolvimiento del Pleno. La otra falta grave que, está tipificada en el art. 7.8 es agredir verbalmente o psicológicamente a los servidores públicos, subalternos del Concejo y del Pleno Ejecutivo Municipal, estas fueron las faltas que tramitadas en primera instancia se dictó la RM 9170/2023 de 11 de julio, contra Escarlen Micaela Terrazas Olivera, con veinte días de suspensión del ejercicio de sus funciones sin goce de haberes; y, a Lady Silvia Soliz Lobo, llamada de atención escrita; 2) Se interpuso recurso de apelación y a través de la RM 9179/2023 de 21 de julio, se decide rechazar el recurso de reconsideración o de impugnación, manteniendo firme la sanción impuesta bajo el argumento de que el 21 de julio de 2023, se ha deliberado y emitido la votación sin alcanzar los dos tercios de los miembros presentes para la procedencia del recurso; es decir, como no se alcanzó este se mantiene incólume y subsistente la sanción, y es esta parte la que se identifica como una acción ilegal e indebida en la que incurrieron las autoridades ahora demandadas al emitir una resolución con incongruencia externa y ausencia total del principio de fundamentación y motivación. Señalando al efecto la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1083/2014 de 10 de junio y 0208/2019-S2 de 10 de mayo; y, 3) Con base en la jurisprudencia señalada, el derecho a la fundamentación y motivación, no es otra cosa que dar razones jurídicas respaldadas en derecho a la Constitución y normas aplicables para que el justiciable pueda entender de qué forma se ha decidido rechazar, pues si no se va a fundamentar o argumentar en qué leyes o normas se va admitir o se va a rechazar, naturalmente queda establecida que fue una sanción política. Por lo que, consideran que debe emitirse una nueva resolución, observando todos los lineamientos jurídicos constitucionales expuestos.
Nadya Marcela Vidaurre Inturias, Manfred Sergio Reyes Villa Avilés, Marilyn Carol Rivera Peralta, Diego Hugo Murillo Tellez, Wálter Flores Uriarte y Jhonny Joel Flores Flores, Concejales todos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante sus abogados y apoderados, por memorial de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 509 a 519 vta., y en audiencia de garantías manifestaron: i) Se advierte en la presente acción de amparo constitucional aspectos incongruentes que recaen en la improcedencia de la misma ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que a través del decreto de 14 de agosto de 2023, se solicitó a la parte accionante se subsanen ciertos aspectos, y vía buzón judicial el 22 de ese mes y año; bajo la suma, subsana y cumple lo ordenado presentaron memorial en horario inhábil, formalizando su presentación en plataforma el 23 de igual mes y año, de forma extemporánea, fuera del plazo otorgado con declaraciones “despectivas”, fuera del marco del respeto y sin ética profesional. Además, que debieron aclarar si estaban cumpliendo o no la sanción que se les habría impuesto, incumpliendo de esta forma las exigencias señaladas por la Sala Constitucional; ii) Dentro de la problemática planteada se identificaron actos consentidos en la presente acción tutelar, bajo tres supuestos; el primer supuesto, la interposición de la acción de amparo constitucional posteriormente haberse consumado el acto supuestamente vulneratorio. En razón a que, la accionante Escarlen Micaela Terrazas Olivera, a sabiendas que se agotó la vía administrativa, además de ser notificada dentro del desarrollo de la audiencia donde se consideró la última actuación respecto al recurso de reconsideración que fue el 21 de julio de 2023, ya conocía la determinación del Pleno; iii) La parte accionante, a través de la formulación de cumplimiento o no de la subsidiaridad material, refiere que los argumentos del recurso de reconsideración son los mismos que se interponen en la presente acción de amparo constitucional, lo que significaría que fácilmente desde el 21 de julio 2023, pudo interponer la acción de amparo constitucional, para evitar la consumación del acto supuestamente vulneratorio. Sin embargo, las ahora accionantes, esperaron hasta el último día hábil, a sabiendas que el pronunciamiento de la Sala Constitucional iba a ser obviamente posterior a la consumación del acto, entonces de acuerdo a la jurisprudencia constitucional existe actos consentidos, ya que no es posible acudir posteriormente a la consumación de los actos para solicitar protección, sino en el momento adecuado y antes de su consumación; iv) Asimismo, se informa que dentro de los registros que cursan en la Sala Constitucional Primera, existe el caso del Concejal Jhonny Joel Flores Flores, quien planteó acción de amparo constitucional contra los Concejales Municipales de Cochabamba, por haber sido suspendido con una falta administrativa dentro de la Comisión de Ética; sin embargo, dicha Sala Constitucional emitió la Sentencia 51/2022 de 24 de junio denegando la tutela por actos consentidos, porque el accionante dejó transcurrir el tiempo de suspensión para recién acudir a la jurisdicción constitucional; y, v) La voluntad por parte de la Concejala Escarlen Micaela Terrazas Olivera -ahora accionante- para habilitar a su suplente y además acatar la sanción que se le impuso, a cuya conclusión de manera regular asistió a la sesión de 18 de agosto de 2023, denotaría un acto consentido dentro de esta situación. Por lo que, se estaría impugnando un acto con el que habría finalizado el proceso administrativo interno y dentro del que no se asumieron las acciones ni los medios de defensa previstos, pretendiendo por medio de esta acción constitucional que se valore la prueba. Claudia Flores Cossío, Concejala del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante su abogado en audiencia de garantías en lo sustancial señaló que: a) Hay un reclamo por vulneración de derechos y garantías constitucionales por la parte accionante, con relación a una Resolución que resuelve el recurso de reconsideración; en ese sentido, hace suya la intervención y palabras de los representantes de las otras autoridades demandadas, en materia administrativa es cierto y evidente que se plantean recursos administrativos que no van necesariamente a una autoridad superior en grado, estas la resuelve la misma autoridad, lo que sucede con el recurso de reconsideración; b) En el caso específico, es importante remitirse al Reglamento del Concejo Municipal, y vamos a ver que existe la vulneración que hoy reclaman las accionantes, de la que no es responsable ni tiene legitimidad pasiva, en el sentido de que cuando existe esta sanción las Concejalas que hoy son accionantes plantean este recurso y hacen observaciones hacen manifestaciones de agravios, estos agravios como muy bien lo han dicho los abogados del Concejo Municipal, no van a ser resueltos por una autoridad superior van a ser resueltos por los mismos Concejales. Por ello, desde un principio estuvo en desacuerdo con este acto abusivo por parte de los demás Concejales que impusieron una sanción totalmente abusiva, y c) En tal sentido no tenía por qué responder a los agravios del recurso de reconsideración, pues desde un principio demostró su desacuerdo con el atropello que se estaba cometiendo, contra las ahora accionantes, consecuentemente no ha vulnerado derecho y garantía constitucional alguno, debiendo denegarse la tutela por falta de legitimación pasiva en relación a su persona. Daniela Cabrera Guillén, Concejala del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en audiencia a través de su abogado; señalo que, en la RM 9170/2023, en la cual se determinó la sanción de las accionantes, su voto fue por el no, ante la falta de fundamentación argumentación y además señaló expresamente que se estarían vulnerando derechos políticos conforme al art. 28 de la Constitución Política del Estado (CPE), por ello, solicitó que se deniegue la tutela en relación a su persona.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AAC-097/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 528 a 531 vta., concedió en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto la RM 9179/2023 de fecha 21 de julio, disponiendo que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución municipal debidamente fundamentada, motivada y congruente respondiendo de manera concreta los agravios indicados en el memorial del recurso de reconsideración, explicando de manera fundamentada por qué asumen una determinada decisión; otorgándoles el plazo de tres días hábiles. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Corresponde un pronunciamiento previo con referencia al fundamento de la parte demandada, en relación a la causal de improcedencia por actos consentidos; es menester, a este respecto considerarse que la acción fue planteada faltando dos a tres días a cumplir la sanción impuesta, por consiguiente no resulta aplicable esta causal de improcedencia; 2) En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: “i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria, es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; iv) Permitir el control social de la resolución' en mérito al principio de publicidad y, v)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes”(sic); 3) De la lectura de la Resolución Municipal 9179/2023 de 21 de julio, se advierte que la misma no motiva ni fundamenta el porqué de su determinación, simple y llanamente indica: "se delibera y emite votación sin alcanzar los dos tercios de los miembros presentes para la procedencia del recurso, manteniéndose firme e incólume lo dispuesto por Resolución Municipal 9170/2023, ratificándose en los fundamentos expuestos en la misma" (sic); 4) No obstante que el abogado de los demandados también señaló que las autoridades se habrían ratificado en los fundamentos expuestos en la RM 9170/2023; sin embargo, la normativa es clara, cuando señala que debe generarse los dos tercios a efectos de emitirse o resolverse el recurso de reconsideración, Resolución hoy impugnada que no cumple con la debida fundamentación y motivación, tampoco cumple con la congruencia externa explicada en el memorial de recurso de reconsideración, conforme la línea jurisprudencial y siendo así se advierte que se vulneró en parte los derechos alegados como transgredidos por la parte accionante, en cuanto a la falta de fundamentación, motivación y congruencia en la RM 9179/2023; y, 5) Al haber ingresado a resolver el fondo del recurso, no es posible considerar como lesionados los demás derechos y garantías constitucionales, correspondiendo ante tales fundamentos deba concederse en parte la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por RM 9170/2023 de 11 de julio, el Pleno del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Articulo Primero, declaró probada la denuncia interpuesta por la Concejala Municipal Nadya Marcela Vidaurre Inturias contra sus similares Escarlen Micaela Terrazas Olivera y Lady Silvia Soliz Lobo, por la contravención a los arts. 6.3 y 5; y, 7.6 y 8 de la Ley Municipal 1170/2022 de 8 de junio, determinando en el Artículo Segundo responsabilidad administrativa de la Concejal Municipal Escarlen Terrazas Olivera, por contravención a dichas disposiciones imponiéndole la sanción de veinte días de suspensión de funciones sin goce de haberes. Asimismo, en el Artículo Tercero se determina responsabilidad administrativa de la Concejala Municipal Lady Silvia Soliz Lobo, por la contravención al art. 6.3 y 5 de la Ley Municipal 1170/2022 imponiéndole la sanción de llamada de atención escrita por el Presidente del Concejo Municipal (fs.15 a 33).
II.2. A través de memorial presentado el 14 de julio de 2023 ante el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Escarlen Micaela Terrazas Olivera y Lady Silvia Soliz Lobo hoy accionantes, formularon Recurso de reconsideración contra la RM 9170/2023, solicitando en grado de revisión se revoque la determinación impugnada, dictándose la absolución con relación a las faltas acusadas en su contra (fs.34 a 48 vta.).
II.3. A través de la Resolución Municipal 9179/2023, de 21 de julio, el Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en uso de sus facultades y atribuciones, resolvió rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por Escarlen Micaela Terrazas Olivera y Lady Silvia Soliz Lobo ahora impetrantes de tutela, manteniéndose firme e incólume los fundamentos y la determinación asumida en la Resolución Municipal 9170/2023 (fs.49 a 51).
II.4. Consta notificación mediante nota de 24 de julio de 2023, con testigo de actuación con la Resolución Municipal 9179/23 de rechazo de reconsideración, a las Concejalas ahora accionantes -sin firma de recepción- suscrita por Diego Hugo Adolfo Murillo Téllez y Marcela Vidaurre Inturias, Concejal-Secretario y Presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, respectivamente (fs.117 y 118).
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y presunción de inocencia; alegando que, en su condición de Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ante la fiscalización constante al Ejecutivo, les instauraron juicios políticos ante la Comisión de Ética por la supuesta comisión de las faltas previstas en los arts. 6.3 y 5; y, 7.6 y 8 de la Ley Municipal 1170/2022 de 8 de junio; siendo injustamente sancionadas a través de la RM 9170/2023 de 11 de julio, a Escarlen Micaela Terrazas Olivera, con veinte días de suspensión sin goce de haberes, y a Lady Silvia Soliz Lobo, con una llamada de atención escrita. Interpuesto recurso de reconsideración, el Pleno del Concejo Municipal por RM 9179/2023 de 21 de julio, resolvió rechazar su recurso sin sustento alguno, incumpliendo los estándares mínimos del debido proceso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0280/2025-S3 de 24 de abril, asumiendo la uniforme jurisprudencia constitucional sobre el tema concluyo: «Respecto de la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso, la SCP 0098/2025-S1 de 14 de marzo señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes;
y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv. a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv. b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018- S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional” (las negrillas corresponden al texto original).
En el caso, la problemática planteada emerge del proceso administrativo disciplinario instaurado contra las ahora accionantes Escarlen Micaela Terrazas Olivera y Lady Silvia Soliz Lobo, Concejalas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ante la Comisión de Ética que, a través de la RM 9170/2023 de 11 de julio, estableció la comisión de las faltas previstas en los arts. 6.3 y 5; y, 7.6 y 8 de la Ley Municipal 1170/2022 de 8 de junio, imponiéndoles a la primera de las nombradas la sanción de suspensión de veinte días sin goce de haberes y a la segunda una llamada de atención escrita. Resolución que, impugnaron mediante recurso de reconsideración, resuelto por RM 9179/2023 de 21 de julio, emitido por el Pleno del citado Concejo Municipal -ahora demandados-, rechazando el recurso que, en concepto de las impetrantes de tutela carece de una debida fundamentación, motivación y congruencia, al haberse omitido resolver los agravios expuestos en su recurso de reconsideración (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Antes de ingresar al examen de fondo del problema jurídico antes identificado, es pertinente considerar la causal de improcedencia de la presente acción de amparo constitucional, invocada por los demandados, quienes en su defensa alegaron la existencia de actos consentidos, en el antecedente de que las accionantes al cumplir con la sanción que se les impuso hubieran consentido los efectos de la Resolución sancionatoria que ahora cuestionan. A este efecto, la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, estableció las siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido: “…a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos” (las negrillas fueron añadidas). Asumiendo los presupuestos establecidos en el precedente jurisprudencial señalado; en el caso, los demandados no aportaron elemento probatorio alguno que permita establecer que las accionantes cumplieron con las vulnerando sus derechos constitucionales; consecuentemente, no puede sanciones impuestas; por el contrario, se advierte que una vez notificadas con la RM 9179/2023, el 24 de julio de 2023 (Conclusión II.4), el 11 de agosto de igual año, activaron la jurisdicción constitucional mediante la presente acción de amparo constitucional, precisamente cuestionando los efectos de la citada Resolución Municipal, denunciando que fue emitida declararse la improcedencia por actos consentidos prevista en el art. 53.2 del CPCo. Ahora bien, superada la causa de improcedencia denunciada por los demandados; corresponde, efectuar el análisis sobre el objeto procesal de la presente acción tutelar. En este contexto, del memorial de 14 de julio del 2023 (Conclusión II. 2) -recurso de reconsideración- se evidencia que las accionantes a tiempo de impugnar la RM 9170/2023, postularon en lo sustancial los siguientes agravios: i) Incorrecta tipificación de los hechos al derecho a la falta tipificada en el art. 7.6 de la Ley 1170/2022, e infracción al principio pro persona; ii) Incumplimiento a los estándares de fundamentación y motivación; iii) Fundamentación arbitraria con relación a la valoración razonable de la prueba; iv) Imposición de sanción en contraposición al derecho de presunción de inocencia; y, v) Imposición de sanción en contravención a las medidas de protección reforzadas que se deben respetar por ser madre de dos menores de edad; agravios desarrollados de manera extensa en el mencionado memorial. Precisados los agravios expuestos por las accionantes, concierne verificar si la RM 9179/2023, dio respuesta a cada uno de ellos; en tal sentido, remitiéndonos a su contenido; se tiene que, en el Primer Considerando, exponen los antecedentes del proceso disciplinario y el Pleno del Concejo Municipal, ante el tratamiento del Informe Final COM. ÉTICA 01/2023, delibera y emite su votación alcanzando los dos tercios de los miembros presentes para declarar probada la denuncia contra las ahora accionantes pronunciando para tal efecto, la Resolución M 9170/2023. En el Segundo Considerando, invocan el art. 55.I. y II. de la Ley Municipal 1170/2022 referida al recurso de reconsideración que dispone: “I. La Resolución Municipal que declare la determinación asumida por el Pleno del Concejo Municipal, podrá ser impugnada mediante un Recurso de Reconsideración dentro del plazo de 3 días de notificada con la Resolución; y, II. El Recurso de Reconsideración deberá ser resuelto en la siguiente Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo Municipal, por dos tercios de votos de los Concejales Municipales presentes habilitados para votar, tomando en cuenta los parágrafos II y III del art. 54 de la presente Ley"; y, en su Tercer Considerando, de manera textual señalaron: “Que en la siguiente sesión ordinaria del pleno a partir de la interposición del recurso de referencia se puso en consideración del pleno del concejo Municipal el recurso de reconsideración y habiéndose dado lectura en extenso el memorial del recurso, así como otorgar una copia del mismo a cada Concejal Municipal en fecha 21 de julio de 2023, se delibera y emite votación sin alcanzar los dos tercios de los miembros presentes para la procedencia del recurso, manteniéndose firme e incólume lo dispuesto por Resolución Municipal 9170/2023, ratificándose en los fundamentos expuestos en la misma”(sic). Disponiéndose así, el rechazo del recurso de reconsideración. De los argumentos antes descritos, se establece claramente que las autoridades municipales ahora demandadas al emitir la RM 9179/2023, no dieron respuesta fundamentada ni motivada a los agravios expuestos por las accionantes; constituyendo en consecuencia una resolución que vulnera el derecho al debido proceso, ya que toda autoridad que emite un fallo en este caso resolviendo un recurso de reconsideración tiene la obligación de responder uno a uno los agravios expuestos por la parte recurrente de forma fundamentada, motivada y congruente, conforme a los requisitos desarrollados por la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que respecto al razonamiento sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso, refiere que los requisitos que debe contener toda resolución administrativa en segunda instancia, debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso, lo que no aconteció en el caso; correspondiendo conceder la tutela sobre este tópico. Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración de los derechos a la valoración de la prueba, a la presunción de inocencia y al plazo razonable para preparar medios de prueba; en mérito, a los alcances de la tutela otorgada, la observancia o no de tales derechos está a las resultas de la nueva resolución a emitirse por los ahora demandados; por consiguiente, corresponde denegar esta pretensión, con la aclaración que no se ingresó al fondo de su análisis. En consecuencia, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al haber concedido en parte la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-097/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 528 a 531 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos de la aludida Sala Constitucional. 2° DENEGAR la tutela demandada, en relación a los derechos a la valoración de la prueba, presunción de inocencia y al plazo razonable para preparar medios de prueba. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1351_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): d56a9fd9b818986be0d4229568808818f18cd12f410d324fffb604526a88b3f3
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →