B.IA.LEGAL

SCP 1349/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de noviembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de noviembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
58484-2023-117-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la vivienda, a la defensa, al debido proceso y a la petición, así como a los principios de seguridad jurídica, legalidad, probidad, buena fe, justicia transparente y publicidad, por cuanto Leandro Quispe Laura, codemandado, el 30 de octubre de 2022, si bien ingresó, con su permiso previo, a uno de los ambientes de su vivienda, lo hizo con una turba de treinta personas, aduciendo ser propietario del inmueble que habitan en calidad de dueños, y el 27 de febrero de 2023, reiteró dichos actos acompañado de siete personas, quedándose en dicha habitación; asimismo, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de 10 de julio del señalado año, que dispuso la entrega del bien al actor, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 480/2023;

y, por su parte, la Secretaria de dicho Juzgado no les entregó las fotocopias requeridas del referido expediente, instruyó a sus subalternos a negarles información del citado proceso y les efectuó cobros indebidos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 161/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 591 a 595, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de subsidiariedad es exigible en los casos en los que se hallan activadas vías paralelas, aun cuando estén involucrados derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1349/2025-S3 Sucre, 10 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 58484-2023-117-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 161/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 591 a 595, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gregoria Laura Quispe y Clemente Roma Alanoca Márquez contra Rubén Valda Gómez y Jacqueline Molina Vicente, Juez y Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, respectivamente; y, Leandro Quispe Laura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de julio y 11 de agosto de 2023, cursantes de fs. 411 a 422, y 425 a 431 vta., los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de marzo de 2016, Lucas Laura Quispe, les vendió el inmueble ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz 1125 esquina Chiriguano de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, el cual ya lo habitaban junto a dicho vendedor por un tiempo de veinte años y en ese lapso hicieron construir cinco ambientes, habiendo criado a sus cinco hijos y a su nieto. Luego de haber fallecido el citado vendedor, el 30 de octubre de 2022, le prestaron a un sobrino suyo, Leandro Quispe Laura, uno de dichos ambientes, quien pretendía celebrar el día de los difuntos en honor a su tío; de esa forma, dicha persona ingresó al inmueble de forma abrupta acompañado de una turba de treinta personas, como se puede demostrar en el video adjuntado a esta demanda, señalando el indicado sobrino que era propietario del referido inmueble. Si bien se retiró a los pocos días, volvió el 27 de febrero de 2023, acompañado de siete personas, circunstancia en la que los obligaron a suscribir un documento de devolución de dineros emergentes de la señalada venta y las construcciones realizadas. En ese orden, desde esa fecha, se encuentra en la referida habitación. Luego, tomaron conocimiento de un proceso monitorio de entrega de herencia, seguido en su contra por el mencionado Leandro Quispe Laura ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, con el que se les habría notificado el 4 de mayo de 2023; sin embargo, dicho actuado resulta ilegal, pues no advirtieron ningún cedulón en la puerta de su domicilio esa fecha, debido a que probablemente el mencionado sobrino habría hecho desaparecer esa diligencia, de esa manera se vulneró su derecho a la defensa; si bien ya se emitió una Sentencia inicial en su contra, declarando probada la mencionada demanda, desconocen la misma; además, el mencionado Juzgado no les otorgó las fotocopias que solicitaron del correspondiente expediente. En ese marco, los funcionarios del citado Juzgado les indicaron que se emitirá un mandamiento de desapoderamiento, con el cual el demandado pretende desalojarlos sin considerar que son veinte años que viven en dicho bien. Tomando en cuenta que el demandado aparenta tener registrado a su nombre el inmueble objeto de litis y dada la irregularidad de la notificación con la Sentencia inicial, plantearon incidente de nulidad de notificación, que fue declarado improbado por el Auto Interlocutorio 480/2023 de 26 de junio, notificado el 7 de julio de 2023; no obstante, antes de poder impugnarlo, el 10 de dicho mes y año, se les conminó a la entrega de dicho bien, con lo cual se les estaría vulnerando su derecho a la vivienda y a la propiedad. Sobre la base de lo referido, denuncian las medidas de hecho de avasallamiento del mencionado sobrino, siendo también afectados los familiares que viven con ellos, consistentes en Miriam Silvia Alanoca, Rosy Viviana Alanoca Laura y Juan Salvatierra Huayra. Con respecto a la Secretaria demandada, la misma se negó a brindarles información sobre el proceso judicial tramitado en su contra; asimismo, instruyó a los funcionarios subalternos a negarles dicha información y les obstaculiza acceder a sacar fotocopias del correspondiente expediente solicitándoles cobros indebidos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la vivienda, a la defensa, al debido proceso y a la petición, así como a los principios de seguridad jurídica, legalidad, probidad, buena fe, justicia transparente y publicidad, citando al efecto los arts. 24, 56.I, 115, 119.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 y 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron que se conceda la tutela y se disponga que: a) Leandro Quispe Laura desocupe su bien inmueble ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz 1125 de El Alto del departamento de La Paz; b) Se le devuelva dicho bien a través de un mandamiento de desapoderamiento; c) Leandro Quispe Laura se abstenga de ejecutar nuevas medidas de hecho; d) Se deje sin efecto la notificación del 4 de mayo de 2023 con la demanda de cobro de herencia ante el juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz y que sea notificado nuevamente con la demanda con Número de Registro Judicial (NUREJ) 204067122, con costas, daños y perjuicios; y, e) Se aparte a la Secretaria demandada del conocimiento de dicha causa civil y se designe una nueva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 584 a 590 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes reiteraron los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestaron que: 1) El Juez Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz ahora demandado, emitió el Auto Interlocutorio de “23” de junio de 2023, que resolvió su incidente de nulidad de notificación, con una fecha anterior a su memorial de 30 de igual mes y año, contraviniendo los arts. 115.II y 180.I de la CPE; 2) La determinación judicial de entrega del inmueble afecta a sus cinco hijos y a su nieto que es menor de edad; 3) El Auto Interlocutorio 480/2023 no cumple con la debida fundamentación, motivación ni congruencia; 4) El codemandado Leandro Quispe Laura, quien señaló que era sobrino de la persona que les vendió el inmueble en litigio, ostenta la calidad de heredero de este; sin embargo, el Juez demandado no observó algunas formalidades que debía cumplir para constituirse como tal; 5) Los terceros intervinientes son los hijos de los accionantes; y, 6) El derecho de petición fue vulnerado por la Secretaria ante su pedido de fotocopias de su expediente; lo que ameritó que acudan al Juzgado Disciplinario del Consejo de la Magistratura en su contra, porque además efectuó cobros irregulares de dinero. A las consultas de la Sala, respondió que: i) El recurso de reposición planteado contra el Auto Interlocutorio 480/2023 fue concedido en el carácter devolutivo; sin embargo, debió ser en el efecto suspensivo, pues se está contraviniendo el debido proceso y la defensa; ii) El dar viabilidad a que los impetrantes de tutela salgan del inmueble que habitan, sin que sea resuelto el recurso de apelación señalado, quiebra el debido proceso; iii) En cuanto a la Secretaria demandada, no es cierto que les proporcionó las fotocopias solicitadas a los solicitantes de tutela, siendo falso que existen constancias firmadas que demuestren dicha entrega; al respecto, se hizo el correspondiente reclamo ante el Juez demandado, quien remitió al correspondiente Juzgado Disciplinario Primero, sobre la base de una grabación que tienen contra dicha Secretaria sobre cobros indebidos; y, iv) Existe un documento rubricado y con las huellas digitales del anterior propietario, que se puso en conocimiento del Juez de la causa, por lo que está acreditado el derecho propietario de los accionantes.

I.2.2. Informe de los demandados

Rubén Valda Gómez, Juez Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 544 a 547 vta., solicitó que se deniegue la tutela sobre la base de los siguientes argumentos: a) Con la demanda civil instaurada por el ahora codemandado y la Sentencia inicial fueron notificados los hoy accionantes el 4 de mayo de 2023, mediante cédula fijada en el inmueble de la Av. Mariscal Andrés Santa Cruz 1125 de El Alto, pues se intentó la notificación personal sin resultado; ahora bien, la forma legal de oponerse a dicha Sentencia inicial era oponiendo excepciones; sin embargo, los ahora accionantes no lo hicieron, lo que llevó a la ejecutoria del mencionado fallo. Posteriormente, plantearon incidente de nulidad de citación con la demanda y sentencia inicial, incoado el 4 de mayo de dicho año, sin haber propuesto ningún medio de prueba, por lo que fue declarado improbado mediante Auto interlocutorio 480/2023; impugnado que fue el mismo mediante recurso de reposición con alternativa de apelación, por parte de los hoy accionantes y declarado no haber lugar al mencionado recurso, se concedió la alzada en el efecto devolutivo, la cual pasó a conocimiento de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; al respecto, se evidencia que no se agotaron los medios de impugnación contra dicho Auto Interlocutorio, por lo que incumplieron el principio de subsidiariedad; b) No existe ninguna orden de desapoderamiento, sino que se emitió el Auto cursante a fs. “69” que dispuso la entrega del bien en litigio por parte de los ahora accionantes, en un plazo de diez días; sin embargo, contra esa determinación, los afectados no plantearon impugnación alguna, causando estado dicha decisión judicial; por consiguiente, igualmente ingresaron en una causal de improcedencia; y, c) Los incidentes son cuestiones accesorias al objeto principal del proceso, como claramente lo regula el art. 338 del Código Procesal Civil (CPC); en este caso, como la Sentencia inicial se hallaba ya ejecutoriada por consentimiento tácito de los ahora accionantes, su ejecución traducida en la entrega del bien hereditario, cuya ejecutoria también fue consentida, no puede suspenderse, por ningún recurso, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el proceso de ejecución como son los incidentes, los que serán rechazados de forma inmediata, como lo prevé el art. 400.I del CPC.

Jacqueline Molina Vicente, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia solicitó que se deniegue la tutela, con base en los siguientes argumentos: 1) La accionante denunció que no le hubiese entregado las solicitadas fotocopias del expediente, lo cual no es evidente, como se advierte de la constancia suscrita por ella al respecto a simple requerimiento verbal; asimismo, del libro de seguimiento del litigante se evidencia que los abogados de la parte accionante han tenido acceso al expediente; y, 2) Tampoco es cierto que les manifestó que pronto iban a tener que desalojar el inmueble en litigio; denuncia que no fue demostrada por los solicitantes de tutela. Leandro Quispe Laura, en audiencia solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) Es falso todo lo sostenido por los accionantes, quienes si bien arguyeron que compraron de su tío fallecido el bien que habitan, no le mostraron el documento de venta, sino recientemente, empero no cuenta con firma de abogado ni la del anterior dueño y tampoco conocían el número de folio real de dicho bien; por el contrario, el demandado cuenta con toda la documental que demuestra que es propietario del indicado inmueble; ii) Se realizó un acuerdo conciliatorio con los accionantes, dándoles un tiempo prudente para desalojar el inmueble, siendo el demandado dueño del mismo; y, iii) Las construcciones que se hicieron, que alegan los accionantes que les pertenecen, fueron realizadas por su tío fallecido. 1.2.3. Intervención de los terceros interesados Miriam Silvia Alanoca Laura, Juan Salvatierra Huayra y Rosy Viviana Alanoca Laura, en audiencia (de fs. 587 vta. a 588) señalaron que la declaratoria de herederos del demandado es ilegal; por otro lado, en el inmueble objeto de litis no solo viven los terceros interesados, sino también un menor de edad, quien es “su hijo”, por ende, se vulneró su derecho a la vivienda. 1.2.4. Resolución La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 161/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 591 a 595, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Con respecto al Juez demandado, se evidencia que se incumplió con el principio de subsidiariedad, pues existe un mecanismo de impugnación aún pendiente de resolución contra el Auto Interlocutorio 480/2023; si el accionante tiene algún cuestionamiento sobre la forma en que se concedió la apelación contra dicho Auto, tenía el mecanismo legal previsto a fin de corregir ese aspecto; b) Contra el Auto Interlocutorio de 10 de julio de 2023, que dispuso que los hoy accionantes desocupen el bien en litigio y lo entreguen al -ahora-tercero interesado, no se evidencia que se haya planteado recurso alguno, como el de reposición, por lo que tampoco es posible revisar si vulneró derechos o no dicho Auto, ya que se incumplió nuevamente con el principio de subsidiariedad; c) Si los accionantes consideran que la Secretaria demandada incurrió en alguna falta disciplinaria, tienen la posibilidad de activar el correspondiente mecanismo para ello; d) Con relación al codemandado Leandro Quispe Laura y que hubiese aceptado la herencia en una jurisdicción que no correspondía, se trata de una situación que debe ser puesta a conocimiento de la correspondiente autoridad jurisdiccional; y, e) Con respecto a los terceros intervinientes, ellos cuentan con la oposición al mandamiento de desapoderamiento, si quieren hacer valer el hecho de que viven en el inmueble en litigio desde hace veinte años, son situaciones que deben plantearlas ante la correspondiente autoridad jurisdiccional. Asimismo, plantearon solicitud de complementación y enmienda señalando que debe resolverse respecto de las consecuencias de que en segunda instancia se declare probado el incidente de nulidad, mientras la autoridad demandada continúa con la orden de desapoderamiento y con relación a los terceros intervinientes, no solo deben ser notificados estos, sino la Defensoría del Adulto Mayor, así como de la Niñez y Adolescencia. Ante ello, la Sala Constitucional resolvió que: Al respecto, los accionantes deben acudir a los mecanismos legales previstos al efecto; por lo que, no corresponde aclarar o complementar la decisión asumida. Con referencia a la falta de notificación a las terceras intervinientes y diferentes instituciones, no es un aspecto que formó parte de la presente demanda, por lo que no ha lugar a su solicitud; sin embargo, es un aspecto que dichas terceras pueden reclamar, a través de los mecanismos legales previstos al efecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se verifica la fotocopia del registro de inscripción del bien inmueble de 265 m, lote 15, manzana 27, unidad 1, en la Av. Mariscal Santa Cruz de El Alto del departamento de La Paz, bajo matrícula computarizada 2.01.4.01.0008079 a nombre de Lucas Laura Quispe, de 16 de enero de año ilegible con C.I. 2221725 LP, como lo señala su carnet de identidad (fs. 367 a 368). Asimismo, se tiene Formulario de Información Rápida de Derechos Reales (DD.RR.) emitido el 7 de noviembre de 2022, que indica que dicho lote está a nombre de Leandro Quispe Laura (fs. 382). II.2. Cursa Sentencia 307/2023 de 26 de abril, emitida dentro de proceso civil monitorio de entrega de herencia, seguido por Leandro Quispe Laura contra Clemente Román Alanoca Márquez y Gregoria Laura de Alanoca ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante la cual se declaró probada la demanda y se dispuso que sean citados y notificados los demandados para que en el plazo de diez días de ejecutoriada dicha Sentencia, entreguen la posesión del bien inmueble ubicado en el lote 15, manzana 27, Unidad 1 de la Urbanización el Ingenio Distrito 2 con una superficie de 265 m2, registrado en DD.RR. con folio real 201401008079, que colinda con la Av. Mariscal Santa Cruz 1125, bajo conminatoria de emitirse mandamiento de desapoderamiento (fs. 533 a 534). II.3. Consta memorial de Gregoria Laura Quispe y Clemente Roma Alanoca Márquez -accionantes- presentado el 14 de junio de 2023, ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por el que interpusieron incidente de nulidad de notificación dentro de proceso civil con NUREJ 204067122 de entrega de herencia, seguido en su contra por Leandro Quispe Laura, quien procedió a responder a dicho incidente, mediante memorial presentado a dicho Juzgado el 20 de junio de 2023. Dicho incidente fue resuelto, a través de Auto Interlocutorio 480/2023 de 26 de junio, que lo declaró improbado (fs. 397 a 408 vta.). II.4. Cursa Auto Interlocutorio de 10 de julio de 2023, por el cual el Juez de la referida causa civil dispuso -en ejecución de fallo- que Clemente “ROMAN” Alanoca y Gregoria Laura Quispe entreguen la posesión del bien en litigio al causahabiente Leandro Quispe Laura en un plazo de diez días, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento (fs. 542 vta.). II.5. Se verifica que los ahora accionantes, el 12 de julio de 2023, plantearon recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 480/2023, mediante memorial presentado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que fue resuelto a través del Auto Interlocutorio de 26 de dicho mes y año, declarando no ha lugar al recurso de reposición y concediendo la apelación en el efecto devolutivo (fs. 477 a 484 vta. y 492).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la vivienda, a la defensa, al debido proceso y a la petición, así como a los principios de seguridad jurídica, legalidad, probidad, buena fe, justicia transparente y publicidad, por cuanto Leandro Quispe Laura, codemandado, el 30 de octubre de 2022, si bien ingresó, con su permiso previo, a uno de los ambientes de su vivienda, lo hizo con una turba de treinta personas, aduciendo ser propietario del inmueble que habitan en calidad de dueños, y el 27 de febrero de 2023, reiteró dichos actos acompañado de siete personas, quedándose en dicha habitación; asimismo, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de 10 de julio del señalado año, que dispuso la entrega del bien al actor, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 480/2023;

y, por su parte, la Secretaria de dicho Juzgado no les entregó las fotocopias requeridas del referido expediente, instruyó a sus subalternos a negarles información del citado proceso y les efectuó cobros indebidos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de subsidiariedad es exigible en los casos en los que se hallan activadas vías paralelas, aun cuando estén involucrados derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables

Al respecto, la SCP 1204/2023-S1 de 31 de octubre de 2023 señaló: “En ese mismo sentido también resolvió el AC 0372/2019-RCA de 4 de diciembre, en el cual se explicó que a pesar de no ser exigible el cumplimiento del principio de subsidiariedad, sino la excepción a ella, al tratarse el accionante de una persona de la tercera edad, empero por advertirse la existencia de vías paralelas abiertas, correspondía evitar la posibilidad de que se emitan resoluciones emergentes tanto de la jurisdicción ordinaria cuanto de la constitucional, que se contradigan entre sí, situación procesal que resolvió la improcedencia de la acción de amparo resuelta por dicho AC 0372/2019-RCA; cabe aclarar que si bien dicho Auto Constitucional resolvió una acción de amparo, su razonamiento es aplicable a eta acción de libertad, aun cuando ambas difieren en cuanto a las condiciones de procedencia; empero, tienen en común que en ambas se prescinde del principio de subsidiariedad ante grupos vulnerables, lo que hace aplicable dicho Auto Constitucional en esta Resolución, cuando se presentan vías paralelas abiertas”. Dicho entendimiento fue asumido por la SCP 0053/2024-S1 de 16 de abril, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la vivienda, a la defensa, al debido proceso y a la petición, así como a los principios de seguridad jurídica, legalidad, probidad, buena fe, justicia transparente y publicidad, por cuanto Leandro Quispe Laura, codemandado, el 30 de octubre de 2022, si bien ingresó, con su permiso previo, a uno de los ambientes de su vivienda, lo hizo con una turba de treinta personas, aduciendo ser propietario del inmueble que habitan en calidad de dueños, y el 27 de febrero de 2023, reiteró dichos actos acompañado de siete personas, quedándose en dicha habitación; asimismo, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de 10 de julio del señalado año, que dispuso la entrega del bien al actor, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 480/2023; y, por su parte, la Secretaria de dicho Juzgado no les entregó las fotocopias requeridas del referido expediente, instruyó a sus subalternos a negarles información del citado proceso y les efectuó cobros indebidos.

Ahora bien, de los antecedentes del presente caso, a través de la matrícula computarizada 2.01.4.01.0008079 de 16 de enero -se desconoce el año- se evidencia que existe un bien inmueble de 265 m, con número de lote 15, manzana 27 y unidad 1 en la Av. Mariscal Santa Cruz, en El Alto del departamento de La Paz, a nombre de Lucas Quispe Laura; asimismo, se verifica el Formulario de Información Rápida de DD.RR. emitido el 7 de noviembre de 2022, que indica que dicho lote está a nombre de Leandro Quispe Laura -hoy demandado- (Conclusión II.1). Por otro lado, se conoce que sobre el mencionado bien, se emitió Sentencia 307/2023 de 26 de abril que declaró probada la demanda de entrega de herencia, seguida por el indicado demandado contra los accionantes, debiendo estos entregar la posesión del señalado bien ubicado en la citada Av. Mariscal Santa Cruz 1125 en el plazo de diez días de ejecutoriada la Sentencia emitida (Conclusión II.2); ante ello, los impetrantes de tutela plantearon un incidente de nulidad de notificación con dicha Sentencia y la demanda que dio lugar a la misma, que fue declarado improbado, a través del Auto Interlocutorio 480/2023 de 26 de junio (Conclusión II.3), contra el cual los hoy solicitantes de tutela plantearon recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue resuelto a través del Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2023, declarando no ha lugar al mencionado recurso y concediendo la apelación en el efecto devolutivo (Conclusión II.5). En ese marco, los impetrantes de tutela ahora denuncian la vulneración de sus derechos, aduciendo que el inmueble ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz 1125 de El Alto del departamento de La paz, lo compraron de su anterior propietario, ahora fallecido, Lucas Laura Quispe y que viven allí desde hace veinte años, habiendo sufrido medidas de hecho del codemandado Leandro Quispe Laura, quien hubiese ingresado -inicialmente con permiso de dichos accionantes para ocupar una habitación- con una turba de personas en dos oportunidades, el 30 de octubre de 2022 y luego el 27 de febrero de 2023 y que se rehúsa a devolver dicha habitación; sin embargo, también se evidencia la existencia de un proceso judicial de entrega de herencia seguida por el citado codemandado contra los impetrantes de tutela, ante el Juez ahora demandado con respecto al cual se emitió la Sentencia Inicial 307/2023 (Conclusión II.2), que declaró probada dicha demanda, disponiendo la entrega del referido inmueble al señalado actor, es decir, que el bien cuya posesión ahora pretenden mantener los accionantes es el que está en litigio en el mencionado proceso civil, sumándose a ello que existe un incidente de nulidad de notificación con la referida demanda y Sentencia inicial que al momento del planteamiento de esta acción de amparo estaba pendiente de resolución, pues el Auto Interlocutorio 480/2023, que lo declaró improbado fue recurrido de reposición con alternativa de apelación y de acuerdo al informe del Juez demandado, ya se pasó la respectiva apelación a conocimiento del Tribunal ad quem, consistente en la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; consiguientemente, la presente acción de amparo -de acuerdo a los antecedentes adjuntados a la misma- se planteó antes de cerrarse esa etapa de impugnación, es decir, que se ingresó en una causal de improcedencia por la existencia de vías paralelas abiertas. Ahora bien, en aplicación de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la interposición de esta demanda no puede ser resuelta en el fondo, pues -advertidas las referidas vías paralelas- de hacerlo existe la posibilidad de emitir una resolución que vaya en contra de lo resuelto en la jurisdicción ordinaria y, por tanto, se propiciaría la coexistencia de resoluciones paralelas opuestas, generando inseguridad jurídica en los justiciables; asimismo, cabe añadir, que de emitir una decisión en esta jurisdicción, además se llegaría a suplir la actividad jurisdiccional que debe ejercer la vía judicial ordinaria. Al respecto, la señalada jurisprudencia constitucional aclaró que la improcedencia de una acción de amparo constitucional por la existencia de vías paralelas es aplicable aun cuando se hallen derechos de grupos vulnerables posiblemente afectados, como en este caso, en el que -según lo señalaron los accionantes- existe un menor de edad viviendo en el inmueble objeto de este caso; consecuentemente, corresponde denegar la tutela. Con relación a la denuncia en contra de la Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en cuanto a que no les hubiera proporcionado fotocopias a los accionantes, que hubiese dado la instrucción a sus subalternos de que les nieguen cualquier información del indicado proceso civil y que les hubiere efectuado cobros indebidos, se conoce que existe una denuncia ante el Juez demandado, quien la remitió al Juzgado de la materia, como lo indicaron los accionantes en audiencia de garantías, ante las preguntas de la Sala Constitucional; consiguientemente, dicha jurisdicción disciplinaria ya tiene conocimiento de los citados hechos y allí se deben resolver, no pudiendo estar -nuevamente- activadas vías paralelas al respecto; en ese orden, corresponde denegar la tutela en relación a la mencionada funcionaria pública demandada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 161/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 591 a 595, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1349_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): c43f6fdced5eee1c6edb8d46a82bc1c641b69d0ba3f52a2fd76c245679ae3f73

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →