Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al interés superior del niño, a la educación y desarrollo integral, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a los principios de seguridad jurídica, a la legalidad y supremacía de la Constitución; argumentando que: i) La Jueza Publica de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz; a pesar de haber solicitado por memorial de 10 de septiembre de 2025 el cumplimiento de la Sentencia 46/2017 y la restitución inmediata de su hijo adolescente a su guarda legal, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar solo se limitó a emitir una providencia disponiendo la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para su pronunciamiento; ii) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa; a pesar de su legal notificación el 19 de septiembre de 2025; con la solicitud de restitución, hasta la presentación de la presente acción tutelar no emitió pronunciamiento, omitiendo sus funciones de velar y proteger los derechos constitucionales de su hijo adolescente, prolongando innecesariamente la retención arbitraria de su hijo; y, iii) Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, progenitora de su hijo adolescente no se pronunció sobre la indicada solicitud de restitución; a pesar de su notificación efectuada el 24 de igual mes y año. Conforme a los argumentos señalados, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La inmediata restitución del adolescente a su guarda legal, en cumplimiento de la Sentencia 46…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74/2025 de 1 de octubre, cursante de fs. 118 a 124, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1348/2025-S3 Sucre, 5 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 77693-2025-156-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 74/2025 de 1 de octubre, cursante de fs. 118 a 124, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roy Leonardo Villarrubia Claros en representación sin mandato de su hijo adolescente AA contra Ninfa Sillerico López, Jueza Público de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital y Gladis Rotales Condori, Coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa, ambas del departamento de La Paz; y, Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, progenitora del adolescente.
Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2025, cursante a fs. 1 y 14 a 16 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Desde el 2014, su hijo adolescente vivió bajo su cuidado directo, razón por la cual, el 2016 demandó la guarda y tenencia, trámite que concluyó con la Sentencia 46/2017 de 8 de febrero, emitida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, otorgándole la tenencia legal. A lo largo de los años, la progenitora Cynthia Krissthel Álvarez Violeta -ahora coaccionada- demostró desinterés y ausencia respecto de su hijo, pese a sus intentos para fortalecer los lazos materno-filiales. El 4 de septiembre de 2025, debido a un incidente familiar a raíz de una llamada de atención verbal a su hijo por incumplir sus obligaciones educativas en la materia de matemáticas; este tomó la decisión de salir de su domicilio en horas de la madrugada, siendo recogido por su abuela y tíos paternos, quienes posteriormente a través de una acción unilateral; decidieron entregar al adolescente a su progenitora sin su autorización, quebrantando flagrantemente lo dispuesto en la Sentencia 46/2017. Desde la referida fecha, su hijo permanece retenido por su madre en su domicilio, vulnerando su derecho a la educación, desarrollo y estabilidad emocional; toda vez que, dejó de asistir a su Unidad Educativa, habiendo ya transcurrido diecisiete días. El 10 de septiembre de 2025, presentó memorial ante la Juez de la causa solicitando la restitución inmediata de su hijo a su guarda legal; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, la autoridad judicial solo se limitó a emitir una providencia disponiendo la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para su pronunciamiento. Por su parte, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa; del departamento de La Paz, a pesar de su legal notificación el 19 de septiembre de 2025, hasta la presentación de la presente acción tutelar no emitió pronunciamiento, omitiendo sus funciones de velar y proteger los derechos constitucionales de su hijo adolescente, esta falta de pronunciamiento generó una situación de indefensión, prolongando innecesariamente la retención arbitraria de su hijo. La progenitora, de igual manera no se pronunció sobre la indicada solicitud de restitución, a pesar de su notificación efectuada el 24 de igual mes y año.
El accionante, a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al interés superior del niño, a la educación y desarrollo integral, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a los principios de seguridad jurídica, a la legalidad y supremacía de la Constitución; citando al efecto, los arts. 23, 58, 59, 60, 77, 109, 115, 120 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se disponga: a) La inmediata restitución del adolescente a su guarda legal, en cumplimiento de la Sentencia 46/2017; b) Que, a la progenitora del adolescente se abstenga de futuros actos de retención unilateral, bajo advertencia de responsabilidades penales; c) Que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia garantice la tutela a otorgarse y la reincorporación de su hijo adolescente a su hogar y a su colegio; y, d) Se conmine a la Jueza de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz; a emitir las determinaciones necesarias para, la ejecución efectiva de la Sentencia 46/2017 en el marco del interés superior del niño.
Celebrada la audiencia virtual el 1 de octubre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 112 a 117, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó los términos de su acción tutelar. Respondiendo a las preguntas de la Jueza de garantías señaló que: 1) Su hijo adolescente perdió el segundo trimestre del año escolar; 2) Tanto la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz; como, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del mencionado departamento; no ordenaron que, el adolescente se quede en custodia de su madre; y, 3) La progenitora del adolescente no fue a buscarlo a la casa donde vivía con su padre.
Ninfa Sillerico López, Jueza Publica de la Niñez y Adolescencia de la Capital del departamento de La Paz; mediante informe escrito presentado el 1 de octubre de 2025, cursante de fs. 41 a 42, y en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) Una vez que, el ahora representante de esta acción tutelar hizo conocer a su autoridad; que su hijo adolescente fue entregado a su progenitora, en horas de la mañana por parte de su madre y familiares, emitió una providencia, disponiendo se ponga a conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del departamento de La Paz, a objeto de su pronunciamiento con relación al hecho suscitado y sea en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación y efectué el seguimiento sobre la entrega del adolescente por parte de su abuela y familiares por línea paterna a su madre biológica. Asimismo, instruyó se notifique a Cynthia Krissthel Álvarez Violeta; madre del adolescente, quien respondió a la denuncia; señalando que, los conflictos vienen sucediendo desde el mes de febrero de 2025; ii) De acuerdo a lo establecido en el art. 188 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa, tiene todas las atribuciones de hacer el seguimiento a la denuncia a través del equipo multidisciplinario para verificar las condiciones de vivencia del adolescente y una vez se tenga conocimiento de dicho informe, dispondrá las medidas adecuadas velando el interés superior del adolescente; iii) Del proceso de guarda legal, debe tener conocimiento el Juzgado Publico de Familia y no así el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia; iv) El proceso de guarda se encuentra concluido y si la progenitora solicitó un cambio de guarda debe acudir al Juzgado Público de Familia; v) No sabe las razones por las cuales el 2017; se otorgó la guarda de un menor de cuatro años a su progenitor; y, vi) Para que se disponga la restitución al seno familiar del adolescente, necesariamente debe intervenir la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del departamento de La Paz.
Respondiendo a las preguntas de la Jueza de garantías indicó que: a) Desde el 10 de septiembre de 2025 asumió competencia para conocer el asunto planteado, precautelando el interés superior del adolescente; y, b) Cuando se trata de una disputa entre padres sobre la guarda del menor debe conocer el Juzgado Público de Familia. Gladis Rotales Condori, Coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur- Mallasa del departamento de La Paz, en audiencia virtual solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) Hizo conocer que el presente caso estaría siendo tratado en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro, oficina donde se estableció los días y horas para las correspondientes valoraciones psicosociales; 2) El Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, le conminó para que pueda pronunciarse al caso; sin embargo, solo encontró una carpeta de 2016 y las carpetas de años anteriores desaparecieron producto de una inundación; asimismo, las carpetas de 2018 para adelante se encuentran en una bodega en “Cotahuma”; lo que implicaría realizar una búsqueda exhaustiva, y en la búsqueda del sistema, no existe otro caso aperturado en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del departamento de La Paz; 3) Se le pidió que realice los abordajes psicosociales en el día sin tener los datos de individualizados de la progenitora; 4) El 30 de septiembre -no indica el año- se apersonó el progenitor del adolescente exigiéndole que realice la apertura del caso y con el fin de precautelar los derechos del adolescente se procedió a su apertura, pidiéndole al progenitor le colabore para tomar contacto con la madre del adolescente y dar cumplimiento a la orden dispuesta por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz; 5) Una vez que, se tomó contacto con la progenitora del adolescente se le solicitó que pueda apersonarse a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del departamento de La Paz, recibiendo como respuesta una negativa; toda vez que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro, tomo conocimiento del caso; 6) Le causa sorpresa que hubieran sido accionadas en el presente caso, siendo que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro quien programó los abordajes psicosociales del adolescente; y, 7) De acuerdo al Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014, la autoridad judicial previo a emitir una decisión debe escuchar al adolescente a través de los informes psicosociales. Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, progenitora del adolescente, a través de su abogada, en audiencia virtual solicitó se deniegue la tutela solicitada, manifestando que: i) Ante el llamado de Miriam Carola López Quispe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa; se le indicó que, el caso de su hijo está siendo tratado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro; y, ya se tiene fecha para su valoración; ii) Su hijo vivía con su progenitor y su abuela paterna bien cuidado, este aspecto cambió desde febrero de 2025; debido a que, el primero se mudó con su nueva pareja; iii) El 5 de febrero -debió decir septiembre- de 2025, a las cuatro de madrugada, su hijo escapó de la vivienda debido a que su progenitor lo agredió psicológica y físicamente, llamándolo “mañudo” y “flojo”; por unos problemas que, tuvo en la materia de matemáticas, refugiándose en la casa de su abuela y familiares paternos; quienes por temor que, el progenitor vaya a su casa y se lo lleve a la fuerza, la llamaron a su madre para que, se haga cargo de su custodia; estos aspectos fueron puestos a conocimiento del Juzgado Publico de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz; además de solicitar la modificación de la guarda, trámites que actualmente se encuentran pendientes; y a la que, se adhirió su abuela paterna; iv) Su hijo no se encuentra privado de su libertad de forma ilegal como indica su progenitor; sino que, se encuentra afectado emocionalmente porque, no se lleva bien con su madrastra y hermanastro; debido a que, no le tratan bien y le quitan sus cosas, sumado al maltrato físico y psicológico de su progenitor; haciendo ver -por unos chats- que, el suicidio es la solución permanente a problemas temporales y que su persona como progenitora está haciendo lo posible para que, no vuelva al lado de su progenitor; v) El Director del colegio donde estudiaba su hijo, no quiso entregarle su libreta para que pueda inscribir a su hijo adolescente a otra unidad educativa; para que, siga estudiando; a pesar de los instructivos recibidos por el Director Distrital de Educación del departamento de La Paz; vi) El progenitor, interpuso una demanda penal en su contra por el delito de substracción del menor; argumentando falsamente que, su persona hubiera sido quien sacó a su hijo adolescente de su domicilio; vii) Lo único que está haciendo en su condición de progenitora es darle protección a su hijo ante los actos de violencia física y psicológica que ejerce su progenitor; viii) La Sentencia que otorgó la guarda al accionante, no puede causar estado cuando existen elementos de violencia; lo que, puede llevar al suicidio a su hijo, al margen de estar pendiente las valoraciones psicosociales, a través de las cuales, la Jueza determinará lo que corresponda; y, ix) Su hijo adolescente está mal en todas la materias porque todo el tiempo está solo y no tiene cariño ni apoyo de sus padres. Respondiendo a las preguntas del Juez de garantías; señaló que, su persona no fue a recoger a su hijo al domicilio de su progenitor, sino que su abuela paterna y sus familiares le entregaron para su custodia el día que el escapó de su vivienda.
El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Vigésimo de la Capital del departamento La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 74/2025 de 1 de octubre, cursante de fs. 118 a 124, denegó la tutela impetrada, disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la investigación sobre la violencia psicológica y física del adolescente; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) No se evidenció vulneración del derecho a la libertad del adolescente por parte de las autoridades demandadas; debido a que, no se puede disponer su restitución al domicilio del progenitor aun exista la sentencia que la dispuso; en razón a que, previamente se debe realizar un examen psicosocial por el daño psicológico que padece al mostrar tendencias al suicidio, además deberá reforzarse dicho informe, ordenando al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se efectué una valoración psicológica minuciosa; y, b) El progenitor del adolescente presentó una denuncia contra la progenitora; ante el Ministerio Público, por el delito de substracción de menor, con argumentos falsos, a pesar de lo afirmado por el mismo y los intervinientes de la presente acción tutelar, que fue el propio adolescente quien escapó de su domicilio en la madrugada y se refugió en el hogar de su abuela paterna; y sus familiares, quienes posteriormente entregaron al adolescente a su progenitora; lo que demuestra que, las autoridades demandadas no vulneraron los derechos alegados por el progenitor del adolescente.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 130 a 135); se dispuso, la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2025, ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, Glenny del Rosario Rivas Gutiérrez en representación de Roy Leonardo Villarrubia Claros; presentó denuncia de incumplimiento de la “sentencia” por parte de Cynthia Krissthel Álvarez Violeta -ahora codemandada-; argumentando que, por una llamada de atención, su hijo adolescente hizo abandono de su domicilio en horas de la madrugada y se refugió donde sus familiares paternos, quienes posteriormente hubieren entregado a su progenitora sin su autorización, quien desde entonces lo retiene de forma ilegal, solicitando la restitución inmediata a su guarda y tenencia (fs. 8 a 10). II.2. Por decreto de 12 de septiembre de 2025, Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandada-; dispuso que, la denuncia sea puesta en conocimiento de Cynthia Krissthel Álvarez Violeta y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del departamento de La Paz; para su pronunciamiento, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación (fs. 11). II.3. A través del memorial de 23 de septiembre de 2025, la codemandada Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, solicitó a la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, la modificación de la guarda de su hijo adolescente; señalando que, su hijo sufre violencia psicológica y física; debido a ello, el 4 de septiembre de 2025, se fugó del domicilio de su progenitor a las tres de la madrugada de acuerdo a la versión de la abuela y su tío en línea paterna; quienes le pidieron que, vaya a recogerlo porque temían que su progenitor se lo lleve a la fuerza, lo que demuestra que su hijo permanece a su lado por decisión propia; y no lo restituye al hogar paterno, por las amenazas de quitarse la vida (fs. 47 a 53). II.4. Mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2025, la codemandada Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, respondió el memorial de denuncia en su contra, señalando que: 1) Si bien es cierto que, por Sentencia 46/2017 de 8 de febrero, se otorgó la guarda al progenitor de su hijo adolescente; sin embargo, su referido hijo se escapó del domicilio de su padre por la violencia que sufría por parte de su hijastro; 2) No se cumplió con el régimen de visitas a la que tenía derecho; lo que, debilito el vínculo afectivo con su hijo adolescente; 3) El 4 de septiembre de 2025, su hijo se fugó del domicilio de su padre a las tres de la madrugada de acuerdo a la versión de la abuela y su tío en línea paterna, quienes posteriormente le llamaron a la madre; para que vaya a recogerlo porque, temían que su progenitor se lo lleve a la fuerza, permaneciendo desde entonces a su lado por decisión propia; y, 4) Debido a las expresiones vertidas por su hijo respecto a quitarse la vida, acudió al Juez competente pidiendo el cambio de guarda de su hijo adolescente. Con base a estos argumentos, solicitó se remitan los antecedentes al Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz; quien conoce la solicitud de guarda interpuesta, y también a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del mencionado departamento; para que, se investigue la situación actual de su hijo adolescente (fs. 24 a 32). II.5. A través del memorial de 26 de septiembre de 2025, Roy Leonardo Villarrubia Claros, presentó denuncia penal ante el Ministerio Publico contra Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, por la presunta comisión del delito tipificado en el art. 246 del Código Penal (CP); substracción de un menor (fs. 94 a 101). II.6. Mediante providencia de 29 de septiembre de 2025, la autoridad demandada Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, hizo conocer que la demanda de guarda data de 2016 y a la fecha cuenta con Sentencia 46/2017 de 8 de febrero, asimismo, conminó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del citado departamento, a pronunciarse respecto a lo dispuesto en el Decreto de 12 de igual mes y año, debiendo realizar el abordaje psicosocial en el día (fs. 33). II.7. A través del decreto de 30 de septiembre de 2025, la autoridad demandada Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, en el punto 3, comino a la parte demandada a dar cumplimiento a la Sentencia 46//2017; toda vez que, se dispuso que la guarda legal del hijo este a cargo de su progenitor; por lo que, deberá restituir al referido adolescente al hogar paterno (fs. 37). II.8. Por memorial 30 de septiembre de 2025, presentado por Martha Claros Sejas, abuela paterna del adolescente; ante el Juzgado Publico de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, adhiriéndose a la solicitud de modificación de guarda efectuada por la progenitora del adolescente; arguyendo que, su nieto sufre violencia psicológica y emocional por parte de su progenitor (fs. 54 a 55 vta.).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al interés superior del niño, a la educación y desarrollo integral, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a los principios de seguridad jurídica, a la legalidad y supremacía de la Constitución; argumentando que: i) La Jueza Publica de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz; a pesar de haber solicitado por memorial de 10 de septiembre de 2025 el cumplimiento de la Sentencia 46/2017 y la restitución inmediata de su hijo adolescente a su guarda legal, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar solo se limitó a emitir una providencia disponiendo la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para su pronunciamiento; ii) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa; a pesar de su legal notificación el 19 de septiembre de 2025; con la solicitud de restitución, hasta la presentación de la presente acción tutelar no emitió pronunciamiento, omitiendo sus funciones de velar y proteger los derechos constitucionales de su hijo adolescente, prolongando innecesariamente la retención arbitraria de su hijo; y, iii) Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, progenitora de su hijo adolescente no se pronunció sobre la indicada solicitud de restitución; a pesar de su notificación efectuada el 24 de igual mes y año. Conforme a los argumentos señalados, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La inmediata restitución del adolescente a su guarda legal, en cumplimiento de la Sentencia 46/2017; b) Que, a la progenitora del adolescente se abstenga de futuros actos de retención unilateral, bajo advertencia de responsabilidades penales; c) Que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia garantice la tutela a otorgarse y la reincorporación de su hijo adolescente a su hogar y a su colegio; y, d) Se conmine a la Jueza de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, a emitir las determinaciones necesarias para la ejecución efectiva de la Sentencia 46/2017 en el marco del interés superior del niño. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido; en reiteradas oportunidades que, no es aplicable la subsidiariedad excepcional en casos donde se encuentren involucrados grupos de prioritaria atención como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a quienes les corresponde tutela reforzada. Al respecto, la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, se pronunció sobre la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional con relación al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o peticionante de tutela, desarrollando lo siguiente:
[N]o obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural.
Similar razonamiento se ha aplicado en las SSCC 0699/2021-S1, 0439/2018-S2; y 0619/2021-S1, entre otras.
Consiguientemente, no corresponde denegar la tutela impetrada por aspectos formales vinculados con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando es presentada a favor de niñas, niños o adolescentes, mujeres embarazadas o con hijos lactantes; más aún, cuando el art. 60 de la CPE; establece que, es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1135/2025-S3 de 19 de septiembre, desarrollo el siguiente entendimiento: Corresponde a este Tribunal establecer los alcances de la legitimación activa en la acción de libertad, en el marco del principio de informalismo que la rige, para determinar si es viable que una persona que tiene un proceso judicial contra un menor -por ejemplo al encontrarse procesada penalmente por un delito cometido contra un menor de edad-asuma la representación de este último; en virtud de un posible conflicto de intereses que podría desnaturalizar la finalidad de este mecanismo de defensa.
La Constitución Política del Estado, en su art. 125, instituye la Acción de Libertad como un mecanismo de defensa extraordinario y expedito destinado a la protección de dos derechos fundamentales: la vida y la libertad física. Señala la norma: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal...".
Por su parte, el Código Procesal Constitucional desarrolla los alcances de esta garantía jurisdiccional. En su art. 33, establece los requisitos generales de presentación de las acciones de defensa, mientras que el art. 48 del mismo cuerpo normativo precisa las reglas específicas para la acción de libertad, indicando:
“Artículo 48. (REGLAS DE PRESENTACIÓN) La Acción de Libertad se presentará de acuerdo a las siguientes reglas: 1. P odrá ser interpuesta en forma oral o escrita, por cualquier persona que se creyere indebidamente privada de su libertad, en peligro de muerte, ilegalmente perseguida o procesada…” De la lectura de estas normas, que confluye con el amplio desarrollo jurisprudencial se desprende que la acción de libertad se rige por el principio de informalismo. Este principio busca eliminar cualquier barrera procesal que impida o dificulte la protección inmediata y eficaz de los derechos a la vida y a la libertad. Por ello, se permite su interposición por cualquier persona, incluso a nombre de un tercero, sin necesidad de acreditar un poder o mandato expreso. La finalidad es clara: ante la urgencia que implica un riesgo para la vida o una restricción indebida de la libertad, el derecho procesal cede para dar paso a la tutela material e inmediata del derecho sustantivo. Esta amplia legitimación activa es una manifestación del principio pro actione, que obliga a los juzgadores a interpretar los requisitos procesales de la manera más favorable posible para la admisión y tramitación de la acción. Sin embargo, este principio junto al de informalismo, como todo principio, no son absolutos y debe ser interpretado en armonía con otros principios y derechos también reconocidos por el ordenamiento constitucional.
Si bien la representación a nombre de terceros en la acción de libertad es amplia, cuando involucra a menores de edad, debe ser analizada a la luz del interés superior del niño, consagrado en el art. 60 de la CPE, que establece: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado". Este principio-derecho impone no sólo a toda autoridad, sea administrativa o judicial, sino también a los particulares, la obligación de priorizar el bienestar y los derechos del menor en cualquier decisión que le afecte. Quien actúa en nombre de un niño, niña o adolescente debe hacerlo buscando la máxima protección y realización de sus derechos, no los suyos propios. En este contexto, surge el concepto de conflicto de intereses, que nuestro propio ordenamiento jurídico reconoce. El Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), en su artículo 50, es claro al respecto: “Artículo 50. (CONFLICTO DE INTERESES). I. Cuando la madre, el padre o ambos tengan un interés opuesto al de la o del hijo menor de edad no emancipado por matrimonio, cualquiera de sus parientes puede ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, quien nombrará para aquellos una o un curador o una o un administrador especial”. Si bien esta norma se enmarca en la jurisdicción familiar, enuncia un principio general del derecho: la autoridad parental y el derecho de representación que de ella emana no son absolutos y cesan cuando entran en colisión directa con los intereses del hijo. La doctrina es igualmente uniforme al sostener que la representación legal debe ejercerse en beneficio exclusivo del representado. Como señala la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, la patria potestad es una función-deber que se otorga a los padres en interés de los hijos, y no un poder en beneficio de los progenitores. Por tanto, cuando ese interés se tergiversa, la representación se torna ilegítima. Esta visión es compartida en el derecho comparado. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ha sido enfática en reiterar que el principio del interés superior del menor, ratificado por su Constitución, implica que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Sentencia T-506/12). Esta prevalencia exige que, ante un conflicto, el juez debe optar por la solución que mejor salvaguarde los derechos del niño, lo que incluye protegerlo de representaciones que, aunque formalmente válidas, materialmente le perjudican.
En el caso de análisis, el ordenamiento jurídico constitucional parte de la presunción iuris tantum -es decir, que admite prueba en contrario- de que los progenitores, al ejercer la representación de sus hijos, actúan procurando su mayor bien. Esta presunción se fundamenta en los deberes constitucionales y legales de cuidado y protección inherentes a la autoridad parental. Sin embargo, no es una presunción absoluta (iure et de iure). Por lo tanto, puede ser desvirtuada cuando hechos objetivos y verificables demuestran la existencia de intereses contrapuestos entre el progenitor "representante" y el hijo "representado". En tales casos, la representación deviene en ilegítima, pues se tergiversa su finalidad protectora. Por lo tanto, se configura un conflicto de intereses manifiesto cuando el progenitor representante y el niño representado son partes contrarias en un proceso judicial. Dicha situación desvirtúa, por prueba objetiva, la presunción iuris tantum de que el padre o madre actúa en el mejor interés del menor. Al existir intereses contrapuestos y legalmente reconocidos en dicho proceso, la finalidad protectora de la representación se pervierte, tornándola ilegítima para los fines de la acción constitucional que de él emane. En consecuencia, y como norma adscrita que se extrae de la presente línea jurisprudencial, se establece que: El progenitor que tenga un conflicto de intereses objetivo y demostrable con su hijo menor de edad -por ser su contraparte en un proceso judicial pendiente-, carece de legitimación activa para representarlo en la vía constitucional. Esta falta de legitimación se aplica específicamente a aquellas acciones de defensa cuya causa o hechos denunciados estén directamente relacionados con el proceso judicial en el que ambas partes tienen intereses antagónicos (Las negrillas son nuestras).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al interés superior del niño, a la educación y desarrollo integral, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a los principios de seguridad jurídica, a la legalidad y supremacía de la Constitución; argumentando que: 1) La Jueza Publica de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, a pesar de haber solicitado por memorial de 10 de septiembre de 2025 el cumplimiento de la Sentencia 46/2017 y la restitución inmediata de su hijo adolescente a su guarda legal, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar solo se limitó a emitir una providencia disponiendo la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para su pronunciamiento; 2) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del departamento de La Paz; a pesar de su legal notificación el 19 de septiembre de 2025 con la solicitud de restitución; hasta la presentación de la presente acción tutelar no emitió pronunciamiento, omitiendo sus funciones de velar y proteger los derechos constitucionales de su hijo adolescente, prolongando innecesariamente la retención arbitraria de su hijo; y, 3) Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, progenitora del adolescente no se pronunció sobre la indicada solicitud de restitución; a pesar de su notificación efectuada el 24 de igual mes y año.
Conforme a los argumentos señalados, solicita se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se disponga: i) La inmediata restitución del adolescente a su guarda legal, en cumplimiento de la Sentencia 46/2017; ii) Que, a la progenitora del adolescente se abstenga de futuros actos de retención unilateral, bajo advertencia de responsabilidades penales; iii) Que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia garantice la tutela a otorgarse y la reincorporación de su hijo adolescente a su hogar y a su colegio; y, iv) Se conmine a la Jueza de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz a emitir las determinaciones necesarias para la ejecución efectiva de la Sentencia 46/2017 en el marco del interés superior del ahora adolescente. Con carácter previo al análisis de fondo, corresponde verificar si en la presentación de la presente acción tutelar se observaron los requisitos de admisibilidad referidos a la subsidiariedad excepcional y la legitimación activa; en ese sentido, en cuanto a la subsidiariedad excepcional, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; esta no resulta aplicable en los supuestos en que, se hallen involucrados niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. En ese sentido, al estar involucrado en el presente caso un adolescente, la existencia de una demanda penal interpuesta por el representante de la acción tutelar contra la coaccionada Cynthia Krissthel Álvarez Violeta; por la presunta comisión del delito de substracción de menor y la demanda de guarda interpuesta por esta última contra el representante de la acción de libertad; Roy Leonardo Villarrubia Claros, no pueden resultar impedimentos procesales para no analizarse la presente acción tutelar, correspondiendo ingresar a su análisis y consideración.
En relación a la legitimación activa del representante de la acción tutelar; de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2, del presente fallo constitucional, el progenitor que tenga un conflicto de intereses objetivo y demostrable con su hijo adolescente, carece de legitimación activa para representarlo en aquellas acciones de defensa cuya causa esté directamente relacionada con el proceso en el que tienen intereses antagónicos. En el marco de lo referido, en el caso concreto, de la revisión de antecedentes; se tiene que, Roy Leonardo Villarrubia Claros -representante de la acción tutelar-, mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2025, ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, denunció el incumplimiento de la Sentencia 46/2017, por parte de Cynthia Krissthel Álvarez Violeta -ahora codemandada-; argumentando que, por una llamada de atención, su hijo adolescente hizo abandono de su domicilio en horas de la madrugada y se hubiera refugiado donde sus familiares paternos; quienes posteriormente le hubieren entregado a su progenitora sin su autorización, quien desde entonces lo retiene de forma ilegal, solicitando la restitución inmediata a su guarda y tenencia (Conclusión II.1). Como consecuencia, por decreto de 12 de septiembre de 2025, Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandada-; dispuso que, la denuncia sea puesta en conocimiento de Cynthia Krissthel Álvarez Violeta -madre del adolescente-; y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa del departamento de La Paz; para su pronunciamiento en relación al hecho suscitado y sea en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación (Conclusión II.2). Posteriormente, a través del memorial de 23 de septiembre de 2025, Cynthia Krissthel Álvarez Violeta -progenitora del adolescente-; solicitó a la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, la modificación de la guarda de su hijo adolescente; señalando que, su hijo sufre violencia psicológica y física; razón por la cual, el 4 de septiembre de 2025, se fugó del domicilio de su progenitor a las tres de la madrugada de acuerdo a la versión de la abuela y su tío en línea paterna, quienes le pidieron que vaya a recogerlo porque temían que su progenitor se lo lleve a la fuerza; lo que, demuestra que, su hijo permanece a su lado por decisión propia; y, no lo restituye al hogar paterno, por las amenazas de quitarse la vida (Conclusión II.3). Por efecto del memorial de denuncia presentado por el representante de tutela, mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2025, la codemandada Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, respondió el memorial de denuncia en su contra, señalando que: a) Si bien es cierto que, por Sentencia 46/2017 de 8 de febrero, se otorgó la guarda al progenitor de su hijo adolescente; sin embargo, su referido hijo se escapó del domicilio de su padre por la violencia que sufría por parte de progenitor, su madrasta y hermanastro; b) El progenitor del adolescente no cumplió con el régimen de visitas a la que tenía derecho, lo que debilito el vínculo afectivo con su hijo; c) El 4 de septiembre de 2025, su referido hijo se fugó del domicilio de su padre a las tres de la madrugada de acuerdo a la versión de la abuela y su tío en línea paterna, quienes posteriormente le llamaron para vaya a recogerlo porque temían que su progenitor se lo lleve a la fuerza, permaneciendo desde entonces a su lado por decisión propia; y, d) Debido a las expresiones vertidas por su hijo respecto a quitarse la vida, acudió al Juez competente pidiendo el cambio de guarda de su hijo adolescente (Conclusión II.4).
A través del memorial de 26 de septiembre de 2025, Roy Leonardo Villarrubia Claros; presentó denuncia penal, ante el Ministerio Publico contra Cynthia Krissthel Álvarez Violeta, por la presunta comisión del delito de substracción de un menor tipificado en el art. 246 del CP (Conclusión II.5.). Mediante providencia de 29 de septiembre de 2025, la codemandada Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz; conminó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Sur-Mallasa, a pronunciarse respecto a lo dispuesto en el decreto de 12 de igual mes y año, debiendo realizar el abordaje psicosocial en el día (Conclusión II.6.). Posteriormente, por decreto de 30 de septiembre de 2025; la codemandada Ninfa Sillerico López, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz, en el punto 3, conmino a la parte demandada a dar cumplimiento a la Sentencia 46//2017, ordenando la restitución del adolescente al hogar paterno (Conclusión II.7.). Finalmente, por memorial presentado el 30 de septiembre de 2025; ante el Juzgado Publico de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, Martha Claros Sejas, abuela paterna del adolescente se adhirió a la solicitud de modificación de guarda efectuada por la progenitora del adolescente, arguyendo que el referido nieto sufre violencia psicológica y emocional por parte de su progenitor (Conclusión II.8.). Por los antecedentes referidos, se evidencia un conflicto de intereses entre el progenitor y su hijo adolescente; debido a que, por un lado, el adolescente, a decir de su progenitora y los familiares en línea paterna, tiene el interés legítimo de que se investigue las aparentes agresiones psicológicas y físicas que, sufriría por parte de su progenitor. Por otro lado, el accionante, en su calidad de denunciado, tiene el interés de ejercer su derecho a la guarda del adolescente sin que previamente se efectúen las valoraciones psicosociales dispuestas por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro y de esta forma evitar que se otorgue la guarda a la progenitora del adolescente, aspecto que colisiona frontalmente con el interés del adolescente al que pretende representar. Permitir que el progenitor denunciado de violencia psicológica y física utilice la acción de libertad en nombre del adolescente víctima, en lugar de buscar la protección genuina del hijo, daría lugar a instrumentalizar esta garantía constitucional en su beneficio para impedir la decisión judicial de cambio de guarda; por lo que, en este proceso constitucional, debe limitarse las facultades de representación del progenitor, debido a que, está ejerciendo en contra de los intereses del adolescente, quien ya no pretende volver a su domicilio. Por lo tanto, este Tribunal Constitucional Plurinacional; concluye que, en el caso de análisis existe un conflicto de intereses manifiesto y objetivamente demostrado, que desvirtúa la presunción iuris tantum de que el progenitor actúa en el mejor interés del adolescente; consecuentemente, la representación se torna ilegítima, siendo el deber de esta jurisdicción evitar que se instrumentalice esta garantía constitucional para un fin ajeno a su naturaleza protectora. Por consiguiente, al no cumplirse con el presupuesto procesal de la legitimación activa, la tutela solicitada por Roy Leonardo Villarrubia Claros, en su calidad de padre del adolescente en la presente acción de defensa resulta inviable, pues los hechos denunciados en ella están directamente relacionados con otra denuncia de agresiones físicas; y psicológicas presuntamente infligidas a su propio hijo adolescente y que se encuentran en etapa de investigación en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Centro de la ciudad de La Paz, a quien ahora dicho progenitor pretende representar, siendo esta la razón principal y suficiente para denegar la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74/2025 de 1 de octubre, cursante de fs. 118 a 124, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Paola Verónica Prudencio Candia MAGISTRADA
1 Cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa; LLOVERAS, Nora (Dir.). Tratado de Derecho de Familia: según el Código Civil y Comercial de 2014. Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014. Véase, en el mismo sentido, a HERRERA, Marisa. Manual de Derecho de las Familias. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2020. Como una de las redactoras del Código Civil y Comercial argentino, la autora es una de las principales exponentes del cambio de paradigma de "patria potestad" a "responsabilidad parental", argumentando que se trata de una función-deber cuyo fin es garantizar los derechos y la autonomía progresiva del niño, y no un poder de los progenitores. La obra de GROSMAN, Cecilia P., especialmente sus análisis sobre el derecho del niño a ser oído, es fundamental para comprender este enfoque. Véase, por ejemplo, su influyente artículo "El derecho a ser oído: un análisis del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño", publicado en diversas compilaciones jurídicas. La autora, pionera en la materia, postula que al reconocer a los niños como sujetos plenos de derechos, la función parental se transforma en una de guía y protección, incompatible con la idea de un poder discrecional. En el derecho español, aunque varía la terminología, la interpretación es coincidente: LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Principios de Derecho de Familia. Marcial Pons, Madrid (ediciones actualizadas). Este autor explica que la patria potestad "se ejercerá siempre en interés de los hijos" y que su naturaleza jurídica es la de una función con un contenido predominantemente de deber, sujeta a control judicial para asegurar su correcta finalidad.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1348_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3f0d3280fdbd03196977c4aea70e3a39bceaff9cec1aa9896fd43146b0c79ec6
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