Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión del derecho a la vida, así como a vivir sin violencia de su hijo A.J.C.M. de once años de edad, quién fue agredido físicamente por su progenitora Julia María Mamani Tallacagua, contra quién inicio un proceso penal por el delito de violencia familiar, proceso en el que la fiscal accionada asumió una conducta omisiva, pues si bien adoptó medidas de protección generales, cuando solicitó complementación de las mismas (como la devolución de objetos personales de la víctima) no cumplió; tampoco dispuso mandamiento de aprehensión, pese a que la denunciada fue legalmente citada y no prestó su declaración informativa, así como tampoco consideró que por el flujo migratorio de la madre de su hijo, existe peligro de fuga y obstaculización; por lo que solicitó se conceda la tutela y que se disponga que la autoridad demandada actúe con la debida diligencia, así como que se cumplan con las medidas de protección. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2025 de 28 de junio, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Segundo de El Alto del distrito Judicial de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1347/2025-S3 Sucre, 5 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 77256-2022-155-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2025 de 28 de junio, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Félix Casa Mamani contra Pamela Flores, Fiscal de Materia de la Fiscalía especializada en razón de género y de violencia contra la Mujer de El Alto.
Por memorial presentado el 26 de junio de 2025, cursante a fs. 1 y, 18 a 21 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
El impetrante de tutela, manifestó que planteó la presente acción tutelar, como padre A.J.C.M. de 11 años, quién tiene la calidad de víctima en el proceso penal que inició en contra de Julia María Mamani Tallacagua, por el delito de violencia familiar o doméstica. De inicio la autoridad accionada adoptó medidas de protección genéricas e incompletas, a partir de una plantilla que utilizaba, por lo que tuvo que solicitar a dicha Fiscal de materia en su calidad de Directora Funcional de la investigación, a fin de que emita medidas de protección complementarias, como la devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima A.J.C.M., como libros, útiles escolares. Conforme informó el investigador asignado al caso, el 3 de junio de 2025, la encausada fue legalmente notificada para prestar su declaración informativa; sin embargo, la misma no asistió y menos justificó su inasistencia, habiéndose presentado la madre de la encausada, señalando que su hija se encontraba de viaje, sin mencionar dónde, probablemente fuera del territorio nacional conforme el flujo migratorio. También solicitó se emita mandamiento de aprehensión, conforme al art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues por Informe de la Ddirección Regional de Migración dependiente de la Dirección General de Migración (DIGEMIG) por el flujo migratorio, concurre la probabilidad de autoría (supuesto material), como los riesgos procesales (de fuga, como de obstaculización), pero la autoridad accionada dispuso se esté al proceso. Con esa actuación quedó en evidencia que la autoridad Fiscal, no cumplió con su deber de la debida diligencia que amerita este caso al tratarse de los derechos de un niño y adolescente. En esas circunstancias tuvo que acudir ante el Juez Cuarto de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de la ciudad de El Alto, poniendo en conocimiento la conducta omisiva de la Fiscal, solicitando se adopten las medidas especiales; sin embargo, la autoridad jurisdiccional pidió informe a la Fiscal quien manifestó haber adoptado medidas de protección oportunamente; sin embargo, esas medidas no se cumplieron hasta la fecha del planteamiento de la acción tutelar.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida y a vivir sin violencia, citando al efecto los arts. 13, 15, 60 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 15.10 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual; 1, 2, y 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 16 del Protocolo de San Salvador, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, art. VII de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre (DADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la autoridad accionada actúe con debida diligencia, a fin de que el proceso no quede en la impunidad y se cumplan las medidas de protección.
Celebrada la audiencia pública el 28 de junio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola , manifestó que: a) Su progenitora, agredió físicamente a A.J.C.M. de once años de edad, por lo que su hermano mayor de quince años lo rescató y lo llevó donde su padre, quién en conocimiento de los hechos de agresión acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia, por lo que una vez realizada la valoración médico forense, se le dio una incapacidad de cinco días; b) Se ha solicitado a la autoridad fiscal, que se actúe en forma diligente, conforme manda los estándares internacionales, situación que no aconteció, como se puede establecer del cuaderno de investigación; c) La encausada fue debidamente notificada para que preste su declaración informativa, empero la Fiscal de Materia, acepto que la madre de la denunciada devolviera la notificación con las medidas de protección; d) Por elementos indiciarios de migración, se estableció que la denunciada tenía flujo migratorio internacional (Chile, Brasil) en su condición de artista, existiendo inminente peligro de fuga y obstaculización, pese a eso, no se ha actuado en forma diligente, pues no dispuso nada cuando hubo una inasistencia injustificada a prestar su declaración informativa señalada para el 3 de junio de 2025; e) Se ha denunciado que no se ha dado cumplimiento o se ha efectivizado la ampliación de las declaraciones; f) Se ha limitado a emitir un requerimiento de ampliación, que no constituye una verdadera dirección funcional de la investigación; g) Las medidas de protección deben aplicarse de manera diligente y oportuna, no correspondiendo esperar que se planteen acciones tutelares para recién actuar; h) Se adjuntó un CD en el que se evidenció que la abuela materna, le recriminó al hijo testigo de quince años, señalándole si pensaba meter a la cárcel a su mamá; i) La sindicada prestó su declaración informativa; empero, la Fiscal dio por bien hechas sus actuaciones y la dejó ir, pese a existir cinco días de incapacidad, peligro de fuga y obstaculización; j) Posteriormente la víctima y el testigo de quince años le indicaron que no quieren que su mamá ingrese a la cárcel, lo que significó que tuvieron contacto con la madre, pese a que el padre los mantuvo al margen, todo por la negligencia de la Fiscal; y, k) A la fecha, ni siquiera se ha realizado un registro del lugar de los hechos por dejadez de la Fiscal que no estaba realizando la dirección funcional de la investigación, ni la verificación de la actuación policial.
Pamela Flores, Fiscal de materia de la Fiscalía especializada en razón de género y de violencia contra la Mujer de El Alto, por informe oral presentado en audiencia, manifestó que: 1) Al memorial presentado el 26 de junio de 2025, por Félix Casa Mamani (en el que denunció actos de obstaculización por la abuela materna), se determinó actuaciones para corroborar esa información, en el marco de la actividad probatoria, no existiendo falta de debida diligencia en sus providencias; 2) En cuanto a la incomparecencia a la declaración informativa, el Ministerio Público no ha dado por válido el apersonamiento que realizó la madre de la sindicada, porque no es parte del proceso, asumiéndose medidas como es el acta de incomparecencia. Se emitió orden de aprehensión conforme el art. 224 del CPP, lo que es de conocimiento de la defensa y padre de la víctima; 3) En el reverso de fs. 77 cursa una firma, en la que la defensa recogió requerimientos; 4) Se han cumplido con las medidas de protección, programándose la entrega de objetos personales del niño para el día 27 de junio de 2025; 5) El Ministerio Público está realizando el control de la investigación, para llegar a la verdad histórica de los hechos; 6) Todas las actuaciones se han puesto en conocimiento del Juez cautelar, para que ejerza el control jurisdiccional de la investigación; 7) El día de ayer (27 de junio de 2025) se ha recibido la declaración informativa de la parte sindicada; y, 8) No hay vulneración de la debida diligencia por parte del Ministerio Público.
La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías constitucionales, por Resolución 14/2025 de 28 de junio, cursante de fs. 30 a 33, concedió la tutela solicitada, por los hechos que se han dado en contra de un niño, responsabilidad que tendría que ser compartida por la autoridad jurisdiccional con el representante del Ministerio Público, con base en los siguientes fundamentos: i) El niño ha sido víctima de violencia por su madre, infiriéndose una golpiza que denota lesiones, valoradas por el médico forense; ii) El hijo del accionante, estaba en poder de la progenitora, niño que ha tenido que escapar a otro espacio, donde vive el hermano mayor con el progenitor, él mismo salió sin sus pertenencias (ropa, cuadernos, libros; iii) La Jueza debió conocer estos extremos cuando la madre del niño no fue a declarar; iv) La Fiscal ha emitido varios requerimientos, empero ella no ejerce la fuerza coactiva sino la autoridad judicial, quién debió haber emitido un mandamiento de aprehensión ante la inasistencia injustificada de la madre del niño y ante la reticencia de la misma, quién en varias oportunidades fue notificada para que se presentara; v) Se han desconocido los derechos del niño, obrándose con cierta negligencia, no habiendo existido esa protección inmediata del mismo; vi) En este caso tendría que haberse determinado, por lo menos mientras dure el proceso, que el padre tome las riendas de los dos hijos de once y quince años; vii) Deben tomarse medidas de: vii.1) Alejamiento de la madre, quién no tendría que acercarse a los niños mientras dure el proceso; vii.2) Tenencia de los niños y se dé garantías al padre y a los niños; vii.3) Tratamiento a favor de la madre que consumía bebidas alcohólicas, así como apoyo psicológico y psiquiátrico; y, viii) Se ha tomado declaraciones a la madre, los niños y se ha entregado los enseres del niño que quedaron con la progenitora; sin embargo, aun habiendo cesado las causas que originaron la acción, la audiencia se ha realizado en el día y hora señalado
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del caso con Código Único de Denuncia (CUD): 201502022503263 que sigue el Ministerio Público a denuncia de Félix Casa Mamani por su hijo A.J.C.M. de once años de edad, denuncia presentada el 21 de abril de 2025, contra de Julia María Mamani Tallacagua -madre del niño-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, Pamela Flores Nina, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Razón de Género y de Violencia contra la Mujer de El Alto, emitió requerimientos de 29 de abril de 2025, en los que se dispuso: a) Se otorgue las más amplias garantías a favor de la víctima A.J.C.M., que sea extensible a sus demás familiares (fs. 4); b) Estableció las directrices funcionales de inicio de investigación, disponiendo la asignación de un investigador para que: notifique a la sindicada, elabore un croquis de su domicilio, recabe antecedentes, registre el lugar, realice investigación, recabe elementos de prueba, verifique el cumplimiento de medidas de protección, elabore informe; también dispuso que el Equipo Multidisciplinario de la Defensoría de la niñez y adolescencia, realice una valoración psicológica de la víctima (fs. 4 vta. y 5); y, c) Dispuso la citación de la sindicada, para que se presente el 3 de junio de 2025, a horas 10:00 (fs. 5 vta.). Con ese requerimiento, se la notificó por cédula el 30 de mayo de 2025, a horas 14:00, conforme informó el Oficial asignado al caso (fs. 13 vta. y 16 vta.). II.2. El denunciante Félix Casa Mamani, por memorial de 8 de mayo de 2025 solicitó complementación de medidas de protección (fs. 12); la Fiscal de materia, por requerimiento de 15 de mayo de 2025, dispuso la ampliación de medidas de protección, como la devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima; así como la prohibición de concurrir a lugares de custodia (fs. 7); habiéndosela notificado por cédula el 30 de igual mes y año, a horas 14:00, conforme informó el Oficial asignado al caso (fs. 13 vta.). II.3. Por memorial de 2 junio 2025, Dionicia Tallacagua Bustencio en representación de su hija Julia María Mamani Tallacagua, manifestó que, su hija no podrá asistir a la declaración informativa el 3 de igual mes y año por bloqueos (fs. 3 y 6); solicitud que no fue considerada debido a que dicha persona no era un sujeto parte del proceso. Ante la ausencia de la declaración informativa, se suscribió acta de incomparecencia y se emitió orden de aprehensión conforme el art. 224 del CPP (Informe prestado en audiencia por la autoridad accionada) (fs. 26 a 29).
II.4. El Investigador asignado al caso, el 3 de junio de 2025 informó a la Fiscal de materia que: 1) Adjuntó el certificado de antecedentes policiales; y, 2) Los requerimientos con sello de recepción del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), DIGEMIG, Servicio de Registro Cívico (SERECI), Tribunal de Justicia de La Paz (informe antecedentes penales) (fs. 13). II.5. Félix Casa Mamani por memoriales de 5 y 6 de junio de 2025, señaló que estando notificada la sindicada, conforme al informe de DIGEMIG, se advierte actos de fuga y obstaculización, no habiéndose dado cumplimiento a medidas de protección, solicitó se emita mandamiento de aprehensión, conforme al art. 226 del CPP (fs. 10 y vta. y 11 y vta.); por Resolución de 5 de similar mes y año, a la solicitud principal requiere se esté a los datos del proceso (fs. 10 vta.). II.6. A través de memorial de memorial de 26 de junio de 2025, Félix Casa Mamani puso en conocimiento de la Fiscal que la abuela materna (del niño víctima de once años y del testigo de quince años), ha estado ejerciendo actos de obstaculización sobre los mismos, adjuntando un CD; por decreto de junio de 2025, según lo aseverado por la autoridad demandada, no desvirtuado por el accionante, se determinó actuaciones para corroborar esta información (fs. 27 in fine a 28). II.7. De acuerdo con lo informado por la autoridad demandada no desvirtuado por el accionante, el 27 de junio de 2025, un día después de haberse presentado la acción de libertad (fs. 18 a 21) se dio cumplimiento a las medidas de protección, entregándose los objetos personales del niño; asimismo en la misma fecha se recibió la declaración informativa de la parte sindicada (fs. 26 a 29). Se ha llevado adelante la audiencia tutelar el 28 de igual mes y año (fs. 26 a 29).
El accionante denuncia la lesión del derecho a la vida, así como a vivir sin violencia de su hijo A.J.C.M. de once años de edad, quién fue agredido físicamente por su progenitora Julia María Mamani Tallacagua, contra quién inicio un proceso penal por el delito de violencia familiar, proceso en el que la fiscal accionada asumió una conducta omisiva, pues si bien adoptó medidas de protección generales, cuando solicitó complementación de las mismas (como la devolución de objetos personales de la víctima) no cumplió; tampoco dispuso mandamiento de aprehensión, pese a que la denunciada fue legalmente citada y no prestó su declaración informativa, así como tampoco consideró que por el flujo migratorio de la madre de su hijo, existe peligro de fuga y obstaculización; por lo que solicitó se conceda la tutela y que se disponga que la autoridad demandada actúe con la debida diligencia, así como que se cumplan con las medidas de protección. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio, en Fundamentos Jurídicos III.2., III.3. y III.3.3., se ha pronunciado sobre los estándares normativos, establecidos en la CPE, así como en el contexto internacional, con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de manera especial sobre las medidas de protección que deben asumir las autoridades del poder público, de manera especial el Ministerio Público, habiéndose manifestado el siguiente razonamiento jurídico: «El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. De esta manera, el constituyente boliviano definió que los derechos de las niñas, niños y adolescentes gozan de preeminencia, especial protección y atención, siendo esta exigencia de corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, con la familia y la sociedad. Asimismo, el artículo 61.I. de la referida Norma Suprema, prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. En el ámbito interamericano de protección de los Derechos Humanos, el resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, básicamente encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en los arts. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que les reconoce su derecho a medidas de protección, a cargo de aquel entorno en el que se desarrollan, precisamente, por su condición de menores de edad; y, 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce el derecho a medidas de protección, así como incorpora explícitamente una obligación para el Estado, respecto a adoptar medidas especiales de protección, a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de las niñas, niños y adolescentes, representa la adopción y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por parte de todos los Estados miembros; la cual, consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de los mismos; cuyo ámbito personal de protección se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La CDN, de la misma forma que los otros instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, orienta y limita los actos del Estado, a sus instituciones y particulares; así como le impone deberes, que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. En esta misma línea, la referida CDN incorpora entre los principios básicos de la protección integral, al de protección especial y al de efectividad. El principio de protección especial, consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales; reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basada en una atención positiva y preferencial de las niñas o niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. Conforme a este marco normativo, el Código Niña, Niño y Adolescente, en el Capítulo II sobre Políticas, Programas, Medidas, Entidades de Atención y Sanciones, específicamente en la Sección III, estableció las siguientes medidas de protección:
Artículo 168. (Alcance y autoridad competente).
I. Las medidas de protección son órdenes de cumplimiento obligatorio, emanadas de la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, es la autoridad competente, frente a una amenaza o vulneración de los derechos de niñas, niños o adolescentes. II. La amenaza o vulneración a la que se refiere el Parágrafo anterior del presente Artículo, puede darse por acción u omisión del Estado, por medio de sus servidoras o servidores públicos; de miembros de la sociedad, de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, o del propio niño, niña o adolescente (las negrillas son nuestras). […] Las medidas de protección son mecanismos procesales que forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo un deber del Estado garantizar las condiciones para que este derecho pueda ser ejercitado. […] De lo que se concluye, que las medidas de protección fueron diseñadas por el legislador para proteger a las víctimas de violencia en razón de género, sea este femenino o masculino, que se encuentre en situación de vulnerabilidad frente a su agresor o agresora. Por otra parte, la Ley 348 considera como víctimas de violencia de género a las hijas e hijos de la víctima, a quienes amplía su ámbito de aplicación; y quienes al igual que las mujeres, fueron catalogados normativa y jurisprudencialmente como grupo vulnerable, sobre quienes, en el contexto de violencia hacia la mujer, pueden constituir las relaciones de poder del hombre hacia la mujer, un factor por el que se producen y del que deriva, así el art. 61 de la Ley 348, prescribe:
ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. (…) [las negrillas son incorporadas].
Sobre el deber del Ministerio Público de adoptar medidas de protección en los casos relacionados con delitos de violencia en razón de género, sea femenino o masculino, más aún cuando se trata de un niño, que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.3.3, estableció:
Por otra parte, debe recordarse que, el deber de los fiscales de otorgar protección a las presuntas víctimas de un delito no es potestativo sino se desprende de la gravedad y circunstancias del propio caso, ello porque por la naturaleza de la noble labor que aceptaron desempeñar se encuentran en posición de garantes respecto a las víctimas, por ello mismo, la adopción de medidas preventivas y de protección, deben ser de oficio, en este sentido, la falta de adopción de medidas preventivas y de celeridad en la investigación de casos de violencia en razón de género no sólo puede pesar en el éxito de la investigación sino provoca desconfianza y descrédito en la justicia (…).
Ahora bien, de acuerdo a las atribuciones del Ministerio Público, sus resoluciones no pueden estar al margen de las exigencias de una resolución fundamentada y/o motivada, obligación que se contempla a las que resuelven un conflicto o una pretensión, entre ellas, las medidas de protección; más aún, cuando de su adopción deviene la limitación de derechos; así, lo estableció la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre en el Fundamento Jurídico III.2, señalando que:
…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite, sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas […]»
Boliviano
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, ha desarrollado el alcance del deber de las autoridades del poder público del Estado boliviano, sean éstas jurisdiccionales o no jurisdiccionales, todas tienen que cumplir con la debida diligencia, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.1.3. de dicha Sentencia Constitucional Plurinacional. Se hace una expresa aclaración, si bien es cierto que en el caso concreto en el que se dio el razonamiento constitucional señalado, se encontró vinculado con un caso de violencia contra mujeres, aplicando la normativa de la Ley 348, la mencionada norma legal, está diseñada para proteger todos los casos de violencia en razón de género, sea este femenino o masculino, es decir mujer o varón, que se encuentre en especial situación de vulnerabilidad, más aún en aquellos casos que se trate de un niño, niña y adolescente, o de un adulto mayor. En el fallo constitucional de referencia, se ha manifestado que: «[En] el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. (…)
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. […] En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” […] De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima».
En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.
En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia.
La SCP 0825/2018-S2 de 10 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.2., ha razonado sobre el alcance de la previsión del art. 226 del CPP y la facultad que tiene el Ministerio Público de emitir un mandamiento de aprehensión, conforme los fundamentos que se pasan a expresar: «El art. 226 del CPP, establece la finalidad y oportunidad para que el Ministerio Público pueda disponer directamente la aprehensión de un ciudadano prescindiendo de la citación previa, ante la concurrencia de determinados requisitos para que la medida a adoptarse esté amparada por ley, ya que su incumplimiento determinará que se esté frente a una acción arbitraria que lesiona las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica procesal. Así, la SC 1508/2002-R de 11 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.2, determinó que es posible que un Fiscal de Materia emita un mandamiento de aprehensión amparado en el referido art. 226 del CPP, cuando se cumplan los requisitos expresamente señalados en esa norma. En consecuencia, la finalidad de esta medida restrictiva de libertad, consiste en garantizar la presencia del imputado en el proceso y poner a la persona aprehendida a disposición del juez de instrucción penal, en el término de veinticuatro horas, a afectos, que en ejercicio de su competencia aplique alguna de las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Penal, o en su caso, decrete su libertad; por consiguiente, una vez que el juez de control jurisdiccional asuma conocimiento de la imputación formal presentada contra el imputado, de manera privativa, deberá pronunciarse sobre una de las medidas cautelares que sean solicitadas por el Ministerio Público, de acuerdo con lo previsto en los arts. 233 y 302 inc. 4) del CPP. Criterio reiterado por la SC 0774/2006-Rde 8 de agosto, entre otras.».
La acción tutelar ha sido planteada por la parte accionante contra de Pamela Flores, Fiscal de materia de la Fiscalía especializada en razón de género y de violencia contra la Mujer de El Alto, quién habría lesionado sus derechos al asumir una conducta omisiva en cuanto a la aplicación de las medidas de protección ampliadas que solicitó, así como en cuanto a la no emisión de un mandamiento de aprehensión, en esas circunstancias tuvo que recurrir a la autoridad jurisdiccional, a quién puso en conocimiento esa conducta omisiva de la Fiscal, autoridad judicial que habría solicitado un informe a la Fiscal, quien pese a eso no cumplió con las medidas de protección pedidas, ni tampoco hizo nada la Jueza cautelar. En ese sentido enaquellos casos en los que un sindicado/imputado considera que la autoridad fiscal o policial ha lesionado sus derechos durante la etapa preparatoria, bien puede acudir ante la autoridad encargada del control jurisdiccional del proceso, en demanda de protección de sus derechos. Conforme a la relación precedente, así ha sucedido en el presente caso y según asevera el propio accionante, la autoridad judicial tampoco habría protegido sus derechos, pues con su determinación de solo pedir un informe a la fiscal, mantuvo la lesión de sus derechos denunciados en la acción tutelar. De la relación precedente se tiene que la parte accionante, si bien ha realizado cierta referencia a la actuación de la autoridad judicial, no ha presentado la acción tutelar contra la misma, pues la denuncia de lesión de los derechos a la vida y otros de su hijo A.J.C.M. de once años y que consta en el memorial de acción de libertad, así como lo expresado en la audiencia constitucional, se centra en la actuación de la Fiscal de materia demandada, en ese mérito, toda la mención que se pasa a desarrollar, corresponde a la actuación de la única autoridad accionada que es la Fiscal de Materia. Con la aclaración precedente, se pasa a realizar el correspondiente análisis de fondo del presente caso.
1) Con referencia a la aplicación y ejecución de medidas de protección por la autoridad del Ministerio Público demandada
La parte accionante, consideró que Pamela Flores, en su condición de Fiscal de Materia, asumió conocimiento del caso CUD: 201502022503263, que corresponde al proceso penal que inició el Ministerio Público, a denuncia presentada por su persona, que lo hizo en su calidad de progenitor de su hijo A.J.C.M de once años de edad, quién fue víctima de violencia física por su madre Julia María Mamani Tallacagua. Asimismo, la parte accionante expresó que cuando presentó su denuncia, la Fiscal accionada asumió ciertas medidas de protección, que responderían a plantillas que utilizan en forma general en todos los procesos que conocen, por lo que tuvo que solicitar ampliación de las mismas, o medidas especiales de protección, a efecto de que la madre devuelva en forma inmediata objetos y documentos personales de su hijo como son sus libros y útiles escolares, habiéndose ampliado las medidas, notificándosela el 30 de mayo de 2025 y hasta la fecha de la presentación de esta acción tutelar (26 de junio de 2025), la Fiscal tendría una conducta omisiva, pues no habría contribuido a que se dé cumplimiento a esas medidas especiales, lo que lesionaría el derecho a la vida, como a una vida libre de violencia de su señalado hijo. A partir de lo razonado en el art. 61.I de la CPE, se prohíbe y se sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes y para asegurar la vigencia y efectividad de esta garantía constitucional, en el marco normativo convencional, se reconoce el derecho que tienen estos integrantes de grupos vulnerables, que son personas menores de dieciocho años de edad, a que se establezcan en su favor medidas de protección, que se constituyen en mecanismos procesales que deben asumir las autoridades del Poder Público, como son quienes integran el Ministerio Público, quienes cuando tienen especial conocimiento de casos en los que se denuncia una violencia en razón de género (que puede ser femenino o masculino), tienen la obligación de asumir una atención positiva y preferencial en su favor, más aun en aquellos casos en los que se trata de niñas o niños que se encuentran en situación de desprotección, asegurando la máxima protección y seguridad de los mismos, adoptando medidas preventivas y de protección, actuando con la mayor celeridad en la investigación, todo en el marco de lo razonado en Fundamentos Jurídicos III.1.de este fallo constitucional.
La falta de adopción de medidas preventivas y especial protección de acuerdo al caso concreto, o la ausencia de celeridad en la investigación, implica el incumplimiento de un deber que tienen todas las autoridades del Estado boliviano cual es la debida diligencia. Es necesario tener presente que los fiscales de materia, son los responsables de ejercer la acción penal pública en casos de violencia en razón de género (femenino y/o masculino), en ese mérito los mismos, tienen el deber de adoptar las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar que quién se encuentra en una situación de violencia, goce de la máxima protección y seguridad, actuando en forma inmediata conforme al principio de celeridad, que se constituye en uno de los pilares procesales más importantes, cuyo cumplimiento asegura el deber que tienen las autoridades poder público, de actuar con la máxima celeridad posible para concluir con la investigación hasta lograr que en la tramitación del proceso, se imponga una sanción en aquellos casos en los que se hubiera dado un hecho de violencia en razón de género, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional. En el caso que ha motivado esta acción constitucional, presentada que ha sido la denuncia el 21 de abril de 2025, se ha iniciado el proceso investigativo, el 29 de abril de 2025 la Fiscal accionada emitió una serie de requerimientos vinculados al inicio de la investigación, medidas de protección generales, la designación de investigador, el recabar información de diferentes entidades, la notificación a la sindicada para que preste su declaración informativa (Conclusión II.1). El 8 de mayo de 2025, el denunciante y ahora accionante Félix Casa Mamani solicitó la complementación de medidas de protección y que se dispongan medidas especiales al caso concreto, como es la devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima; a través del Requerimiento de 15 de mayo de 2025, la fiscal accionada dio curso a lo solicitado, habiéndose materializado la notificación el 30 de igual mes y año (Conclusión II.2.). Conforme la relación anterior, se tiene que la denuncia ha sido presentada el 21 de abril de 2025, una semana después, el 29 de similar mes y año, recién se pronunció la Fiscal de materia accionada al caso, quién emitió medidas de protección generales y disposiciones propias de un proceso investigativo (designación de investigador, señala fecha de recepción de la declaración informativa de la sindicada y otros); posteriormente la parte denunciante, el 8 de mayo de referido año, solicitó medidas de protección especiales, como es la entrega de objetos personales de su hijo A.J.C.M., como son libros, útiles escolares y otros, habiéndose dado curso a lo solicitado una semana después, través de requerimiento de 15 de mayo de 2025, pero notificándose el 30 de ese mismo mes y año; es decir, dos semanas después recién se puso en conocimiento de la parte sindicada, la medida especial dispuesta en protección del niño que fue golpeado por su madre. De la forma como se ha relacionado la sucesión de los hechos en la audiencia tutelar, se tiene que cuando el niño fue golpeado por su madre (en toda su pierna, cadera moreteada), como se encontraba el mismo (con buzo, “chanclas”) se fue donde su hermano mayor de quince años de edad, quién lo llevo en presencia de su padre, que es la persona ahora accionante y quién sentó denuncia penal en contra de la madre, quién habría manifestado: “hijito estaba borracha discúlpame …voy a cambiar, no te preocupes”; en esas circunstancias A.J.C.M. de once años de edad, se fue de su hogar materno sin retorno, no habiendo podido sacar su ropa ni los objetos mínimos necesarios para su uso, como su material de estudio como son sus cuadernos, libros y otros objetos de su uso personal. Esa situación por sí sola ya implicó la existencia de un caso de especial gravedad, habiendo correspondido a la Fiscal demandada dar prioridad absoluta y no esperar más de una semana para hacer el requerimiento pertinente ordenando la devolución solicitada, peor aún, debió controlar la actividad del oficial asignado al caso, puesto que semanas después recién se notificó con esta determinación. En consecuencia la representante del Ministerio Público, no cumplió adecuadamente con su deber de actuar de manera inmediata y agilizar el cumplimiento de las medidas especiales de protección solicitadas, más aún cuando se trataba de un niño que se encontraba sin sus pertenencias mínimas y necesarias para continuar desarrollando sus actividades escolares necesarias a su edad, por lo que se ha desconocido el deber de cumplir sus actuaciones con la debida diligencia y celeridad que era necesaria a las circunstancias del caso concreto; de igual manera se ha desconocido la obligación que tenía de garantizar el interés superior del niño, pues no fue atendido con la preferencia y la diligencia que merecía por su especial situación de ser parte de un grupo vulnerable, de especial protección, cuidado y atención. Desde el 8 de mayo de 2025, en que se solicitó las medidas especiales de protección, las mismas no se realizaron o no se efectuaron sino cuando transcurrió un mes y tres semanas después, es decir, en forma posterior al planteamiento de la acción tutelar que ahora se resuelve, la cual fue presentada el 26 de junio de 2025 y probablemente como una consecuencia de dicha interposición es que recién el 27 de igual mes y año, se dio cumplimiento a las medidas de protección especiales dispuestas, como es la devolución de objetos y documentos personales; así se ha informado por la autoridad accionada, en la audiencia constitucional que se realizó el 28 de junio de 2025 (Conclusión II.7).
Al no haberse dado cumplimiento a las medidas de protección especiales solicitadas, con la debida diligencia e inmediatez señalada, se ha provocado una lesión al derecho que tiene el niño víctima A.J.C.M., a vivir una vida libre de violencia; el hecho de que el cumplimiento de las medidas se haya dado un día antes de la realización de la audiencia constitucional, no borra la ilegalidad con la que ha actuado la autoridad accionada, quién no deja de tener responsabilidad aunque haya cesado la omisión ilegal denunciada por la parte accionante, razón por la que corresponde concederse la tutela solicitada 2) Con relación al mandamiento de aprehensión, a partir de la regulación del art. 226 del CPP
En el memorial de acción de libertad, la parte accionante también ha denunciado la existencia de otras omisiones ilegales en las que habría incurrido la autoridad accionada, cuando la sindicada fue notificada para prestar su declaración informativa y no se presentó, no habiendo emitido mandamiento de aprehensión como correspondía; tampoco emitió dicho mandamiento, conforme al art. 226 del CPP, cuando era evidente la obstaculización y peligro de fuga de la sindicada, por el flujo migratorio de la sindicada.. De la revisión de antecedentes procesales se constata que la autoridad accionada, emitió el requerimiento de 29 de abril de 2025, a través del cual se dispuso que la parte sindicada preste su declaración informativa, a realizarse el 3 de junio del referido año, notificándosela con esa determinación mediante cédula dejada en su domicilio (el 30 de mayo de 2025), como además informó el Oficial de Policía asignado al caso. Conforme establece el art. 224 del CPP, si el imputado (sindicado) no se presentara en el término que se le fije, sino media justificativo o impedimento legítimo, corresponde a la autoridad competente librar mandamiento de aprehensión; en el presente caso, notificada que fue la parte sindicada, un día antes a la fecha de la declaración, su madre, el 2 de junio de 2025, trato de justificar la inasistencia de su hija por estar de viaje y existir bloqueos de caminos; sin embargo, esa justificación no habría sido tenida en cuenta, por tratarse de la solicitante (madre de la sindicada) una persona ajena al proceso penal (Conclusiones II.3.). Al no haberse admitido justificación alguna, notificada que fue la sindicada y ante su inasistencia a prestar declaración informativa, correspondió a la autoridad accionada emitir el correspondiente mandamiento de aprehensión, en el marco de lo regulado por el art. 224 del CPP, mandamiento que según lo aseverado por la parte accionante no se habría producido (afirmación realizada en el memorial de acción de libertad), aseveración contradictoria a lo informado por la autoridad accionada en la audiencia tutelar, en la que manifestó que ante esa ausencia se suscribió un acta de incomparecencia, además de haberse emitido el correspondiente mandamiento de aprehensión (Conclusión II.3.). La contradicción señalada, parte de lo manifestado tanto por la parte accionante (quién dice que no se emitió mandamiento de aprehensión), así como de lo expresado en su informe la autoridad accionada (quién entiende que se emitió mandamiento de aprehensión), no existiendo en obrados antecedentes procesales referidos a lo expresado por las partes, se aplica el principio de presunción de veracidad en cuanto a la prueba, siendo importante el informe y la presencia en audiencia de la parte accionada, a quién corresponde desvirtuar los hechos o actos denunciados, pues de no hacerlo se presume su veracidad, como se ha expresado en SCP 0670/2018-S2 de 17 de octubre. En consecuencia, se entiende que se ha emitido el mandamiento de aprehensión, como emergencia de la no presentación de la parte sindicada a prestar su declaración informativa, pese a su legal notificación, mandamiento que sin embargo, no se ejecutó, no siendo suficiente cumplir con las formalidades de su emisión, sino que conforme a una debida diligencia en la actuación, corresponde ejecutarse todos y cada uno de los actos procesales, así como los actos de investigación que se han ido desarrollando, lo que en el presente caso no se dio a cabalidad. El mandamiento de aprehensión, no solo se podrá emitir en el marco de la regulación del art. 224 del CPP, sino también conforme establece el art. 226 del CPP, en mérito al cual el Ministerio Público tiene facultad para emitir de manera directa una orden de aprehensión, asegurando la presencia del imputado en la investigación, cuando existen indicios de su participación, o que pueda fugarse u obstaculizar la averiguación de la verdad, en cuyo caso, de ejecutarse un mandamiento en esas circunstancias, dentro de las veinticuatro horas la autoridad del Ministerio Público debe poner a la persona aprehendida a disposición del juez cautelar, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.3. de la presente sentencia constitucional. De los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia el memorial de 5 junio de 2025 que presentó la parte accionante a conocimiento de la Fiscal accionada, en el que solicitó que en el marco de la regulación del art. 226 del CPP, se emita mandamiento de aprehensión, acompañando un informe de Migración DIGEMIG en el que se expresó que la sindicada en forma recurrente sale del país (flujo de viajes al Perú), a lo que por Resolución de 5 de junio de 2025 requirió: “Estese a los datos del proceso” (Conclusiones II.5). De igual manera, a través de memorial de 26 de junio de 2025, la parte ahora accionante puso en conocimiento de la fiscal accionada, que la abuela materna de la víctima de once años y de su hermano de quince años de edad, ha ido ejerciendo actos de obstaculización sobre los mismos, habiendo la autoridad accionada informado al respecto que corresponde realizarse: “actuaciones para fines de corroborar esta información, en el marco de la actividad probatoria” (Conclusiones II.7). La Fiscal de materia accionada, ante las solicitudes realizadas por el denunciante, de existir peligro de fuga y también obstaculización, como emergencia o como consecuencia de un flujo migratorio de la sindicada, conforme a un Informe de DIGEMIG que presentó, o ante la existencia de presión que se fue ejerciendo por la familia de la sindicada (abuela materna), sobre la víctima de once años de edad o sobre el testigo que resulta ser su hermano mayor de quince años de edad, bien pudo la autoridad accionada, expresar las razones por las que no consideraba que correspondía emitirse un mandamiento de aprehensión en el marco de la regulación del art. 226 del CPP, pero nada de eso sucedió, simplemente se limitó a emitir requerimientos que no ayudaron en el avance de la investigación, pues en un caso dispuso se esté al proceso y en otro que se corrobore esa información, si emitir un requerimiento que explicara las razones por las que no se concedía lo solicitado, o porque no se emitiría el mandamiento de aprehensión solicitado (en el marco del art. 226 del CPP). Nada de eso hizo la autoridad accionada, con lo que lesionó la garantía al debido proceso en su elemento motivación, además tampoco actuó en forma ágil, diligente, inmediata, dejando innecesariamente que vaya transcurriendo el tiempo, en un caso delicado en el que se encuentra en cuestión los derechos de un niño en situación de violencia. La Jueza de garantías constitucionales entendió que a quién correspondió emitir mandamiento de aprehensión fue a la autoridad judicial, por cuanto la autoridad Fiscal accionada si bien puede emitir requerimientos, no ejerce función coactiva. Ese entendimiento, no es conforme a la regulación del art. 226 del CPP, pues la autoridad fiscal tiene competencia para emitir mandamientos de aprehensión, siempre y cuando cumpla con su obligación de poner a la persona aprehendida -si así fuera el caso- a disposición del juez cautelar en el plazo de veinticuatro horas. Por todo lo manifestado, se evidencia que la autoridad accionada, no ha actuado con la celeridad y diligencia que era necesaria, además de no haber fundamentado adecuadamente sus requerimientos, cuando se le solicitó la emisión del mandamiento de aprehensión, con lo que también se ha vulnerado la garantía al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; por todo lo expresado corresponde concederse la tutela planteada. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, donde se ha constatado un incumplimiento por parte de la autoridad fiscal demandada a la obligación de actuar con la debida diligencia en casos de denuncias de violencia, máxime si se trata de situaciones de violencia a niñas, niños y/o adolescente, aspecto que no puede ser convalidado por la justicia constitucional; es necesario recordar a la parte accionante, así como a la autoridad demandada, evitar la instrumentalización de los procesos penales para resolver conflictos entre los padres vinculados con el ejercicio de la guarda, por las particulares connotaciones que adquiere hacia las y los hijos, la activación del proceso penal iniciado contra uno de sus progenitores, sea la madre o padre, circunstancia que afecta severamente a su interés superior. Así se ha pronunciado la SCP 0259/2025-S2 de 21 de abril al establecer:
[L]a situación de menores de edad corresponda se defina por jueces especializados en este sentido este Tribunal ve con preocupación que se utilicen a los procesos penales para definir la guarda de menores de edad a través de medidas de protección que son excepcionales y en su caso debe ser confirmadas lo más pronto posible por el juez especializado en este sentido se recuerda lo expuesto en la SCP 0034/2025-S2 de 24 de febrero, que estableció lo siguiente: […] corresponde a todas las autoridades jurisdiccionales o fiscales que conozcan procesos judiciales de cualquier naturaleza, en los que se encuentre en litigio padres que tengan hijos en común el deber de proteger incluso por sobre los intereses de sus progenitores a los hijos procreados y que muchas veces sufren atrapados en medio de procesos judiciales, en estos casos los administradores de justicia deben hacer prevalecer -con el apoyo de un equipo especializado- el interés superior de la niña, niño y adolescente, frente al interés de los progenitores los cuales pueden efectuar pedidos aparentemente a favor de los menores de edad; empero, para mejorar su postura procesal; por lo tanto, las medidas a adoptar deben estar orientadas a la máxima protección del menor de edad, velando para que éstos vivan en un ambiente seguro y adecuado y no tengan que afrontar procesos judiciales ajenos como si fueran suyos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2025 de 28 de junio, cursante de fs. 30 a 33, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Segundo de El Alto del distrito Judicial de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1347_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): e082ac2a80a5e9236ae64eca6c872d9309f2d82c93a74db662857cce156a3c76
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